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Ética, poder y democracia, palabras que se encuentran íntimamente relacionadas y en el contexto actual nos permiten observar un importante problema que atender y es cómo hacer que en el ejercicio del poder se materialicen los valores de justicia, libertad e igualdad por mencionar algunos, valores que toda sociedad aspira ver reflejados en el contexto democrático que hemos optado tener a través de la soberanía popular.

 

La democracia como régimen tiene la finalidad en primera instancia de institucionalizar el poder, de ponerle frenos y controles al abuso del mismo, al ejercicio incorrecto de quienes lo detentan.

 

El poder político tiene diversas formas de comprenderse: antropológicas, sociológicas y por supuesto políticas con la conformación de grupos que lo detentan; aquí la democracia como régimen exige la creación de leyes con contenido axiológico, limita el mismo, establece reglas como la renovación del poder a través de elecciones, crea mecanismos de participación ciudadana, de transparencia y de respeto a los derechos humanos.

 

Estas normas jurídicas tienen un contenido ético pues los valores son la expresión de la sociedad misma. El pluralismo, la tolerancia, la participación, la legalidad, la misma paridad son principios y valores democráticos. De ahí la importancia para que se conozcan, aprendan y ejerciten en toda la sociedad.

 

Es claro que el poder político debe ser usado para el bien social y la democracia es un medio para hacerlo. El problema es cuando la ética en el ejercicio del poder se corrompe. Casos emblemáticos como el de Chiapas en temas de paridad con “las juanitas” es un ejemplo claro de lo que se debe evitar.

 

En los últimos procesos electorales se impulso reducir deudas con la equidad en las contiendas en cuestión de género lo mismo que en temas paritarios. Ejemplo de ello son las acciones afirmativas que implemento el INE para que se postularan personas indígenas, trans, afromexicanas y con discapacidad en candidaturas a diputaciones federales.

 

En materia de fiscalización se han impuesto sanciones a quienes dañan la equidad en la contienda. Se trata de erradicar conductas ilegales e indebidas que corrompen la ética de los valores democráticos.

 

La educación resulta fundamental en el núcleo primario, en la escuela, pero también en las instituciones del Estado en donde se debe fomentar los valores democráticos.

 

Evitar prácticas deshonestas: beneficiar o beneficiarse ilegalmente para arribar a los espacios de dirección y de poder de manera individual o a través de organizaciones políticas no abona a la democracia, la lacera.

 

Jhon Acton decía “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente” por ello es imperativo que los valores democráticos no se diluyan por el contrario se fortalezcan.

Lunes, 19 Julio 2021 13:00

La Consulta Popular

La consulta popular que se llevara a cabo el próximo domingo 1º de agosto causa diferentes opiniones en el ámbito político y en la sociedad en general.

 

Más allá de quienes se encuentran a favor y en contra de ella y del contenido de ésta, vale la pena recordar que la consulta popular forma parte de los denominados mecanismos de participación ciudadana entre los cuales también se encuentran el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

 

¿Cuál es la relevancia de este mecanismo de participación ciudadana? ¿su diseño permite que su objetivo y naturaleza se vean materializados?


Una revisión histórica y veloz de la democracia nos hace ver que hemos transitado de una democracia directa desde los griegos y los romanos, hasta la democracia representativa en la que la ciudadanía participa a través de su voto en las urnas.

 

En el caso de México, la construcción de nuestro sistema político dio a través de las diferentes reformas político-electorales desde 1989 hasta 2008 un mayor peso a establecer y fortalecer un modelo de representación política eficaz con un sistema de partidos fuerte, necesario sí para frenar el autoritarismo que privaba con el PRI como partido hegemónico, pero con el tema pendiente de resolver, la forma de empoderar a los y las ciudadanas.

 

Es en 2012 cuando se reforma nuestra constitución federal y se incluye la consulta popular a través de la cual la ciudadanía puede decidir sobre temas de trascendencia nacional con la posibilidad de que tal decisión sea vinculante para los órganos representativos del Estado.

 

La consulta popular permite estimular la participación de la ciudadanía no solo en las elecciones sino en temas que son relevantes.

