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Si bien el pasado cinco de enero inició formalmente el proceso electoral local 2024, a través del cual se renovarán el Congreso local y la totalidad de los ayuntamientos, materialmente su organización comenzó desde septiembre del año pasado cuando, como lo mencioné en la aportación de aquel mes, se iniciaron, entre otros, los trabajos para desarrollar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Debido a lo anterior, considero que es fundamental tener presente la enorme trascendencia del PREP y entender por qué, por un lado, se requiere que un sistema que se materializa y opera sólo el día de la jornada electoral (y eventualmente algunas unas horas más), sea desarrollado durante casi un año y, por el otro, comprender por qué históricamente los actores políticos y la ciudadanía no estiman adecuado esperar a los cómputos distritales y municipales que se llevan a cabo el miércoles siguiente al día de la jornada electoral para conocer el resultado de la elección.

Para dar respuesta a esta doble interrogante se debe partir del origen del PREP, el cual se implementó frente a la desconfianza en los resultados electorales como una herramienta que dotara de certeza a la elección. No podemos olvidar el lamentable suceso histórico que es conocido como la “caída del sistema” de 1988. Frente a este suceso, el antecedente inmediato que se tiene del PREP se remonta a 1991, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) utilizó el Sistema de Información de los Resultados Electorales Preliminares (SIRE) el cual, de acuerdo con datos del hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en aquellas elecciones logró procesar el 72.82 por ciento de las casillas y requirió un trabajo de setenta y dos horas ininterrumpidas. Posteriormente, la primera vez que se utilizó el PREP con el nombre que hoy lo conocemos fue en las elecciones de 1994, cuando se procesó el 92.27 por ciento de las casillas en cuatro días.

En ese contexto, y con el objetivo de dotar de certeza a los resultados electorales, este programa se perfecciona permanentemente, lo cual ha implicado aspectos como el hacer obligatorio su uso para las elecciones federales y locales; designar un comité técnico asesor con expertos en diversas áreas; someterlo a auditorías, así como llevar a cabo pruebas de funcionalidad y simulacros. Estas mejoras han propiciado que actualmente, y con un contraste significativo frente a los datos de 1991 y 1994, la misma noche de la jornada electoral se tengan más del noventa por ciento de las casillas procesadas.

Es en este orden de ideas que el IEEM lleva alrededor de cinco meses desarrollando el programa que operará el próximo dos de junio, con plena consciencia de que el PREP es una herramienta imprescindible, cuya finalidad es que la ciudadanía y los actores políticos tengan total confianza tanto en los resultados, como en el actuar de las autoridades electorales, lo cual es fundamental para la consolidación de nuestro sistema democrático.

Como viene sucediendo desde hace un poco más de veinte años, el pasado veinticinco de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que también marca el inicio (desde dos mil ocho) de la campaña ÚNETE, en la que durante dieciséis días se llevan a cabo diversas actividades con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esa problemática mundial que se aspira a erradicar.

En este marco, y a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres también está presente en el ámbito político, espacio en el que primordialmente pueden y deben actuar (por su naturaleza, atribuciones y funciones) las autoridades electorales.

Conforme a lo anterior, uno de los aspectos en los cuales se ha buscado incidir es en la postulación de las mujeres para los distintos cargos de elección popular en nuestro país, de tal suerte que desde hace más de veinticinco años se han impulsado cuotas de género, las cuales han aumentado gradualmente hasta el punto de buscar la hoy llamada “paridad en todo”. No obstante lo anterior, lo cierto es que todavía no contamos con datos duros acerca de que la mayor o menor participación de las mujeres en la vida político-electoral sea directamente proporcional la disminución o aumento, respectivamente, de la violencia política ejercida en su contra.

De hecho, la contienda electoral del proceso electoral 2020-2021, en el cual se llevaron a cabo elecciones federales y locales en todos los estados, y la Cámara de Diputados quedó, por primera vez, integrada con el cincuenta por ciento de hombres y el cincuenta por ciento de mujeres, se ha considerado como la más violenta contra éstas, de acuerdo con la organización Todas Mx y con el informe final de ese mismo año presentado por la Red de apoyo a Mujeres Municipalistas AC (REAMM). Basta con mencionar que lamentablemente veintiún candidatas fueron asesinadas.

