En 9 meses de pandemia por la COVID-19, nuestros estilos de vida han dado un giro de 360º. Si la economía, la cultura, la religión no han escapado a los efectos de la pandemia tampoco la política y por ende los procesos electorales; razon suficiente para hablar del voto electrónico como una necesidad de pronta aplicación en nuestra entidad.

Este no es un tema nuevo, como dato histórico desde 1918 en la “Ley Carranza” se estipulo la posibilidad de realizar la votación por medio de maquinas automáticas.

El voto electrónico es aquel que se ejecuta a través de un dispositivo electrónico y que se realiza de forma automática a través de una urna electrónica o en una computadora.

Puede ser supervisado físicamente por la autoridad electoral, partidos políticos, candidaturas independientes, observadores electorales y ciudadanía que acuda a la casilla a sufragar a través de una urna electrónica o puede ser vía remota.

En ambos casos se debe garantizar que el voto electrónico sea universal, secreto, directo, personal, libre e intransferible.

En México desde 2003 la hoy CDMX ejecuto una prueba piloto mediante el uso de urnas electrónicas, en 2009 usaron la urna electrónica de forma vinculante y para 2012 implementaron el voto por internet para que la ciudadanía residente en el extranjero emitiera su voto por la jefatura de gobierno.

Otras entidades como Coahuila desde 2003 y Jalisco en 2006 han puesto en práctica el voto electrónico, no solo lo han ejecutado sino que han diseñado su propia urna electrónica.

Hay quienes dirán que la urna electrónica no evita que la ciudadania tenga que acudir a su casilla a votar lo cual es cierto, sin embargo el tiempo que permanece en la misma para ejercer su derecho se reduce considerablemente algo muy relevante en estos momentos en los que debemos evitar concentraciones de personas.

El contacto de los y las funcionarias de mesas directivas de casilla que entregan la boleta a la ciudadanía una vez que fue identificada en la lista nominal también se reduce.

No solo eso, la boleta electrónica como parte de la urna electrónica puede significar un ahorro importante en el costo que genera la impresión de la documentación electoral como lo es la boleta de papel que usamos para votar que en el Anteproyecto de Presupuesto de egresos del IEEM para este proceso electoral asciende a casi 93 millones de pesos entre boletas de Diputaciones Locales y Ayuntamientos sin contar otro tipo de materiales que se requieren para su uso.

La urna electrónica no requiere de mamparas, permite que el escrutinio y cómputo de los votos sea más ágil al ser la misma máquina la que imprime las actas de resultados, los cuales pueden ser verificados con los testigos de votación que contiene la misma urna una vez que la ciudadanía emitió su voto.

Las autoridades electorales en esta crisis sanitaria estamos obligadas a proteger dos derechos fundamentales de la ciudadania: el derecho a sufragar para la renovación de los cargos públicos y el de la salud que implica garantizar las mejores condiciones para evitar contagios.

La urna electrónica es una opción para hacer eficiente el proceso electoral, vale la pena analizar su implementación, tal vez vamos tarde para este proceso pero 2023 no es tan lejano.

El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La ONU decreto esta fecha una vez que salió a la luz pública la historia de torturas y persecución que culminó con el feminicidio de las activistas: Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por parte del gobierno dominicano de Rafael Leónidas Trujillo en noviembre de 1960.

Hechos vergonzosos para la humanidad que lamentablemente no cesan y nos obligan a reflexionar y analizar la violencia contra las mujeres como un problema que lacera y perjudica de manera sustancial la democracia de cualquier país incluido el nuestro.

En el ámbito político la lucha de las mujeres ha significado una ardua tarea que ha consistido primero en formar parte de los espacios públicos en donde se toman decisiones para después exigir la paridad.

Los patrones culturales y formas de pensar machistas en ocasiones son una difícil barrera que las mujeres combatimos día a día.

Sin duda, sensibilizarnos como sociedad en lo que significa una verdadera igualdad de oportunidades en contiendas electorales ha representado un gran reto para las mujeres que aspiran a cargos de representación popular y también a ejercerlos con todas las facultades inherentes a los mismos sin violencia.

Avances positivos

En la actualidad podemos decir que la lucha que durante décadas un número importante de mujeres han dado a lo largo y ancho del territorio nacional comienza a materializarse en leyes, sin que ello signifique en los hechos que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos, ahí están los casos de Chiapas, Oaxaca y el propio Estado de México en la última elección a la gubernatura del Estado.

Hemos transitado de las cuotas al concepto de paridad, hasta llegar a la paridad total.

Aunado a lo anterior contamos con la reforma del 13 de abril de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación misma que impacta en leyes estratégicas. Esta reforma: define la violencia política contra las mujeres en razón de género, establece las conductas que deben considerarse violencia política y define las autoridades competentes para conocer de los casos, así como las sanciones.

Por su parte, desde el ámbito jurisdiccional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 30 de junio de dos mil veinte, ordenó a las autoridades electorales nacional y estatales crear una lista de personas sancionadas por violencia política de género con el fin de utilizarlo como criterio para negar el registro de una candidatura a quienes hayan incurrido en este delito.

El Estado de México y el IEEM

En la entidad, el Congreso mexiquense el 13 de agosto de 2020 tipificó la violencia política de género, eliminó el lenguaje sexista en la Constitución local y propuso reformas al interior del Organismo Publico Local de la entidad.

El Instituto Electoral del Estado de México por sus siglas IEEM tiene un gran reto encomienda y obligación que es armonizar al interior sus lineamientos, reglamentos y normatividad, pero no solo ello, también crear y proponer, de ser el caso, nueva reglamentación encaminada a garantizar un adecuado seguimiento, acompañamiento, asesoría y actuación en los casos de violencia política contra candidatas, precandidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, periodistas, servidoras públicas, defensoras de derechos humanos o similares que manifiesten ser objeto de violencia política en razón de género.

En enero de dos mil veintiuno, iniciará formalmente el proceso electoral en nuestra entidad, como autoridad electoral estaremos a prueba y escrutinio de la ciudadanía tenemos un gran compromiso: la violencia política en contra de las mujeres en razón de género debe combatirse, erradicarse y repararse.