 

Esta será la primera ocasión en la que se lleve a cabo este ejercicio y nos permitirá observar el grado de participación y las áreas de oportunidad que se tienen respecto de este importante mecanismo de participación.

 

Un tema a debate es sin duda el diseño constitucional de la misma, es importante considerar una verdadera posibilidad para que la ciudadanía pueda ser quien impulse las consultas dado que el porcentaje que la Constitución refiere del 2% no es sencillo de cumplir y son los partidos políticos los únicos que tienen la posibilidad de facto de iniciar las mismas.

 

Ejemplo de ello son los antecedentes de solicitudes de consulta popular: en 2013 se presentaron 2 en materia de la reforma constitucional en el ramo energético impulsadas una por el PRD y la otra por MORENA, una en materia de “aumento de salario mínimo” presentada por el PAN y una más sobre la eliminación de los escaños de representación proporcional en el Congreso de la Unión suscrita por el PRI las cuales fueron denegadas por la SCJN en su momento.

 

La participación ciudadana es un derecho humano se debe tener claro que la ciudadanía es quien tiene el rol central para ello se deben favorecer las vías y mecanismos de materialización.

 

A un mes de la elección es necesario hacer un análisis de un tema de gran relevancia como lo es el de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que si bien a partir de su incorporación en la constitución mexiquense y en ordenamientos como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dejaron claro el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra el género femenino, los resultados nos permiten observar que aún hay un largo camino por recorrer en la materia.

 

Entendida como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y que puede ser ejercida en la esfera pública o privada con el objeto de limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

 

Observamos que de enero a junio de 2021 se presentaron 59 quejas para ser sustanciadas a través del procedimiento especial sancionador conocido como PES, de las cuales 2 denunciaron falta de financiamiento para sus campañas, pero de ninguna existió sanción.

 

La pregunta obligada es entonces ¿no existe violencia? aún y con los casos difundidos en medios durante todo el proceso electoral.

 

Estas quejas nos permiten ver lamentablemente que sí existe violencia pero que en muchos casos no es denunciada o hay elementos que no se logran acreditar, por ello es importante continuar con una amplia difusión de lo que la violencia política es y dejar claro que ésta puede materializarse no solo en los procesos electorales sino también en el ejercicio de cualquier cargo.

 

Que la misma puede ser cometida indistintamente por compañeros o compañeras de trabajo, superiores jerárquicos, colegas, dirigentes de partidos políticos, medios de comunicación o particulares.

 

Y que la falta de criterios jurídicos unificados que permitan tener precedentes de sentencias que incorporen la perspectiva de género (obligatoria desde 2016 a través del criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación) también afecta.

 

La perspectiva de género implica identificar prejuicios, relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad.

 

Solo a partir de estos elementos se puede ir visibilizando la presencia de estereotipos que generan discriminación, vulneran derechos de las mujeres y minan nuestra incipiente democracia.

El pasado 3 de julio se cumplieron 66 años en que las mujeres mexicanas por primera vez acudieron a las urnas a emitir su voto.

 

En ese año 1955, se eligieron a diputados federales por la XLIII legislatura de los cuales sólo 4 fueron mujeres: Remedios Albertina, Margarita García, Guadalupe Ursúa Flores y Marcelina Galindo Arce.

 

A más de seis décadas del voto femenino es importante ver el avance, pero sobre todo el cúmulo de pendientes que se tienen con nuestro género, que ha luchado permanentemente por derechos que son fundamentales y que en muchas ocasiones se piensa que son una regalía, nada más falso y discriminatorio que ello.

 

Que las mujeres votaran permitió también que fueran votadas. El avance en este tema de ser ellas candidatas ha sido sumamente paulatino debido a todas las barreras estructurales que hemos tenido que romper y poner de manifiesto.

 

Con todo ello la lucha que millones de mujeres de manera individual y colectivamente han realizado durante generaciones en el mundo y en nuestro país ha hecho que pasemos de un sistema de simples recomendaciones a un sistema de pro cuotas, cuotas hasta llegar a la paridad y de ahí a la paridad total consagrada como principio constitucional.

