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El día de ayer 10 de junio, se cumplieron 13 años de la reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma es de las de gran calado que se han hecho en nuestro país y que a pesar de tener ya 13 años aún persisten prácticas añejas e indebidas en diferentes instancias jurisdiccionales y administrativas sin importar incluso de qué materia se hable.

 

Sin duda, ha sido un gran acierto la reforma en mención, ya que parte de los cambios ocurridos en ella es poner al centro la dignidad de las personas y con ello el fin y objetivo de crear una cultura de derechos humanos que antes no existía, ejemplo de ello es que se hablaba de garantías individuales que eran limitativas, con la reforma Constitucional de 2011 se establecen los derechos humanos como eje central de la impartición de justicia y de la visión del derecho para todas las autoridades.

 

Uno de los artículos que sufrió modificaciones y cuyo cumplimiento permite materializar los derechos humanos contenidos en la Carta Magna es el 1º constitucional al que se le agregó que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”

 

El texto constitucional y todas las disposiciones que se reformaron en 2011 son aplicables a todas las ramas del derecho y el derecho electoral no escapa, afortunadamente, de la implementación.

 

El derecho de participar en las elecciones para votar o ser electo o electa es muy importante, más aún en un régimen catalogado como democrático. No solo ello, todas las etapas del proceso electoral están tuteladas por derechos humanos entre los que se encuentra el derecho de no ser discriminado (a), el derecho de opinar, disentir, expresarse, la libre asociación y participación ya sea a través de los partidos políticos o de las candidaturas independientes.

 

En los últimos procesos electorales se ha hecho obligatorio cumplir con el principio de paridad en el que las mujeres deben ser postuladas en un 50% y en espacios en donde verdaderamente arriben a los cargos de toma de decisión, también se han incluido a través de las acciones afirmativas a los grupos históricamente discriminados.

 

Lo anterior no ha sido sencillo y hay quienes aún tuercen las normas para incumplir con estos principios. En el caso de la sesión llevada a cabo el pasado 9 de junio por el Consejo General del IEEM en la que se declaró la validez de la elección y se hizo la asignación de las diputaciones de representación proporcional, a juicio de la que escribe, se vulneraron principios constitucionales al no correr de forma legal la fórmula establecida en el Código Electoral del Estado de México algo que lacera derechos humanos como el de votar y ser votados (as) y a partir de ello tener escaños de representación proporcional. Mi voto fue en contra tal y como sucedió en 2021 al no haber paridad, para muchos puede ser disco rayado, pero es claro que solo así y a punta de sentencias es que lamentablemente se han tenido que ir generando criterios que tutelen la dignidad de las personas, por ende sus derechos humanos.

“La igualdad de género ha de ser una realidad vivida” Michel Bachelet La llegada a la presidencia de la república de Claudia Sheinbaum Pardo, 1 que de acuerdo a las estimaciones de los resultados del Conteo Rápido para la elección de la Presidencia de la República, obtuvo una votación que se ubicó en 60.7% respecto del 28.6% de Xóchitl Gálvez y el 10.8% de Jorge Maynes, no solo la colocan como la virtual presidenta del país y ganadora de la contienda sino como la mujer que ante un día histórico como fue la jornada del 2 de junio, obliga un nuevo rumbo en la vida política, económica, social y sobre todo cultural de las y los mexicanos.

 

Su triunfo no es menor para las poco más de 57 millones de mujeres que formamos parte del país, con independencia de si profesamos alguna religión o somos agnósticas, si tenemos una ideología o no, si pertenecemos a una clase social o aspiramos a otra, nos consideramos heterosexuales, no binarias, gays, trans o lesbianas, contamos con una profesión o no, tenemos empleo o ejercemos algún cargo público.

 

No, no se trata de nada de ello, se trata de lo que implica que una de nosotras, una mujer llegue a ese cargo que exige necesariamente un cambio de fondo, una trasformación estructural del sistema.

 

Más aún si consideramos que las mujeres durante 71 años estuvimos excluidas del ejercicio del poder político, que el arribo de nosotras a cargos públicos no ha sido sencillo, desde aquella reforma pro cuotas, que impedía postulaciones en más del 70% para un mismo género (en el que por supuesto a las que se les dejaba el restante 30% era a las mujeres) y que pese a que la paridad se elevó a principio constitucional, persisten las resistencias de los actores políticos y partidos para cumplir con plena honestidad con el mismo.

 

Aun con todo ello, México tiene ya a una mujer que ocupará el poder ejecutivo y el significado es grande para las mujeres de todas las edades, desde las niñas y adolescentes hasta las mujeres de la segunda juventud, incluso para aquellas que inconsciente o conscientemente replican prácticas masculinas dado el arraigado sistema patriarcal y machista que tenemos.

 

Son momentos importantes para la reflexión y los replanteamientos sobre la democracia y la generación de éste nuevo bloque hegemónico que la colectividad a través del voto está expresando, está mandatando.

 

El fortalecimiento de mecanismos de diálogo y consenso deberán ser un eje articulador que evite los polos y que comprenda las nuevas voluntades.

 

Sin duda el ámbito electoral que organiza la renovación periódica del poder, tendrá que someterse a una exhaustiva revisión de su existencia y permanencia, hablo de las estructuras electorales como son los institutos y los tribunales jurisdiccionales en los que en ambos casos, vale la pena analizar, si en el actuar de los primeros y en la emisión de sentencias de los segundos, se cumple con los fines para los que fueron creados que es la tutela de los derechos de la ciudadanía o solo hay detrás intereses personales de sumisión y búsqueda de ascensos.

 

El plantear una nueva reforma electoral y también una al poder judicial, entre otros más; son retos de la virtual presidenta, que logro romper ese gran techo de cristal.

Estamos a cinco días de la jornada electoral del 2 de junio y conforme se acerca el día, se percibe en la conversación de la ciudadanía una importante politización.

 

La elección presidencial logra tener siempre ese efecto, es la elección que indudablemente marca el paso y la agenda pública, incluso el nivel de participación ciudadana aumenta. En el Estado de México ha sucedido así, en las elecciones para la renovación de la gubernatura el porcentaje ha oscilado entre el 43% y el 54%; sin embargo, en la renovación del ejecutivo federal el porcentaje ha sido del 62.27% en 2006, 64.70% en 2012 y 67.16% en 2018.

 

Algo que resalta en este proceso electoral es el alto grado de polarización que existe en la sociedad mexicana, son polos extremos, que como su nombre lo dice parecieran irreductibles.

 

La opinión pública está dividida, los discursos de odio y violencia son alimentados por los grupos de poder y seguidores que conforman ambos extremos, pues se deja ver que no hay medias tintas, es blanco o negro, falso o verdadero, correcto e incorrecto incluso se ha introducido el término bueno y malo ligado a temas más religiosos, esto último muy peligroso e ilegal.

 

Y lo es porque se vulnera el artículo 130 constitucional que determina la separación de la Iglesia y el Estado, una lucha que viene desde la Ley Juárez, anterior a la promulgación de la Constitución de 1857. La limitación hecha a la iglesia ha sido correcta pues ninguna institución religiosa debe tener materializado el doble poder que tiene temporal y espiritual inmiscuido en temas de carácter político.

 

Los sacerdotes y miembros de la iglesia están impedidos para participar en la política partidista, no pueden hacer proselitismo a favor de candidato o partido político alguno lo que significa que tampoco deben emitir opiniones en contra de ningún o ninguna contendiente, pues afecta la equidad en la contienda.

 

En México la población profesa mayoritariamente la religión católica, 77.94% que son poco más de 93 millones, más de 13 millones, la religión protestante/cristiano evangélico y casi 13 millones manifestaron sin adscripción religiosa alguna; esa es la materialización de la libertad de culto que debe prevalecer.

 

El principio de autoridad y poder NO descienden de Dios. La democracia es un régimen de gobierno incluyente, con elecciones periódicas, en donde deben prevalecer las propuestas para dar solución a los problemas que como sociedad nos aquejan, un voto libre e informado sin ningún tipo de velo.

 

La iglesia católica ha estado y sigue sumida en graves problemas de pederastia, por ejemplo, ese es un tema que sin duda debe ser condenado y resuelto. Aunado a ello los miembros de la iglesia católica pueden participar votando tal y como se estableció con la reforma de 1992, incluso pueden ser votados si se separaran de su ministerio. Garantizar el estado laico es parte fundamental de la democracia. La ciudadanía debe votar libre, informada, sin ataduras ni presión de ningún tipo.

Democracia implica: elecciones periódicas, libres, sin violencia e inclusión, en el caso de nuestra entidad ¿hemos cumplido con la inclusión?

Por primera ocasión se estableció normativamente que los partidos políticos postulen a personas que pertenecen a 4 grupos históricamente discriminados: comunidad LGBTTIQ+, comunidades indígenas, personas con discapacidad permanente y personas afromexiquenses, siendo la última entidad de todo el país en hacerlo, lo que refleja el bajo grado de inclusión que prevalece en diferentes sectores sociales y políticos de la entidad, la número 1 en lista nominal con más de 13 millones de personas con derecho a votar el próximo 2 de junio, la entidad que cuenta con un instituto electoral que no tiene problemas económicos como muchos de los institutos electorales del país; pero que en este tipo de temas al igual que la paridad aún se observa hay resistencias para cumplir con la verdadera inclusión de personas que pertenecen a grupos minoritarios.

 

En días pasados la organización civil Fuera del Clóset A.C mediante un escrito exige al IEEM se tomen medidas pertinentes, se investigue y proceda, en su caso, con la anulación de 11 postulaciones de candidatos y candidatas que son señalados por parte de esta organización como personas que refieren no pertenecer o ser parte de la comunidad LGBTTIQ+. De ser cierto, estaríamos ante un fraude a la ley y ante la simulación, ambas cosas reprochables y vergonzosas; sin embargo, también es importante mencionar que esas afirmaciones tendrían que ser acreditadas a través de vías legales y que en el caso de la autoridad electoral esta primera experiencia desde ahora tiene ya aprendizajes importantes, pero, sobre todo, desde mi visión: claridad en los mecanismos que deben ser implementados en el futuro inmediato.

