Vivimos tiempos complejos. En muchas regiones del mundo el capital social va en detrimento, la participación electoral disminuye y la confianza interpersonal y hacia las instituciones se debilita.
No se cuestiona la validez del sistema democrático ni los principios sobre los que se erige. El descontento radica, más bien, en que no se han logrado contener las crisis económicas, ni disminuir la desigualdad, ni detener la inseguridad.
De ahí la importancia de pensar a las instituciones en función de su capacidad para resolver problemas públicos. En palabras de Luis F Aguilar, referente académico para entender las políticas públicas en Latinoamérica, el problema de la gobernabilidad del siglo XXI ya no puede entenderse como simple capacidad de mando, sino como la capacidad efectiva de los gobiernos para resolver problemas públicos en condiciones democráticas. Es necesario transitar hacia formas de gobernanza colaborativa que integren a la sociedad civil, al sector privado y, de manera destacada, a la academia.
En el caso de las instituciones electorales, el vínculo con universidades y centros de investigación es fundamental. Explico tres razones.
Primero, porque si se ha de avanzar hacia una gobernanza democrática, la toma de decisiones se debe basar en evidencia. Ello requiere conocimiento científico, saber técnico, deliberación política y la escucha ciudadana. Pero para ello, las instituciones deben abrirse al diálogo con las comunidades académicas.
Surge ahí el segundo aspecto. La interacción entre instituciones democráticas y académicas no sólo aporta información, sino que también fortalece la legitimidad de las decisiones, al introducir transparencia, pluralismo y rendición de cuentas. Esta colaboración permite monitorear el desempeño institucional, identificar riesgos, evaluar reformas y construir capacidades internas.
La apertura de las instituciones electorales al escrutinio implica transparentar acuerdos, bases de datos y todo el proceso decisorio a la crítica. Hay beneficios duales. Mientras que las instituciones democráticas se nutren del análisis experto, el conocimiento científico adquiere nuevos referentes para su análisis.
Por eso, a lo largo de sus casi 30 años de historia, el IEEM ha mantenido vínculos estrechos con los principales centros educativos y de investigación del país. No sólo se ha beneficiado de estudios concretos, sino que ha estrechado lazos para la realización de congresos, conferencias, estrategias de promoción de la cultura democrática y la producción académica rigurosa.
Por eso es de celebrar que la entidad más poblada del país cuente con una Universidad pública reconocida internacionalmente y que ha sido motor fundamental para la movilidad social en nuestro estado. Con más de 98 mil estudiantes, siete mil docentes y casi cinco mil personas administrativas, la Universidad Autónoma del Estado de México ha estado presente en la discusión de los problemas del estado y lo ha hecho con profesionalismo y rigor analítico. No sólo ha formado profesionales, sino que también ha dado acompañamiento y soporte científico a los procesos de transición y consolidación democrática en la entidad.
Frente a los desafíos que hoy enfrenta la democracia, las instituciones públicas deben abrirse al conocimiento y a la deliberación. La colaboración con la academia no es un lujo pasajero, sino una condición necesaria para la buena gobernanza.
Porque hoy, más que nunca, necesitamos que las decisiones públicas se basen en evidencia, que las políticas públicas fortalezcan la democracia, y que nuestras instituciones sigan formando estudiantes que el día de mañana conducirán nuestro estado y país con conocimientos técnicos, analíticos y con una profunda incidencia social.
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