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Fue una votación tan histórica como sorpresiva la que eligió a Norma Piña Hernández como Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de generar amplias expectativas, su llegada al frente del Máximo Tribunal ha logrado deshacer algunos clichés sexistas y fracturar esquemas tradicionales que todavía son defendidos por algun sector de la cofradía jurista. Sin ser la favorita, supo ganarse la confianza de sus pares y proyectar un liderazgo transformador que corresponda a las ideas de empatía e inclusión.

Bastante lejos de la improvisación, la Ministra Piña Hernández no es una sorpresa, sabemos cómo piensa por la consistencia de sus argumentos y votos. Tiene fama de estricta y, al margen de la polémica, ha sido congruente en sus decisiones. Exhibe ser garante de la Constitución y considera urgente la defensa de la independencia judicial. Votó a favor de declarar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones que criminalizan el aborto y no acompaña la prisión preventiva oficiosa.

Reticente a los reflectores, ofrece un nuevo rostro al Poder Judicial. Concibe que existe una forma diferente de entender el poder y tiene idea del liderazgo diferenciado, ese donde las mujeres y el género condicionan la manera de comprenderlo y ejercerlo. Conoce la importancia de introducir matices cooperativos y nuevas formas de comunicación. Si el género tiene alcance en la realidad, tener más mujeres en el poder podría denotar implicaciones importantes para el diseño de políticas y, en definitiva, su desarrollo.

En un país con inmensa deuda de justicia hacia las mujeres, su arribo a la presidencia de la Corte es histórico por diferentes razones. Norma Piña representa la meritocracia, pues es funcionaria de carrera y conoce de primera mano los retos, carencias y riesgos que viven día a día las y los juzgadores de todo el país. Pero también, tendrá la oportunidad de seguir impulsando la agenda de género en el Poder Judicial, con la incorporación de más mujeres en los órganos judiciales y en los espacios de toma de decisiones. Es fundamental insistir en la perspectiva de género, desde la atención a las víctimas y el establecimiento de medidas cautelares, hasta las sentencias y su jurisprudencia.

Frente a un contexto donde se cuestiona la objetividad del Poder Judicial, la presidencia de la ministra Piña Hernández enfrenta enormes desafíos. No está ahí para complacer a los otros poderes, sino para ejercer el que le corresponde. Su gestión no parece asociarse a un proyecto de fidelidad o abnegación a otros poderes, sino de convicción y autonomía. Defender la integridad de la Corte es particularmente significativo y refrendar la confianza ciudadana es fundamental. Toca a la presidenta definir la agenda judicial y recuperar el ritmo de un tribunal que entró al juego político, difiriendo la discusión de temas con enorme significado social y económico.

Todo tiene un entorno y entenderlo nos acerca a la realidad. Las mujeres que acceden al poder político de alto nivel reúnen un perfil donde la variable sexo es central, pero no única. Liderazgo y género es una relación que permite debatir si existe un estilo femenino de hacer política. De cualquier manera, la llegada de la Ministra Piña Hernández a la presidencia de la Corte ofrece un nuevo modo de dirigirla. En ella está la posibilidad de cambiarle el rostro para siempre.

Como sabemos, el año que entra se convertirá en muchos aspectos en la antesala de las elecciones generales que tendrán lugar en 2024. Y es que durante 2023 se llevarán a cabo comicios locales en tres entidades federativas. En Tamaulipas, el 19 de febrero próximo se celebrará la Jornada Electoral Extraordinaria para la elección de una senaduría. En el caso de Coahuila, se elegirá al nuevo titular de la Gubernatura, así como a las y los diputados del Congreso local. Y en el Estado de México, realizaremos las elecciones para elegir al nuevo titular del Poder Ejecutivo local.

Pero más allá del pulso político que la opinión pública y analistas suelen derivar de los comicios de 2023, este año también será sumamente importante para conocer el desempeño de las autoridades electorales, especialmente ante los cambios legales que se anticipan en materia político-electoral. En este contexto, uno de los puntos que me parece especialmente relevante de dar seguimiento es el que se refiere al programa piloto de voto anticipado que se implementará en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México; mismo que da continuidad al que el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó con motivo de las elecciones locales de Aguascalientes en el Proceso Electoral Local 2021-2022 y en las que se instrumentó, entre otros elementos, la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado en Territorio Nacional.

