En este avance paulatino de nosotras de materializar el ejercicio de los derechos humanos de los cuales forman parte los derechos políticos existen los denominados techos que son barreras que afectan nuestra participación como mujeres en la esfera pública.

Así el techo de cemento se refiere a las dificultades autoimpuestas por mujeres que al hacer un balance entre lo que representa incursionar en la vida política y los altos costos personales en relación a las exigencias de su familia deciden no hacerlo y optan por quedarse en casa al considerar una gran dificultad conciliar su vida privada con la laboral.

Y otro mas es el techo de cristal que se da en aquellos casos en los que a las mujeres se les impide llegar a cargos de dirección o de alta jerarquía por ejemplo de un partido político, de una institución o de una empresa; este techo es producto de prácticas veladas y muy sutiles que se viven en el día a día en la sociedad, en las propias instituciones, es un estereotipo en el que se ve solo a los hombres como directivos.

Estos techos están relacionados con una cultura machista que se resiste a que las mujeres ocupen espacios que consideraron por décadas exclusivos de ellos.

Veamos algunos ejemplos: en 2012 había 1 mujer postulada por cada 9 hombres en candidaturas a presidencias municipales.

En 2014 el principio de paridad ya estaba reconocido en la constitución federal no así en nuestra constitución local por lo que no se aplico y el resultado de ello fue que en 2015 en el ámbito municipal solo 24.21% fueron candidatas mujeres contra un 75.79% hombres.

Para 2018 se reconoce en la legislación local la paridad tanto vertical como horizontal por lo que 49.48% fueron candidatas mujeres y 50.52% hombres. Los cambios¡

A pesar de los avances estos techos siguen presentes acompañados en muchos casos de violencia la que tenemos que erradicar.

El llamado a todas las mujeres sigue siendo NO acepten un NO a sus postulaciones, NO acepten un NO a sus demandas y exigencias.

No sin mujeres.

El gran reto que representa el garantizar dos derechos humanos como lo son el derecho a la salud y el ejercicio de los derechos político-electorales implica generar las mejores y optimas condiciones para que las elecciones se lleven a cabo bajo los mas altos estándares de sanidad, seguridad y respeto al voto libre y secreto.

¿Cómo se hace esto posible? ¿Lo llevamos a cabo? Las experiencias de países en todo el mundo que decidieron llevar a cabo elecciones en lugar de postergarlas nos dicen que es vital contar con un Plan de Contingencia que acompañe la planeación integral del proceso electoral.

Este Plan de contingencia debe contener un conjunto de procedimientos y de instrucciones que permitan desarrollar todas y cada una de las actividades del proceso electoral en un contexto distinto al que normalmente prevalecía.

Para ello la generación de Protocolos que detallen la secuencia de pasos a seguir se hace fundamental.

Las actividades de preparación de la jornada electoral como son el registro de candidaturas, las campañas electorales, el registro de representantes, lo relativo a la documentación y material electoral en donde se lleva a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales hasta llegar a la jornada electoral implica que miles de personas confluyan e interactúen en diversos espacios.

Por ello es tan importante y urgente que cada institución cuente con Protocolos que establezcan de forma detallada instrucciones y precauciones que se deben seguir. Vale la pena tener reuniones con expertos en materia de salud para contar con el mayor número de medidas que eviten contagios y prevengan posibles brotes.

Un buen ejemplo es el Instituto Electoral de Coahuila que cuenta con diversos protocolos de seguridad sanitaria en registro de candidaturas, campañas electorales, distribución de paquetes, PREP y simulacros, entrega de paquetes electorales posterior a la jornada electoral y cómputos distritales.

La colaboración interinstitucional para cuidar y proteger a los y las mexiquenses es importante; sin embargo la autonomía de las instituciones faculta y exige crear Protocolos y Lineamientos propios que garanticen la salud y a la par que se cumpla el contrato social entre la ciudadanía y el gobierno en sus diferentes niveles para el Estado de México: Ayuntamientos y Congreso Local.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, la población indígena se encuentra entre los grupos más discriminados del país, 65% de la población considera que a las personas indígenas se les respeta poco o nada sus derechos.

La discriminación esta relacionada con la desigualdad. El tema cobra mayor relevancia si hablamos de mujeres que enfrentan una triple discriminación por ser mujeres, indígenas y la mayoría de ellas en situación de extrema pobreza.

Mujeres mazahuas, Otomís, Nahuas, Matlatzincas y Tlahuicas forman parte de la diversidad cultural y carácter pluriétnico del Estado de México, viven en su mayoría en los municipios de Toluca, Atlacomulco, Temascalcingo, Metepec, San Felipe del Progreso, Temoaya, San José del Rincón e Ixtlahuaca, y con presencia en prácticamente los 125 municipios.

Las mujeres indígenas se ocupan de las labores de cuidado y crianza pero también trabajan duro en las actividades agrícolas, artesanales y comerciales que les permite tener recursos para subsistir.

Participan activamente en las mayordomías, sociedades de padres de familia y faenas o tequio como le llaman al trabajo obligatorio comunitario sin remuneración, sin embargo, están ausentes en los espacios de decisión, esos lugares siguen ocupados por hombres resultado de relaciones de poder inequitativas en donde permea el autoritarismo y los condicionamientos socio-culturales no han cambiado.

La población indígena equivale al 17% de la población de la entidad mexiquense, más del 51% son mujeres. Muchas han sido participes en luchas para reivindicar los derechos colectivos de sus comunidades, el costo ha sido muy alto, minimizado y en algunos casos nulificado.

Las instituciones y las autoridades no pueden ser ajenas a este tema, el artículo 1º constitucional obliga que se garantice la participación efectiva de las poblaciones indígenas en los espacios de toma de decisión, sus derechos humanos y su derecho a la libre determinación.

En la actualidad las reformas de paridad en todo y la eliminación, erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género debe poner en el centro de discusión a las mujeres indígenas y su inclusión en los espacios públicos.

Su visión, su mirada, lo que viven y enfrentan día a día al ser parte de los espacios donde se toman decisiones trascendentes hará que se generen políticas publicas diferentes tal y como sucede ya en el ámbito federal.

Se requiere la implementación de medias afirmativas para corregir la histórica condición de desigualdad.

Necesitamos alcanzar y materializar una igualdad sustantiva verdadera. Una vez que ocupen esos espacios toca ver que los ejerzan libres y sin violencia.