En las sociedades contemporáneas suele aceptarse que un gobierno democrático parte de dos principios bien establecidos: el voto universal y la regla de la toma de decisiones por mayoría. Sin embargo, una democracia incluyente debe revisar constantemente la instrumentalización de estos dos principios para garantizar una efectiva representación de intereses diversos, pero, al mismo tiempo, el respeto a los derechos de las minorías.
En este sentido, el primer principio —del voto universal— se refiere a los avances que históricamente se han alcanzado para extender el reconocimiento del derecho al voto a cada vez más sectores sociales. La evolución misma del concepto de universalidad ha sido fundamental, pues en siglos pasados bastaba con que los hombres libres votaran para que una sociedad se considerara democrática. Posteriormente, el sufragio se reconoció como derecho de las mujeres y en general de todas las personas sin distinción de su origen étnico, edad, condición social, religión, opiniones o preferencias, transitando a una verdadera universalidad. De este modo, y como señala Bobbio, a mayor universalidad del voto, mayor democratización de la sociedad.
Por otra parte, en una democracia incluyente, el segundo principio democrático referido —la toma de decisiones a partir del principio de mayoría— debe ser respetuoso de los derechos humanos reconocidos para las minorías. En un Estado constitucional, ningún proyecto político, decisión u objetivo puede vulnerar los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales. Pero, además de ello, una democracia incluyente debe incorporar los intereses y necesidades de las minorías que, aunque no cuenten con el peso demográfico, político o simbólico de la mayoría, sí se reservan su derecho a ser atendidas por el poder público.
Aunque lo anterior se ha reconocido teórica y legalmente, queda pendiente el reto de instrumentalizar estos principios de manera plena en nuestras sociedades de hoy. Al respecto, la autoridad electoral de nuestro país ha avanzado en materia de implementación del voto anticipado para personas con alguna discapacidad. Esta modalidad de voto fortalece los dos principios democráticos referidos, pues extienden aún más la universalización del voto e integran a minorías en la agregación de intereses.
Para este proceso electoral concurrente 2023-2024, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se ha comprometido a implementar las acciones necesarias a efecto de garantizar el Voto Anticipado en el estado de México para la ciudadanía que tenga alguna incapacidad física que impida, limite o dificulte su asistencia ante la casilla que le corresponda durante la Jornada Electoral. En ese sentido, el pasado 20 de febrero, el Consejo General del IEEM aprobó los Formatos Únicos de la Documentación Electoral, para el Voto Anticipado de la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024. Dichos formatos cumplen con las especificaciones técnicas de la documentación electoral, los requerimientos establecidos en las disposiciones legales y, no menos importante es que se encuentran personalizados atendiendo a las particularidades de la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024.
Con esta decisión, se procede ahora a la impresión de los formatos y su posterior distribución. Con ello, el IEEM da un paso firme hacia la inclusión y la no discriminación, de manera que nuestra democracia siga consolidándose bajo un paradigma de inclusión, para que ninguna persona se quede sin ejercer su derecho humano al voto.
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