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No se ponen en riesgo las elecciones 2023. Los mexiquenses tendremos la elección más íntegra de la historia

Todas las leyes son perfectibles, incluidas las electorales. El hecho de que éstas hayan conseguido años de estabilidad no es indicativo de que sean perfectas, sino de que lograron equilibrios entre los actores políticos importantes. Hay espacio de mejora.

Me parece que uno de los principales aspectos a resolver se encuentra en la capacidad de las normas para representar adecuadamente a la pluralidad del espectro social. Hay grupos poblacionales que no encuentran las condiciones materiales para presentarse a sufragar o que no han tenido una representación suficiente en congresos y ayuntamientos. Para muestra, un botón: ningún migrante eligió a las diputaciones que en la actualidad les representa.

El actual modelo de administración electoral no ha aprovechado del todo la infraestructura de los institutos electorales de los estados.  Se atraen funciones que bien pudieran ser desempeñadas a nivel local.

Además, en México siguen siendo excesivamente costosas las campañas que llevan a cabo los partidos y candidaturas, así como la administración electoral. Los inesperados recortes presupuestales que han sufrido algunos organismos no han arreglado el problema: lo han agravado.

En ese contexto, es encomiable que haya iniciativas que pretendan mejorar las leyes electorales mexicanas. Hoy tenemos uno de los sistemas más sofisticados del planeta, precisamente por el desempeño de las reformas que se han llevado a cabo desde los años noventa. Somos productos de las reformas.

Dos aspectos distinguen a la reforma aprobada en noviembre pasado de sus antecesoras. Por un lado, el hecho de que no se haya consultado la opinión técnica de los organismos administrativos o jurisdiccionales. Por el otro, la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas.

Si bien ambos temas tendrán efectos, me referiré exclusivamente al impacto sobre la administración comicial en el plano local. La reforma reorganiza las actividades de los institutos electorales en dos grandes áreas. Además, limita el tamaño máximo de los órganos desconcentrados que pudieran depender de estos institutos.

Las autoridades administrativas de los estados deberemos hacer un estudio organizacional serio y profundo sobre la manera de implementar estas nuevas disposiciones. Habrá que ver cómo reorganizar recursos para atender esta obligación de ley, en el entendido de que nuestros aliados naturales – los consejos distritales del INE – estarán sufriendo al mismo tiempo la merma resultante de haber perdido vocalías.

Aun con ello, las reformas no ponen en riesgo las elecciones 2023. Las y los mexiquenses tendremos el próximo año la elección más íntegra de la historia. No sólo porque la reforma entrará en marcha hasta después de la elección de gubernatura, sino también porque habremos de llevar a cabo los estudios técnicos para implementarla con responsabilidad y bases científicas, en forma pausada y previa al proceso comicial 2024.

POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA

El convenio INE-IEEM es una ruta de navegación para realizar, en tiempo y forma, los preparativos de la elección del próximo 4 de junio

Fue Kenneth Shepsle el politólogo estadounidense que ideó una metáfora útil para entender las instituciones: el juego de las “escondidillas”. Este ejemplo es útil porque, aunque conocíamos las reglas, todas y todos vivimos conflictos luego de que alguien las rompía o modificaba de último momento. Estas diferencias, si eran resueltas, fijaban criterios para juegos futuros. Otras veces, hacían que nadie quisiera jugar sin reglas claras o en condiciones injustas.

Este recurso nos ayuda a entender las instituciones como reglas que mejoran la cooperación entre actores y que facilitan la puesta en práctica de sus acuerdos. En ese sentido, la administración de elecciones en México ilustra por qué importan las instituciones.

La legislación indica que, para cada proceso electoral local, se suscriba un Convenio de Coordinación en el que el INE y el instituto electoral correspondiente precisen reglas y definan sus actuaciones esperadas. Hoy se suscribirá el que corresponde a la elección 2023 en el Estado de México.

Hacer elecciones siempre es complejo. Más aún cuando el llamado a las urnas es para 12.6 millones de personas. En el pasado, la coordinación entre la autoridad federal y la local no era tan exhaustiva: giraba en torno a la gestión del listado nominal. No obstante, a partir de la reforma 2014 realizamos múltiples actividades conjuntamente. 

Por citar ejemplos, en materiales y documentación electoral, en la preparación del PREP o en la atención a la observación hay tramos de control que corresponden a una y otra instancia. Vale la pena ponerse de acuerdo. 

El convenio INE-IEEM es una ruta de navegación para realizar, en tiempo y forma, los preparativos de la elección del próximo 4 de junio. De esta manera, las dos autoridades administrativas más grandes del país en materia electoral evitamos la duplicidad de funciones y garantizamos la calidad de los comicios. Es una herramienta logística importante, dados los tiempos milimétricos de cada subproceso y la heterogeneidad de la normativa electoral a nivel local.

Los convenios deben ser particulares para cada elección. Conviene reflejar la circunstancia específica de cada momento, geografía, normativa y circunstancia política.

En el caso de la elección mexiquense 2023 hay innovaciones, como la inédita posibilidad de votar en forma presencial desde cuatro sedes consulares en el extranjero. También por vez primera en el Estado de México, las personas en prisión preventiva tendrán la posibilidad ejercer su derecho humano al sufragio. Asimismo, las personas con alguna discapacidad podrán votar en forma anticipada, o bien con ayuda de las urnas electrónicas que se instalarán en 150 casillas.

INE y IEEM haremos de la elección de gubernatura 2023, un ejemplo de calidad e integridad electoral. En México, organizamos elecciones libres y equitativas porque los comicios los hacen las y los ciudadanos.

POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA

Las mujeres de todos los países hemos experimentado violencias como el maltrato psicológico, el acoso callejero o el hostigamiento laboral

Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ésta es una crisis profunda que se extiende globalmente. Un dato ilustra su gravedad: en el mundo, una mujer o una niña mueren a manos de un miembro de su familia cada 11 minutos.

El 25 de noviembre nos unimos internacionalmente a reflexionar en torno a la violencia de género. La fecha se eligió al ser el día del asesinato de las hermanas Mirabal, por parte del régimen de Trujillo (Rep. Dominicana, 1960). Atentados como éste, ponen al descubierto que las mujeres somos vulnerables en múltiples ámbitos de la vida: el familiar, de pareja, el escolar, el laboral y el comunitario.

Las mujeres de todos los países hemos experimentado violencias como el maltrato psicológico, el acoso callejero o el hostigamiento laboral. Hay casos con consecuencias inimaginables, tales como la mutilación genital o el matrimonio infantil.

En México, la situación no es distinta. Datos del SESNSP indican que, en 2021, 10 mexicanas fueron asesinadas en promedio al día. Del mismo modo, la ENDIREH 2021 del INEGI arrojó que 7 de cada 10 mujeres han experimentado a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia.

En ese contexto, la lucha por la igualdad sustantiva en espacios de toma de decisiones sigue enfrentando difíciles obstáculos. Por eso es relevante que México tipificó la violencia política de género, entendida ésta como aquellas acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

Esta definición ayuda a distinguir acciones que se dirigen contra las mujeres “por el hecho de serlo”, o bien casos en los que los efectos sobre las mujeres son significativamente superiores a los que ocurren sobre los varones.

Erradicar la violencia, por tanto, requiere instituciones sólidas y sensibles a la problemática de género. Ello, igualmente, se traduce en mantener al interior de las organizaciones relaciones laborales sanas.

Por eso, algunos organismos electorales han desarrollado políticas para enfrentar la violencia que se pudieran suscitar en su interior. En el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por ejemplo, aprobamos el Protocolo para la Prevención, Atención y Seguimiento de casos de Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral.

Gracias a esta herramienta, ninguna mujer en nuestro instituto verá obstaculizado su desarrollo personal y profesional, por demandar una vida laboral libre de violencia. Es nuestro propósito dejar firmes pilares en la vida institucional del Estado de México que promuevan entornos seguros y equitativos para las servidoras públicas electorales. La violencia es un lastre que ha frenado el avance de muchos liderazgos femeninos.

Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el IEEM hago un llamado para seguir defendiendo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Aseguremos la construcción de un mundo donde el ser mujer no signifique un destino de discriminación y violencia.

POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA

Las elecciones estadounidenses dejan importantes lecciones que considerar en una eventual reforma electoral para el caso mexicano

Me encuentro entre quienes piensan que el sistema electoral mexicano actual es mejor que el estadounidense. El reporte más reciente de integridad electoral ubica a los comicios del país del norte en el 15º lugar entre las naciones de América. La predominancia del financiamiento privado para campañas, las distritaciones a modo y los colegios electorales son –entre otros – elementos que contrastan con el estado actual de la administración comicial moderna. A pesar de ello, las elecciones del martes pasado ofrecen lecciones valiosas. Dejan ver la intersección entre los principios libertarios y republicanos sobre los que se fundaron los Estados Unidos.

