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Una de las crecientes preocupaciones en las democracias emergentes y consolidadas está relacionada con el financiamiento a los partidos políticos. La discusión se ha centrado en cómo evitar que estos institutos estén supeditados a intereses privados, desde organizaciones criminales hasta grandes corporaciones privadas.

De acuerdo con un documento elaborado por Ingrid Van Biezen para el Carter Center, las reglas para el financiamiento partidista y las campañas electorales deben contemplar lo siguiente: un balance entre financiamiento público y privado, reglas estrictas para donaciones privadas, límites claros para el gasto relativo a campañas, mecanismos de transparencia y trazabilidad de las cuentas y una autoridad independiente que pueda auditar y sancionar a aquellos partidos que violen las reglas.

Si bien hay avances considerables respecto a las reglas de financiamiento a los partidos políticos, aún existen varios desafíos que atentan en contra de los principios democráticos. En México, si bien existe la figura de financiamiento privado, la principal fuente de recursos de los partidos políticos, es el dinero público. En nuestro país, 30% del financiamiento público se distribuye de manera igualitaria y 70% según la votación anterior obtenida, con la obligación de destinar un 3% a la capacitación de las mujeres. Este esquema ha operado como un mecanismo de equilibrio en la competencia.

México se suma al 58% de países en el mundo que, de acuerdo con IFES, sigue un modelo de financiamiento público directo, con apoyos indirectos —como acceso gratuito a medios de comunicación o exenciones fiscales— para nivelar la contienda. Sin embargo, este modelo no está exento de problemas. En nuestro país se han detectado casos de financiamiento ilícito y sanciones impuestas por la autoridad electoral, en otras latitudes la historia no es muy distinta, como ejemplo está el caso brasileño y la red de corrupción alrededor de Odebrecht que, de acuerdo con IDEA Internacional, involucró a doce países de América Latina; o el escándalo de corrupción del Partido Liberal Democrático de Japón en 2023.

En México, el modelo de financiamiento público está diseñado para equilibrar la competencia. Este esquema permite la operación de todas las fuerzas políticas, incluidas las de menor tamaño. Para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 7,737 millones de pesos, destinados a actividades ordinarias y específicas, con mecanismos de fiscalización continua.

El diseño de un entorno de financiamiento eficaz es un elemento central para reducir la corrupción. Diversos foros internacionales han subrayado la necesidad de reforzar la fiscalización y atender vulnerabilidades como la opacidad financiera, la injerencia extranjera o la influencia del crimen organizado. En este contexto, organismos internacionales y sociedad civil juegan un papel relevante al mantener el tema en la agenda pública e impulsar que la equidad permanezca como principio rector.

La función de los partidos políticos requiere recursos. Los modelos tradicionales de financiamiento a estos institutos han quedado atrás. Las cuotas de las militancias son hoy la excepción y no la regla. Es evidente que en democracia, se requiere evaluar, diseñar e implementar modelos que logren equilibrar lo público y lo privado; mecanismos que aseguren la auditoría y trazabilidad de los recursos; así como reglas claras que reduzcan el riesgo de que intereses indebidos y recursos ilícitos encuentren vacíos para influir en la política.

La administración de elecciones es, esencialmente, un problema de gestión de riesgos. En la organización de comicios, los institutos electorales deben blindar cada parte del proceso para mantener la integridad de las elecciones y la legalidad de los resultados. Típicamente, esto involucra cuestiones como vigilar las cadenas de custodia, fiscalizar campañas, garantizar seguridad en las casillas y nitidez de los cómputos de votos.

Pero en un mundo tan dinámico como el actual, los riesgos a las elecciones limpias y libres no se encuentran solo en el plano físico, sino también en el digital. De ahí que la agenda de discusión electoral ha abordado la difusión deliberada de desinformación como prioridad.

Por supuesto el mundo de la política siempre ha tenido que buscar mecanismos para distinguir la realidad de lo que no lo es. Lo novedoso es que las fake news elaboradas por humanos o por inteligencia artificial (IA) se han vuelto cada vez más difíciles de detectar. Su difusión está alcanzando magnitudes significativamente altas, a la par del debilitamiento de los medios de comunicación tradicionales que pocas medidas han podido implementar para desmentir.

Recientemente, la Relatora Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión presentó un Informe que enfatizó que oprimir estos derechos y diseminar información falsa pone en peligro los procesos electorales y la confianza en ellos. El reporte urge a los Estados a proporcionar información oportuna, precisa y pertinente para contrarrestar su tergiversación.