En ese sentido, considero que aún teniendo datos que nos aseguraran la veracidad de la fórmula expresada, no basta con enfocarnos en cumplir o cubrir cuotas y estadísticas al momento de pretender erradicar este tipo de violencia. Es necesario implementar políticas públicas que deconstruyan los estereotipos, así como los paradigmas sociales y culturales que hemos mantenido por siglos y, consecuentemente, dejar absolutamente claro que todas las personas merecemos un trato respetuoso y el reconocimiento de nuestros derechos por el simple hecho de ser, precisamente, personas.

Refrendo la postura expresada en aportaciones anteriores: la lucha por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres no es una prerrogativa o concesión hacia ellas. En realidad, es un aspecto imprescindible que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben impulsar como premisa de igualdad material y auténticamente democrática.

El diecisiete de octubre pasado se conmemoró el setenta aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel federal. Lo anterior, debido a que en un día similar, pero de 1953, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 34 constitucional a través de la cual se reconoció que, al igual que los hombres, las mujeres que cumplieran 21 años, o 18 en caso de estar casadas, adquirían la calidad de ciudadanas y, por ende, sus derechos político-electorales. No se debe olvidar que seis años antes, en febrero de 1947, con la reforma al artículo 115 constitucional, se reconoció su derecho a votar y ser votadas pero exclusivamente a nivel municipal.

Considero que resulta imprescindible, en el marco de dicha conmemoración, reflexionar acerca de la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Al efecto, observar el contexto actual nos permite valorar la importancia del reconocimiento de ese derecho y es que, aunque 1953 suene lejano, si se toma en cuenta que México logró su independencia en 1821, esto significa que si bien  en apenas un tercio de vida independiente del país las mujeres han podido votar, también evidencia que durante más de un siglo ni siquiera eran reconocidas como ciudadanas.

De igual manera, se debe tomar en cuenta que de 1953 a la fecha, apenas seis mujeres han sido registradas como candidatas a la Presidencia de la República, de las cuales una de ellas, Rosario Ibarra, contendió en dos ocasiones (1982 y 1988) y solamente una, Margarita Zavala, lo ha hecho a través de la figura de candidatura independiente. En el mismo sentido, en estos setenta años las mujeres que han gobernado una entidad federativa no llegan ni a la veintena y hasta 2018 en el Congreso de la Unión no se había presentado la paridad, la cual solamente ha podido alcanzarse gracias a las cuotas de género que se han impulsado gradualmente.

Es aquí donde la reflexión debe ser más aguda, ya que si bien la igualdad formal del hombre y la mujer lleva décadas, la igualdad material ha seguido una suerte muy distinta, por lo que hemos tenido que generar las llamadas acciones afirmativas para que las mujeres puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales.

Es necesario reconocer que no solamente se trata de cumplir o cubrir cuotas, esto es, no bastan reformas legales en materia electoral, sino que deben instrumentarse verdaderas políticas de Estado que permitan cambiar patrones socioeconómicos y culturales para que, en consecuencia, se modifiquen la percepción y los estereotipos que hemos tenido acerca del papel de las mujeres en la sociedad. En este sentido, si seguimos solamente por el camino de las cuotas y las acciones afirmativas, esto no bastará para lograr la auténtica igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas, ni la consolidación de una sociedad democrática.

El pasado siete de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal al proceso electoral federal 2023-2024, el cual es concurrente con elecciones locales en las treinta y dos entidades federativas. En cuanto a nuestro estado de México, para el proceso electoral local 2024, el Instituto Electoral de la entidad (IEEM) deberá hacer lo propio, conforme a lo dispuesto en el Código Electoral, en enero del siguiente año.

No obstante esto último, es imprescindible hacerle saber a la ciudadanía que materialmente el IEEM ya ha iniciado los trabajos para organizar las elecciones a través de las cuales se renovarán el Congreso local y los ciento veinticinco ayuntamientos, y cuya jornada electoral se celebrará el dos de junio de 2024.

