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Estamos próximos a cumplir setenta años de que el derecho al voto de las mujeres mexicanas fuera reconocido a nivel nacional, en virtud del decreto de reforma constitucional del 17 de octubre de 1953. A propósito de esta fecha, es importante reflexionar sobre la importancia de este derecho en el contexto histórico, así como de su papel fundamental en el avance de la agenda de género en nuestro país.

Primero, cabe recordar que, como otras figuras progresistas, el reconocimiento de este derecho comenzó a nivel estatal. Yucatán, Chiapas y San Luis Potosí, en 1922, 1925 y 1927, respectivamente, fueron las primeras entidades federativas que expidieron legislaciones que otorgaron el voto a las mujeres a nivel local. No fue sino tres décadas más tarde cuando este derecho quedaría reconocido, implícitamente, en la Constitución General.

El voto de las mujeres no fue una concesión espontánea del gobierno mexicano. Además de diversos movimientos feministas que ya estaban presentes desde la Revolución Mexicana, la exigencia de las mujeres por el reconocimiento al sufragio se incrementó después de la Segunda Guerra Mundial. Tras una manifestación que congregó a más de 20 mil mujeres en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, en abril de 1952, el entonces candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, prometió que si llegaba al poder apoyaría esta demanda social.

Pero una vez conquistado el derecho al sufragio, las mujeres mexicanas decidimos avanzar hacia una agenda de equidad y paridad en todos los aspectos de la vida pública y privada. Exigir mayor acceso a la educación, igualdad de condiciones salariales, mayor participación en la toma de decisiones públicas o la distribución equitativa de las labores del hogar han sido exigencias permanentes desde aquellos años.

Aunque se ha avanzado mucho, el tránsito ha sido paulatino. Fue hasta 1974 cuando se reconoció explícitamente la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Igualmente, fue hasta la década de los noventa cuando se instrumentó un sistema de “cuotas de género” que abrió mayores posibilidades para que las mujeres alcanzaran espacios en cargos de elección popular.

En las últimas décadas, hemos dejado atrás la noción de “cuotas” y hemos avanzado hacia disposiciones de paridad obligatoria en la conformación de órganos colegiados, congresos y cargos de dirección política. Asimismo, la lucha contra la violencia de género ha sido cada vez más constante en las calles y en los parlamentos. 

Ninguno de estos avances hubiese sido posible sin el derecho al voto. Su reconocimiento marcó un parteaguas en nuestra vida pública. Sin embargo, todavía quedan pendientes por atender y espacios por conquistar. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el mayor avance en términos de paridad se ha dado en los Congresos a nivel federal y estatal, ya que éstos se han conformado con 50% o más de mujeres. Pero las mujeres solo ocupan el 28% de las gubernaturas y el 25% de las presidencias municipales del país.

A través de nuestro voto, las mexicanas podemos impulsar agendas e incentivar cambios en la agenda pública. La mejor manera de honrar la lucha de las mujeres que nos antecedieron es reconocer su legado y comprometernos a dar un paso hacia adelante en la medida de nuestras posibilidades y en nuestros respectivos ámbitos de acción.

Buena parte de la atención se concentrará en los próximos meses en el proceso electoral 2023-2024. La renovación de nuestras autoridades se trata, sin duda, de un elemento cardinal de nuestra vida pública. No obstante, un régimen democrático no solo se define periódicamente durante la celebración de comicios, sino que se trata de una construcción permanente, que exige un trabajo coordinado de todas las instituciones y de una cultura que permee en todos los estratos y miembros de la sociedad. Las labores de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) parte de esta base.

En ese sentido, el pasado 1º de septiembre iniciamos en nuestro estado la Consulta Infantil y Juvenil 2023 (CIJ2023). Este ejercicio de consulta atiende a la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes. De manera puntual, la CIJ2023 se concibe como el medio para que las niñas, niños y adolescentes expresen sus preferencias y anhelos sobre las acciones, vías de atención y estrategias de difusión necesarias hacia ellos mismos, susceptibles de ser adoptadas por las instituciones públicas del Estado de México e incorporadas en sus programas de actividades.

En nuestro estado se habían realizado ejercicios similares en 1999 y 2017. Además de retomar estos ejercicios, la CIJ2023 buscará consolidar este mecanismo e incluir, como nunca antes, la participación de niñas, niños y adolescentes de origen mexiquense residentes en el extranjero y de forma exploratoria a menores residentes en centros penitenciarios y casas de cuidado. Lo anterior busca conocer y visibilizar los anhelos provenientes de distintas realidades sociales que pueden enriquecer la visión sobre la infancia y adolescencia frente al espacio público.

Esta consulta se llevará a cabo del 1ª de septiembre al 30 de noviembre de 2023 a través de diversas modalidades. De manera presencial, el IEEM instalará módulos itinerantes en todos los municipios del Estado de México, provistos de una urna y boletas con preguntas para tres diferentes rangos de edad, a saber de 6 a 9 años, 10 a 13 y 14 a 17 años, con instrucciones precisas para su llenado. De manera digital, la ciudadanía puede consultar la CIJ2023 en la página web y redes sociales del IEEM, a través de Códigos QR que aparecerán en spots televisivos y propaganda impresa, así como en la app de la CIJ2023.

Las preguntas contenidas en las boletas fueron elaboradas por especialistas e instancias de atención a las infancias y adolescencias del Estado de México y versan, entre otras cuestiones, sobre opiniones y acciones referentes a los entornos escolares, espacios públicos, entornos sociales y autoridades de gobierno. La meta es alcanzar la participación de 500 mil niñas, niños y adolescentes.

La premisa de la CIJ2023 es que debemos consultar la opinión, percepción y experiencias de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no darlos por sentados de manera previa y, especialmente, a costa de ellos. No solo se trata de una nueva metodología, sino de un nuevo enfoque: uno más democrático, plural, incluyente y participativo, propio de la sociedad que anhelamos construir. Reitero la invitación a la ciudadanía a consultar los detalles y a participar en este ejercicio a través del sitio https://www.ieem.org.mx/consultaIJ2023/

Uno de los principales logros de la agenda feminista ha sido colocar en la discusión pública la necesidad de diseñar políticas públicas con enfoque de género. No se trata simplemente de una concesión progresista o de un ánimo incluyente. Además de estas consideraciones, la perspectiva de género va más allá, pues permite a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil diagnosticar de manera más precisa los problemas públicos y atenderlos con mayor eficacia.

Este es el caso de los asuntos demográficos, los cuales, por cierto, impactan a su vez en múltiples rubros de nuestra sociedad como la distribución del ingreso, las políticas de empleo, la movilidad social o la participación política. Al respecto, es importante comentar que recientemente se presentó en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.

El documento consigna un dato sumamente relevante: de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en noviembre de 2022 la población mundial rebasó la cifra de los 8 mil millones de habitantes. Además de la radiografía de la población mundial, lo que se destaca de este documento es su aplicación del enfoque de género para la interpretación de fenómenos complejos. Lo anterior debido a que el informe subraya la necesidad de abandonar enfoques demográficos vetustos, poco funcionales y contrarios a los derechos humanos.

Sus autores afirman que ningún sector poblacional debe ser visto como un ente objetivo, a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarlo, segregarlo o manipularlo. Antes al contrario, cualquier segmento poblacional debe verse como un sujeto colectivo, con dinámicas propias, y sobre todo con derechos que debe ejercer.

Atendiendo a ello, un Estado democrático debe replantearse la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas las decisiones en materia de política demográfica. No se trata de controlar a una población —sean jóvenes, adultos mayores o mujeres— y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.

Uno de los mejores ejemplos de este enfoque de género está relacionado con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y decidan sobre sus cuerpos. El informe advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, actividad sexual o uso de anticonceptivos. Esto demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población. Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente radica en la relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral declina, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. En sentido opuesto, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no es una política de natalidad coercitiva, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y ofrecer mejores horizontes de desarrollo personal.

Es importante conocer este tipo de análisis no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.

Hace un par de semanas se dio a conocer en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Se trata de un documento tan ambicioso como interesante, que además de estadísticas demográficas, toca temas de actualidad para la sociedad contemporánea como la fertilidad, los derechos reproductivos, el panorama de la juventud, la migración o la llamada “resiliencia demográfica”.

De esta manera, el informe da cuenta que en noviembre de 2022, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la población mundial rebasó la barrera de los 8 mil millones de habitantes. De manera paradójica, mientras algunos sectores consideraron la cifra como una cantidad muy elevada, otros manifestaron su preocupación por la “despoblación” y baja natalidad en algunas regiones. Pero más allá de las explicaciones que podemos encontrar en este reporte demográfico, me interesa llamar la atención sobre algunas conclusiones que debemos tomar en cuenta en nuestro debate público y en el diseño de los programas y políticas públicas de las instituciones.

La primera de ellas es la necesidad de abandonar enfoques arcaicos, que demostraron ser poco útiles, además de antidemocráticos y violadores de los derechos humanos. La población no debe ser vista como un ente objetivo, que se encuentra a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarla, segregarla o manipularla como si se tratara de un objeto en un laboratorio. Antes al contrario, la población o cualquier segmento de ésta debe verse como un sujeto colectivo, con vida y dinámica propia, en constante evolución y, sobre todo, con derechos que debe ejercer.

Señalar lo anterior puede parecer un tanto obvio. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado que la juventud, las personas adultas mayores, las mujeres o las adolescentes son tratadas, discursivamente, como un ente pasivo, sujeto a las recomendaciones de las autoridades? Ciertamente las decisiones sobre la población serán siempre comunes a la función estatal. No obstante, lo que se debate es la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas tales decisiones. No se trata de “controlar” a una población y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.

Uno de los mejores ejemplos de este nuevo enfoque tiene que ver con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y sobre sus cuerpos. Este reporte advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja todavía no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, su actividad sexual o el uso de anticonceptivos. Además de alarmante, esta información demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población.

Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente se evidencia respecto a relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral ocasiona preocupaciones, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. Asimismo, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no son las políticas de natalidad coercitivas, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y garantizarle mejores horizontes de desarrollo personal. 

Es importante conocer este tipo de reportes no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.

El reporte puede consultarse en español en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/swop23/SWOP2023-SPANISH-230403-web.pdf

El pasado 4 de junio, la ciudadanía mexiquense fue partícipe de una jornada electoral ejemplar e histórica. Como ya se ha mencionado, por primera vez la entidad federativa más poblada de nuestro país será gobernada por una mujer. Gracias a las urnas y a nuestro sólido sistema electoral, la elección de una candidata de oposición se realizó de manera cívica, pacífica y legítima. Todo lo cual abona a la consolidación democrática que tanto anhelamos en nuestro estado y en el país.

Como lo señalé durante la sesión de seguimiento a la Jornada Electoral, la incertidumbre democrática siempre es sana previo a la celebración de los comicios, pues es indicador de que cualquier candidatura tiene posibilidades reales de alzarse con el triunfo y, sobre todo, de que es la ciudadanía quien, con su voto, decide en última instancia al ganador o ganadora. No obstante, a partir de que el primer voto es efectuado, la incertidumbre democrática debe convertirse en certeza legal sobre cada una de las papeletas depositadas en las urnas. Su valor jurídico, su resguardo y su conteo preciso son los elementos básicos del proceso electoral.

Una herramienta fundamental para alcanzar este nivel de certeza electoral es, sin duda alguna, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Aunque su carácter es meramente informativo y no deriva en resultados vinculatorios, su rigor técnico, sus procesos vigilados y su máxima transparencia lo convierten en un elemento que brinda seguridad sobre la evolución de los comicios y, con ello, evita escenarios de incertidumbre que nos regresarían a épocas de opacidad, poca legitimidad y dudas razonables sobre el comportamiento de las autoridades electorales.

En el proceso electoral 2023, el PREP del Instituto Electoral del Estado de México estuvo a la altura de lo esperado por la ciudadanía mexiquense. En ese sentido, debe reconocerse el trabajo de las 365 personas responsables de la ejecución del PREP, tanto en las Juntas Distritales como los dos centros de captura y verificación, así como en los 45 centros de acopio y transmisión de datos. Con su labor, cada una de las Actas de Escrutinio y Cómputo fue digitalizada, capturada, verificada y transmitida para su publicación en el sistema PREP. Lo anterior permitió que el público, dentro y fuera de nuestro estado, y dentro y fuera de nuestro país, pudiera dar puntual seguimiento a los resultados preliminares de manera casi inmediata. Cabe mencionar que, después de México, la mayor parte de las consultas al sitio del PREP en línea provinieron de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Canadá y Colombia. Asimismo, además de la ciudadanía mexiquense, se registraron consultas al PREP principalmente de la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

Desde luego, el correcto funcionamiento del PREP fue resultado de esfuerzos institucionales encabezados por la Comisión Especial para la Atención del PREP, por las y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, por el personal del Instituto Nacional Electoral, y por los especialistas del Ente Auditor, a saber, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Sin su profesionalismo, planeación oportuna y

compromiso democrático, el proceso electoral de este año no hubiera alcanzado la legitimidad que hoy goza.

Una vez más, las autoridades electorales locales demuestran su razón de ser y su papel estratégico en la construcción de la democracia y en la preservación de la paz social.