Para agravar el reto, se han detectado casos donde la desinformación se genera fuera de las fronteras nacionales del país con elecciones, lo que ha generado problemas en la aplicación de la norma. Favoreciendo a una u otra candidatura, la equidad en la contienda se puede ver vulnerada. Será necesario repensar los límites de las redes sociales para la praxis política más allá de la difusión de programas, reportes y avances de la agenda pública.

Lo digital es real y político: trasciende las fronteras del ciberespacio. Diversos países, entendiendo el problema de su falta de regulación, lo han trasladado a la esfera legislativa. Uno de los casos más recientes es el de Dinamarca, en donde se propuso modificar su ley de propiedad intelectual para que todas las personas tengan derecho sobre su cuerpo, voz y rasgos faciales. Francia actualizó su código penal para prohibir la diseminación de deepfakes sin el consentimiento de la persona objeto de esta IA. Por su parte, países como EUA, Reino Unido y Corea del Sur han implementado medidas proactivas contra la difusión de pornografía creada bajo esta modalidad.

Interesantemente, la desinformación no se limita a lo creado por la ciudadanía. Diversos estudios han encontrado que los chatbots más comunes de IA, en su mayoría dan respuestas equivocadas respecto a temas electorales. En un estudio de Democracy Reporting International sobre las elecciones en Ghana, sólo 24% de las preguntas fueron respondidas correctamente. Resulta urgente entender cómo las tecnologías de la información y las elecciones pueden mejorar la calidad de la democracia en lugar de conspirar en su detrimento.

Las tecnologías de la información han permitido avances importantes en materia electoral. Desde urnas electrónicas hasta plataformas como Conóceles han permitido fortalecer el principio de máxima publicidad del quehacer electoral. Pero si los Estados, empresas y sociedad civil no apuramos el paso para proteger la integridad de la información al alcance de la ciudadanía, la erosión de la confianza ciudadana seguirá siendo un riesgo latente.

La democratización que América Latina vivió a partir de la tercera oleada encontró en los partidos políticos uno de sus actores centrales. Estos institutos cumplen funciones esenciales, incluyendo el diseño de política pública, el reclutamiento y selección de candidaturas, la promoción de la cultura política y el acceso de la ciudadanía al poder público, entre otras.

La selección de candidaturas, justamente puede ocasionar conflictos al interior de los partidos políticos, e incluso fracturas irreparables entre los grupos. La literatura especializada ha identificado dos grandes mecanismos para seleccionar candidaturas: mecanismos cerrados, como suelen ser las designaciones desde las dirigencias o en comités ejecutivos, y mecanismos abiertos, como son las asambleas multitudinarias o elecciones internas. Cada uno de estos mecanismos tiene implicaciones para la cohesión interna, la disciplina partidista e incluso la probabilidad de éxito en una elección.

Existe evidencia de que la celebración de elecciones primarias, bajo ciertos supuestos, incrementa la posibilidad de triunfo de un partido político en una contienda electoral. En la región, algunas reformas han abierto la puerta a este mecanismo, sin embargo, su éxito ha sido variado.

Esta semana ocurren dos ejemplos de elecciones primarias que vale la pena repasar. El martes tocó el turno a la Ciudad de Nueva York, uno de los bastiones más arraigados del Partido Demócrata estadounidense. La ley obliga a la autoridad electoral a organizar las primarias de ambos institutos políticos, pero la opción Republicana no las requiere ya que tiene una candidatura única.

Dos problemas aparecen en esta elección. Por un lado, Zohran Mamdani –el posible ganador– no tiene experiencia administrativa previa. Lo osado de sus propuestas, como transporte gratuito, puede generar simpatías, pero también podría caer en propuestas populares, sin posibilidades realistas de implementación. Por otra parte, se prevé que algunas precandidaturas Demócratas, al perder las primarias, competirán como independientes.

La segunda experiencia está a más de ocho mil kilómetros de distancia. En la patria de Neruda, los partidos de izquierda agrupados en “Unidad por Chile” escogerán este domingo su candidatura presidencial. Podrán participar las personas militantes de los partidos postulantes, así como quienes no formen parte de un partido opositor.

Se trata en realidad de una primaria interpartidista, por lo que no sólo está en juego la candidatura presidencial, sino también el poder de cada instituto dentro de la coalición. Si bien en Chile el voto es obligatorio, en las primarias cada persona puede decidir si participar o no. De ahí la importancia que para la izquierda representa superar los 1.7 millones de votos que obtuvieron en 2021, de un padrón electoral de más de 15 millones. Pero las encuestas para las elecciones generales no tienen a la izquierda como favorita, de manera que es posible que no se logre el ánimo suficiente para que el electorado acuda a las urnas.

