La idea de tener y ser parte de sociedades más justas e igualitarias también contiene el sentido de saberse parte de una comunidad, de un grupo social y actuar en consecuencia.

Debemos partir de considerar que la ciudadanía es una relación política entre el individuo y una comunidad que por naturaleza es política.

Recordando a Rousseau el mismo identificaba una diferencia entre el hombre y el ciudadano; cuyo principal deseo del primero decía es ser feliz, su meta es la felicidad mientras que como ciudadano el fin es que exista justicia en la comunidad a la que se pertenece y sean respetados sus derechos humanos para que logre cumplir con su objetivo que es alcanzar sus proyectos de vida con felicidad.

Lo anterior no está alejado de la realidad actual, ¿Qué mexiquense no desea vivir feliz, haciendo lo que le gusta y teniendo garantizados el respeto a sus derechos fundamentales, los temas de economía y justicia?

¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la relación de credibilidad que tienen los ciudadanos con sus instituciones?

Justicia y pertenencia son palabras que ayudan a comprender una parte de la gran dimensión que implica la construcción de ciudadanía. En el deseo de consolidar una democracia no puede evadirse la vinculación entre las teorías democráticas y las de justicia.

Datos como los que arrojó el estudio sobre la calidad de la ciudadanía en el Estado de México deben ser considerados en todo lo que se gesta en la vida democrática de la entidad, por solo mencionar algunos ejemplos tenemos: sólo la mitad de la población mexiquense considera que un gobierno democrático es la mejor forma de gobierno, de la otra mitad el 23% manifestó que se inclinaría por un gobierno autoritario (23 %). [1]

Otro hallazgo que el propio estudio califica de preocupante es el alto nivel de desconfianza interpersonal en todos los grupos de edad, aunado a lo anterior 74.1% de la población considera que la inseguridad es el problema más importante de la entidad y se mantiene como uno de los problemas que afectan la calidad de la vida de la población.

Con estos reducidos temas nos damos cuenta de la relevancia que tiene construir ciudadanía y hacer parte a todos y todas de las decisiones que se van gestando en lo público.

La apuesta es arribar a una concepción de ciudadanía cosmopolita en donde no exista exclusión por ser parte de otra comunidad, entidad o país, pero antes de ello hay mucho trabajo por realizar en la propia entidad, los datos ahí están.

[1] Estudio sobre la calidad de la ciudadanía en el Estado de México. IEEM 2019.

Por ello es importante resaltar el tema de la colegiación. Las instituciones que se conforman por un grupo de hombres y mujeres que son quienes como cuerpo colegiado toman las decisiones tienen una gran responsabilidad considerando el impacto que las mismas tienen para la colectividad de un estado o incluso del país.

La colegiación en la toma de decisiones de un cuerpo colegiado exige que exista deliberación un elemento que dota de legitimidad toda decisión.

El proceso deliberativo debe conformarse por el debate de ideas y argumentos en los que todas y todos los miembros del colegiado expresen su postura frente al tema que se trate.

El disenso también forma parte de la deliberación y la enriquece pues permite conocer posturas distintas y lograr convencer a los pares de las posturas pre concebidas.

En la vida democrática de cualquier institución siempre hay decisiones que tomar y seguramente un cúmulo de intereses que ronden las mismas sin embargo es claro que si es un cuerpo colegiado quien las toma al seno de éste debe haber un debate serio, incluyente y transparente donde participen todas y todos sus miembros. Ahí radica la diferencia entre mayoría y mayoriteo.

Aunado a lo anterior vale la pena tener presente el principio de legalidad que trae aparejada la temporalidad en la que debe llevarse a cabo cada acto; a veces solo es cuestión de esperar el tiempo marcado por la propia ley.

Evitar la seducción del control para resolver temas antes de lo previsto es lo óptimo lo contrario solo corroboraría la existencia de capricho e intereses personales que en nada abonan a la democracia aún incipiente.

Siempre será mejor conducirse con prudencia y evitar actuar al alba. Para consolidar la democracia se requiere actuar democráticamente. Recordemos cómo en el cubo mágico de Rubik al mover de lugar una pieza se corre el riesgo de desacomodar otras más y el riesgo en democracia es el desencanto, la falta de credibilidad y el legítimo reproche de la sociedad ¡vaya que es importante la colegiación!

Pero ¿Qué es la pobreza? ¿qué significa ser pobre? ¿cuál es el papel que juegan las instituciones? ¿para qué medimos la pobreza? ¿Y cómo es que la democracia como forma de gobierno debe o no responder ante la misma?

La pobreza se define como aquella insuficiencia de ingresos de cualquier hombre y mujer para poder satisfacer diversas necesidades o desarrollar determinadas funciones. La pobreza como refiere Amartya Sen es multidimensional es decir obedece a diferentes factores como pueden ser los geográficos, los biológicos, los sociales e incluso los culturales.

Sin duda no es lo mismo vivir en el Municipio de Ixtapan del Oro, Luvianos, Donato Guerra o Villa de Allende[1] que en Toluca o Metepec. No es lo mismo una mujer que cuenta con un grado académico que aquella que no lo tiene y que además vive en un entorno donde el machismo y los estereotipos marcan la conducción de los roles sociales.

Así la pobreza vista desde la filosofía política obliga a que se genere un debate serio en torno a las causas que han llevado a que un gran número de ciudadanos y ciudadanas sean parte de los índices de pobreza y peor aún de pobreza extrema.

