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En los últimos meses, los titulares de los periódicos se han centrado en la elección del Poder Judicial de la Federación. No sólo se ha discutido la conveniencia de que la ciudadanía decida con su voto a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales y juzgados del ámbito federal. También se debaten los términos en que la Ley General en materia electoral reguló estos procesos, así como las decisiones que el INE ha adoptado para llevar a buen puerto esta elección inédita.

El fuerte centralismo mexicano explica, en buena medida, que el debate se haya mantenido incompleto. Se asume erróneamente que lo que ocurre en los tribunales más visibles es representativo de toda la impartición de justicia, sin que eso necesariamente sea el caso.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2024 del INEGI, los tribunales locales recibieron 39% más asuntos que aquellos del ámbito federal. Además, es en el plano de los tribunales y juzgados de los estados donde se resuelven asuntos sobre pensiones alimenticias, custodias de menores, contratos incumplidos, arrendamientos, sucesiones y la inmensa mayoría de los delitos que impactan la vida cotidiana.

Por eso es necesario que la discusión pública considere también los procesos por los que se elegirán magistradas, magistrados, juezas y jueces locales en 18 estados y la Ciudad de México. En esas entidades están en juego más de 1,800 cargos jurisdiccionales locales, por lo que bien vale la pena revisar cómo se están desarrollando las elecciones desde otro plano.

El poder reformador de la Constitución dio a los estados una amplia libertad para configurar sus procesos electivos. Ello generó un menú muy amplio de posibilidades en términos de cargos a elegir, tiempos, procedimientos e incidencia de la institucionalidad local.

Así, por ejemplo, el Constituyente permanente dio a los congresos de los estados 180 días para reformar sus propias constituciones para renovar a los poderes judiciales locales. En consecuencia, algunas entidades federativas pudieron iniciar sus procesos en los últimos meses del 2024 y otras lo hicieron ya avanzado el 2025. Las oportunidades de planeación fueron distintas para cada caso.

También son disímiles los volúmenes de candidaturas. Toda vez que el constituyente abrió un plazo de tres años para la renovación de los poderes judiciales locales, cada congreso local decidió la proporción de cargos que iría al proceso 2025.

Habrá que ver la manera en que los institutos electorales locales regulan temas novedosos como la manera en que se hará vigente el principio de paridad, o bien el mecanismo para hacer los cómputos. Cada autoridad fue tomando decisiones, sin contar con muchos precedentes.

Por eso fue relevante la discusión que ayer sostuvimos las Presidencias de 17 institutos electorales para discutir cómo están avanzando los procesos locales. Más allá de compartir experiencias y resolver conjuntamente problemas técnicamente complejos como los que este proceso impone, el evento auspiciado por el Instituto Electoral del Estado de México fue una contribución a la discusión sobre las mejores prácticas locales para administrar elecciones judiciales.

El sofisticado sistema electoral mexicano también se ha enriquecido de la periferia al centro. Por eso es necesario escuchar las contribuciones de los institutos electorales de los estados, cuya creatividad y profesionalismo pueden aportar una nueva dosis de innovación para mantener a México como referente de política pública, inclusive en comicios tan desafiantes como los del Poder Judicial.

Parecía una apuesta imposible: posibilitar el voto de más de 13 millones de personas en apenas cuatro meses. Aquel fue el reto que el Instituto Electoral del Estado de México asumió a finales de enero, cuando convocamos a la más grande elección local de personas juzgadoras que jamás se haya registrado.

Estamos llegando a la mitad de ese periodo. El momento es ideal no sólo para dar cuenta de cómo la elección avanza en forma ordenada, sino también para hacer públicos los grandes números que describen este momento histórico.

En la federación y en las entidades que llevarán a cabo comicios judiciales, un primer reto estuvo dado por la geografía judicial. La manera en que están delimitados los ámbitos competenciales de las y los juzgadores no siempre es adecuada para desplegar una logística como la que se requiere en una elección.

Por fortuna, a diferencia de lo que ocurrió en otras entidades, los distritos mexiquenses sí permiten el despliegue y repliegue ágil de materiales y equipos de trabajo, por lo que la elección es factible. Mejor aún, hay correspondencia entre el electorado que elegirá a cada impartidor de justicia y su respectiva jurisdicción.

De ahí que el IEEM operará la elección en esos 18 distritos, cuyos polígonos corresponden a la geografía judicial. Ya instalamos oficinas en cada uno de ellos.

Lo cierto es que, a diferencia de las elecciones de diputaciones, esta vez los distritos no tendrán pesos poblacionales similares. Así, por ejemplo, el listado nominal del distrito de Tlalnepantla de Baz es 27 veces más grande que el del menos poblado, Sultepec. En promedio están registradas para votar 729 mil personas en cada distrito.

Pero resulta interesante que no todos los distritos ni todas las regiones elegirán el mismo número de cargos. Esto es así porque la reforma mexiquense considera un plan de implementación a tres años, de manera que este año, además de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y todas las vacantes en el Tribunal de Disciplina Judicial, sólo se renueva la mitad de magistraturas y las plazas de jueces y juezas que estuvieren vacantes. El resto se definirá hasta 2027.

