El pasado domingo 4 de febrero, El Salvador concurrió a elecciones presidenciales. El resultado no fue sorpresivo para nadie: con 82.6% de los votos recibidos, Nayib Bukele consiguió reelegirse para un nuevo periodo presidencial de cinco años. Se trata del primer presidente salvadoreño, en ocho décadas, en presentarse a una reelección. La Constitución del país centroamericano prohibía, en al menos seis artículos, que un presidente ejerciera un nuevo mandato. ¿Cómo interpretar lo sucedido?
El caso salvadoreño debe alertar a toda la región Latinoamericana. Son muchas las aristas que admiten un análisis a profundidad. Sin embargo, me gustaría apuntar solo tres; todas ellas, una muestra de una profunda vocación antidemocrática.
- El gobierno de Bukele implantó con éxito la idea de que un gobierno electo debe conseguir resultados a cualquier costo. Por desgracia, la crítica situación de inseguridad y pobreza que padece El Salvador alimentó las expectativas de una sociedad urgida de mejores condiciones de vida. Desde un inicio, Bukele volcó a las fuerzas de seguridad para encarcelar, en tiempo récord y sin debidos procesos, a miles de ciudadanos. Es célebre la construcción de un magno centro de detención —la cárcel más grande de América— que en pocos años ha llenado de presuntos miembros de pandillas. Sin embargo, en una democracia los objetivos políticos, cualesquiera que sean, deben perseguirse dentro de los márgenes permitidos por la ley y el respeto a los derechos humanos. Cualquier violación a estos límites es propia de las dictaduras.
- El poderosos aparato propagandístico no solo consiguió posicionar la figura personal de Bukele, sino erosionar las coordenadas de la realidad. El mejor ejemplo de ello es, justamente, el combate al crimen. Decenas de miles de personas han sido exhibidas ante la opinión pública como criminales sin que medie ni importe un juicio sobre su culpabilidad. Adicionalmente, se ha replicado la versión de que El Salvador se ha convertido en el segundo país más seguro del continente, solo después de Canadá. Sin embargo, las cifras que “sustentan” tal afirmación emanan del propio gobierno, sin que otras autoridades o instituciones puedan proporcionar información al respecto. El cerco informativo ha vulnerado el derecho de acceso a la información de la sociedad salvadoreña, sustituyendo la realidad con un discurso oficial.
- Los excesos autoritarios pudieron detenerse a tiempo por medio de contrapesos constitucionales. Aunque su gobierno gozara de mayoría legislativa y aprobación popular, las garantías judiciales, el respeto a las leyes y a los tratados internacionales debieron imponer límites a su actuación. Sin embargo, Bukele atropelló las instituciones, destituyó a funcionarios incómodos y colocó a personajes subordinados, no para desempeñar sus obligaciones, sino para favorecer al presidente con interpretaciones sesgadas a la ley.
Una dictadura no solo se impone con las armas, también lo hace cuando burla los contrapesos institucionales. En una auténtica democracia, cualquier proyecto político, por más legítimo que sea, debe sujetarse al debate de ideas, al control de otros Poderes y a la sujeción a las leyes. Las fuerzas políticas que caminen en sentido contrario, traicionan peligrosamente a la democracia.
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