Comunicación
Social

¿Qué implicaciones tendrá este proceso para la reconciliación y para la próxima elección presidencial de 2026?

La construcción de paz en Colombia no ha sido lineal ni perfecta, pero sí representa un referente internacional para la implementación de mecanismos de justicia transicional (JT) –ese conjunto de mecanismos extraordinarios que busca atender las causas y el legado de la violencia a partir de verdad, justicia, reparación y no repetición–. Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hasta el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe a principios de esta semana, la nación andina ha recorrido un trayecto accidentado que invita a repensar la sostenibilidad de la JT.

La paz que resultó del diálogo entre el Estado y las FARC se edificó sobre un anhelo de reconciliación que, en 2016, despertó un optimismo extendido: tres cuartas partes de las personas manifestaban fe en las posibilidades de reconciliación. Pero para 2023, sólo un tercio de la población consideraba que el país avanzaba en el rumbo de reconciliación. En palabras de Angelika Rettberg, este declive “refleja el hecho de que el acuerdo de paz colombiano fue diseñado para una sociedad que ya no existe.”

La institucionalización de la paz se sustentó en un entramado de estructuras integral: comisiones de memoria histórica, unidades de atención y reparación a víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras instancias que han procurado dar vida a las promesas de la JT. Aun así, el fortalecimiento del Estado más allá de la justicia retributiva—con inversiones en infraestructura, salud y educación— no ha bastado para consolidar las transformaciones pactadas.

En este escenario llegó el proceso judicial contra Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y se consolidó como una figura central de la derecha colombiana por su política de mano dura. Dos años después de su presidencia, el Senador Iván Cepeda, acusó al exmandatario de vínculos paramilitares. Su denuncia resultó en un expediente por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, mismo que en esta semana alcanzó un veredicto: por primera vez en la historia moderna de Colombia, un ex presidente fue declarado culpable de la comisión de un delito.

La sentencia encendió de inmediato la polarización política y social. Las bancadas de derecha y el Centro Democrático –partido fundado por Uribe– denunciaron politización de la justicia. Frente a ello, Gustavo Petro, actual presidente, propuso que Uribe se sometiera a la JEP. Para la izquierda y sectores que defienden el fortalecimiento de la JT, la condena simboliza un avance en la rendición de cuentas y refuerza la idea de que nadie —ni siquiera los más poderosos exjefes de Estado— está por encima de la ley.

¿Qué implicaciones tendrá este proceso para la reconciliación y para la próxima elección presidencial de 2026? Cepeda, apoyado por Petro, ha reiterado la idea de extender mecanismos de reparación y verdad a ex gobernantes, grupos empresariales y medios de comunicación para esclarecer su papel en el conflicto armado. Se trata de ir más allá de excombatientes y dotar a la JT de un carácter más inclusivo y político que obligue a reconocer responsabilidades históricas.

En el terreno electoral, la condena llega en un momento de fragilidad para el Centro Democrático, cuyos precandidatos no superaron el 5% en la última encuesta. Todo apunta a que la estrategia política uribista buscará convertir la sensación de injusticia en cohesión interna. Para sus adversarios, el reto consiste en articular un proyecto de país que vaya más allá de la confrontación y que abandere una JT renovada.

Mientras tanto, el país observa con atención cómo la justicia se coloca en el centro del debate político. El resultado del proceso contra Uribe y sus consecuencias muestran que la paz está ligada al imperio de la ley y al reconocimiento mutuo de responsabilidades.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

Bajo este entendido, en las últimas décadas ha cobrado vigencia el concepto de “integridad electoral”. Éste se refiere al grado de apego de cada elección a tratados

En la actualidad, la logística de las elecciones es compleja y requiere tramos de control en cada etapa para garantizar que los comicios tengan una calidad suficiente para imprimir confianza a la ciudadanía y legitimidad a las personas ganadoras.

Lo cierto es que la idea misma de la “calidad de las elecciones” ha cambiado con el tiempo. Esto obedece no sólo a las diferencias entre las escuelas de pensamiento, sino también al momento del proceso electoral que se analiza e inclusive, al grado de exigencia sobre su sofisticación.

Bajo este entendido, en las últimas décadas ha cobrado vigencia el concepto de “integridad electoral”. Éste se refiere al grado de apego de cada elección a tratados y estándares internacionales. Se revisa todo el ciclo electoral, desde la formación de leyes y la convocatoria a elecciones, hasta el proceso electivo mismo y sus resultados.

Un proyecto muy ambicioso es el del Electoral Integrity Project (EIP), fundado en 2012. Este esfuerzo académico emite reportes anuales en donde analiza si las elecciones del año en cuestión empoderaron a la ciudadanía y fomentaron la democracia. Sus valoraciones se nutren de las opiniones expertas de académicos locales en cada país.

El Informe más reciente del EIP es fundamental porque analiza los procesos electorales de 2024: año en el que el mayor número de personas acudió a las urnas en toda la historia. De acuerdo con International IDEA, se emitieron más de 1,652 millones de votos.

Un hallazgo clave del informe es que, a pesar de los múltiples cambios políticos en todo el mundo, no se observa una mejora ni un deterioro sostenido en la calidad electoral global durante los últimos 13 años. Entre 2012 y 2024, los índices de integridad electoral han mostrado variaciones importantes a nivel nacional, pero sin una tendencia global clara.

Este estancamiento estructural implica que, aunque algunos países han avanzado, otros han retrocedido de manera simultánea, anulando los efectos positivos a escala global.

No se pueden echar campanas al vuelo. Particularmente, el 2024 prende alarmas porque 33 países que celebraron elecciones retrocedieron en sus niveles de integridad, mientras que sólo 21 mejoraron. Las y los expertos señalaron problemas como la politización de los organismos electorales, restricciones al acceso al voto, manipulación de distritos, uso indebido de recursos públicos y desinformación masiva.

Resulta interesante que los niveles de avance en la integridad electoral no dependen de la antigüedad de las democracias. En Reino Unido, la introducción del requisito de identificación con fotografía provocó barreras nuevas al voto, especialmente entre jóvenes, personas mayores y minorías étnicas.

En contraste, Ghana mostró mejoras sustantivas. A pesar de una contienda reñida, las elecciones fueron bien organizadas, con una alta participación y mejoras en la administración electoral.

El informe enfatiza que los componentes más débiles del ciclo electoral siguen siendo el financiamiento de campañas y el entorno mediático, donde prevalecen la opacidad, la desproporción de acceso y el sesgo informativo. A ello se suma una nueva normalidad: la desinformación digital, que contaminó al menos 8 de cada 10 elecciones monitoreadas.

En cada rincón del planeta, hay funcionarias honestas, jueces comprometidos, periodistas valientes, ciudadanas que vigilan casillas, jóvenes que debaten en las aulas. Defender la integridad electoral no es tarea exclusiva de las autoridades; es una labor compartida. Hoy más que nunca, las instituciones y la sociedad civil deben asumir el compromiso de proteger la democracia.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

Corresponde ahora emprender –desde las agencias internacionales, las instituciones y la academia– una reflexión profunda sobre las contribuciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Perdió la vida el martes pasado. Aunque desde febrero había perdido casi todas sus capacidades, su muerte nos tomó por sorpresa.

Corresponde ahora emprender –desde las agencias internacionales, las instituciones y la academia– una reflexión profunda sobre las contribuciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Es necesario revisar si, hacia el futuro, existen condiciones para seguir financiando programas tan importantes para preservar la vida y las libertades, expandir derechos y aprender más sobre la manera en que nos relacionamos.

Como es sabido, al asumir la administración, el presidente Trump públicamente discrepó de los programas implementados a lo largo de seis décadas por USAID. Consideró que esa agencia gasta demasiado dinero. Pero especialmente recriminó que sus programas estarían alejados de los intereses estadounidenses y de las prioridades de su gobierno. Encomendó a la oficina de Eficiencia Gubernamental su desmantelamiento y al Departamento de Estado la revisión de los programas que podrían perdurar. El plazo se cumplió justo este 1º de julio.

USAID fue creada en 1961, en un momento de tensión geopolítica durante la Guerra Fría. Su establecimiento buscó promover el desarrollo económico, la estabilidad política y los valores democráticos. El propio Kennedy resumía cómo estos objetivos se insertaban en la política exterior estadounidense de su época: "Nuestra propia libertad, y la esperanza de libertad en todo el mundo, dependen en gran medida del desarrollo económico y social de los pueblos de otras naciones".

El fin de la Guerra Fría permitió a la agencia proponerse objetivos más ambiciosos, alejados de la dicotomía EUA-URSS. Es conocido el rol que desempeñó en el combate a la polio, la malaria y, más recientemente, el VIH/SIDA. Asimismo, ha trabajado en múltiples países en vías de desarrollo en temas de educación, acceso al agua y cambio climático.

La tercera oleada democratizadora en América Latina también abrió espacios para el fortalecimiento institucional y la expansión de derechos, con apoyo de USAID. Colombia, por ejemplo, recibió apoyos millonarios para generar opciones políticas en la etapa postconflicto. Igualmente, en los noventa se brindaron apoyos a Haití para restaurar la democracia.

Con el concurso de agencias como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) o los institutos nacionales Republicano (IRI) y Demócrata (NDI) se han provisto numerosos proyectos de asistencia técnica para fortalecer la administración electoral y consolidar una sociedad civil participativa en diversos países de América Latina.

Los efectos del cierre de USAID se sentirán en todo el mundo. Un estudio británico de la revista médica The Lancet encontró que las enfermedades que no se curarán con recursos de la Agencia estadounidense podrían implicar la muerte de hasta 14 millones de personas para 2030.

Para los estudiosos de la democracia, será necesario conocer si la falta de recursos pondrá en riesgo la publicación de índices como el de Freedom House o el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), cuyas bases de datos alimentan buena parte de los estudios de política comparada desde hace décadas.

Es momento para la reflexión internacional. El cambio de política exterior estadounidense podría provocar el desmantelamiento de proyectos trascendentes para la humanidad. Pero también podría ser ocasión para un nuevo cambio de paradigma en que un mayor número de países se hagan cargo de los programas de ayuda y asistencia técnica y ensanchamiento democrático.

USAID cumplió 64 años el mismo año que se inició su cierre. Paradójicamente, cuando llegó a esa edad —como en la canción de los Beatles— el mundo se pregunta si aún la necesitaremos, si seguiremos abriéndole la puerta o si, simplemente, le diremos adiós.

POR AMALIA PULIDO

@PULIDO_AMALIA

Presidenta del Instituto Electoral del Edomex

Una de las crecientes preocupaciones en las democracias emergentes y consolidadas está relacionada con el financiamiento a los partidos políticos. La discusión se ha centrado en cómo evitar que estos institutos estén supeditados a intereses privados, desde organizaciones criminales hasta grandes corporaciones privadas.

De acuerdo con un documento elaborado por Ingrid Van Biezen para el Carter Center, las reglas para el financiamiento partidista y las campañas electorales deben contemplar lo siguiente: un balance entre financiamiento público y privado, reglas estrictas para donaciones privadas, límites claros para el gasto relativo a campañas, mecanismos de transparencia y trazabilidad de las cuentas y una autoridad independiente que pueda auditar y sancionar a aquellos partidos que violen las reglas.

Si bien hay avances considerables respecto a las reglas de financiamiento a los partidos políticos, aún existen varios desafíos que atentan en contra de los principios democráticos. En México, si bien existe la figura de financiamiento privado, la principal fuente de recursos de los partidos políticos, es el dinero público. En nuestro país, 30% del financiamiento público se distribuye de manera igualitaria y 70% según la votación anterior obtenida, con la obligación de destinar un 3% a la capacitación de las mujeres. Este esquema ha operado como un mecanismo de equilibrio en la competencia.

México se suma al 58% de países en el mundo que, de acuerdo con IFES, sigue un modelo de financiamiento público directo, con apoyos indirectos —como acceso gratuito a medios de comunicación o exenciones fiscales— para nivelar la contienda. Sin embargo, este modelo no está exento de problemas. En nuestro país se han detectado casos de financiamiento ilícito y sanciones impuestas por la autoridad electoral, en otras latitudes la historia no es muy distinta, como ejemplo está el caso brasileño y la red de corrupción alrededor de Odebrecht que, de acuerdo con IDEA Internacional, involucró a doce países de América Latina; o el escándalo de corrupción del Partido Liberal Democrático de Japón en 2023.

En México, el modelo de financiamiento público está diseñado para equilibrar la competencia. Este esquema permite la operación de todas las fuerzas políticas, incluidas las de menor tamaño. Para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 7,737 millones de pesos, destinados a actividades ordinarias y específicas, con mecanismos de fiscalización continua.

El diseño de un entorno de financiamiento eficaz es un elemento central para reducir la corrupción. Diversos foros internacionales han subrayado la necesidad de reforzar la fiscalización y atender vulnerabilidades como la opacidad financiera, la injerencia extranjera o la influencia del crimen organizado. En este contexto, organismos internacionales y sociedad civil juegan un papel relevante al mantener el tema en la agenda pública e impulsar que la equidad permanezca como principio rector.

La función de los partidos políticos requiere recursos. Los modelos tradicionales de financiamiento a estos institutos han quedado atrás. Las cuotas de las militancias son hoy la excepción y no la regla. Es evidente que en democracia, se requiere evaluar, diseñar e implementar modelos que logren equilibrar lo público y lo privado; mecanismos que aseguren la auditoría y trazabilidad de los recursos; así como reglas claras que reduzcan el riesgo de que intereses indebidos y recursos ilícitos encuentren vacíos para influir en la política.

La administración de elecciones es, esencialmente, un problema de gestión de riesgos. En la organización de comicios, los institutos electorales deben blindar cada parte del proceso para mantener la integridad de las elecciones y la legalidad de los resultados. Típicamente, esto involucra cuestiones como vigilar las cadenas de custodia, fiscalizar campañas, garantizar seguridad en las casillas y nitidez de los cómputos de votos.

Pero en un mundo tan dinámico como el actual, los riesgos a las elecciones limpias y libres no se encuentran solo en el plano físico, sino también en el digital. De ahí que la agenda de discusión electoral ha abordado la difusión deliberada de desinformación como prioridad.

Por supuesto el mundo de la política siempre ha tenido que buscar mecanismos para distinguir la realidad de lo que no lo es. Lo novedoso es que las fake news elaboradas por humanos o por inteligencia artificial (IA) se han vuelto cada vez más difíciles de detectar. Su difusión está alcanzando magnitudes significativamente altas, a la par del debilitamiento de los medios de comunicación tradicionales que pocas medidas han podido implementar para desmentir.

Recientemente, la Relatora Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión presentó un Informe que enfatizó que oprimir estos derechos y diseminar información falsa pone en peligro los procesos electorales y la confianza en ellos. El reporte urge a los Estados a proporcionar información oportuna, precisa y pertinente para contrarrestar su tergiversación.

Para agravar el reto, se han detectado casos donde la desinformación se genera fuera de las fronteras nacionales del país con elecciones, lo que ha generado problemas en la aplicación de la norma. Favoreciendo a una u otra candidatura, la equidad en la contienda se puede ver vulnerada. Será necesario repensar los límites de las redes sociales para la praxis política más allá de la difusión de programas, reportes y avances de la agenda pública.

Lo digital es real y político: trasciende las fronteras del ciberespacio. Diversos países, entendiendo el problema de su falta de regulación, lo han trasladado a la esfera legislativa. Uno de los casos más recientes es el de Dinamarca, en donde se propuso modificar su ley de propiedad intelectual para que todas las personas tengan derecho sobre su cuerpo, voz y rasgos faciales. Francia actualizó su código penal para prohibir la diseminación de deepfakes sin el consentimiento de la persona objeto de esta IA. Por su parte, países como EUA, Reino Unido y Corea del Sur han implementado medidas proactivas contra la difusión de pornografía creada bajo esta modalidad.

Interesantemente, la desinformación no se limita a lo creado por la ciudadanía. Diversos estudios han encontrado que los chatbots más comunes de IA, en su mayoría dan respuestas equivocadas respecto a temas electorales. En un estudio de Democracy Reporting International sobre las elecciones en Ghana, sólo 24% de las preguntas fueron respondidas correctamente. Resulta urgente entender cómo las tecnologías de la información y las elecciones pueden mejorar la calidad de la democracia en lugar de conspirar en su detrimento.

Las tecnologías de la información han permitido avances importantes en materia electoral. Desde urnas electrónicas hasta plataformas como Conóceles han permitido fortalecer el principio de máxima publicidad del quehacer electoral. Pero si los Estados, empresas y sociedad civil no apuramos el paso para proteger la integridad de la información al alcance de la ciudadanía, la erosión de la confianza ciudadana seguirá siendo un riesgo latente.