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Corresponde ahora emprender –desde las agencias internacionales, las instituciones y la academia– una reflexión profunda sobre las contribuciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Perdió la vida el martes pasado. Aunque desde febrero había perdido casi todas sus capacidades, su muerte nos tomó por sorpresa.

Corresponde ahora emprender –desde las agencias internacionales, las instituciones y la academia– una reflexión profunda sobre las contribuciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Es necesario revisar si, hacia el futuro, existen condiciones para seguir financiando programas tan importantes para preservar la vida y las libertades, expandir derechos y aprender más sobre la manera en que nos relacionamos.

Como es sabido, al asumir la administración, el presidente Trump públicamente discrepó de los programas implementados a lo largo de seis décadas por USAID. Consideró que esa agencia gasta demasiado dinero. Pero especialmente recriminó que sus programas estarían alejados de los intereses estadounidenses y de las prioridades de su gobierno. Encomendó a la oficina de Eficiencia Gubernamental su desmantelamiento y al Departamento de Estado la revisión de los programas que podrían perdurar. El plazo se cumplió justo este 1º de julio.

USAID fue creada en 1961, en un momento de tensión geopolítica durante la Guerra Fría. Su establecimiento buscó promover el desarrollo económico, la estabilidad política y los valores democráticos. El propio Kennedy resumía cómo estos objetivos se insertaban en la política exterior estadounidense de su época: "Nuestra propia libertad, y la esperanza de libertad en todo el mundo, dependen en gran medida del desarrollo económico y social de los pueblos de otras naciones".

El fin de la Guerra Fría permitió a la agencia proponerse objetivos más ambiciosos, alejados de la dicotomía EUA-URSS. Es conocido el rol que desempeñó en el combate a la polio, la malaria y, más recientemente, el VIH/SIDA. Asimismo, ha trabajado en múltiples países en vías de desarrollo en temas de educación, acceso al agua y cambio climático.

La tercera oleada democratizadora en América Latina también abrió espacios para el fortalecimiento institucional y la expansión de derechos, con apoyo de USAID. Colombia, por ejemplo, recibió apoyos millonarios para generar opciones políticas en la etapa postconflicto. Igualmente, en los noventa se brindaron apoyos a Haití para restaurar la democracia.

Con el concurso de agencias como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) o los institutos nacionales Republicano (IRI) y Demócrata (NDI) se han provisto numerosos proyectos de asistencia técnica para fortalecer la administración electoral y consolidar una sociedad civil participativa en diversos países de América Latina.

Los efectos del cierre de USAID se sentirán en todo el mundo. Un estudio británico de la revista médica The Lancet encontró que las enfermedades que no se curarán con recursos de la Agencia estadounidense podrían implicar la muerte de hasta 14 millones de personas para 2030.

Para los estudiosos de la democracia, será necesario conocer si la falta de recursos pondrá en riesgo la publicación de índices como el de Freedom House o el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), cuyas bases de datos alimentan buena parte de los estudios de política comparada desde hace décadas.

Es momento para la reflexión internacional. El cambio de política exterior estadounidense podría provocar el desmantelamiento de proyectos trascendentes para la humanidad. Pero también podría ser ocasión para un nuevo cambio de paradigma en que un mayor número de países se hagan cargo de los programas de ayuda y asistencia técnica y ensanchamiento democrático.

USAID cumplió 64 años el mismo año que se inició su cierre. Paradójicamente, cuando llegó a esa edad —como en la canción de los Beatles— el mundo se pregunta si aún la necesitaremos, si seguiremos abriéndole la puerta o si, simplemente, le diremos adiós.

POR AMALIA PULIDO

@PULIDO_AMALIA

Presidenta del Instituto Electoral del Edomex

Una de las crecientes preocupaciones en las democracias emergentes y consolidadas está relacionada con el financiamiento a los partidos políticos. La discusión se ha centrado en cómo evitar que estos institutos estén supeditados a intereses privados, desde organizaciones criminales hasta grandes corporaciones privadas.

De acuerdo con un documento elaborado por Ingrid Van Biezen para el Carter Center, las reglas para el financiamiento partidista y las campañas electorales deben contemplar lo siguiente: un balance entre financiamiento público y privado, reglas estrictas para donaciones privadas, límites claros para el gasto relativo a campañas, mecanismos de transparencia y trazabilidad de las cuentas y una autoridad independiente que pueda auditar y sancionar a aquellos partidos que violen las reglas.

Si bien hay avances considerables respecto a las reglas de financiamiento a los partidos políticos, aún existen varios desafíos que atentan en contra de los principios democráticos. En México, si bien existe la figura de financiamiento privado, la principal fuente de recursos de los partidos políticos, es el dinero público. En nuestro país, 30% del financiamiento público se distribuye de manera igualitaria y 70% según la votación anterior obtenida, con la obligación de destinar un 3% a la capacitación de las mujeres. Este esquema ha operado como un mecanismo de equilibrio en la competencia.

México se suma al 58% de países en el mundo que, de acuerdo con IFES, sigue un modelo de financiamiento público directo, con apoyos indirectos —como acceso gratuito a medios de comunicación o exenciones fiscales— para nivelar la contienda. Sin embargo, este modelo no está exento de problemas. En nuestro país se han detectado casos de financiamiento ilícito y sanciones impuestas por la autoridad electoral, en otras latitudes la historia no es muy distinta, como ejemplo está el caso brasileño y la red de corrupción alrededor de Odebrecht que, de acuerdo con IDEA Internacional, involucró a doce países de América Latina; o el escándalo de corrupción del Partido Liberal Democrático de Japón en 2023.

En México, el modelo de financiamiento público está diseñado para equilibrar la competencia. Este esquema permite la operación de todas las fuerzas políticas, incluidas las de menor tamaño. Para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 7,737 millones de pesos, destinados a actividades ordinarias y específicas, con mecanismos de fiscalización continua.

El diseño de un entorno de financiamiento eficaz es un elemento central para reducir la corrupción. Diversos foros internacionales han subrayado la necesidad de reforzar la fiscalización y atender vulnerabilidades como la opacidad financiera, la injerencia extranjera o la influencia del crimen organizado. En este contexto, organismos internacionales y sociedad civil juegan un papel relevante al mantener el tema en la agenda pública e impulsar que la equidad permanezca como principio rector.

La función de los partidos políticos requiere recursos. Los modelos tradicionales de financiamiento a estos institutos han quedado atrás. Las cuotas de las militancias son hoy la excepción y no la regla. Es evidente que en democracia, se requiere evaluar, diseñar e implementar modelos que logren equilibrar lo público y lo privado; mecanismos que aseguren la auditoría y trazabilidad de los recursos; así como reglas claras que reduzcan el riesgo de que intereses indebidos y recursos ilícitos encuentren vacíos para influir en la política.

La administración de elecciones es, esencialmente, un problema de gestión de riesgos. En la organización de comicios, los institutos electorales deben blindar cada parte del proceso para mantener la integridad de las elecciones y la legalidad de los resultados. Típicamente, esto involucra cuestiones como vigilar las cadenas de custodia, fiscalizar campañas, garantizar seguridad en las casillas y nitidez de los cómputos de votos.

Pero en un mundo tan dinámico como el actual, los riesgos a las elecciones limpias y libres no se encuentran solo en el plano físico, sino también en el digital. De ahí que la agenda de discusión electoral ha abordado la difusión deliberada de desinformación como prioridad.

Por supuesto el mundo de la política siempre ha tenido que buscar mecanismos para distinguir la realidad de lo que no lo es. Lo novedoso es que las fake news elaboradas por humanos o por inteligencia artificial (IA) se han vuelto cada vez más difíciles de detectar. Su difusión está alcanzando magnitudes significativamente altas, a la par del debilitamiento de los medios de comunicación tradicionales que pocas medidas han podido implementar para desmentir.

Recientemente, la Relatora Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión presentó un Informe que enfatizó que oprimir estos derechos y diseminar información falsa pone en peligro los procesos electorales y la confianza en ellos. El reporte urge a los Estados a proporcionar información oportuna, precisa y pertinente para contrarrestar su tergiversación.

Para agravar el reto, se han detectado casos donde la desinformación se genera fuera de las fronteras nacionales del país con elecciones, lo que ha generado problemas en la aplicación de la norma. Favoreciendo a una u otra candidatura, la equidad en la contienda se puede ver vulnerada. Será necesario repensar los límites de las redes sociales para la praxis política más allá de la difusión de programas, reportes y avances de la agenda pública.

Lo digital es real y político: trasciende las fronteras del ciberespacio. Diversos países, entendiendo el problema de su falta de regulación, lo han trasladado a la esfera legislativa. Uno de los casos más recientes es el de Dinamarca, en donde se propuso modificar su ley de propiedad intelectual para que todas las personas tengan derecho sobre su cuerpo, voz y rasgos faciales. Francia actualizó su código penal para prohibir la diseminación de deepfakes sin el consentimiento de la persona objeto de esta IA. Por su parte, países como EUA, Reino Unido y Corea del Sur han implementado medidas proactivas contra la difusión de pornografía creada bajo esta modalidad.

