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La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación

En los próximos días, centenas de visitantes extranjeros registrados por el INE ingresarán a nuestro país para acompañar la elección judicial 2025. Se suman a las más de cien mil personas observadoras domésticas que se acreditaron para ejercer ese derecho.

El hecho no debe sorprender. La transición democrática mexicana estuvo siempre asociada a la presencia de la sociedad civil organizada en los puntos críticos de la administración de comicios. Fueron organizaciones ciudadanas las que se hicieron presentes en las casillas, a finales de los años 90, para atestiguar que las medidas adoptadas para garantizar el voto libre y auténtico. La ciudadanización y la profesionalización de las elecciones había llegado para quedarse.

Conforme avanzó el proceso democratizador en México, las elecciones fueron cada vez más sofisticadas. Aspectos como el acceso a radio y televisión, el voto migrante, la fiscalización de recursos y la paridad entraron en escena e hicieron del sistema electoral mexicano ejemplo mundial. Las organizaciones de observación caminaron al parejo de esa transformación y también adoptaron cada vez más solvencia técnica. Pronto, la observación dejó de ser un tema de cobertura de casillas para convertirse en control ciudadano de cada uno de los procesos institucionales y fuente permanente de recomendaciones.

Por eso no es exagerado afirmar que nuestro país tiene, en sus organizaciones de observación, un activo democrático de primera importancia. Me refiero, por supuesto, a aquella observación comprometida con los principios internacionales en la materia. Es decir, aquella que es neutral y que brinda recomendaciones para mejorar los procesos sin interferir en los mismos. La ley electoral mexicana es precisa al señalar los límites que la observación no puede traspasar para preservar su imparcialidad.

De ahí la importancia de analizar el rol de la observación electoral en la elección judicial, un proceso que – como se sabe – tiene pocos precedentes y ha obligado a las autoridades a innovar en muchas áreas.

También las misiones deberán serlo. Tendrán que adaptar sus manuales y metodologías a los desafíos de una elección distinta. Por citar sólo algunos ejemplos, será interesante conocer diagnósticos sobre la manera en que se edificó el proceso de selección de candidaturas. Pasar de procesos partidistas a comités de evaluación especializados requiere un cambio de mirada en la observación.

Lo mismo ocurre con quienes se pronuncian sobre el diseño de los documentos utilizados en este proceso electoral. El reto electivo en esta elección judicial es distinto por el número de cargos a elegir, por lo que serán de suma importancia las observaciones y recomendaciones que se hagan respecto al formato de las boletas y su eficiencia para que la ciudadanía exprese sus preferencias.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación. Por eso la elección judicial obliga a un cambio: el foco se ha trasladado a las redes sociales y a la creatividad en la generación de contenido. Será importante conocer si, desde el punto de vista de las misiones, en la elección judicial se han generado matices en los contenidos de las campañas y cómo ha sido el acceso de la ciudadanía a las propuestas de quienes compiten por un cargo.

Como ocurrió a finales de los noventa, el sistema electoral mexicano arriba a un cambio cualitativo de gran profundidad. La mirada ciudadana será fundamental para imprimir confianza y mejorar procesos. Para que el voto ciudadano siga siendo la más nítida expresión de la voluntad popular, es necesario que los comicios tengan los controles que sólo la observación electoral puede ofrecer.

POR AMALIA PULIDO

@PULIDO_AMALIA

En contextos de competencia electoral convencional, donde las campañas se desarrollan con acceso a financiamiento público y privado

En los procesos democráticos, los debates entre candidaturas constituyen uno de los principales mecanismos para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado. Desde la literatura clásica de la ciencia política hasta los estudios contemporáneos sobre comunicación política, éstos han sido reconocidos como herramientas de contraste de propuestas y como espacios que pueden alterar el rumbo de una elección, posicionar temas en la agenda pública o consolidar liderazgos emergentes.

En contextos de competencia electoral convencional, donde las campañas se desarrollan con acceso a financiamiento público y privado, los debates son valiosos. Pero en el contexto de la elección judicial mexicana –donde las campañas enfrentan serias restricciones en cuanto a sus ingresos y gastos–, el impacto de los debates cobra una importancia mayúscula.

Los criterios en cuestión detallan las conductas prohibidas no sólo para las candidaturas, sino también para otros actores involucrados: gobiernos, partidos y medios de comunicación, entre otros

En contextos donde globalmente el desempeño de las democracias es cuestionado, los organismos electorales enfrentan un doble desafío: organizar elecciones técnicamente sólidas y demostrar que son capaces de ofrecer resultados que fortalezcan la legitimidad del sistema democrático.

Como señala el artículo que hace un par de semanas publicaron Fukuyama, Dann y Magaloni, una democracia que no “entrega” —es decir, que no responde con eficacia a las expectativas básicas de los ciudadanos— pierde adhesión, alimenta el desencanto y abre espacio a discursos autoritarios o antipluralistas.

En este contexto, el buen delivery de los órganos electorales no se limita a la logística comicial; se juega también en el diseño y aplicación de reglas que garanticen equidad en la contienda, trato imparcial a los actores políticos y acceso equilibrado a los recursos y medios de comunicación. La legitimidad de una elección democrática depende tanto del acto de votar como de las condiciones en que se compite.

Es desde esa perspectiva que deben revisarse las campañas federales y locales de las entidades con proceso electoral judicial que se están poniendo en marcha. Ayer tocó el turno al Estado de México, el séptimo en iniciar esta etapa tan relevante para la obtención del voto.

Desde días antes de ese arranque formal, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) emitió unos criterios para garantizar la imparcialidad, la neutralidad y la equidad. Al hacerlo oportunamente, asumió un compromiso institucional con el equilibrio democrático de la contienda y brindó certeza para que las personas contendientes inicien sus campañas con la misma información, en igualdad de condiciones y con claridad.

En una elección donde los parámetros tradicionales han cambiado, resulta fundamental que la autoridad utilice su facultad reglamentaria para mantener los equilibrios.

Los criterios en cuestión detallan las conductas prohibidas no sólo para las candidaturas, sino también para otros actores involucrados: gobiernos, partidos y medios de comunicación, entre otros. Con ello se logra mantener al proceso comicial en curso como uno estrictamente ciudadano, sin sesgos indebidos ni simulaciones.

Toda vez que la Ley prohíbe el financiamiento público y privado a las campañas, estos criterios aseguran que los recursos de origen no se traduzcan en ventajas indebidas

En este proceso, los recursos económicos no son el principal instrumento de campaña. Lo son las ideas, la trayectoria, el conocimiento jurídico, y la capacidad de comunicar propuestas. Esto exclusivamente en espacios como las redes sociales y los foros de debate –organizados tanto por el IEEM como por instituciones externas–. Estos últimos ejercicios, diseñados con criterios de imparcialidad, trato igualitario y transparencia, no solo compensan las limitaciones en la propaganda, sino que reafirman la idea de que la contienda se gana por méritos.

Cada detalle del proceso importa y cada acción institucional orientada a garantizar la equidad se traduce en una aportación estructural. Esta elección, además de innovadora, es una oportunidad para demostrar que otra forma de competir electoralmente es posible.

Así, en el arranque de esta campaña judicial, el IEEM no solo abre una nueva fase del calendario electoral. Abre también una etapa donde se pone a prueba la eficacia de las reglas que ha diseñado. La ciudadanía, con su voto informado, será la que decida. Pero esa legitimidad empieza por una premisa elemental: que todas las personas candidatas lleguen a esta fase en condiciones verdaderamente iguales.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

La elección judicial presenta características atípicas en las que, en la mayoría de las boletas, el número de votos válidos puede superar ampliamente la unidad

En las inéditas elecciones de personas juzgadoras en México, la manera de contar los votos fue diseñada pensando en la complejidad y el rigor que requiere un proceso de tal magnitud. A diferencia de los métodos tradicionales que se aplican en los comicios ordinarios, en este caso el cómputo de las boletas no se realizará en las casillas, sino en los órganos desconcentrados que cada autoridad tiene desplegados en el territorio. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar transparencia, operatividad y, sobre todo, una adecuada respuesta ante las particularidades de la elección, donde se competirán más de 2,600 cargos judiciales federales y locales en todo el territorio nacional.

La elección judicial presenta características atípicas en las que, en la mayoría de las boletas, el número de votos válidos puede superar ampliamente la unidad. Es decir, una misma boleta puede requerir diferentes cantidades de sufragios según el cargo a elegir. Por citar un ejemplo, en el Estado de México cada persona electora votará por entre 1 y 13 candidaturas en cada papeleta.

Esta complejidad y diversidad de cargos hacen imperativa una estrategia diferente a la habitual. Si en los procesos ordinarios la simplicidad del voto permite que el cómputo se haga en el mismo lugar de votación, en las elecciones judiciales esto no es factible. La razón radica en que los números escritos a mano, la diversidad en el formato de las boletas y la multiplicidad de cargos requieren un análisis detallado que solo puede realizarse en un ambiente controlado y con suficiente tiempo.

Para enfrentar este desafío, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como las normas comiciales de los estados, optaron por modificar el procedimiento del cómputo electoral, delegando esta facultad a los Consejos que operan en cada uno de los distritos en que se desarrolla la elección.

Pero hay que ser claros. Los Consejos se integran por ciudadanas y ciudadanos que no forman parte de estructuras gubernamentales o partidistas. Ni siquiera están insertas en las burocracias electorales. En este sentido, el cómputo de los votos permanece como un proceso estrictamente ciudadano.

En este nuevo escenario, el funcionariado de casilla se encargará únicamente de clasificar y contar las boletas por color. Una vez realizadas las tareas preliminares, éstas serán enviadas a las sedes de los Consejos, donde se organizarán grupos de trabajo para facilitar un procesamiento ordenado y meticuloso del sufragio.

Una de las ventajas principales de esta metodología es que sigue priorizando la participación activa de la ciudadanía en el proceso. No se trata únicamente de una medida técnica: que constituye una opción para ejercer el derecho constitucional a participar de las cuestiones públicas.

En el Instituto Electoral del Estado de México aprobamos ya unos lineamientos que garantizan un flujo continuo, observable y trazable en el cómputo de votos, de manera que el rigor metodológico no obstaculice el cumplimiento de principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad.

La implementación de los referidos lineamientos demuestra el compromiso de las autoridades locales por un proceso electoral confiable, donde la complejidad técnica se gestiona mediante la colaboración y la supervisión ciudadana, pilares fundamentales para afianzar la integridad y la operatividad del sistema electoral mexicano.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

La lucha por el acceso igualitario al poder público no es un fenómeno reciente. Las cuotas de género, por ejemplo, surgieron para garantizar que más mujeres

La paridad se ha consolidado como uno de los pilares de la democracia mexicana. Esta obligación ha transformado los procesos electorales y las propias estructuras de poder, al incorporar de manera más justa y equitativa a las mujeres en la toma de decisiones públicas.

La lucha por el acceso igualitario al poder público no es un fenómeno reciente. Las cuotas de género, por ejemplo, surgieron para garantizar que más mujeres llegaran a la boleta electoral. Pero su desempeño no fue suficiente: en una competencia desigual, los candidatos tenían más posibilidades de ganar. Para nivelar las condiciones fue clave complementar las acciones afirmativas con reglas equitativas en el acceso a medios de comunicación y financiamiento, entre otras.

Después vino la reforma constitucional de 2019, que garantiza paridad en todos los cuerpos colegiados de toma de decisiones. Sin embargo, en un país en donde las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder a cargos públicos y ejercer éstos sin estereotipos de género, es impensable bajar la guardia. La elección de personas juzgadoras ha obligado a las autoridades electorales a elaborar diagnósticos y lineamientos que garanticen en forma creativa el principio constitucional de paridad. Éste es uno de los principales aciertos de la elección que merece la pena discutir.   

En las elecciones modernas, son las reglas electorales el principal mecanismo que garantiza el acceso de las mujeres a la representación.  Existen diversos sistemas de proporcionalidad que –como Costa Rica– alternan hombres y mujeres en las listas. Algunos de mayoría –como el mexicano– exigen que las candidatas también accedan a competir por los distritos con mayor probabilidad de ganar, mediante los ya conocidos bloques de competitividad. Otros sistemas, como India o Rwanda, reservan escaños para mujeres en sus congresos.

En el caso mexicano, las autoridades electorales tienen la facultad de hacer ajustes en el resultado final de la elección, a efecto de garantizar la paridad. Algunas candidatas han mejorado su posición en las listas de representación proporcional para asegurar que el 50% de integrantes de congresos o ayuntamientos sean mujeres.

En este proceso electoral las boletas integraron criterios que buscan hacer visible la paridad en las candidaturas. Por primera vez, las papeletas federales y locales presentarán únicamente los nombres de las personas candidatas y estarán divididas por género: de un lado tendremos a las candidatas y del otro a los candidatos. Además, arriba de cada sección, encontraremos el número de recuadros exactos por los que la ciudadanía deberá de votar para cada cargo.

El objetivo del diseño de la boleta radica en que sean pocos los ajustes necesarios para alcanzar la paridad en la integración de los órganos jurisdiccionales y, con ello, cristalizar la voluntad expresada en las urnas.

Para los casos en los que ésta no se dé orgánicamente, en el Estado de México, diseñamos y aprobamos criterios para que las mujeres ocupen la mitad de los cargos. Al contemplar ajustes mínimos por parte de la autoridad electoral, logramos un balance frente a dos principios constitucionales: el derecho de las personas a ser votadas y la paridad.

Este proceso nos permitió revalorizar las boletas electorales más allá de su utilidad técnica. Su reingeniería es un reflejo de los valores que rigen nuestra vida democrática. Incorporar la perspectiva de género en su diseño es un acto de justicia, reconocimiento y compromiso con la igualdad sustantiva: no retrocederemos.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA