En los últimos años, los procesos electorales en América Latina han evidenciado una dinámica compleja en la que la competencia por cargos públicos puede verse acompañada de distintos niveles de violencia. La literatura especializada ha documentado que este fenómeno responde a estructuras criminales que convergen en los espacios de poder –sobre todo locales– en donde las elecciones representan una oportunidad para ganar control.
En el caso mexicano, entre 2018 y 2025, Votar entre Balas ha documentado más de 2,000 casos de violencia político-electoral contra personas vinculadas al ámbito político o gubernamental. La ocurrencia tiene impactos directos sobre la vida de las personas, al tiempo que afecta la participación ciudadana en sus distintas expresiones. De ahí que el tema se ha incorporado rápidamente a las agendas de los organismos electorales de la región y que su erradicación sea una prioridad impostergable.
En el marco del Congreso Internacional de Estudios Electorales de la SOMEE, ayer fui invitada a participar en un panel sobre los retos que Colombia y México enfrentamos en torno a los desafíos que la violencia y la inseguridad imponen sobre la administración comicial y la gobernanza.
Desde los organismos electorales, en coordinación con los cuerpos de seguridad, hemos trabajado en la implementación de estrategias que buscan reducir la incidencia de la violencia político-criminal, proteger a quienes ejercen sus derechos y fortalecer la confianza ciudadana en la democracia. Sin embargo, más allá de hablar y normalizar su prevalencia, debemos enfocarnos en la búsqueda e implementación de soluciones y mecanismos de seguridad efectivos.
La complejidad de esta dinámica exige respuestas integrales, transversales e interinstitucionales. Interesantemente, muchas de las buenas prácticas adoptadas en México han surgido desde lo local y de enseñanzas de otros países. La experiencia colombiana, anfitriona del Congreso, nos interpela de manera particular y directa. Este país latinoamericano ha desarrollado mecanismos de resiliencia institucional, diálogo y construcción de paz territorial que ofrecen lecciones valiosas: la protección interinstitucional de candidaturas y la generación de mapas de riesgo electoral, por ejemplo, han servido de faro en la región y son de los principales mecanismos utilizados en México. Valdrá la pena analizar los resultados de las alertas tempranas con las que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado sobre los riesgos en el ejercicio de derechos y libertades políticas y civiles en procesos electorales.
En México, estas acciones, complementadas con mecanismos de recolección blindados y la digitalización oportuna de Actas mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), permiten garantizar que la voluntad ciudadana esté resguardada ante eventualidades: desde inundaciones hasta quema de urnas. Se trata de medidas que, más allá de la coyuntura, buscan fortalecer la integridad del proceso y de las personas involucradas en él. La experiencia del Estado de México es amplia: en el IEEM hemos apostado por fortalecer los mecanismos de coordinación, monitoreo y prevención a partir de información territorial, con la convicción de que la seguridad electoral no puede improvisarse.
La violencia erosiona la confianza en las instituciones, desalienta la participación ciudadana y debilita la democracia. Frente a ello, los organismos electorales hemos asumido la tarea de innovar desde lo local. La democracia no solo requiere de elecciones libres y justas: necesita de entornos seguros para ejercer los derechos. Colombia nos recuerda que las transiciones democráticas se consolidan con el fortalecimiento de instituciones y la reconstrucción de la confianza social. Desde el IEEM, seguimos comprometidos con ese propósito: proteger la vida, garantizar el voto y defender la democracia.
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