Interesantemente, la desinformación no se limita a lo creado por la ciudadanía. Diversos estudios han encontrado que los chatbots más comunes de IA, en su mayoría dan respuestas equivocadas respecto a temas electorales. En un estudio de Democracy Reporting International sobre las elecciones en Ghana, sólo 24% de las preguntas fueron respondidas correctamente. Resulta urgente entender cómo las tecnologías de la información y las elecciones pueden mejorar la calidad de la democracia en lugar de conspirar en su detrimento.

Las tecnologías de la información han permitido avances importantes en materia electoral. Desde urnas electrónicas hasta plataformas como Conóceles han permitido fortalecer el principio de máxima publicidad del quehacer electoral. Pero si los Estados, empresas y sociedad civil no apuramos el paso para proteger la integridad de la información al alcance de la ciudadanía, la erosión de la confianza ciudadana seguirá siendo un riesgo latente.

La democratización que América Latina vivió a partir de la tercera oleada encontró en los partidos políticos uno de sus actores centrales. Estos institutos cumplen funciones esenciales, incluyendo el diseño de política pública, el reclutamiento y selección de candidaturas, la promoción de la cultura política y el acceso de la ciudadanía al poder público, entre otras.

La selección de candidaturas, justamente puede ocasionar conflictos al interior de los partidos políticos, e incluso fracturas irreparables entre los grupos. La literatura especializada ha identificado dos grandes mecanismos para seleccionar candidaturas: mecanismos cerrados, como suelen ser las designaciones desde las dirigencias o en comités ejecutivos, y mecanismos abiertos, como son las asambleas multitudinarias o elecciones internas. Cada uno de estos mecanismos tiene implicaciones para la cohesión interna, la disciplina partidista e incluso la probabilidad de éxito en una elección.

Existe evidencia de que la celebración de elecciones primarias, bajo ciertos supuestos, incrementa la posibilidad de triunfo de un partido político en una contienda electoral. En la región, algunas reformas han abierto la puerta a este mecanismo, sin embargo, su éxito ha sido variado.

Esta semana ocurren dos ejemplos de elecciones primarias que vale la pena repasar. El martes tocó el turno a la Ciudad de Nueva York, uno de los bastiones más arraigados del Partido Demócrata estadounidense. La ley obliga a la autoridad electoral a organizar las primarias de ambos institutos políticos, pero la opción Republicana no las requiere ya que tiene una candidatura única.

Dos problemas aparecen en esta elección. Por un lado, Zohran Mamdani –el posible ganador– no tiene experiencia administrativa previa. Lo osado de sus propuestas, como transporte gratuito, puede generar simpatías, pero también podría caer en propuestas populares, sin posibilidades realistas de implementación. Por otra parte, se prevé que algunas precandidaturas Demócratas, al perder las primarias, competirán como independientes.

La segunda experiencia está a más de ocho mil kilómetros de distancia. En la patria de Neruda, los partidos de izquierda agrupados en “Unidad por Chile” escogerán este domingo su candidatura presidencial. Podrán participar las personas militantes de los partidos postulantes, así como quienes no formen parte de un partido opositor.

Se trata en realidad de una primaria interpartidista, por lo que no sólo está en juego la candidatura presidencial, sino también el poder de cada instituto dentro de la coalición. Si bien en Chile el voto es obligatorio, en las primarias cada persona puede decidir si participar o no. De ahí la importancia que para la izquierda representa superar los 1.7 millones de votos que obtuvieron en 2021, de un padrón electoral de más de 15 millones. Pero las encuestas para las elecciones generales no tienen a la izquierda como favorita, de manera que es posible que no se logre el ánimo suficiente para que el electorado acuda a las urnas.

En contextos donde los partidos enfrentan una crisis de legitimidad y representación, las primarias ofrecen una vía para renovar liderazgos, transparentar decisiones y reactivar el vínculo con la ciudadanía. Las experiencias de Chile y Nueva York muestran que, pese a sus límites, las primarias pueden fortalecer la democracia si se diseñan con reglas claras, participación genuina y voluntad de respetar sus resultados. En una región con democracias debilitadas, abrir las puertas a la competencia interna es más que una opción técnica: es una apuesta por revitalizar la política desde sus cimientos.

La CEDAW no sólo observa lo que hacen los Estados: también fija un estándar

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es uno de los tratados internacionales más importantes en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ratificado por México en 1981, este instrumento obliga a los Estados parte a eliminar todas las formas de discriminación de género en los ámbitos político, económico, social, cultural y civil.

Para evaluar el cumplimiento de estos compromisos, los Estados presentan informes periódicos al Comité CEDAW, órgano de personas expertas independientes que emite recomendaciones específicas tras examinar cada informe. Este proceso es una oportunidad para hacer visible tanto el progreso como los rezagos en materia de igualdad de género.