Por eso hay que tener en cuenta que en esta elección cada distrito elegirá a distinto número de personas juzgadoras. En Toluca, por ejemplo, las personas votarán por 27 cargos locales, mientras que en Texcoco lo harán por la mitad. El votante promedio tendrá la opción de sufragar por 19 cargos locales.

En cinco distritos no se elegirán jueces ni juezas porque no hay vacantes. Se decidirán hasta 2027.

¿Cómo estar preparados para recibir el voto del electorado mexiquense? El INE dispuso la ubicación de 9,215 casillas seccionales en todo el Estado de México, ubicadas en 6,830 puntos. Ocho de cada diez casillas son urbanas, como consecuencia de las grandes tendencias demográficas que se viven en la entidad.

Pero quizás el número más impactante en el Estado de México está dado por la cantidad de documentos que es necesario producir. Este año imprimiremos 53 millones de boletas, cuatro veces más que en la elección de 2023. Para optimizar recursos se harán en tamaño media carta.

Además, se están produciendo 10 mil urnas que se añadirán a las casi 30 mil que recuperamos de otros procesos. Veinte toneladas de materiales estarán a disposición de los votantes el día de la jornada.

El proceso de producción está en marcha bajo una supervisión continua del IEEM. No hay margen para errores ni retrasos. Todo debe estar dispuesto para que el 1º de junio tú encuentres una boleta cerca de tu domicilio.

La logística de una elección inédita avanza sin interrupciones. Pero esta historia se está escribiendo en tiempo real. En este proceso millones de personas votantes tendrán en sus manos la responsabilidad de moldear un nuevo capítulo en la justicia del país: vota, es justo.

Las normas que regulan el acceso a las candidaturas no son un asunto menor. Están estrechamente ligadas al derecho fundamental de las personas a ser votadas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –entre otros instrumentos internacionales y regionales– reconocen al sufragio pasivo como un derecho humano y, por tanto, obligan a los países a garantizarlo.

Pero no todas las personas llegan a la boleta, ni mucho menos reciben financiamiento para sus campañas. Los estándares internacionales reconocen que las naciones pueden reglamentar este derecho por razones de edad, nacionalidad, instrucción o residencia. Cualquier restricción debe estar basada en criterios objetivos y razonables. Los procedimientos para acceder a una candidatura deben ser accesibles y no discriminatorios.

Ese conjunto de reglas ha sido eficaz para guiar los diseños de reglas para la postulación de candidaturas a cargos ejecutivos y legislativos, pero han resultado insuficientes para las candidaturas al Poder Judicial. El caso mexicano –único en el mundo en que la totalidad de personas juzgadoras será sometida al voto popular– ha dejado claro que hacen falta nuevos ejes sobre los cuales edificar este sistema.

Así, por ejemplo, nuestro país decidió que los partidos se mantengan ajenos al proceso electoral judicial. No sólo carecen de la prerrogativa para postular candidaturas, sino que están impedidos a apoyar a alguna de las existentes y no participan en la toma de decisiones dentro de los órganos colegiados electorales.

Derivado de lo anterior y de la necesidad de que los perfiles contaran con las credenciales jurídicas para realizar su labor de impartidores e impartidoras de justicia, el Constituyente permanente determinó que fueran los poderes de la federación y de cada entidad federativa quienes propusieran las candidaturas. Lo hacen después de rigurosos procesos en los que comités especializados revisan la elegibilidad e idoneidad de cada candidatura. La ley exige sortear a la lista de personas idóneas para determinar el listado final de candidaturas.

A diferencia de lo que ocurre en las elecciones tradicionales, en los comicios judiciales no corresponde a los institutos electorales verificar a quienes se postulan. Esta responsabilidad recae en los poderes y, una vez definida su lista, la remiten a la autoridad electoral para que ésta incluya sus nombres en las boletas y desahogue el resto de etapas del proceso electoral.

El IEEM ya recibió las candidaturas que los tres poderes de la entidad proponen para cubrir las 91 vacantes sobre las que decidirá el voto popular en 2025. Se registraron 539 candidaturas, de manera que a cada cargo corresponden, en promedio, seis opciones. Las y los mexiquenses tendrán opciones reales para decidir a sus magistraturas, juezas y jueces.

Debe reconocerse la institucionalidad con la que operaron los tres poderes del estado. A pesar de los plazos tan estrechos, el IEEM recibió en tiempo los listados de las candidaturas y los expedientes correspondientes. Ello permitirá avanzar, sin contratiempos, hacia las siguientes fases de producción de documentación y difusión de los perfiles que compiten. Una vez que se resuelvan algunos detalles, la lista final será publicada para conocimiento de la ciudadanía y testimonio de este momento histórico.

El próximo 1º de junio podremos elegir a quienes impartirán justicia en el estado más poblado del país. Ya tenemos opciones idóneas entre las cuales decidir. El turno está ahora en la ciudadanía que podrá informarse y, con su voto, escoger la mejor opción. Vota, es justo.

