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Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijas, hijos, los intereses de la patria y de la humanidad.

Hermila Galindo.

Hermila fue una luchadora incansable en nuestro país. Al igual que ella, otras mujeres en diversas latitudes hicieron lo propio. Desde la primera y hasta la 4ª ola del feminismo, cada una se ha caracterizado por conquistar y exigir el respeto a nuestros derechos humanos: a votar, a expresarnos, a ser parte de la vida pública.

Se lee fácil, pero ha representado dolor y persistencia ante un patriarcado que no cede y que busca la forma de evadir y evitar que las mujeres estemos en igualdad.

Por fortuna, hay avances y logros que se deben reconocer y acompañar. Por ejemplo, en 1979 se creó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas como CEDAW. Es un instrumento que entra en vigor en 1981, firmado y ratificado por México, y que es vinculante.

Uno de los principios rectores de la CEDAW es el principio de igualdad sustantiva, que significa que las mujeres podamos tener las mismas oportunidades que los hombres. A 44 años de este instrumento, la pregunta obligada es: ¿existe esa igualdad? La respuesta es contundente: NO EXISTE.

Somos un país con un avance importante en paridad: ya es obligatorio que se postulen 50% de mujeres y que todos los cargos de la vida pública se conformen de esa forma.

Incluso ya hay espacios en donde las mujeres superan en número la configuración paritaria de esos espacios. Pero, ¿ello ha contribuido de forma real para eliminar esas brechas de desigualdad?

De nuevo, la respuesta es NO. Hoy nos enfrentamos a una situación que debe analizarse, y es si las mujeres en el poder lo ejercemos de forma independiente o como parte del sistema patriarcal, que implica una sumisión casi invisible a los grupos de poder conformados por hombres. Esa masculinización de las mujeres en el ejercicio del poder no debe pasar desapercibida ante la violencia tan extrema de la que somos objeto las mujeres en estos tiempos, de los feminicidios y desapariciones que no cesan.

Hace unos días, México rindió cuentas en Ginebra ante la CEDAW. Quedó evidenciado que aún falta mucho por hacer y cumplir. Es un logro importante contar con una mujer presidenta que, desde el inicio de su mandato, demostró con hechos su interés en garantizar esta igualdad y seguridad a las mujeres. Lleva tiempo contrarrestar lo que durante décadas se robusteció: el patriarcado.

Pero ello no exime de la suma de esfuerzos y de cumplir. Ahí es donde las mujeres que ya ocupamos espacios de toma de decisión debemos insistir e incidir. Se trata de una agenda de igualdad sustantiva, reconociendo que las mujeres hemos estado históricamente en desventaja.

El pasado viernes 13 de junio se entregaron las constancias de mayoría a quienes resultaron electas y electos para los 91 cargos que estuvieron en disputa en este proceso electoral judicial.

Con ese acto protocolario, la autoridad electoral dio por concluidas las últimas dos etapas que le corresponden administrativamente en el proceso electoral: las sumatorias finales, la asignación de cargos, la entrega de constancias de mayoría y la declaración de validez de las elecciones del Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México.

Aún deberán resolverse los medios de impugnación interpuestos, que hasta la fecha suman diez en el Estado de México. A nivel federal, también será relevante observar el pronunciamiento de la Sala Superior respecto a la vista que dieron las consejerías sobre los denominados ‘acordeones’.

Lo positivo del proceso es que, hoy en día, la ciudadanía conoce mejor qué es y qué hace una jueza, un juez, una magistrada, un magistrado y una ministra.

Además, se ha informado que existirá un Tribunal de Disciplina con funciones muy relevantes en esta nueva etapa del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, en las 19 entidades que celebramos esta elección.

Sin embargo, es necesario hacer ajustes legislativos. Sería oportuno regular con mayor claridad algunos supuestos, como: ¿qué debe ocurrir si dos personas candidatas obtienen el mismo número de votos en una elección?; ¿en qué casos debe declararse vacante un cargo y cuáles serían las reglas para evitarlo?; ¿qué sucede si la persona que gana la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia no obtiene la magistratura por la que también compitió?.

El diseño de las boletas deberá ser más accesible e inclusivo, que permita ejercer el voto en menor tiempo. Asimismo, la plataforma Conóceles necesita mejoras, con un enfoque no solo en alcanzar numeralia alta, sino en ser verdaderamente útil y comprensible para la ciudadanía. El proceso es, sin duda, completamente perfectible.

Otro aspecto positivo es el número de mujeres que ahora ocuparán estos cargos. De los 55 cargos de juezas y jueces designados, 34 corresponden a mujeres y 21 a hombres, lo que representa un 61.81 % de mujeres y un 38.19 % de hombres. Es destacable que, en 14 cargos donde solo se elegía una persona y participaron incluso más hombres que mujeres, el resultado favoreció a las mujeres: se asignaron 11 de esos cargos a mujeres y 3 a hombres.

En cuanto a las 30 magistraturas, 16 fueron para mujeres y 14 para hombres, lo que representa un 53.33 % de mujeres y un 46.66 % de hombres.

El papel de las mujeres juezas será muy relevante, y habrá que dar seguimiento a sus sentencias. Esta es una gran oportunidad para impulsar cambios en la forma de administrar justicia, con una mirada más cercana a las víctimas.

El Poder Judicial había sido reformado en 1994, en medio de una crisis económica, política y social que exigía cambios ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los asesinatos de políticos como Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, además del desgaste de un partido hegemónico que llevaba al menos seis décadas en el ejercicio del poder.

Esa reforma trajo consigo la creación de un Consejo de la Judicatura Federal, que tuvo encomendadas las tareas de administración y vigilancia de los tribunales federales, además de generar las facultades del máximo órgano jurisdiccional, entre las que destacan la interpretación de la Carta Magna, con una reducción de ministros de 26 a 11, sin paridad alguna, por supuesto, y menos aún inclusión de integrantes que representaran algún grupo históricamente discriminado. Ese es, en términos muy generales, el añejo pasado del Poder Judicial.

Hacer una completa relatoría de los vicios y anomalías que durante dos décadas se reprodujeron en ese poder llevaría bastante tiempo. Lo cierto es que, desde la academia, se ha documentado la generación de élites y el nepotismo que existía, algo también expresado incluso por quien formara parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro presidente.

La resistencia y la falta de consensos para llevar a cabo de forma más tersa la reforma obligó a que la misma se realizara en un clima de polarización y de tiempos muy acotados, sobre todo para las autoridades electorales, encargadas de organizar los procesos electorales en este país. Así, la autoridad nacional tuvo que lidiar con un buen número de amparos y otras vicisitudes más, como el tema del presupuesto, para poder llevar a buen puerto la elección del primero de junio de 2025.

En cuanto a las entidades, 19 de ellas (entre las cuales destaca el Estado de México) se sumaron a la obligación constitucional de organizar comicios para renovar los poderes judiciales locales.

En la entidad mexiquense, la reforma no tuvo polarización alguna, ya que hubo una importante suma de esfuerzos y consenso por parte de los poderes del estado, que tuvieron presente la realidad política y social, pero sobre todo la necesidad de generar cambios en un poder que poco o nada era conocido por la ciudadanía.

El Instituto Electoral del Estado de México enfrentó desafíos que logró sortear gracias al diseño constitucional de la propia reforma aprobada en la entidad.

Estuvieron en disputa 91 cargos, entre ellos la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la integración del Tribunal de Disciplina, 30 magistraturas y 55 cargos de juzgadores y juzgadoras de primera instancia.

El resultado fue positivo: más personas conocen lo que hace hoy el Poder Judicial; existió paridad de forma natural y no fue necesaria la aplicación de los lineamientos de paridad. De 30 magistraturas, 16 corresponden a mujeres y 14 a hombres; de los 55 cargos de juezas y jueces, 34 corresponden a mujeres y 21 a hombres.

Sin embargo, a pesar de lo positivo, es importante reflexionar sobre varios temas que nos lleven a ver lo que debe ser modificado y analizado con mayor detenimiento, como es el marco geográfico que se utilizará en 2027. Debe existir una discusión sobre mantener o no el no financiamiento público a las candidaturas, el pautado en redes, boletas más sencillas (lo que podría llevar a pensar que los candidatos sean menos y la criba de los comités mejore).

La determinación concreta en la ley de los casos de empates; los supuestos en caso de que se gane la presidencia del tribunal, pero no la magistratura por la que se contiende.

Los tiempos tan acotados que se tuvieron, por ejemplo, para la impresión de boletas obligaron a que se determinara que fuera mediante adjudicación directa, por un monto de ciento cincuenta millones seiscientos diez mil sesenta y seis pesos 48/100 M.N., y no mediante una licitación pública, que es lo más adecuado.

La discusión del costo que tienen las elecciones es un tema de permanente debate; por ello, debe pensarse en el voto electrónico con medidas de seguridad. Eso facilitaría en gran medida la organización de las elecciones.

Los procesos son perfectibles y la reforma al Poder Judicial requiere ajustes. Por ello, también valdría la pena pensar en una reforma en materia electoral que sea acorde con las necesidades del país y las demandas ciudadanas. La última fue hace 11 años, en 2014; vale la pena tenerlo presente y no temer a los cambios. 2027 está a la vuelta.

La elección de personas juzgadoras en la entidad mexiquense está en marcha. Como parte de la organización como cada proceso se instalarán órganos desconcentrados, en esta ocasión y dadas las características de la inédita elección, el INE aprobó el marco geográfico propuesto por el IEEM que consideró 18 distritos electorales. Estos distritos electorales coinciden con los distritos judiciales que forman parte de las 4 regiones del poder judicial estatal.

Los 18 órganos desconcentrados estarán conformados por vocalías: ejecutiva, organización y capacitación. En este proceso es importante recordar que derivado de los Decretos 63 y 65 que determinaron que este instituto podía emitir los acuerdos que estimara necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del proceso electoral extraordinario del año 2025, así como la posibilidad de designar directamente a vocalías y consejerías de los órganos desconcentrados que hayan demostrado un desempeño satisfactorio en el último proceso electoral, el IEEM aprobó en el mes de febrero lineamientos y criterios para la designación de vocalías y consejerías.

Fue un proceso incluyente y que tiene la virtud de considerar la experiencia adquirida por parte de los y las vocales que participaron en el reciente proceso electoral 2024 y quienes fueron seleccionados en ese momento a través de una convocatoria pública en la que por primera vez se cambió la forma en la que se designaban las vocalías después de casi una década sin cambio alguno. Esa renovación y experiencia son las que a través del diseño de los lineamientos nos permite contar en este proceso con ciudadanía mexiquense profesional y con conocimiento de lo que implica la organización de elecciones.

Respecto de la designación de consejerías, también se consideró la experiencia de la ciudadanía que participó en el recién concluido proceso electoral, se analizaron los perfiles y trayectorias de cada una de las personas, y la integración de estos consejos distritales ha sido paritaria, al quedar compuestos por tres mujeres y tres hombres.

1,436 personas aceptaron la invitación, ninguna de ellas inhabilitadas para ejercer cargos públicos. En esta ocasión se designaron 216 personas como consejerías propietarias y suplentes, quedando una lista de reserva de 1,220 personas.

Las personas designadas en las consejerías tienen una encomienda importante, en su momento serán quienes lleven a cabo, en conjunto con personal del IEEM, el cómputo de las elecciones que hoy se encuentran en desarrollo, son la mirada ciudadana que acompaña, proceso a proceso, la organización y vigilancia de la elección.

Los y las mexiquenses están representados en cada hombre y mujer consejera electoral de estos 18 órganos desconcentrados. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión.

Todas las elecciones cuando están en proceso representan grandes retos a las instituciones electorales, por ejemplo: la elección de la gubernatura en el Estado de México en 2023 lo fue al hablar de la posibilidad de que la entidad viviera o no la primera alternancia política después de 89 años de gobierno del PRI o la propia elección presidencial en 2024 con 2 mujeres contendiendo por el máximo cargo de representación popular en un país que sigue siendo machista, en ambos casos la participación ciudadana ha sido un tema permanente.

Se tienen registros que muestran que la ciudadanía participa más cuando se trata de la renovación de la presidencia de la república en comparación con procesos electorales intermedios, por ejemplo, en la elección para renovar la gubernatura en el Estado de México en 2023 la participación ciudadana fue del 53% y en la de la presidencia de la república del 62%.

Si las elecciones como se menciona tienen desafíos importantes, sin duda, la de personas juzgadoras más, dados los tiempos tan acotados que se tienen para su desarrollo.

Pero no solo ello, el análisis y aprobación de los marcos geográficos fue una ardua tarea ya que no coinciden territorialmente los distritos electorales federal ni locales con la forma en la que se encuentra la demarcación judicial en ambos niveles.

Otros más que debatir es el criterio adecuado para el establecimiento de los topes de gastos de campaña, los actos anticipados de campaña y la falta de regulación de temas en redes sociales que son el principal medio de promoción y difusión de las candidaturas. Se suma la necesaria explicación y difusión de cómo serán las boletas electorales.

En esta elección no hay emblemas y aunque muchos analistas refieren suspicacias respecto de las personas candidatas y su cercanía a diferentes sectores o grupos políticos de diferentes colores, ello no se ha acreditado y no hay precedentes al respecto.

En el caso de la entidad mexiquense la producción de 53 millones de boletas inició el pasado lunes 17 de marzo. Serán 4 boletas con 4 diferentes colores.

La boleta rosa para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la boleta azul para elegir a las 5 personas magistradas que conformarán el Tribunal de Disciplina Judicial, la boleta verde para la elección de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia en diferentes materias vacantes como son la familiar, penal o civil y la boleta naranja para los 55 cargos de jueces y juezas que hay vacantes también en diferentes materias como son civil, familiar, laboral, penal y mixto.

En esta ocasión la marca para votar será el número que corresponda a la persona que se elija y se coloque en un recuadro. Como en otras ocasiones el porcentaje de participación ciudadana estará sujeta a escrutinio.