Las democracias se caracterizan por garantizar derechos humanos que son fundamentales: derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Desde una perspectiva ética, la política no pude apartarse de un problema que es grave y que aqueja a millones de personas.

En el Estado de México 48.9% de la población se encuentra en pobreza, 8.2% en pobreza extrema mientras que solo el 21.2% se considera no pobre y no vulnerable.[2]

Los temas a tratar son el analfabetismo y rezago educativo, la inaccesibilidad a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos y la posibilidad de tener una alimentación de calidad; todos están ligados entre sí.

Lograr derribar esas barreras de inequidad que existen es una tarea importante en los sistemas democráticos. Es claro que la desigualdad vista desde cualquier óptica vuelve frágil cualquier democracia.

Es necesario escuchar a la ciudadanía, atender el problema sin buscar beneficio alguno de esos déficits existentes; sin lucrar con esas necesidades no atendidas por décadas, darle la espalda solo traerá mayor rezago, desencanto y rechazo.

[1] De acuerdo con el CONEVAL son los municipios con mayor población en pobreza y pobreza extrema

[2] Resultados generales de la medición de pobreza 2020 en México, CONEVAL.

Han sido décadas en las que se ha visibilizado paulatinamente y con resistencia la discriminación y desigualdad para las mujeres en diversas condiciones económicas, culturales y sociales.

Sin duda el aborto es un tema que causa opiniones encontradas y que están ligadas casi todas ellas a cuestiones de estereotipos de género que se encuentran fuertemente incrustados en la sociedad.

Son esos roles estereotipados en donde se ha colocado a las mujeres y su feminidad con la maternidad, el trabajo doméstico o el cuidado de otras personas por considerarlas cariñosas, sensibles, débiles, sumisas y adaptables contrario a los roles de los hombres que se ubican como proveedores, fuertes, valientes, entre otras.

Estas creencias lamentablemente subsisten culturalmente y han hecho que en el caso de mujeres que abortan éstas sean condenadas, criminalizadas y estigmatizadas sin tener claro que con ello se vulneran sus derechos fundamentales: el derecho a decidir de manera libre sobre su cuerpo, el derecho a su vida, libertad e integridad como seres humanos.

El tema de la no criminalización del aborto llega hasta 2021 después de un largo transitar que podemos resumir a partir de 2008 en donde se declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 en el entonces Distrito Federal

En 2018 se resuelve 2 casos importantes en donde de nueva cuenta la Corte 1) determinó que las instituciones de salud debían contar con políticas de salubridad para atender casos urgentes de interrupción ilegal del embarazo en caso de violación, 2) Amparó a una menor y sus padres contra la negativa de autoridades de salud de interrumpir legalmente el embarazo de la menor por violación y en 2019 concedió el amparo a una mujer que reclamo la negativa de autoridades de salud de interrumpir su embarazo por razones médicas.

Es claro que debemos redoblar esfuerzos para eliminar y combatir las desigualdades horizontales y verticales que existen entre mujeres y hombres.

Es vital que más mujeres lleguen a espacios públicos como lo son los órganos legislativos (aquí también está inserto el principio de paridad) y jurisdiccionales pues desde ahí se pueden visibilizar estas problemáticas y lograr cambios importantes.

Sin embargo, la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que modificó la sentencia de la Sala Regional Toluca en cuanto a la asignación de diputaciones de representación proporcional pone de nueva cuenta a las mujeres en un número menor que el de los hombres.

Se puede pensar que se trata solo de un espacio, pues serán 38 hombres y 37 mujeres las que integren la LXI Legislatura, pero cabe resaltar que el principio de paridad es producto de un largo camino transitado por miles de mujeres, algunas que ya no lograron verlo hecho realidad y que impulsaron desde diferentes trincheras y colectivos: 1) visibilizar un problema grave como es la desigualdad entre mujeres y hombres y 2) mantener activas propuestas y actividades encaminadas a lograr reformar el texto constitucional.

Por lo que contar con un número mayoritario de mujeres en el congreso representaba un hecho histórico máxime en un Estado en el que las mujeres han estado subrepresentadas.

En el Estado de México el camino a la paridad tiene su propia historia y también por qué no decirlo, sus serias resistencias en diferentes ámbitos, mismas que deberán continuar siendo reflexionadas para lograr una mayor sensibilización del tema desde el ámbito cultural hasta las propias determinaciones que se generan en las distintas instancias administrativas y jurisdiccionales.

Desde el 13 de junio fecha en la que el Consejo General del IEEM aprobó por mayoría de votos la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional quedo claro que no existía paridad en la integración del congreso con 34 mujeres y 41 hombres, algo que en ese momento expresé a través del voto particular que emití.

Posterior a ello y derivado de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y los juicios de inconformidad el TEEM, el 16 de agosto modifico dicho acuerdo para determinar que serían 37 mujeres y 38 hombres.

La cadena impugnativa continuo para ser modificada esa resolución por la Sala Regional Toluca quien resolvió que fueran 38 mujeres y 37 hombres. El sábado cuatro de septiembre finalmente se modificó de nueva cuenta tal integración.

Los criterios en cada una de las instancias son materia de análisis pues dejan ver que la subrepresentación de mujeres por fuerza política y la falta de lineamientos para materializar el principio de paridad deberán ser tratados siguiendo la línea jurisprudencial que ya existe.