En contextos donde los partidos enfrentan una crisis de legitimidad y representación, las primarias ofrecen una vía para renovar liderazgos, transparentar decisiones y reactivar el vínculo con la ciudadanía. Las experiencias de Chile y Nueva York muestran que, pese a sus límites, las primarias pueden fortalecer la democracia si se diseñan con reglas claras, participación genuina y voluntad de respetar sus resultados. En una región con democracias debilitadas, abrir las puertas a la competencia interna es más que una opción técnica: es una apuesta por revitalizar la política desde sus cimientos.

La CEDAW no sólo observa lo que hacen los Estados: también fija un estándar

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es uno de los tratados internacionales más importantes en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ratificado por México en 1981, este instrumento obliga a los Estados parte a eliminar todas las formas de discriminación de género en los ámbitos político, económico, social, cultural y civil.

Para evaluar el cumplimiento de estos compromisos, los Estados presentan informes periódicos al Comité CEDAW, órgano de personas expertas independientes que emite recomendaciones específicas tras examinar cada informe. Este proceso es una oportunidad para hacer visible tanto el progreso como los rezagos en materia de igualdad de género.

El proceso electoral mexiquense llega a sus últimas etapas. El Consejo General del IEEM se reunirá para hacer las sumatorias finales, asignar los cargos y, en su caso, declarar la validez de la elección. Con ello, la entidad más poblada del país habrá cumplido un reto histórico: decidir, con el voto popular, a quienes impartirán justicia.

Más allá del cambio de paradigma que implica esta manera de elegir a las personas juzgadoras, los comicios 2025 fueron trascendentales porque trastocaron la manera de hacer elecciones en el país. Los congresos, las autoridades electorales y, desde luego, las personas votantes debimos ajustarnos para dar cauce a una elección distinta.

Cada persona ciudadana tuvo la oportunidad de votar por decenas de cargos judiciales con distintas atribuciones y materias competenciales. Toda vez que la participación de los institutos políticos está prohibida por la ley, la ciudadanía requirió información alternativa para poder conocer a las candidaturas. Esta vez, las siglas partidistas no funcionaron como atajos mentales para adivinar las ideologías. Además, las candidaturas no resultaron – como siempre – de procesos de selección intrapartidista, sino de comités técnicos integrados en cada poder del estado.

Las implicaciones que esos cambios produjeron en la forma de organizar los comicios también alcanzaron a la manera de computar los votos.

Ante la imposibilidad de que boletas tan complejas se contabilizaran anualmente en las casillas, la ley dividió la operación en dos pasos. El funcionariado de casilla contó las boletas y separó las sobrantes en sobres que fueron debidamente sellados. Los paquetes integrados con esta documentación fueron remitidos a las 18 oficinas del IEEM para su registro.

Es este segundo paso concluyó recientemente. En nueve días se computaron más de 31 millones de sufragios emitidos por 1.6 millones de mexiquenses en la elección judicial. Se conformaron 1,452 equipos de trabajo que registraron las expresiones ciudadanas en computadoras. Fueron supervisados por vocalías y consejerías. Visitantes internacionales y observadores electorales domésticos acompañaron esa etapa que además fue transmitida por internet para consulta pública. Nunca dejó de ser un proceso controlado y supervisado por la ciudadanía.

Las etapas siguientes serán fundamentales para la conclusión íntegra del proceso. El Consejo General debe hacer las sumas finales para determinar magistraturas de los tribunales de Disciplina Judicial y Superior de Justicia, así como la Presidencia de este último. Con esos datos se procederá a asignar los cargos por materia de especialización, observando la paridad de género. Es importante destacar que la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció la utilidad de los lineamientos de paridad adoptados por el IEEM, mismos que garantizaron su cumplimiento desde la estructura de la elección, minimizando la probabilidad de tener que hacer ajustes posteriores a la votación.

En cuanto a las personas ganadoras, el Instituto verificará nuevamente el cumplimiento de requisitos de elegibilidad para garantizar que sólo asuman el cargo las personas con derecho a hacerlo.

Si bien las elecciones suelen terminar con la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez, las buenas prácticas internacionales sugieren dar pasos adicionales. Las mejores instituciones aprenden de cada proceso y emprenden procesos de mejora a partir de sus propias evaluaciones y las que les hagan llegar misiones de observación, entidades académicas u organizaciones sociales. En el IEEM estamos abiertas a conocer los hallazgos y propuestas para estar en condiciones de implementar mejoras técnicas, de cara a la elección judicial del 2027.