Este país ha diseñado su sistema político electoral a través de diversas reformas que han dado cuenta del sentir de la ciudadanía, que ha exigido cambios para delinear una democracia a la cual han aspira un gran número de personas y que, sigue siendo un anhelo permanente.

Una de las primeras reformas electorales fue la de 1977, la cual se enfocó en erradicar el verticalismo monocolor que prevalecía prácticamente en todo el país, pues era el PRI el partido que controlaba y tenía cooptado[1] todos los espacios de gobierno tanto a nivel federal como en el ámbito local. Ese aparato funcional que ejercía el poder de manera discrecional y en el que las mujeres tampoco teníamos cabida, fue contenido con esta primera reforma que abrió paso al reconocimiento del pluralismo, en el que el Partido Comunista fundado en 1919, obtuvo el registro para contender durante las elecciones de 1979.

El año 1988 fue otro momento de quiebre para la vida institucional en el país; el fraude que ocurrió con la caída del sistema dio paso a una izquierda que comenzó a crecer y le arrebató al PRI la mayoría calificada en la Cámara baja. Con ello, la reforma de 1989-1990 creó el otrora IFE (Instituto Federal Electoral) concebido como un órgano autónomo e integrado por consejeros y consejeras ciudadanas con reconocido prestigio social. Ésta fue una reforma de gran calado, pues fijó nuevas reglas, construyó un nuevo padrón electoral y seleccionó ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla a través de una insaculación.

En 1993 aparecieron la fiscalización de los recursos de los partidos por parte del IFE y los topes de gastos de campaña. En 1994 el país vivió otro momento histórico, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otros movimientos sociales obligaron a Ernesto Zedillo para que en su toma de posesión como presidente de la República anunciara que era necesaria una reforma electoral definitiva, consolidándose hasta 2006 con una integración diferente del IFE y con una nueva fórmula para calcular las prerrogativas de los partidos políticos.

La reforma de 2007 marcó cambio en las condiciones de la competencia y la regulación del acceso de los partidos a radio y televisión y, la última en 2014, que nació del Pacto por México y que generó el sistema hibrido en el que nos encontramos actualmente.

Las reformas han estado ligadas a momentos históricos de cambio en nuestro país. La opinión de la ciudadanía debe ser considerada. Hay quienes piensan que nuestro sistema electoral es caro y que debemos migrar a otras opciones, por ejemplo, del papel a la urna electrónica o modificar el monto de las prerrogativas que los partidos políticos reciben frente a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia ellos y hacia otras instituciones del Estado. Son temas que impactan en la calidad de la democracia y que no deben soslayarse.

[1] Carpizo Jorge 1979, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI, México