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El domingo pasado Ecuador completó una de las elecciones más esperadas del año en la región. Si el conteo oficial confirma los resultados preliminares, el Presidente Daniel Noboa sería reelecto con el 55.6% de las preferencias. Luisa González, la carta fuerte del Movimiento Revolución Ciudadana, habría obtenido el 44.4% de los votos válidos.

La amplia diferencia ha llevado a diversos actores a considerar irreversible el resultado. Es el caso de Pachakutik, el movimiento indígena que en la primera ronda alcanzó el tercer lugar, y que apoyó a González en el balotaje.

Sin embargo, la candidata opositora está solicitando el recuento total de los votos, al tiempo que su partido ha denunciado irregularidades en la contienda. En esos casos los informes de las misiones de observación internacional ofrecen información experta clave para el análisis.

Es el caso de los informes de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Ambas instancias desplegaron nutridas misiones en el Ecuador y emitieron ya sus primeros reportes.

Coincidieron en que la jornada electoral transcurrió de manera pacífica y con una alta participación ciudadana: 83%. Es importante señalar que el Ecuador tiene la figura de voto obligatorio para todas las personas que tienen entre 18 y 64 años de edad. Los informes también señalaron que la logística funcionó adecuadamente, muestra de ello es la eficiencia del sitio de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que publicó el 90% de las actas en menos de tres horas, fortaleciendo la percepción de transparencia del sistema de transmisión. Mientras la misión europea reconoció la trazabilidad del sistema, la OEA destacó la ‘participación pacífica, decidida y contundente de la ciudadanía’, lo que reafirma el valor del sufragio como expresión legítima de la voluntad popular.

Pero hubo algunas irregularidades que vale la pena mencionar. En especial, fue controvertida la decisión del presidente Daniel Noboa de no solicitar licencia para separarse del cargo durante la campaña. La ley exige licencia a quienes buscan la reelección inmediata. Noboa argumentó que no se trataba de una reelección, sino de una candidatura bajo un mandato interrumpido por la ‘muerte cruzada’, y optó por ausencias temporales comunicadas a la autoridad electoral.

Un segundo aspecto que generó preocupación y que cada vez es más evidente en los comicios fue la desinformación deliberada. La OEA cita un monitoreo en redes que concluyó que 74% de los contenidos virales fueron falsos. Uno de cada cinco contenidos incluyó elementos de inteligencia artificial para fines de desinformación.

La Unión Europea fue crítica en un elemento central: el uso de los medios públicos en favor del presidente Noboa. Se documentó una cobertura abrumadoramente positiva hacia él, incluyendo promoción de su gestión durante el periodo de veda. En contraste, su oponente, Luisa González, recibió cobertura menor y predominantemente negativa.

Las dos misiones de observación explícitamente reconocen la validez técnica, funcional y operativa de la elección ecuatoriana. No obstante, su legitimidad normativa se ve debilitada por prácticas que erosionan la equidad.

Para la construcción de la democracia, cada experiencia es un espejo útil. El caso ecuatoriano recuerda que la equidad y la certeza son condiciones indispensables que se construyen desde la fortaleza institucional, la imparcialidad de los árbitros, y una ciudadanía exigente. El país andino mostró avances y también retrocesos de los que las democracias latinoamericanas deberán no solo tomar nota sino acciones concretas para contrarrestarlos.

Los cimientos del constitucionalismo mexicano actual dejan verlas instituciones, políticas y principios que las generaciones pasadas establecieron para resolver los grandes desafíos de su tiempo.

Es en este marco que las conmemoraciones del natalicio de Benito Juárez nos invitan a reflexionar sobre la importancia del pensamiento liberal del siglo XIX y su herencia al México moderno.

Entre los principales precursores de nuestra Constitución, se encuentra la “Ley Juárez”, que suprimió los tribunales especiales eclesiásticos y militares, limitando el fuero militar a delitos puramente castrenses. El entonces Ministro de Justicia impulsó esta norma que materializó principios fundamentales que perduran hasta nuestros días: la igualdad ante la ley, la eliminación de privilegios y la secularización del Estado.

Pero más allá de este legado de Juárez, el liberalismo tuvo una profunda contribución a las instituciones democráticas que quedaron plasmadas en la Constitución de 1857. Tres pilares nos acompañan todavía.

En primera instancia, y acorde con el principio igualitario consagrado en las leyes de reforma, se reconoció que el derecho a votar y ser votado es universal y, por tanto, no podría ser restringido a personas con determinada educación o propiedades. Hago énfasis en lenguaje masculinizado porque el sufragio se mantuvo como una prerrogativa exclusiva de los varones.

Una segunda contribución de aquellos albores constitucionales fue el voto directo. Los ciudadanos dejaron de participar en elecciones primarias para elegir a quienes votarían –en su nombre– por los gobernantes. Al eliminar los mecanismos indirectos, diseñados para que las élites pudieran revertir decisiones adoptadas por la ciudadanía, se dio pauta para que la población ejerciera su derecho a elegir representantes.

La proporcionalidad del sufragio constituye la tercera herencia. Para favorecer el principio de “una persona, un voto”, se establecieron distritos con umbrales de población más o menos similares (entre 20 mil y 40 mil habitantes).Así, se garantizaba que los legisladores tuvieran una representación homogénea.