Uno. Debe reconocerse la capacidad de los comicios de medio término para premiar y castigar a los gobiernos. La percepción de un mal manejo de la economía propició, por un lado, una caída en las mediciones de popularidad del presidente Biden. Por otro lado, generó una caída en el voto ciudadano, lo que con una alta probabilidad repercutirá en que la Cámara Baja pase al control Republicano.

Dos. Las encuestas, especialmente las telefónicas, pueden anticipar tendencias, pero enfrentan retos grandes, como el abstencionismo o la deseabilidad social sesgada que son difíciles de modelar. Los estudios recientes sobre las elecciones estadounidenses pronosticaban una amplia ventaja a los republicanos en ambas cámaras. No se concretó.

Tres. El federalismo cobra vigencia cuando las reglas de acceso al poder público se generan en el ámbito local y son instrumentadas, también, por instituciones subnacionales. Además, los órganos electorales locales son fuente de innovación. 30% de los votantes sufragaron en algún medio distinto que la boleta en papel.

Cuatro. Algunas de las prácticas arraigadas durante la pandemia por COVID-19 permanecen en el tiempo y siguen facilitando la emisión del sufragio a los votantes. 45 millones de personas enviaron su voto por correo, lo que hizo innecesaria su presencia en la mesa de votación.

Cinco. Los costos de hacer consultas sobre temas específicos durante las elecciones son apenas marginales. En martes pasado California, Michigan y Vermont votaron por proteger el derecho a la interrupción del embarazo, mientras que Kentucky optó por prohibirlo. Otras entidades consultaron sobre temas de su propio interés. La experiencia comparada permite extraer buenas prácticas de otros comicios, preservando lo que domésticamente funciona bien. Las elecciones estadounidenses dejan importantes lecciones que considerar en una eventual reforma electoral para el caso mexicano.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

¿Puede cualquier persona postularse para gobernar su estado? La respuesta corta es “sí

¿Puede cualquier persona postularse para gobernar su estado? La respuesta corta es “sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley y demuestre tener el apoyo ciudadano”.

En el pasado, para acceder a una candidatura se requería ser nominado por algún partido político. Por fortuna, desde 2012 la Constitución reconoce que las y los ciudadanos podemos acceder a una candidatura independiente y aparecer en la boleta electoral. El monopolio de los partidos para proponer candidaturas fue sustituido por un semillero en el que, tanto los institutos políticos como la ciudadanía puede proponer a quienes compitan por cargos de elección popular.

Toda vez que el espacio en la papeleta es finito y, en ocasiones, hay apoyo económico para las candidaturas independientes el estándar internacional indica que los posibles competidores deben demostrar la seriedad de sus candidaturas. Mientras que en algunos países deben ofrecer alguna fianza, en México deben demostrar tener apoyo popular para acceder a la boleta.

En el pasado, el apoyo popular se demostraba con firmas simples de ciudadanos, lo que se prestó a confusiones y – en ocasiones – francas simulaciones sobre la veracidad de los apoyos. La tecnología ha mejorado sustancialmente ese proceso, al requerir que los apoyos ciudadanos sean depositados en una aplicación electrónica que soporta la autenticidad en una foto móvil del ciudadano y la captura de los datos de su Credencial para Votar.

En virtud de que una candidatura independiente requerirá flujo de recursos económicos para la obtención de apoyos y, en su caso,
desarrollo de la candidatura, la legislación electoral requiere que quienes aspiren a ser postulados mantengan una cuenta bancaria y que sus gastos sean realizados mediante transferencia o cheque. El financiamiento es fiscalizable por la autoridad electoral.

Pero, a decir verdad, el reto más importante está en la cantidad de apoyos ciudadanos a obtener. Si bien el estándar internacional señala que un uno por ciento de apoyo ciudadano es suficiente, en el país cada legislación estatal señala distintos umbrales. En el Estado de México, por ejemplo, quienes quieran acceder a una candidatura ciudadana por la gubernatura del Estado deberán obtener – en 60 días - un 3% de apoyos ciudadanos, aproximadamente 375 mil firmas en la aplicación. Esa magnitud, deberá estar dispersa en cuando menos 64 municipios.

Están dadas las condiciones para que cualquier persona compita por el poder político. Los institutos electorales del país están ahí para garantizar los derechos políticos y asegurar que la competencia ocurra en condiciones de igualdad, inclusive cuando sean ciudadanos independientes quienes compitan frente a partidos mayúsculos.

En el Edomex no es necesario ser un cuadro partidista. Para ser candidato a una gubernatura, basta con tener el apoyo de la ciudadanía.

POR AMALIA PULIDO

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México