¿A qué responde y en qué consiste la instrumentación del voto anticipado? Por principio de cuentas, cabe señalar que el voto anticipado no es una anomalía a nivel internacional. De acuerdo con el “Análisis sobre las formas de votación anticipada en el mundo y de los mecanismos para instrumentar el voto anticipado en grupos poblacionales con calidad específica en México” realizado por el INE, esta forma de emitir el sufragio existe en al menos 74 países del mundo: 15 en Europa, 18 en Asia, 9 en Oceanía, 18 en África y 14 en nuestro continente. Asimismo, entre los diferentes mecanismos por medio de los cuales se suele emitir el voto anticipado encontramos el voto postal, la urna móvil, el voto por internet o la votación anticipada en oficinas o centros de votación especiales.

El voto anticipado representa, sobre todo, una herramienta útil para avanzar en el objetivo de ser cada vez más incluyentes y garantizar que toda la ciudadanía, sin importar su condición, pueda ejercer su derecho al voto. En otras palabras, este tipo de voto se entiende como la aplicación de medidas de inclusión y nivelación para que grupos de personas en situación de vulnerabilidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. De esta manera, el voto anticipado se suma a otras modalidades de votación que ya hemos realizado con éxito, como el voto de los mexicanos en el extranjero, el voto por urna electrónica o el voto en centros hospitalarios.

En este ocasión, de conformidad con el Acuerdo INE/CG823/2022, el ejercicio de voto anticipado está dirigido a la ciudadanía de las entidades de Coahuila de Zaragoza y México, que entre 2018 y 2022 se apegaron a lo establecido en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debido a que se encontraban impedidos o limitados físicamente para acudir a algún módulo de votación. Así, miles de ciudadanas y ciudadanos con alguna discapacidad podrán ejercer su derecho al voto, al igual de las personas que se encuentran privadas de su libertad, pero que no han recibido sentencia y que, por tanto, no se pueden considerar responsables de algún delito.

Sin lugar a dudas, con estas medidas, las autoridades electorales avanzamos en materia de inclusión y progresividad de los Derechos Humanos. Es por ello que 2023 puede convertirse en uno de los procesos electorales más incluyentes de nuestra historia, pues los recursos humanos, financieros e institucionales del INE se dirigen a garantizar que toda ciudadana y ciudadano pueda participar en la vida política de su comunidad.

Mucho se ha comentado sobre las recientes elecciones presidenciales en Brasil, en las que Luis Inácio Lula da Silva resultó victorioso con menos de 2 puntos porcentuales sobre su adversario, Jair Bolsonaro (50.9% vs. 49.1%). Entre las diversas lecturas que nos ofrece el proceso electoral brasileño de este año, destaco aquella que pone el énfasis en la importancia de contar con un sistema electoral fuerte y eficiente para salvaguardar la normalidad democrática. Y es que, como observamos, los resultados electorales tan estrechos, aunado al discurso polarizante de Bolsonaro y sus seguidores, colocó en entredicho la capacidad del sistema político brasileño para realizar un traspaso pacífico y constitucional del poder. Lo cierto es que la reciente reunión del vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, con colaboradores de Bolsonaro para comenzar la transición, disipó los fantasmas de un supuesto golpe de Estado.

¿Cómo es posible que, ante un empate técnico, la sociedad brasileña haya respetado los resultados electorales sin consecuencias mayores? Debemos celebrar que la continuidad democrática se haya impuesto en la mayor democracia de nuestro hemisferio. Atestiguar un golpe de Estado o protestas violentas hubiera sido no solo una regresión democrática sino una auténtica tragedia. No obstante, allí radica la virtud del sistema político de Brasil: pese al talante de Bolsonaro y al movimiento que lidera, los cauces institucionales lograron contener el descontento de la derrota.

Al respecto, uno de los elementos que más ha destacado de estos comicios es la celeridad con la que las autoridades dieron a conocer los resultados. La eficacia y rapidez de los resultados electorales, obedece principalmente al uso de las urnas electrónicas para emitir y procesar el voto, mismas que han sido utilizadas desde el año 1996. Es decir que en Brasil el uso de las tecnologías de la información para el procesamiento de los datos emitidos por la ciudadanía no es para nada novedoso: su uso y legitimidad es determinante en los procesos electorales.

Pero no podemos perder de vista el contexto en el que se inserta la celeridad como factor de legitimidad de las elecciones. Sería inexacto atribuir el éxito del sistema electoral brasileño únicamente al uso de urnas electrónicas. Junto a este elemento, debemos destacar el rol que asumió el Tribunal Superior Electoral de Brasil, máxima autoridad en la materia, en la organización, fiscalización y realización de las elecciones presidenciales, a pesar de los constantes ataques y señalamientos que Jair Bolsonaro profirió contra sus integrantes.

Por señalar solo un ejemplo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil instrumentó el “Programa Permanente de Lucha contra la Desinformación”, cuyo fin es combatir y reducir los efectos nocivos de la desinformación relacionada con la Justicia Electoral, sus integrantes, instituciones y elementos del proceso electoral. Lo anterior con el objetivo de que se salvaguarde la integridad, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

Desde luego este tipo de estrategias, así como la celebrada capacidad tecnológica y logística del sistema electoral brasileño, solo es posible si a las autoridades electorales se les dota de certidumbre jurídica, autonomía política, robustez presupuestal y respeto desde los distintos ámbitos del poder. No perdamos de vista que una autoridad electoral sólida y respetada es la mejor aliada de las fuerzas democráticas, sin importar su signo partidista.

Cuando hablamos de democracia en México, es indispensable no perder de vista los problemas que persisten en nuestro país como la pobreza, la violencia, la corrupción o la discriminación: problemas que, además de sus implicaciones sociales y económicas, también limitan y trastocan el acceso pleno a los derechos, entre ellos, los político-electorales. A pesar de estos problemas, en las últimas décadas nuestro país ha avanzado significativamente en la consolidación de las instituciones democráticas, lo cual se refleja, entre otros elementos, en la calidad de la organización y la legitmidad de los procesos electorales.

Piedra angular para los regímenes democráticos, la democracia representativa atraviesa momentos complicados en México y en todo el mundo. La relación vertical entre el representante y la ciudadanía, en muchas ocasiones sin esquemas efectivos de rendición de cuentas, lesiona la legitimidad de la democracia e inhibe el interés de la ciudadanía en el ámbito público.

El pasado 14 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron el “Informe País 2020: el curso de la democracia en México”. El informe hace énfasis en tres variables para evaluar el estado que guarda la democracia en nuestro país: la participación electoral, la calidad de la representación; y los déficits de la democracia. Cabe mencionar que todas estas variables están insertas en un marco de profunda desconfianza hacia las instituciones de representación política. Basta mencionar que el informe consigna que la confianza ciudadana en los partidos políticos (22%), diputados locales (23%) o legisladores federales (23%) dista mucho de la alcanzada por las universidades públicas (70%), las Fuerzas Armadas (64%) o el Instituto Nacional Electoral (60%).

En cuanto a la participación electoral se observa que, contrario a lo que pudiera pensarse, el proceso de consolidación democrática en México no ha elevado significativamente los umbrales de participación en las urnas. En todo caso, los porcentajes se han mantenido similares. En procesos electorales en los que se elige al Presidente de la República la participación electoral ha sido de 76% (1994), 64% (2000), 59% (2006), 63% (2012) y 63% (2018). Por su parte, en los procesos electorales intermedios, la participación ha sido más baja: 57% (1997), 42% (2003), 45% (2009), 48% (2015) y 53% (2021).

En cuanto a la calidad de la representación, el informe destaca los avances registrados gracias a la incorporación de cuotas de género y, posteriormente, de disposiciones en materia de paridad, ya que estos mecanismos han permitido mejorar la representatividad de las mujeres en los Congresos. Pero además de lo que tiene ver con el género, se reconocen otros mecanismos que han visibilizado e incrementado la representación de grupos históricamente marginados como las comunidades indígenas, personas afromexicanas, migrantes, personas discapacitadas o pertenecientes a la diversidad sexogenérica. Un dato alentador es que la ciudadanía mexicana está de acuerdo con las medidas afirmativas tomadas por los órganos electorales para incentivar la integración paritaria y la inclusión de estas personas. Lo anterior nos permiten apreciar que estamos mayoritariamente a favor de una democracia plural y diversa.

En otro ámbito de la calidad de la representación, la mayor parte de la ciudadanía opina que los Congresos locales y el federal legislan tomando en cuenta principalmente intereses particulares y no el interés general. Pese a todo, la ciudadanía reconoce la importancia de los partidos políticos en la gobernabilidad, así como que son medios para participar en la vida política.

Por último, la legitimidad en las instituciones políticas está marcada por la desconfianza en la autoridad, el desencanto con las formas de representación y la desvinculación social. Estos factores, como sabemos, se han incrementado en los últimos años debido a la inestabilidad económica, la pandemia y una situación adversa en el plano internacional.

El informe presentado por el INE y el PNUD es un llamado a las instituciones del Estado mexicano y a las autoridades electorales sobre las áreas de oportunidad que debemos priorizar con el fin de impulsar una cultura política que nos permita transitar, con responsabilidad, de una mejor democracia representativa.

Es también una herramienta que debemos tomar en cuenta en el marco de la discusión sobre nuestro régimen político-electoral, para que la Constitución y las leyes reglamentarias fortalezcan la eficiencia de nuestro sistema electoral, la inclusión política de los grupos históricamente vulnerados, el sufragio y los mecanismos de participación ciudadana, así como la legitimidad de la representación. No podemos esperar nada menor a esto.

VÉASE Alberto Aziz Nassif, Rodrigo Castro Cornejo, et. al., Informe País 2020: El curso de la democracia en México, México, Instituto Nacional Electoral, junio de 2022, disponible en <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2022/09/deceyec-informe-pais-2020.pdf>.

El Instituto Nacional Electoral fue sede de la “Cumbre Global de la Democracia Electoral 2022”, realizada del 20 al 22 de septiembre, en la cual se dieron cita autoridades electorales, especialistas y organismos internacionales de América Latina, Europa, Asia, África y la región Árabe. Las intervenciones y conclusiones giraron en torno a una idea central: la democracia sigue siendo valorada como la mejor forma de gobierno, pero se encuentra en un claro riesgo a nivel mundial.

Hoy en día somos testigos como los regímenes democráticos que pensábamos consolidados se encuentran bajo asedio por diversas fuerzas políticas que, en un afán por ofrecer “soluciones rápidas” a problemas complejos, deciden actuar al margen de las reglas convencionales y constitucionales. Problemas como la reestructuración económica global, la migración, la construcción de la paz, la solución de diferendos, la salud pública, la libertad de expresión o la educación están siendo sujetos no solo a decisiones unilaterales y poco transparentes, sino incluso abiertamente contrarias a los acuerdos democráticos construidos durante las últimas décadas.

No se trata, como algunos pudieran imaginar, de una situación que prevalezca únicamente en países con un precario desarrollo democrático. Las sociedades de Estados Unidos, la Unión Europea, Latinoamérica, Asia y África han enfrentado, en recientes años, liderazgos y narrativas crecientemente nativistas, militaristas, autárquicas y censuradoras. Por ello, en medio de este ambiente poco propicio para el desarrollo democrático, es fundamental defender y apuntalar a nuestras instituciones electorales.

Es imprescindible tener en cuenta que las instituciones electorales instauradas por la democracia –como el voto, la autonomía de los árbitros, la existencia de partidos políticos, modelos de comunicación regulados, financiamiento público, entre otros– son la vía más pacífica y civilizada de contender por el poder político. Cada una de estas instituciones asegura la confrontación de ideas, no de personas; canalizan el apoyo o rechazo a un programa político con el sufragio y el debate, no con las armas; respetan a las minorías, no las suprimen; permiten la pluralidad y la libertad de expresión, no la censuran; aseguran la renovación periódica del poder político, no lo perpetúan.

Debemos subrayar que, en conjunto, todos estos elementos de un sistema electoral son claves para la paz social. Por ello no podemos hablar de un fortalecimiento de la democracia con un debilitamiento de los sistemas electorales. La ecuación es la opuesta: cualquier desarrollo democrático va de la mano con un perfeccionamiento en el funcionamiento del sistema electoral; un reforzamiento de la autonomía de las autoridades electorales y un mayor acatamiento de las reglas y sanciones electorales.

Desde luego, siempre existirán actores y fuerzas cuyos intereses sean perjudicados por estas reglas electorales. Por esa razón, como se mencionó en la Cumbre Global de la Democracia Electoral, es necesario establecer y extender las coaliciones promotoras, de manera que partidos políticos, autoridades, ciudadanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil se comprometan no solo a fomentar los discursos y valores democráticos, sino a ajustar sus conductas a lo pactado en las leyes. Solamente de esta forma podremos nutrir el debate de los actuales problemas públicos, preservando en todo momento las instituciones democráticas.