Nuevamente las mujeres de todo el mundo se hicieron presentes en las calles el pasado #8M para elevar sus demandas y exigir respuestas a sus autoridades. Como pocos movimientos sociales, a nivel internacional el feminismo ha logrado colocarse en el centro del debate público, replanteando muchos de los pilares sobre los que descansaba nuestra sociedad. Con inteligencia y sensibilidad, pero también con hartazgo y agudeza, el discurso feminista ha reposicionado el papel de las mujeres que han sido víctimas de las violencias machistas, para no limitarlas a ser objetos de protección del Estado, sino sujetas activas en el ejercicio de sus derechos y protagonistas del cambio social que estamos experimentando.
No son menores los avances los que en el terreno discursivo y legal se han ganado en beneficio de todas nosotras, en aras de moldear una nueva realidad que también contemple nuestras necesidades, aspiraciones, capacidades, exigencias y deudas históricas. La relevancia de reconocer nuestras conquistas radica, sobre todo, en afirmar(nos) que otro mundo es posible, que si esas transformaciones han iniciado, no existen argumentos culturales, políticos o económicos que puedan detener la agenda por la justicia, la paridad y la equidad.
Sin embargo, también es fundamental subrayar que persiste una brecha significativa entre nuestro andamiaje legal y nuestra realidad institucional. La perspectiva de género debe abrazarse y difundirse más ampliamente a la hora de diseñar políticas públicas, asignar presupuestos, estudiar casos, emitir sentencias o aprobar leyes. Más aún, deben ser cada vez más las mujeres las que se encarguen directamente de realizar estas tareas de Estado.
Un ejemplo de lo anterior, digno de reconocerse, ha sido la llamada "Ley Monzón", impulsada por mujeres, aprobada recientemente por el Congreso del Estado de Puebla y que entró en vigor precisamente el 8 de marzo pasado. La legislación surge del lamentable asesinato de la abogada Cecilia Monzón, en donde el principal sospechoso, de acuerdo con las autoridades, es su ex pareja. En ese sentido, la legislación plantea suspender la patria potestad a los individuos que están vinculados a proceso por feminicidio o intento de feminicidio; colocando así el interés superior del menor por encima de la presunción de inocencia. Aunque puede ser impugnada, la reforma sienta un precedente no sólo en el sentido de elevar las sanciones contra los presuntos feminicidas, sino de replantear por completo su derecho a ejercer la patria potestad.
No obstante, toca ahora dar sentido y vigor a la norma, acatándola y haciéndola cumplir. La rendición de cuentas en el Poder Judicial local, la transparencia y la labor de los medios serán herramientas vitales para vigilar su correcto cumplimiento. Es labor de todas que estos elementos estén presentes en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Solamente de esa manera podremos pasar de un país de leyes a otro de realidades.
Conéctate