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Un número elevado de reaperturas no significa necesariamente que haya inconsistencias

Dice un viejo proverbio ruso que las telas se deben medir siete veces, ya que sólo se pueden cortar una vez. En efecto, cuando las cosas son importantes es necesario hacer todas las pruebas de validez que sean necesarias antes de que los eventos cobren definitividad.

Lo mismo pasa con los votos. Antes de que se expidan las constancias de mayoría, es preciso asegurar que las cuentas están bien hechas y reflejen nítidamente la voluntad del electorado. Por eso a nadie debe sorprender que en los últimos días se hayan escuchado anuncios en el sentido de que las autoridades electorales recontarían votos depositados en las urnas. Este mecanismo es una de las mejores salvaguardas de la integridad de los resultados finales y brinda mayor legitimidad a los gobernantes electos.

En el nivel federal y en el de las entidades federativas el procedimiento es bastante similar. Al finalizar la jornada de votación
las y los funcionarios de casilla cuentan los sufragios depositados en la urna. Si bien lo hacen frente a las representaciones partidistas, quienes hacen la clasificación (escrutinio) y el conteo (cómputo) son ciudadanos escogidos al azar. Esa misma noche
las actas son capturadas y digitalizadas para poder ser consultadas por la ciudadanía. Sus resultados son muy ágiles, pero no son verificados, por lo que no se les puede dar validez oficial. A pesar de ello, el Programa de Resultados Preliminares suele ofrecer datos bastante confiables. En el caso del Estado de México, por ejemplo, los datos al momento arrojan que el 99% de las candidaturas que ganaron en los cómputos definitivos lo hicieron en el PREP.

Los que sí son oficiales son los cómputos distritales y municipales que a nivel federal y en casi todas las entidades federativas inician el miércoles siguiente a la elección. Y es justo aquí donde están los mejores controles de la autenticidad de los resultados. Al establecer un catálogo cierto de causales de recuento, se evita que éstos sean producto de la negociación política y la intimidación. Los paquetes se abren cuando cumplan los requisitos.

Un número elevado de reaperturas no significa necesariamente que haya inconsistencias en el proceso. Se puede tratar de errores aritméticos, pero también a problemas comunes como que la copia sea ilegible. En el Estado de México, por ejemplo, se recontó el 17% de las casillas, lo que lejos de incomodarnos nos permite garantizar que se tuvo un doble control para asegurar que su voluntad es fielmente traducida a los resultados finales.

Como todos los actos electorales, los cómputos distritales y municipales son susceptibles de ser impugnados. Si, a pesar de la doble revisión, alguno de los actores políticos siente que su derecho ha sido violado, puede recurrir a los tribunales. Como en el proverbio ruso, los resultados electorales en México son confiables porque se les mide tantas veces como sea necesario para garantizar que reflejan debidamente el voto popular.

POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA

El cómputo de votos es fundamental para la legitimidad de una elección

El cómputo de votos es fundamental para la legitimidad de una elección. No sólo debe ser preciso. Al tratarse de expresiones de la voluntad popular, las actividades que conducen a la sumatoria final de los sufragios obtenidos por cada fuerza política deben darse en apego a principios constitucionales.

El reto no es menor, si se considera que el listado nominal federal asciende a 98 millones. Entidades grandes como el Estado de México tienen más de trece millones de votantes registrados.

¿Cómo lograr que 1.2 millones de personas funcionarias de casilla agreguen las preferencias que una nación entera expresa en las urnas? La ley electoral mexicana deposita esa responsabilidad en personas que no son cuadros partidistas ni representantes del gobierno.

Las campañas son momentos estelares del proceso electoral

Las campañas son momentos estelares del proceso electoral. Mientras transcurren, las personas candidatas recorren las plazas, mercados y calles para presentar sus propuestas. Por su parte, la ciudadanía expone los problemas públicos que detecta y exige soluciones por parte de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

Todo eso genera un contexto de civilidad altamente provechoso para la democracia, pues obliga a las personas a pensar las problemáticas en común y las mejores vías para resolverlas. Como demostraron Tocqueville en el siglo XIX y Putnam en el XX, el tejido social se densifica cuando la gente se organiza para hacer tareas en común.

Lo cierto es que las campañas tienen una fuerte relación con el resultado de las elecciones. Por ello, las leyes electorales definen con precisión sus momentos de inicio y término, así como las conductas permitidas y prohibidas. Así, por ejemplo, la Constitución dicta que en los años de elección presidencial las campañas federales deben durar 90 días, pero la duración de las locales se define en los congresos de los estados.

Puede haber desfases. El caso más extremo es del Estado de México, cuyas campañas locales iniciaron el 26 de abril, es decir, casi dos meses después del inicio de la campaña federal.

Las campañas cristalizan derechos fundamentales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos las enmarca en las libertades de expresión, de asamblea, de asociación y de información. A pesar de ello, el Comité facultado para interpretar el Pacto reconoce que debe haber restricciones sobre las campañas, incluido el uso de recursos públicos, el tipo de materiales que se pueden distribuir y, por supuesto, el financiamiento.

Las buenas prácticas internacionales sugieren que, como en México, las campañas sean financiadas con recursos públicos y privados, a efecto de garantizar que todas las propuestas estén al alcance de las personas que ejercerán su derecho al voto.

La modernidad ha impactado positivamente en el desarrollo de las campañas. Por un lado, con la proliferación de debates que permiten a la ciudadanía no sólo conocer las propuestas, sino inclusive ver cómo se contraponen. Algunas entidades como el Estado de México, ponen a disposición de las candidaturas municipales la organización de debates, lo cual amplifica el acceso a la información disponible para que la ciudadanía forme una opinión informada.

Por otro lado, se han puesto en marcha plataformas que permiten a las personas consultar los perfiles de las candidaturas desde sus computadoras o dispositivos electrónicos. “Conóceles” logra ese objetivo adecuadamente porque vincula a los partidos y candidaturas a subir su información, de manera que alcanza niveles altos de captación de datos.

A pesar de estos beneficios, hay un desafío particular que también arribó con la modernidad. En casi todos los países se ha detectado la difusión deliberada de desinformación justo en medio de las campañas electorales. A través de las redes sociales, han circulado mensajes que buscan confundir al electorado, sesgar sus percepciones o, en el peor de los casos, alejarlo de las urnas.

Las recomendaciones internacionales sugieren que los institutos electorales sean una fuente constante de información real que permita a la ciudadanía discernir la realidad cuando reciba información errónea en sus redes. Es recomendable que la ciudadanía verifique la información que consume antes de compartirla con sus familiares y amistades.

A veinte días de que finalicen las campañas, vale la pena reflexionar sobre su contribución a la democracia mexicana. Es la presentación pública de propuestas políticas la que da contenido a las elecciones y nutre sustancialmente las decisiones que habrá de tomar el electorado.

POR AMALIA PULIDO

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

Los procesos electorales suelen ser coyunturas en los que estas dinámicas se pueden exacerbar

Hace unas semanas, el centro de investigación sobre democracia Varieties of Democracy  publicó su Informe 2024. De acuerdo con algunos de sus hallazgos, en la actualidad el habitante promedio del mundo disfruta de niveles de desarrollo democrático similares a los de 1985. Hoy, 5.7 miles de millones de personas viven en autocracias, lo que representa un incremento de 48% respecto de lo registrado hace apenas diez años.

Las cifras son coincidentes con las de otros estudios académicos y muestran preocupantes tendencias de deterioro en todo el mundo. Esto nos obliga a pensar en los riesgos que están viviendo las democracias en todo el planeta.

Amenazas como la violencia política, el despliegue deliberado de desinformación y el financiamiento ilícito pueden afectar en forma importante la integridad de los comicios y, por ende, la confianza de la ciudadanía en la democracia. Este último elemento es clave para que los procesos de renovación del poder político sigan teniendo como premisa fundamental el voto ciudadano.

En este artículo quisiera centrar la atención en la violencia político electoral. Estudios recientes de Data Cívica muestran que en México en el transcurso de diez años se ha triplicado el uso de la violencia contra actores políticos. Los procesos electorales suelen ser coyunturas en los que estas dinámicas se pueden exacerbar.

La ocurrencia de episodios de violencia política, o bien la percepción de que ésta puede suceder, pueden generar afectaciones a la integridad de las elecciones. En Latinoamérica están documentados casos en los que el crimen atenta contra la vida de alguna candidatura, o bien intenta su captura. Otros efectos más difíciles de medir, pero igualmente demostrados por los estudios cuantitativos, demuestran que la violencia complica la selección de funcionarios de casilla y afecta negativamente la participación ciudadana. “Votar entre Balas” documentó cómo después de que tres actores políticos fueran víctimas de asesinato en Apaseo el Grande, Guanajuato, la participación electoral pasó de 50% a 39%.

La violencia y la democracia mantienen una íntima relación. Si permitimos que la inseguridad permee en los procesos electorales, le quitamos su esencia a la democracia: el poder elegir libremente a nuestros representantes. La participación política sólo es posible cuando el aparato estatal mantiene las condiciones que permitan el libre ejercicio de todos los derechos fundamentales, incluidos los político-electorales.