 

Sin embargo, hay resistencia para que las mujeres logren llegar verdaderamente a espacios de toma de decisión importantes.

 

En nuestra entidad en septiembre de 2020 se publicaron reformas en materia de paridad y violencia política de género contra las mujeres en razón de género con el fin de avanzar en la igualdad sustantiva de mujeres y hombres.

 

Hoy en día es obligatorio postular 50% de mujeres y 50% de hombres no obstante nos damos cuenta de que la paridad entre mujeres y hombres no se alcanzó en esta elección.

 

En la próxima conformación del Congreso del Estado 45.33% son mujeres y 54.67% hombres. Sólo 34 mujeres de un total de 75 escaños nos permiten dar cuenta que por sí misma la postulación paritaria de candidatas no es suficiente para alcanzar la paridad.

 

A nivel nacional hemos visto el importante papel que juegan los órganos administrativos en el tema de la paridad, un ejemplo claro es el INE y varios organismos públicos locales que generaron acciones afirmativas para mujeres y grupos históricamente discriminados.

 

También están los órganos jurisdiccionales que son garantes de los principios constitucionales entre los que se encuentra la paridad.

Las mujeres desean participar en la política de manera activa. Estamos obligados y obligadas a derribar la exclusión en la que han estado en el ámbito político.

Lunes, 28 Junio 2021 09:00

Los dilemas de la democracia

Es bien sabido que la democracia no es el paraíso, sin embargo, sí es hasta el día de hoy la mejor forma de gobierno que permite la aspiración de acercarnos a una sociedad más justa e igualitaria en razón de la serie de derechos fundamentales que tutela y la forma en la que se organiza.

 
 

Desde su raíz demos que significa pueblo y kratos que es poder; las sociedades contemporáneas y liberales tienen claro que la soberanía reside en el poder del pueblo quien tiene el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno.

 

Así las elecciones son una parte fundamental en los sistemas democráticos pues es a través de ellas que la ciudadanía ejerce su derecho de elegir a quienes serán sus representantes para atender sus demandas.

 

Ahora bien, si la democracia es lo mejor que tenemos ¿Cuáles son los dilemas de la misma? ¿Cuál es esa problemática que coexiste permanentemente? ¿Qué es lo que debe ser modificado para fortalecerla?

 

Respecto de la primera pregunta la propia génesis de la democracia presenta un dilema basado en la desconfianza que hace que el régimen democrático tenga características de ser vigilado, distribuido y controlado para que funcione correctamente.

 

El poder no puede estar concentrado en una sola persona, en un solo grupo, eso era muy común que ocurriera hace 40 años cuando existía un solo partido en el poder: el PRI. A partir de una serie de reformas constitucionales en materia electoral se logró un cambio importante que dio paso a la pluralidad de fuerzas políticas actuando en diferentes espacios generando un sistema de pesos y contrapesos, éstos son parte de la respuesta al segundo cuestionamiento y que tiene que ver en cómo funcionan en la realidad.

 

Pues aún con su beneficio en muchas ocasiones esta vigilancia y control necesarios se utilizan para crear suspicacia y critica de quienes ocupan espacios de representación, en este sentido lamentablemente la historia política de nuestro país y de la entidad mexiquense ha dado cuenta de actos contrarios a la democracia como corrupción y uso indebido del poder, ahí parte de uno de los dilemas.

 

A unos días de haber pasado la elección más grande de la historia se hace patente fortalecer a la democracia. Un punto importante es considerar a la ciudadanía no solo para las urnas sino como la mayor virtud que tiene el régimen democrático.

 

Se debe robustecer a la sociedad civil, atender los problemas y denuncias de la ciudadanía, de los colectivos de feministas, defensores de derechos humanos, ecologistas, periodistas y todos aquellos grupos históricamente discriminados.

 

En una democracia incipiente como la nuestra más nos valdría hacer parte a los y las ciudadanas de la política, la misma no puede seguir concentrándose en grupos de poder que le den la vuelta a la realidad social de pobreza y desigualdades que es palpable.

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