Correspondió al gobierno del Presidente Juárez impulsar la Ley Secundaria que regularía los preceptos electorales de la Constitución del 1857.Este nuevo cuerpo normativo generó aportaciones que prevalecen hasta nuestros días. Las juntas electorales –basadas en distritos y municipios– para supervisar los comicios y la idea de concentrar a los potenciales votantes en un padrón electoral quedaron plasmadas en esta Ley e influenciaron la normatividad vigente.

Adicionalmente, la legislación de 1861 se ocupó de establecer diversos delitos electorales, como la compra de votos, la falsificación de documentos electorales y la coacción a votantes.

Lo cierto es que el talante democrático de Benito Juárez fue palpable hasta en las circunstancias más difíciles. Durante la invasión francesa, a pesar de tener un gobierno itinerante que no controlaba todo el territorio, insistió en preservar la continuidad de las instituciones republicanas. Recordemos que, en 1863 y 1864, convocó a elecciones para renovar el Congreso a pesar del alto riesgo que implicaba la ocupación de los imperialistas.

Las instituciones que hoy definen y enorgullecen a la democracia mexicana son producto de nuestra historia. Por eso, la mejor manera de honrar a quienes las forjaron es participando y ejerciendo nuestros derechos.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación

En los próximos días, centenas de visitantes extranjeros registrados por el INE ingresarán a nuestro país para acompañar la elección judicial 2025. Se suman a las más de cien mil personas observadoras domésticas que se acreditaron para ejercer ese derecho.

El hecho no debe sorprender. La transición democrática mexicana estuvo siempre asociada a la presencia de la sociedad civil organizada en los puntos críticos de la administración de comicios. Fueron organizaciones ciudadanas las que se hicieron presentes en las casillas, a finales de los años 90, para atestiguar que las medidas adoptadas para garantizar el voto libre y auténtico. La ciudadanización y la profesionalización de las elecciones había llegado para quedarse.

Conforme avanzó el proceso democratizador en México, las elecciones fueron cada vez más sofisticadas. Aspectos como el acceso a radio y televisión, el voto migrante, la fiscalización de recursos y la paridad entraron en escena e hicieron del sistema electoral mexicano ejemplo mundial. Las organizaciones de observación caminaron al parejo de esa transformación y también adoptaron cada vez más solvencia técnica. Pronto, la observación dejó de ser un tema de cobertura de casillas para convertirse en control ciudadano de cada uno de los procesos institucionales y fuente permanente de recomendaciones.

Por eso no es exagerado afirmar que nuestro país tiene, en sus organizaciones de observación, un activo democrático de primera importancia. Me refiero, por supuesto, a aquella observación comprometida con los principios internacionales en la materia. Es decir, aquella que es neutral y que brinda recomendaciones para mejorar los procesos sin interferir en los mismos. La ley electoral mexicana es precisa al señalar los límites que la observación no puede traspasar para preservar su imparcialidad.

De ahí la importancia de analizar el rol de la observación electoral en la elección judicial, un proceso que – como se sabe – tiene pocos precedentes y ha obligado a las autoridades a innovar en muchas áreas.

También las misiones deberán serlo. Tendrán que adaptar sus manuales y metodologías a los desafíos de una elección distinta. Por citar sólo algunos ejemplos, será interesante conocer diagnósticos sobre la manera en que se edificó el proceso de selección de candidaturas. Pasar de procesos partidistas a comités de evaluación especializados requiere un cambio de mirada en la observación.

Lo mismo ocurre con quienes se pronuncian sobre el diseño de los documentos utilizados en este proceso electoral. El reto electivo en esta elección judicial es distinto por el número de cargos a elegir, por lo que serán de suma importancia las observaciones y recomendaciones que se hagan respecto al formato de las boletas y su eficiencia para que la ciudadanía exprese sus preferencias.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación. Por eso la elección judicial obliga a un cambio: el foco se ha trasladado a las redes sociales y a la creatividad en la generación de contenido. Será importante conocer si, desde el punto de vista de las misiones, en la elección judicial se han generado matices en los contenidos de las campañas y cómo ha sido el acceso de la ciudadanía a las propuestas de quienes compiten por un cargo.

Como ocurrió a finales de los noventa, el sistema electoral mexicano arriba a un cambio cualitativo de gran profundidad. La mirada ciudadana será fundamental para imprimir confianza y mejorar procesos. Para que el voto ciudadano siga siendo la más nítida expresión de la voluntad popular, es necesario que los comicios tengan los controles que sólo la observación electoral puede ofrecer.

POR AMALIA PULIDO

@PULIDO_AMALIA

En contextos de competencia electoral convencional, donde las campañas se desarrollan con acceso a financiamiento público y privado

En los procesos democráticos, los debates entre candidaturas constituyen uno de los principales mecanismos para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado. Desde la literatura clásica de la ciencia política hasta los estudios contemporáneos sobre comunicación política, éstos han sido reconocidos como herramientas de contraste de propuestas y como espacios que pueden alterar el rumbo de una elección, posicionar temas en la agenda pública o consolidar liderazgos emergentes.

En contextos de competencia electoral convencional, donde las campañas se desarrollan con acceso a financiamiento público y privado, los debates son valiosos. Pero en el contexto de la elección judicial mexicana –donde las campañas enfrentan serias restricciones en cuanto a sus ingresos y gastos–, el impacto de los debates cobra una importancia mayúscula.