Antes de proveer algunos ejemplos de tal inicio material, debemos abrir un paréntesis y recordar que el IEEM cuenta con un Consejo General integrado, entre otros, por seis consejerías electorales, las cuales a su vez se organizan en comisiones. Ahora bien, hace unas semanas el referido consejo, además de conformar sus seis comisiones permanentes, creó tres comisiones especiales, las cuales tienen como objetivos, destacadamente, verificar que se ejecuten de manera cabal las actividades que requieren coordinación con el INE; supervisar el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); e integrar los órganos desconcentrados del propio Instituto, que son las juntas y los consejos distritales y municipales. En esa tesitura, ya se han realizado actos como la firma del Convenio de colaboración entre el INE y el IEEM; en las próximas semanas se comenzará con la integración del Comité Técnico Asesor del PREP, y se deberá aprobar y publicar la convocatoria para la ciudadanía que esté interesada en integrar los referidos órganos desconcentrados.

Aunado a los trabajos anteriores, actualmente el IEEM está llevando a cabo una consulta a los pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTTIQ+ y personas afromexiquenses, la cual tiene como objetivo conocer sus percepciones acerca de su representación política, así como sus formas de autoadscripción para que, con la información obtenida, se analice la implementación de acciones afirmativas en nuestra entidad.

De lo referido, se puede observar con total claridad que aunque aún falta poco más de tres meses para que formalmente se dé inicio a nuestro proceso electoral local, materialmente el IEEM ya ha iniciado distintas actividades necesarias para que nuestro proceso comicial se desarrolle de la mejor manera posible. Esto ilustra que la democracia no está limitada al ejercicio del derecho a votar sino que, como lo he sostenido en aportaciones anteriores, es una tarea diaria que requiere el permanente actuar de las autoridades electorales con el objetivo de atender, en el marco de sus atribuciones, los cambios sociales y con ello contribuir a la consolidación democrática.

El pasado veinte de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, entre otros, el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2023-2024. Debido a esto, considero que es importante tener presente que en ese proceso electoral concurrente, el cual formalmente dará inicio entre el cuatro y el ocho de septiembre, se renovarán no solamente todos los cargos federales de elección popular, es decir, la Presidencia de la República, así como las cámaras de Diputados y Senadores sino, también, nueve estados renovarán su gubernatura, treinta y una de las treinta y dos entidades federativas su congreso local (siendo la excepción Coahuila, que el año pasado celebró los comicios respectivos) y, en todas, sus ayuntamientos (en el caso de Ciudad de México, sus alcaldías).

En el caso particular de nuestro estado de México, este año tuvimos la elección para renovar la Gubernatura, por lo que el próximo se elegirá el Congreso local, conformado por setenta y cinco diputaciones (cuarenta y cinco por el principio de mayoría relativa y treinta por el principio de representación proporcional), así como las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías para los ciento veinticinco ayuntamientos.

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que el INE implementará, a nivel federal y local, la modalidad de votación anticipada y, desde luego, debemos estar atentos a las disposiciones que se emitan respecto a las modalidades de voto en prisión preventiva y lo relativo al voto desde el extranjero en las entidades que renuevan su gubernatura. No debe pasar inadvertido que, si bien esas modalidades son implementadas por el INE, los institutos locales también se involucran de manera directa en su desarrollo, lo cual implica la realización de trabajo coordinado y actividades conjuntas.

Lo referido permite resaltar la importancia que tienen los institutos electorales (el INE y los denominados OPL, a raíz de la reforma electoral de 2014), toda vez que si bien el INE se encargará de organizar la renovación de los cargos federales (629), son los institutos locales los que organizarán las elecciones en sus entidades, siendo un total, de acuerdo con datos del propio INE, de 19,634 cargos de elección popular.

Estas últimas cifras no solamente nos dan cuenta de la importancia de los organismos electorales, también permiten que se señale que debido a la cantidad de cargos a elegir y las diversas modalidades de votación que pueden implementarse, es imprescindible que se tomen en cuenta las experiencias recientes de los OPL y el propio INE. Esto es, los aciertos y logros, pero también los errores y las áreas donde se deba corregir y mejorar. Lo anterior, con la doble finalidad de que el proceso electoral concurrente 2023-2024 sea ejemplar y la ciudadanía ejerza, con toda confianza, su derecho político-electoral de votar y ser votada.