 

as personas postuladas por esta vía de acuerdo a los criterios, únicamente se les solicitó presentar 1 de 6 de los siguientes documentos: Declaratoria bajo protesta de decir verdad, donde manifestaran que son parte de la comunidad LGBTTIQ+, señalando el género con el cual se identificarán, acta de matrimonio de cualquier entidad federativa, credencial para votar con reconocimiento de persona no binaria, acta de nacimiento de cambio de sexo, declaración judicial de concubinato, o carta de una asociación civil, organización o colectivo en la que se diera cuenta de su trabajo en favor de la población LGBTTIQ+ y la defensa de sus intereses, lo que significa que con sólo presentar la primera estarían cumpliendo.

 

A nivel nacional y en diferentes estados han existido casos de fraude y simulación, por ello, es fundamental que el IEEM modifique sus criterios, contemple un procedimiento para la revisión de este tipo de postulaciones y ahora sí cumpla con la sanción estipulada en los mismos. Desde la aprobación del acuerdo IEEM/CG/94/2024 emití un voto concurrente en el que expresé las vicisitudes que tuvo el IEEM en este tema.

 

El escrutinio público es fundamental para señalar si existe fraude y/ó simulación, pero la autocrítica institucional y las modificaciones necesarias para que se cumpla con la inclusión también.

 

Es fundamental que la ciudadanía conozca la lista de las personas postuladas por acciones afirmativas y que el IEEM tenga disponible y pública dicha información, eso es máxima publicidad.

Martes, 14 Mayo 2024 08:00

El PREP del proceso electoral 2024

Nos encontramos a escasos 18 días del 2 de juniodía de la jornada electoral en la cual los 19,746 cargos de elección popular que están en juego serán decididos por el voto de la ciudadanía y el PREP es uno de tantos elementos que se mantienen en la organización de las elecciones para dotar de certeza a la ciudadanía y a los y las actoras políticas, al ser un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura, verificación y publicación de los datos plasmados por nuestros vecinos y vecinas que son funcionarios en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.

 

Hay que decir que el PREP del Estado de México siempre ha sido propio, no se contrata a empresas que lo realicen como si ocurre en prácticamente todos los institutos electorales del país, sin embargo; éste PREP también ha ido evolucionando y ha pasado por momentos difíciles y de pruebas duras ante la ciudadanía y las fuerzas políticas.

 

Ejemplo de ello fue la elección de 2017 en la cual el IEEM y su Consejo General decidieron no incorporar el PREP casilla que no es otra cosa que la toma de la fotografía desde la casilla, algo que no ocurrió en el Estado de México, éste hecho trajo consigo fuertes críticas al IEEM, era la elección de la Gubernatura y contendía la actual Gobernadora, la maestra Delfina Gómez Vs Alfredo del Mazo, fue un PREP puesto en duda al igual que los resultados del conteo rápido.

 

En 2021 con un Consejo renovado en 3 de sus consejerías, el PREP del Estado de México no tenía los requerimientos que el Reglamento de elecciones y por ende el INE solicitaban, no se contaba con sistema que cumpliera con esos estándares, no se tenía la aplicación para los dispositivos y además se había dejado sin acción alguna la integración oportuna de un COTAPREP, se quería y se tenía un PREP a la antigüita.

 

Eso tuvo que modificarse a través de las siguientes acciones: 1) se contrató una empresa que desarrollara la APK (aplicación para instalarla en los teléfonos celulares y con ella digitalizar desde la casilla la foto del acta de resultados) 2) se realizó una integración de un COTAPREP a través de implementar una cédula de evaluación que permitiera tener la puntuación de los conocimientos y habilidades de las personas que lo integrarían, el salario de ellos era y sigue siendo de $50,000 pesos mensuales, así que se requería que contaran con experiencia y conocimientos necesarios para su encargo. No solo ello, 3) se implementó un programa de capacitación permanente a los Capacitadores Asistentes Electorales que son quienes hacen posible el PREP Casilla.

 

Resultados.- El 6 de junio de 2021 las 20:00 hrs a 2 horas de haberse cerrado las casillas, el PREP del Edo. Méx inició sus trabajos con un 0.0699% de información. A la 01:05 am del 7 de junio de 2021 tenía publicado el 50% de los resultados en Ayuntamientos y el 48.59% de los resultados en los distritos, a las 09:10 am del 7 de junio de 2021 ya se tenía publicado más del 90% de los resultados.

 

En aquella elección similar a esta, el PREP concluyo el 7 de junio a las 20:00 horas con 98.77% de actas capturadas en Diputaciones y 97.71% de Ayuntamientos, un total de 19,577 actas respectivamente.

 

Muchos de los elementos mencionados se quedaron en la organización del PREP, el pasado domingo se llevó a cabo el 1er simulacro de 3, como en cada elección el PREP estará a prueba, pero con experiencias sólidas de 2 elecciones ordinarias y 2 extraordinarias.

 

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