En las últimas décadas, el mundo ha tenido un franco deterioro en su valor más preciado: la libertad. Así lo refleja un informe de Freedom House

El deterioro fue gradual. Por eso las alarmas no se encendieron, o bien sonaron tan tímidamente que nadie quiso cambiar el rumbo. Lo cierto es que, en las últimas décadas, el mundo ha tenido un franco deterioro en su valor más preciado: la libertad.

Así lo refleja el informe que este miércoles emitió la agencia internacional Freedom House. El año pasado, 60 países, en los que habita 40% de la población mundial, registraron deterioro en cuanto al grado de derechos políticos y libertades civiles. Fueron 35 las naciones en donde hubo mejoras. Lo verdaderamente preocupante es que éste fue el 19 año consecutivo de retroceso. 

¿Qué es lo que está pasando? El Informe sobre la Libertad en el Mundo ofrece algunas respuestas. Los conflictos prolongados —incluyendo guerras civiles, enfrentamientos entre estados y violencia perpetrada por grupos armados no estatales— tuvieron un impacto devastador en la seguridad. Uno de cada cinco países obtuvo la calificación más baja en este rubro.

La agencia internacional describe varios casos en la región, incluyendo los problemas de crimen organizado en México o Ecuador. También destaca la cada vez más importante presencia de pandillas en Centroamérica y el Caribe. En Haití, por ejemplo, estas células criminales controlan ya de la capital. En respuesta, las y los líderes de algunos países han adoptado medidas represivas que, si bien han reducido los homicidios, erosionaron significativamente los derechos y libertades fundamentales. Basta con mirar a El Salvador.

En abril se conocerá cuál de los dos contendientes cosechará las preferencias de aquellas personas que el domingo pasado abrazaron otras candidaturas en la mitad del mundo.

La suerte parecía sonreírle en 2023 a Daniel Noboa. Hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, ese año pasó de ser un congresista mediano a presidente de su país.

El país andino tiene una institución singular, según la cual la persona titular del Poder Ejecutivo puede disolver al Congreso. Se llama “muerte cruzada” porque el costo de hacerlo es que el mandatario también renuncia y convoca a nuevas elecciones.

En 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso acudió a este recurso constitucional. Noboa se presentó como candidato y -después de un buen desempeño en el debate- alcanzó un 23% de los votos, muy por debajo de la candidata triunfante que obtuvo el 33%. 

De manera sorprendente, esa frágil proporción de votos le fue suficiente para alcanzar un lugar en la boleta de la segunda vuelta, en la que enfrentó a la representante del correísmo, Luisa González. La estrategia del candidato le permitió aglutinar a todo el voto anti-correísta y obtener así la mayoría en el ballotage.

Fue ya en el gobierno que las cosas empezaron a descomponerse. En 2024, una serie de motines en las cárceles terminó exhibiendo la fragilidad de su administración, cuando delincuentes armados se presentaron en una televisora del Estado y les obligaron a suspender la transmisión.

Ecuador se había convertido en el país más peligroso de Latinoamérica, razón por la cual Noboa reaccionó declarando un estado de emergencia e instruyendo al ejército para estar en las calles.

Si bien la medida logró disminuir el número de homicidios, el entorno de riesgo se mantiene. A ello habría que agregar apagones eléctricos constantes y un crecimiento económico incipiente que motivó dos medidas impopulares: aumentar el IVA y disminuir subsidios.

En ese contexto, Ecuador llegó a los comicios 2025 con un mandatario debilitado. Pero su sistema electoral está diseñado para garantizar legitimidad popular a quienes ganen. Las candidaturas deben obtener un 50% de la votación, o bien alcanzar el 40% y sacar diez puntos de ventaja al segundo lugar para ganar en primera ronda. De no hacerlo, los dos primeros lugares irán a ballotage, en la que triunfará quien obtenga mayoría.

Este último escenario es el que se presentó el domingo pasado. Noboa habría alcanzado el 44.2% de la votación y Luisa González -su rival 2023- el 44%.

Dos temas de orden legal envolvieron la elección. Por un lado, el Presidente hizo campaña estando en funciones, a pesar de que el Código de la Democracia expresamente pide que renuncien al cargo. Hay un debate jurídico sobre si es aplicable una sentencia de la Corte Constitucional que le eximiría de la separación.

Por otra parte, en ese país se prohíbe que los proveedores del Estado participen en una elección. Se impidió el registro a un candidato que sería el “beneficiario final” de un contrato. El aspirante acudió a la CIDH, alegando que no es accionista ni representante legal de la empresa que brinda servicios al gobierno.

Un elemento de preocupación fue la heterogeneidad con la que se hicieron los cómputos. La OEA denunció que el 43% de las casillas tuvieron variaciones respecto del procedimiento establecido. No se denuncia que el sesgo haya sido intencionado.

A pesar del clima de violencia, la institucionalidad logró coordinarse. Como se hace en el Estado de México, se ofreció seguridad a todas aquellas candidaturas que lo pidieron.

El sistema de segunda vuelta permite que las y los electores tengan un comportamiento estratégico. En abril se conocerá cuál de los dos contendientes cosechará las preferencias de aquellas personas que el domingo pasado abrazaron otras candidaturas en la mitad del mundo.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA