Como viene sucediendo desde hace un poco más de veinte años, el pasado veinticinco de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que también marca el inicio (desde dos mil ocho) de la campaña ÚNETE, en la que durante dieciséis días se llevan a cabo diversas actividades con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esa problemática mundial que se aspira a erradicar.
En este marco, y a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres también está presente en el ámbito político, espacio en el que primordialmente pueden y deben actuar (por su naturaleza, atribuciones y funciones) las autoridades electorales.
Conforme a lo anterior, uno de los aspectos en los cuales se ha buscado incidir es en la postulación de las mujeres para los distintos cargos de elección popular en nuestro país, de tal suerte que desde hace más de veinticinco años se han impulsado cuotas de género, las cuales han aumentado gradualmente hasta el punto de buscar la hoy llamada “paridad en todo”. No obstante lo anterior, lo cierto es que todavía no contamos con datos duros acerca de que la mayor o menor participación de las mujeres en la vida político-electoral sea directamente proporcional la disminución o aumento, respectivamente, de la violencia política ejercida en su contra.
De hecho, la contienda electoral del proceso electoral 2020-2021, en el cual se llevaron a cabo elecciones federales y locales en todos los estados, y la Cámara de Diputados quedó, por primera vez, integrada con el cincuenta por ciento de hombres y el cincuenta por ciento de mujeres, se ha considerado como la más violenta contra éstas, de acuerdo con la organización Todas Mx y con el informe final de ese mismo año presentado por la Red de apoyo a Mujeres Municipalistas AC (REAMM). Basta con mencionar que lamentablemente veintiún candidatas fueron asesinadas.
En ese sentido, considero que aún teniendo datos que nos aseguraran la veracidad de la fórmula expresada, no basta con enfocarnos en cumplir o cubrir cuotas y estadísticas al momento de pretender erradicar este tipo de violencia. Es necesario implementar políticas públicas que deconstruyan los estereotipos, así como los paradigmas sociales y culturales que hemos mantenido por siglos y, consecuentemente, dejar absolutamente claro que todas las personas merecemos un trato respetuoso y el reconocimiento de nuestros derechos por el simple hecho de ser, precisamente, personas.
Refrendo la postura expresada en aportaciones anteriores: la lucha por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres no es una prerrogativa o concesión hacia ellas. En realidad, es un aspecto imprescindible que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben impulsar como premisa de igualdad material y auténticamente democrática.
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