En ese contexto, las autoridades del Estado de México nos hemos adelantado al inicio de las campañas para generar instrumentos que permitan prevenir la violencia. Se tienen protocolos para la custodia de materiales y documentación electoral.

Además, el Gobierno del Estado de México actualiza periódicamente mapas de riesgo que permiten focalizar las estrategias de protección.

A partir de un protocolo de protección a candidaturas que delimita las funciones del Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Instituto Electoral del Estado de México, se diseñó un convenio que permitirá que las solicitudes que formulen las candidaturas o partidos se turnen en forma expedita. De hecho, antes del inicio de las campañas ya se atendieron requerimientos de precandidaturas que percibían que su integridad estaba en riesgo.

La administración electoral requiere un enfoque de riesgos que reduzcan la probabilidad y consecuencias de las distintas amenazas. En el IEEM no dudaremos en utilizar los recursos a nuestro alcance para garantizar a la ciudadanía un voto libre y seguro.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM)

Los Organismos Públicos Locales Electorales tendrán la gran labor de revisar y validar las candidaturas a 19 mil 634 cargos que estarán en juego el 2 de junio

Se suele pensar en la labor de los institutos electorales como organizadores de comicios. Aunque es una función esencial, la literatura académica enumera otras que, por su naturaleza, deben ser asignadas a una institución electoral autónoma. Es el caso del registro de candidaturas. En esta etapa se resuelve quiénes podrán competir por el voto popular, y quiénes quedarán fuera. Por ello es necesario que esta labor se realice en apego a principios de objetividad, legalidad y certeza.

El registro de candidaturas deriva del derecho fundamental de las y los ciudadanos a votar y ser votados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es claro cuando señala que las y los ciudadanos tienen el derecho a ser votados en elecciones periódicas y auténticas, a partir del voto libre y universal. El instrumento internacional explica que ese derecho se debe garantizar sin restricciones indebidas.

El Comité de la ONU habilitado para interpretar el Pacto explicó que sólo es posible la imposición de requisitos objetivos, como la edad mínima para ocupar ciertos cargos públicos, siempre y cuando estén previstos en la legislación. Inclusive, los plazos y condiciones para el registro de candidaturas deben ser amplios, a efecto de evitar que se vuelvan disuasorios de la participación.

Si bien los países signatarios del Pacto se comprometen a postular a las candidaturas que provengan de partidos políticos, también reconocen que personas ajenas a estos institutos pueden participar en la elección. En esos casos, se puede exigir un número mínimo de apoyos, siempre y cuando esa disposición no se traduzca en una barrera para ejercer el derecho al voto pasivo.

El artículo 35 de la Constitución mexicana agrega valor a esa disposición convencional, al reconocer que la ciudadanía mexicana cuenta con el derecho a ser votados “en condiciones de paridad” para todos los cargos de elección popular. Las candidaturas pueden recaer en postulaciones partidistas, o bien en personas que compitan por la vía independiente, cumpliendo los requisitos de ley.

Es tal la trascendencia de esta actividad que la reforma de 2014 no la centralizó en una autoridad nacional única. El INE registra las candidaturas federales, pero las estatales y municipales son responsabilidad de cada Instituto local. Los datos muestran lo adecuado de ese diseño: mientras que en 2024 la autoridad nacional registró candidaturas para 629 cargos, los OPLEs lo haremos para 19,634.

La distribución es virtuosa no sólo por el gran volumen de documentación a revisar, sino también por la heterogeneidad de las reglas. Las entidades federativas tienen reglas específicas que deben ser escrupulosamente revisadas por la instancia responsable del registro.

En los próximos días el Estado de México enfrentará una demanda muy importante de solicitudes de candidaturas. Se espera que al cierre del plazo de registro se inscriban alrededor de 7,700 personas que aspiran a un cargo local.  El Instituto contará con cinco días para revisar el cumplimiento de requisitos legales, tales como la edad, la residencia o no ser deudores morosos de pensión alimenticia.

Es importante mencionar que las candidaturas deben cumplir con el principio de paridad en sus tres vertientes, vertical, horizontal y transversal. Por vez primera en la historia mexiquense, los partidos estarán obligados a postular a personas con discapacidad, indígenas, afromexiquenses o pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

El apego estricto del registro de las candidaturas al marco convencional, constitucional y legal protege el derecho de las personas a ser votadas. Garantiza, además, que quienes sean electas cumplan con los requisitos para ocupar el cargo.

CITA 

El apego estricto del registro de las candidaturas al marco convencional, constitucional y legal protege el derecho de las personas a ser votadas.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM)