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Los cimientos del constitucionalismo mexicano actual dejan verlas instituciones, políticas y principios que las generaciones pasadas establecieron para resolver los grandes desafíos de su tiempo.

Es en este marco que las conmemoraciones del natalicio de Benito Juárez nos invitan a reflexionar sobre la importancia del pensamiento liberal del siglo XIX y su herencia al México moderno.

Entre los principales precursores de nuestra Constitución, se encuentra la “Ley Juárez”, que suprimió los tribunales especiales eclesiásticos y militares, limitando el fuero militar a delitos puramente castrenses. El entonces Ministro de Justicia impulsó esta norma que materializó principios fundamentales que perduran hasta nuestros días: la igualdad ante la ley, la eliminación de privilegios y la secularización del Estado.

Pero más allá de este legado de Juárez, el liberalismo tuvo una profunda contribución a las instituciones democráticas que quedaron plasmadas en la Constitución de 1857. Tres pilares nos acompañan todavía.

En primera instancia, y acorde con el principio igualitario consagrado en las leyes de reforma, se reconoció que el derecho a votar y ser votado es universal y, por tanto, no podría ser restringido a personas con determinada educación o propiedades. Hago énfasis en lenguaje masculinizado porque el sufragio se mantuvo como una prerrogativa exclusiva de los varones.

Una segunda contribución de aquellos albores constitucionales fue el voto directo. Los ciudadanos dejaron de participar en elecciones primarias para elegir a quienes votarían –en su nombre– por los gobernantes. Al eliminar los mecanismos indirectos, diseñados para que las élites pudieran revertir decisiones adoptadas por la ciudadanía, se dio pauta para que la población ejerciera su derecho a elegir representantes.

La proporcionalidad del sufragio constituye la tercera herencia. Para favorecer el principio de “una persona, un voto”, se establecieron distritos con umbrales de población más o menos similares (entre 20 mil y 40 mil habitantes).Así, se garantizaba que los legisladores tuvieran una representación homogénea.

Correspondió al gobierno del Presidente Juárez impulsar la Ley Secundaria que regularía los preceptos electorales de la Constitución del 1857.Este nuevo cuerpo normativo generó aportaciones que prevalecen hasta nuestros días. Las juntas electorales –basadas en distritos y municipios– para supervisar los comicios y la idea de concentrar a los potenciales votantes en un padrón electoral quedaron plasmadas en esta Ley e influenciaron la normatividad vigente.

Adicionalmente, la legislación de 1861 se ocupó de establecer diversos delitos electorales, como la compra de votos, la falsificación de documentos electorales y la coacción a votantes.

Lo cierto es que el talante democrático de Benito Juárez fue palpable hasta en las circunstancias más difíciles. Durante la invasión francesa, a pesar de tener un gobierno itinerante que no controlaba todo el territorio, insistió en preservar la continuidad de las instituciones republicanas. Recordemos que, en 1863 y 1864, convocó a elecciones para renovar el Congreso a pesar del alto riesgo que implicaba la ocupación de los imperialistas.

Las instituciones que hoy definen y enorgullecen a la democracia mexicana son producto de nuestra historia. Por eso, la mejor manera de honrar a quienes las forjaron es participando y ejerciendo nuestros derechos.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación

En los próximos días, centenas de visitantes extranjeros registrados por el INE ingresarán a nuestro país para acompañar la elección judicial 2025. Se suman a las más de cien mil personas observadoras domésticas que se acreditaron para ejercer ese derecho.

El hecho no debe sorprender. La transición democrática mexicana estuvo siempre asociada a la presencia de la sociedad civil organizada en los puntos críticos de la administración de comicios. Fueron organizaciones ciudadanas las que se hicieron presentes en las casillas, a finales de los años 90, para atestiguar que las medidas adoptadas para garantizar el voto libre y auténtico. La ciudadanización y la profesionalización de las elecciones había llegado para quedarse.

Conforme avanzó el proceso democratizador en México, las elecciones fueron cada vez más sofisticadas. Aspectos como el acceso a radio y televisión, el voto migrante, la fiscalización de recursos y la paridad entraron en escena e hicieron del sistema electoral mexicano ejemplo mundial. Las organizaciones de observación caminaron al parejo de esa transformación y también adoptaron cada vez más solvencia técnica. Pronto, la observación dejó de ser un tema de cobertura de casillas para convertirse en control ciudadano de cada uno de los procesos institucionales y fuente permanente de recomendaciones.

Por eso no es exagerado afirmar que nuestro país tiene, en sus organizaciones de observación, un activo democrático de primera importancia. Me refiero, por supuesto, a aquella observación comprometida con los principios internacionales en la materia. Es decir, aquella que es neutral y que brinda recomendaciones para mejorar los procesos sin interferir en los mismos. La ley electoral mexicana es precisa al señalar los límites que la observación no puede traspasar para preservar su imparcialidad.

De ahí la importancia de analizar el rol de la observación electoral en la elección judicial, un proceso que – como se sabe – tiene pocos precedentes y ha obligado a las autoridades a innovar en muchas áreas.

También las misiones deberán serlo. Tendrán que adaptar sus manuales y metodologías a los desafíos de una elección distinta. Por citar sólo algunos ejemplos, será interesante conocer diagnósticos sobre la manera en que se edificó el proceso de selección de candidaturas. Pasar de procesos partidistas a comités de evaluación especializados requiere un cambio de mirada en la observación.

Lo mismo ocurre con quienes se pronuncian sobre el diseño de los documentos utilizados en este proceso electoral. El reto electivo en esta elección judicial es distinto por el número de cargos a elegir, por lo que serán de suma importancia las observaciones y recomendaciones que se hagan respecto al formato de las boletas y su eficiencia para que la ciudadanía exprese sus preferencias.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación. Por eso la elección judicial obliga a un cambio: el foco se ha trasladado a las redes sociales y a la creatividad en la generación de contenido. Será importante conocer si, desde el punto de vista de las misiones, en la elección judicial se han generado matices en los contenidos de las campañas y cómo ha sido el acceso de la ciudadanía a las propuestas de quienes compiten por un cargo.

Como ocurrió a finales de los noventa, el sistema electoral mexicano arriba a un cambio cualitativo de gran profundidad. La mirada ciudadana será fundamental para imprimir confianza y mejorar procesos. Para que el voto ciudadano siga siendo la más nítida expresión de la voluntad popular, es necesario que los comicios tengan los controles que sólo la observación electoral puede ofrecer.

POR AMALIA PULIDO

@PULIDO_AMALIA

En contextos de competencia electoral convencional, donde las campañas se desarrollan con acceso a financiamiento público y privado

En los procesos democráticos, los debates entre candidaturas constituyen uno de los principales mecanismos para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado. Desde la literatura clásica de la ciencia política hasta los estudios contemporáneos sobre comunicación política, éstos han sido reconocidos como herramientas de contraste de propuestas y como espacios que pueden alterar el rumbo de una elección, posicionar temas en la agenda pública o consolidar liderazgos emergentes.

En contextos de competencia electoral convencional, donde las campañas se desarrollan con acceso a financiamiento público y privado, los debates son valiosos. Pero en el contexto de la elección judicial mexicana –donde las campañas enfrentan serias restricciones en cuanto a sus ingresos y gastos–, el impacto de los debates cobra una importancia mayúscula.

Los criterios en cuestión detallan las conductas prohibidas no sólo para las candidaturas, sino también para otros actores involucrados: gobiernos, partidos y medios de comunicación, entre otros

En contextos donde globalmente el desempeño de las democracias es cuestionado, los organismos electorales enfrentan un doble desafío: organizar elecciones técnicamente sólidas y demostrar que son capaces de ofrecer resultados que fortalezcan la legitimidad del sistema democrático.

Como señala el artículo que hace un par de semanas publicaron Fukuyama, Dann y Magaloni, una democracia que no “entrega” —es decir, que no responde con eficacia a las expectativas básicas de los ciudadanos— pierde adhesión, alimenta el desencanto y abre espacio a discursos autoritarios o antipluralistas.

En este contexto, el buen delivery de los órganos electorales no se limita a la logística comicial; se juega también en el diseño y aplicación de reglas que garanticen equidad en la contienda, trato imparcial a los actores políticos y acceso equilibrado a los recursos y medios de comunicación. La legitimidad de una elección democrática depende tanto del acto de votar como de las condiciones en que se compite.

Es desde esa perspectiva que deben revisarse las campañas federales y locales de las entidades con proceso electoral judicial que se están poniendo en marcha. Ayer tocó el turno al Estado de México, el séptimo en iniciar esta etapa tan relevante para la obtención del voto.

Desde días antes de ese arranque formal, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) emitió unos criterios para garantizar la imparcialidad, la neutralidad y la equidad. Al hacerlo oportunamente, asumió un compromiso institucional con el equilibrio democrático de la contienda y brindó certeza para que las personas contendientes inicien sus campañas con la misma información, en igualdad de condiciones y con claridad.

En una elección donde los parámetros tradicionales han cambiado, resulta fundamental que la autoridad utilice su facultad reglamentaria para mantener los equilibrios.

Los criterios en cuestión detallan las conductas prohibidas no sólo para las candidaturas, sino también para otros actores involucrados: gobiernos, partidos y medios de comunicación, entre otros. Con ello se logra mantener al proceso comicial en curso como uno estrictamente ciudadano, sin sesgos indebidos ni simulaciones.

Toda vez que la Ley prohíbe el financiamiento público y privado a las campañas, estos criterios aseguran que los recursos de origen no se traduzcan en ventajas indebidas

En este proceso, los recursos económicos no son el principal instrumento de campaña. Lo son las ideas, la trayectoria, el conocimiento jurídico, y la capacidad de comunicar propuestas. Esto exclusivamente en espacios como las redes sociales y los foros de debate –organizados tanto por el IEEM como por instituciones externas–. Estos últimos ejercicios, diseñados con criterios de imparcialidad, trato igualitario y transparencia, no solo compensan las limitaciones en la propaganda, sino que reafirman la idea de que la contienda se gana por méritos.

Cada detalle del proceso importa y cada acción institucional orientada a garantizar la equidad se traduce en una aportación estructural. Esta elección, además de innovadora, es una oportunidad para demostrar que otra forma de competir electoralmente es posible.

Así, en el arranque de esta campaña judicial, el IEEM no solo abre una nueva fase del calendario electoral. Abre también una etapa donde se pone a prueba la eficacia de las reglas que ha diseñado. La ciudadanía, con su voto informado, será la que decida. Pero esa legitimidad empieza por una premisa elemental: que todas las personas candidatas lleguen a esta fase en condiciones verdaderamente iguales.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA