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Mucho se ha comentado sobre las recientes elecciones presidenciales en Brasil, en las que Luis Inácio Lula da Silva resultó victorioso con menos de 2 puntos porcentuales sobre su adversario, Jair Bolsonaro (50.9% vs. 49.1%). Entre las diversas lecturas que nos ofrece el proceso electoral brasileño de este año, destaco aquella que pone el énfasis en la importancia de contar con un sistema electoral fuerte y eficiente para salvaguardar la normalidad democrática. Y es que, como observamos, los resultados electorales tan estrechos, aunado al discurso polarizante de Bolsonaro y sus seguidores, colocó en entredicho la capacidad del sistema político brasileño para realizar un traspaso pacífico y constitucional del poder. Lo cierto es que la reciente reunión del vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, con colaboradores de Bolsonaro para comenzar la transición, disipó los fantasmas de un supuesto golpe de Estado.

¿Cómo es posible que, ante un empate técnico, la sociedad brasileña haya respetado los resultados electorales sin consecuencias mayores? Debemos celebrar que la continuidad democrática se haya impuesto en la mayor democracia de nuestro hemisferio. Atestiguar un golpe de Estado o protestas violentas hubiera sido no solo una regresión democrática sino una auténtica tragedia. No obstante, allí radica la virtud del sistema político de Brasil: pese al talante de Bolsonaro y al movimiento que lidera, los cauces institucionales lograron contener el descontento de la derrota.

Al respecto, uno de los elementos que más ha destacado de estos comicios es la celeridad con la que las autoridades dieron a conocer los resultados. La eficacia y rapidez de los resultados electorales, obedece principalmente al uso de las urnas electrónicas para emitir y procesar el voto, mismas que han sido utilizadas desde el año 1996. Es decir que en Brasil el uso de las tecnologías de la información para el procesamiento de los datos emitidos por la ciudadanía no es para nada novedoso: su uso y legitimidad es determinante en los procesos electorales.

Pero no podemos perder de vista el contexto en el que se inserta la celeridad como factor de legitimidad de las elecciones. Sería inexacto atribuir el éxito del sistema electoral brasileño únicamente al uso de urnas electrónicas. Junto a este elemento, debemos destacar el rol que asumió el Tribunal Superior Electoral de Brasil, máxima autoridad en la materia, en la organización, fiscalización y realización de las elecciones presidenciales, a pesar de los constantes ataques y señalamientos que Jair Bolsonaro profirió contra sus integrantes.

Por señalar solo un ejemplo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil instrumentó el “Programa Permanente de Lucha contra la Desinformación”, cuyo fin es combatir y reducir los efectos nocivos de la desinformación relacionada con la Justicia Electoral, sus integrantes, instituciones y elementos del proceso electoral. Lo anterior con el objetivo de que se salvaguarde la integridad, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

Desde luego este tipo de estrategias, así como la celebrada capacidad tecnológica y logística del sistema electoral brasileño, solo es posible si a las autoridades electorales se les dota de certidumbre jurídica, autonomía política, robustez presupuestal y respeto desde los distintos ámbitos del poder. No perdamos de vista que una autoridad electoral sólida y respetada es la mejor aliada de las fuerzas democráticas, sin importar su signo partidista.

Cuando hablamos de democracia en México, es indispensable no perder de vista los problemas que persisten en nuestro país como la pobreza, la violencia, la corrupción o la discriminación: problemas que, además de sus implicaciones sociales y económicas, también limitan y trastocan el acceso pleno a los derechos, entre ellos, los político-electorales. A pesar de estos problemas, en las últimas décadas nuestro país ha avanzado significativamente en la consolidación de las instituciones democráticas, lo cual se refleja, entre otros elementos, en la calidad de la organización y la legitmidad de los procesos electorales.

Piedra angular para los regímenes democráticos, la democracia representativa atraviesa momentos complicados en México y en todo el mundo. La relación vertical entre el representante y la ciudadanía, en muchas ocasiones sin esquemas efectivos de rendición de cuentas, lesiona la legitimidad de la democracia e inhibe el interés de la ciudadanía en el ámbito público.

El pasado 14 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron el “Informe País 2020: el curso de la democracia en México”. El informe hace énfasis en tres variables para evaluar el estado que guarda la democracia en nuestro país: la participación electoral, la calidad de la representación; y los déficits de la democracia. Cabe mencionar que todas estas variables están insertas en un marco de profunda desconfianza hacia las instituciones de representación política. Basta mencionar que el informe consigna que la confianza ciudadana en los partidos políticos (22%), diputados locales (23%) o legisladores federales (23%) dista mucho de la alcanzada por las universidades públicas (70%), las Fuerzas Armadas (64%) o el Instituto Nacional Electoral (60%).

En cuanto a la participación electoral se observa que, contrario a lo que pudiera pensarse, el proceso de consolidación democrática en México no ha elevado significativamente los umbrales de participación en las urnas. En todo caso, los porcentajes se han mantenido similares. En procesos electorales en los que se elige al Presidente de la República la participación electoral ha sido de 76% (1994), 64% (2000), 59% (2006), 63% (2012) y 63% (2018). Por su parte, en los procesos electorales intermedios, la participación ha sido más baja: 57% (1997), 42% (2003), 45% (2009), 48% (2015) y 53% (2021).

En cuanto a la calidad de la representación, el informe destaca los avances registrados gracias a la incorporación de cuotas de género y, posteriormente, de disposiciones en materia de paridad, ya que estos mecanismos han permitido mejorar la representatividad de las mujeres en los Congresos. Pero además de lo que tiene ver con el género, se reconocen otros mecanismos que han visibilizado e incrementado la representación de grupos históricamente marginados como las comunidades indígenas, personas afromexicanas, migrantes, personas discapacitadas o pertenecientes a la diversidad sexogenérica. Un dato alentador es que la ciudadanía mexicana está de acuerdo con las medidas afirmativas tomadas por los órganos electorales para incentivar la integración paritaria y la inclusión de estas personas. Lo anterior nos permiten apreciar que estamos mayoritariamente a favor de una democracia plural y diversa.

En otro ámbito de la calidad de la representación, la mayor parte de la ciudadanía opina que los Congresos locales y el federal legislan tomando en cuenta principalmente intereses particulares y no el interés general. Pese a todo, la ciudadanía reconoce la importancia de los partidos políticos en la gobernabilidad, así como que son medios para participar en la vida política.

Por último, la legitimidad en las instituciones políticas está marcada por la desconfianza en la autoridad, el desencanto con las formas de representación y la desvinculación social. Estos factores, como sabemos, se han incrementado en los últimos años debido a la inestabilidad económica, la pandemia y una situación adversa en el plano internacional.

El informe presentado por el INE y el PNUD es un llamado a las instituciones del Estado mexicano y a las autoridades electorales sobre las áreas de oportunidad que debemos priorizar con el fin de impulsar una cultura política que nos permita transitar, con responsabilidad, de una mejor democracia representativa.

Es también una herramienta que debemos tomar en cuenta en el marco de la discusión sobre nuestro régimen político-electoral, para que la Constitución y las leyes reglamentarias fortalezcan la eficiencia de nuestro sistema electoral, la inclusión política de los grupos históricamente vulnerados, el sufragio y los mecanismos de participación ciudadana, así como la legitimidad de la representación. No podemos esperar nada menor a esto.

VÉASE Alberto Aziz Nassif, Rodrigo Castro Cornejo, et. al., Informe País 2020: El curso de la democracia en México, México, Instituto Nacional Electoral, junio de 2022, disponible en <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2022/09/deceyec-informe-pais-2020.pdf>.

El Instituto Nacional Electoral fue sede de la “Cumbre Global de la Democracia Electoral 2022”, realizada del 20 al 22 de septiembre, en la cual se dieron cita autoridades electorales, especialistas y organismos internacionales de América Latina, Europa, Asia, África y la región Árabe. Las intervenciones y conclusiones giraron en torno a una idea central: la democracia sigue siendo valorada como la mejor forma de gobierno, pero se encuentra en un claro riesgo a nivel mundial.

Hoy en día somos testigos como los regímenes democráticos que pensábamos consolidados se encuentran bajo asedio por diversas fuerzas políticas que, en un afán por ofrecer “soluciones rápidas” a problemas complejos, deciden actuar al margen de las reglas convencionales y constitucionales. Problemas como la reestructuración económica global, la migración, la construcción de la paz, la solución de diferendos, la salud pública, la libertad de expresión o la educación están siendo sujetos no solo a decisiones unilaterales y poco transparentes, sino incluso abiertamente contrarias a los acuerdos democráticos construidos durante las últimas décadas.

No se trata, como algunos pudieran imaginar, de una situación que prevalezca únicamente en países con un precario desarrollo democrático. Las sociedades de Estados Unidos, la Unión Europea, Latinoamérica, Asia y África han enfrentado, en recientes años, liderazgos y narrativas crecientemente nativistas, militaristas, autárquicas y censuradoras. Por ello, en medio de este ambiente poco propicio para el desarrollo democrático, es fundamental defender y apuntalar a nuestras instituciones electorales.

Es imprescindible tener en cuenta que las instituciones electorales instauradas por la democracia –como el voto, la autonomía de los árbitros, la existencia de partidos políticos, modelos de comunicación regulados, financiamiento público, entre otros– son la vía más pacífica y civilizada de contender por el poder político. Cada una de estas instituciones asegura la confrontación de ideas, no de personas; canalizan el apoyo o rechazo a un programa político con el sufragio y el debate, no con las armas; respetan a las minorías, no las suprimen; permiten la pluralidad y la libertad de expresión, no la censuran; aseguran la renovación periódica del poder político, no lo perpetúan.

Debemos subrayar que, en conjunto, todos estos elementos de un sistema electoral son claves para la paz social. Por ello no podemos hablar de un fortalecimiento de la democracia con un debilitamiento de los sistemas electorales. La ecuación es la opuesta: cualquier desarrollo democrático va de la mano con un perfeccionamiento en el funcionamiento del sistema electoral; un reforzamiento de la autonomía de las autoridades electorales y un mayor acatamiento de las reglas y sanciones electorales.

Desde luego, siempre existirán actores y fuerzas cuyos intereses sean perjudicados por estas reglas electorales. Por esa razón, como se mencionó en la Cumbre Global de la Democracia Electoral, es necesario establecer y extender las coaliciones promotoras, de manera que partidos políticos, autoridades, ciudadanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil se comprometan no solo a fomentar los discursos y valores democráticos, sino a ajustar sus conductas a lo pactado en las leyes. Solamente de esta forma podremos nutrir el debate de los actuales problemas públicos, preservando en todo momento las instituciones democráticas.

A lo largo de los últimos años, ha crecido en Irán un movimiento de rechazo a las leyes del velo obligatorio, que ha llevado a mujeres y niñas a protagonizar valientes actos de desafío. Algunas aparecen en silencio en lugares públicos, agitando una asta con el velo atado a uno de sus extremos, mientras que otras comparten vídeos en los que aparecen caminando por la calle con el pelo al aire: un gesto que muchas personas daríamos por sentado.

A este movimiento se han unido hombres y algunas mujeres que optan por llevar el hiyab. Se trata de un movimiento que defiende la libertad de elección, es decir, el derecho de las mujeres a decidir qué llevar sin temor a ser hostigadas, agredidas, amenazadas o encarceladas.

Sin embargo, para las autoridades iraníes, el vigor y la fuerza del movimiento ha sobrepasado los límites y han reaccionado con una marcada campaña de represión. Desde enero de 2018, numerosas personas han sido detenidas por defender los derechos de las mujeres, entre ellas varios hombres. Algunas han sido torturadas y condenadas a penas de cárcel o azotes en juicios manifiestamente injustos.

En marzo de 2019 Narsin Sotoudeh, fue condenada a 38 años y 6 meses de cárcel y 148 latigazos, tras haber sido hallada culpable en dos juicios; algunos de los cargos que se le imputan, como el “incitación a la corrupción” y la “prostitución”, derivan de su trabajo como abogada de mujeres detenidas por haber protestado contra las leyes del velo, y son también consecuencia de su propia oposición al velo obligatorio y del hecho de haber aparecido sin velo en la cárcel.

En abril de ese mismo año, fueron detenidas Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi y Moigan Keshavarz por la publicación de un vídeo que se hizo viral el Día Internacional de la Mujer, en el que aparecían sin velo en el metro de Teherán, repartiendo flores entre las pasajeras. Hoy Yasaman Aryani cumple una condena de 6 años de cárcel.

Recientemente, el 16 de septiembre, Mahsa Amini, una ciudadana de 22 años falleció después de su detención violenta por la “policía de la moral”, por no cumplir las leyes discriminatorias sobre el uso obligatorio del velo.

En pleno siglo XXI, todo lo anterior podría sonar como un relato distópico, pero por desgracia no lo es. Es la realidad de millones de mujeres y niñas en Irán, en donde el Estado ejerce un estricto control sobre su cuerpo, pues de conformidad con su legislación, las mujeres están obligadas a cubrirse el cabello con un velo, y las que no, son consideradas delincuentes. Sin embargo, el control del cuerpo de las mujeres no es prerrogativa exclusiva del Estado, lo que ha llevado a agentes parapoliciales a arrogarse la responsabilidad y el derecho de imponer los valores de la República Islámica, acosando y agrediendo a mujeres en público. Todo eso por el delito de ejercer su derecho a llevar puesto lo que desean.

Criminalizar a las mujeres y las niñas que se niegan a llevar el hiyab es una forma extrema de discriminación. Este tipo de leyes violan todo un repertorio de derechos, entre ellos los derechos a la igualdad, a la intimidad, a la libertad de expresión y de religión, degradando a las mujeres y a las niñas, privándolas de sus derechos. Ninguna sociedad democrática puede estar ajena a lo que está sucediendo en Irán.

¿Será la creencia en la deseabilidad de la democracia, que tantos ciudadanos de las viejas democracias parecieran poseer, capaz de resistir a futuros desafíos?

Robert Dahl

Por algún tiempo se ha considerado que la democracia, como régimen de gobierno, cumple con una importante función política y social desde el momento en el que se encuentra plasmada en cuerpos normativos, tanto de carácter constitucional como legal. Sin embargo, por momentos parece que no es suficiente con plasmar por escrito las normas jurídicas, toda vez que se percibe una distancia evidente entre lo regulado por ellas y lo ocurrido en la realidad social. Por eso es importante revisar nuevamente el estatus que actualmente tiene la democracia escrita y descrita en el papel, como régimen e incluso como forma de vida, respecto a la realidad social. Lo anterior con la finalidad de determinar en qué medida la sola formalidad de la democracia es suficiente para lograr sus objetivos primordiales.

Respecto a la política gobernante y el impacto de su actividad y función en la realidad social se debe tener en cuenta que la existencia de un Estado constitucional de derecho es un mínimo para que la función del sector gubernamental pueda tener un logro eficaz de su encomienda jurídica, política y social. En una concepción de tipo holístico del Estado Constitucional, se ha considerado que es aquel que está sostenido por determinados principios de constitucionalidad (respecto a la protección de derechos y libertades) así como de legalidad (respecto a lo establecido en la norma jurídica y actuación con base en lo que en ella se prevé).

Lo anterior nos puede llevar a considerar que la democracia y la política, de primera mano, son dos elementos separados uno del otro sin que haya injerencia entre sí ni entre sus propios procesos. Sin embargo, ambos comparten muchas características en común que los hacen depender uno de otro, incluso para su propio funcionamiento. En otras palabras, la formalidad democrática y la realidad política, aunque disímiles, coexisten en una amalgama necesaria e ineludible para un buen gobierno.

La democracia es un régimen de gobierno utilizado en los Estados modernos, sobre todo en aquellos en los que se cuenta con un sistema jurídico protector de los derechos y de las libertades de las personas, de tal manera que se habla no solamente de Estados desde un punto de vista llano o escueto, sino que se trata de estados de derecho, democráticos y además constitucionales. Lo anterior es de suma importancia ya que existe la seguridad de que esos Estados cuenten con una regulación jurídica que está destinada a la modelación y formación del gobierno democrático, cuya característica principal es que es electo por el pueblo, es decir, se trata de regímenes en los que el gobierno está estructurado por elección popular. Y son precisamente las normas jurídicas relativas a toda esa estructura y organización, las necesarias para que se pueda llevar a cabo la formación de los gobiernos, las cuales están, desde luego, vaciadas en los cuerpos normativos creados por el Estado, que van desde la propia Constitución hasta las leyes y reglamentos de la materia.

En ese sentido, la democracia cuenta con una serie de valores y principios que desde el punto de vista formal y material hacen de ella un sistema viable para ser aplicado en Estados regidos por una constitución. Esos principios, si bien están diseñados desde la propia teoría de la democracia, son también el soporte de las instituciones que el Estado tiene en su estructura y cuyo funcionamiento está destinado a lograr que los seres humanos obtengan los medios necesarios para vivir adecuadamente. Por ello, esos principios deben permear en la esencia, no solamente del Estado o del régimen jurídico, político y social, sino también de esas instituciones y órganos estatales, con la finalidad de que favorezca a la población usuaria de los mismos. De esta manera concurre una autosustentación democrática-institucional que debe tener su aplicabilidad y eficacia en la vida concreta de la sociedad.