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Desde hace varios meses (inclusive años), diversas fuerzas y actores políticos han expuesto que es necesaria una reforma a nuestro sistema electoral por lo que, a la fecha, se cuenta con cerca de cuarenta iniciativas de reforma pendientes de estudio y dictamen.

Al respecto, si bien parece inminente que en unos meses podría haber una reforma, es necesario valorar, al menos, dos aspectos. El primero, es que se debe tener mesura y objetividad; es decir, no porque se tengan muchas iniciativas significa que realmente nuestro sistema electoral necesita ser modificado. Del análisis de la exposición de motivos de las diversas iniciativas se podría advertir la necesidad de una reforma constitucional que modifique sustancialmente el modelo democrático, o que tan sólo basta con realizar algunos ajustes a la legislación secundaria. Por esto, las iniciativas deben analizarse con la claridad y convicción de establecer, en primer lugar, si en realidad es viable modificar cuestiones esenciales o debieran limitarse a temas secundarios.

Aunado a lo anterior, también es crucial tomar en cuenta que desde 1977 -en cada sexenio- parece que existe la necesidad de impulsar, al menos, una reforma electoral. En ese sentido, se debe señalar que una reforma, por sí misma, no significa necesariamente que un sistema evoluciona y se perfecciona. El verdadero tema es, reitero, cómo y para qué se reforma.

El segundo aspecto que considero debe ser valorado es que no debemos incurrir en la falacia de estimar que si en otros países la democracia funciona de manera diferente, ello signifique que ésa es la mejor manera para todos. Resulta esencial que se atiendan las particularidades de nuestra sociedad y modelo democrático, así como sus cambios a través de los años.

En este sentido, no sólo es pertinente valorar democracias cuyos sistemas de gobierno sean similares a la democracia mexicana (por ejemplo de sistemas presidencialistas), sino valorar cómo llegaron al punto en el que se encuentran y si México podría incluir o no esas modalidades (a guisa de ejemplo el balotaje). De la misma manera, en caso de analizar democracias cuyos sistemas de gobierno no sean similares al mexicano, se debe considerar si determinadas características armonizan con nuestro modelo democrático y cuáles son las particularidades que debieran afinarse para su correcta implementación.

Además, quiero poner especial énfasis en recordar que la democracia mexicana se ha estado construyendo desde hace más de cuatro décadas y que no se debe a un partido político, a un sexenio, o a determinadas personas; es y deberá ser siempre una construcción de la sociedad en su conjunto.

Por último, considero que si se aspira a que México consolide su democracia, una reforma electoral no sólo debe robustecer sus instituciones sino que debe buscar, fundamentalmente, fortalecer la participación de la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

En aportaciones anteriores se ha señalado que la democracia es una tarea diaria que no empieza ni termina sólo con el ejercicio de los derechos político-electorales y que requiere la atención de lo que sucede en los distintos niveles de gobierno. A su vez, hemos apuntado que es necesario el estudio permanente de los diferentes sistemas y contextos democráticos con el objetivo de valorar cómo mejorar nuestro sistema y lograr la consolidación democrática.

Al tenor anterior, es necesario realizar una acotación más: la democracia demanda cambios e inclusión ya que, como expresó Norberto Bobbio en su obra El futuro de la democracia, “estar en transformación es su condición natural; la democracia es dinámica”.

En ese sentido, debe destacarse que los cambios e inclusión a que se refiere no solamente se presentan en las reglas democráticas o en la estructura de las instituciones, sino que también se llevan a cabo en la renovación de los cargos, ya sean éstos de elección popular o por designación.

Es decir, los cambios que se realizan deben obedecer a la evolución y realidad social que se vive; sin embargo, no deben ser incluidos de manera improvisada, pues se requiere su análisis cuidadoso. A manera de ejemplo, se tiene el voto de la ciudadanía que reside en el extranjero o la renovación escalonada de las consejerías y magistraturas electorales, posibilidades que además de incorporarse en la normatividad, exigen adecuar todo el sistema y establecer razonablemente el cómo se llevarán a cabo tales actividades.

Conforme a lo anterior, cuando se pretende transformar el sistema electoral se requiere no solamente la participación del Poder Legislativo que modifica las normas, sino también del Ejecutivo, el Judicial, los organismos autónomos y, por supuesto, del conjunto de la sociedad.

Por otro lado, respecto a la renovación de los cargos, el objetivo es claro: que nadie se perpetúe en el poder y que más personas puedan intervenir de manera directa en las decisiones que se toman. En este sentido, debemos pugnar por una mayor inclusión y participación social, pues ello permitiría que la renovación no solamente se dé entre personas con cierta trayectoria política o laboral, sino que también otros perfiles, como activistas, líderes sociales o de la academia, tengan la oportunidad de aportar al desarrollo de las instituciones y el Gobierno.

Es importante recordar que los cambios que se propongan deben cumplir un requisito indispensable: ser realizados antes de que inicien los procesos electorales, porque así se permite que todos los actores políticos conozcan previamente las reglas del juego y estén en condiciones de igualdad al momento de participar y competir.

Como una reflexión adicional, podemos decir que la democracia necesita cambiar al ritmo de la sociedad, pues de lo contrario perderá su eficiencia y podrían generarse retrocesos importantes. Debemos estar abiertos al cambio, siempre y cuando éste sea congruente, racional y legítimo.

El domingo pasado, los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo llevaron a cabo elecciones para la renovación de distintos cargos, destacadamente, eligieron gubernaturas. De cara al inicio del proceso electoral para la renovación de la Gubernatura de nuestro estado de México el próximo año, es importante revisar el desarrollo, los retos y las particularidades de los procesos en aquellas entidades federativas.

En el ámbito electoral es práctica común sostener que cada proceso electivo presenta particularidades, por lo que jamás se está frente a dos procesos iguales; en este sentido, haremos referencia precisamente a ciertas peculiaridades que destacan en los estados de Aguascalientes, Tamaulipas e Hidalgo.

En el caso de Aguascalientes (entidad que tuvo más de una particularidad) se está frente al primer estado en el cual todas las candidaturas para la Gubernatura fueron ocupadas por mujeres. Lo anterior es de suma relevancia porque permite analizar si tal situación se debió a que las acciones afirmativas que se han implementado desde hace años, tanto a nivel local como a nivel federal, están logrando su objetivo o si existieron circunstancias específicas que no necesariamente se pueden prever en todos los estados.

También, en Aguascalientes se impulsó el voto anticipado para personas que por razones médicas no pudieran salir de su domicilio a votar. Aunque en este primer ejercicio sólo participaron ciento veintiocho personas, se debe tener presente que esta prueba puede abrir la puerta para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto sin menoscabo de su salud o, no porque alguien padezca una enfermedad que le impida trasladarse, se quede sin ejercer su derecho al voto.

Aunado a lo anterior, Aguascalientes y Tamaulipas compartieron una particularidad: en ambas entidades se contó con urnas electrónicas para que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto. Si bien entre las dos entidades tuvieron un total de apenas cien urnas electrónicas, no debe perderse de vista que este ejercicio se suma a otros que han tenido el objetivo de determinar si es viable o no que el sistema electoral mexicano adopte en su integridad el voto electrónico.

Por su parte, en el caso de Hidalgo, a través de una acción afirmativa, se realizó una prueba piloto con votación vinculante para que personas en prisión preventiva ejercieran su derecho a votar a través del voto anticipado. En total, ciento dieciséis personas participaron en esta prueba, la cual es la primera en su tipo a nivel local y la antesala para que se implemente esta práctica a nivel federal en el 2024.

Como se puede observar, se está frente a ejercicios que incluso pueden ser determinantes para la modificación del sistema electoral federal, por lo que deben estudiarse cuidadosamente tanto por las autoridades locales como federales para, en su caso, ser implementadas o descartadas y, de esta manera, mejorar nuestros procesos democráticos.

Desde 1994, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, cada 3 de mayo se conmemora el día mundial de la libertad de prensa. De manera suscinta, para situarnos en el mismo contexto, se puede decir que ésta es entendida como aquella libertad de buscar y difundir información a través de los diversos medios que existen.

La libertad de prensa va de la mano de la libertad de expresión y la libertad de información ya que, como puede ser previsible pero vale la pena explicarse, si una de ellas se ve afectada, lo harán las otras dos. De esta manera, en un contexto en el cual la ciudadanía puede investigar, informar e informarse, así como expresar sus críticas al poder y el actuar del gobierno, se tienen las herramientas para cuestionar el proceder de quienes ejercen los cargos públicos y con ello exigir trasparencia y rendición de cuentas.

Por el contrario, en un contexto donde quienes ejercen el periodismo reciben amenzas, censura, persigue o incluso se les encarcela o asesina, es claro que no solamente se vulnera la libertad de prensa, sino también se vulnera la libertad de expresión de esas personas y la libertad de la ciudadanía en general a estar informada.

De lo mencionado se puede observar que estas tres libertades son fundamentales para construir sistemas democráticos, por lo que su evaluación constante permite saber si un régimen continúa avanzando hacia la consolidación de su democracia o, desafortunadamente, retrocede hacia el autoritarismo.

El caso mexicano es bastante particular pues, como es sabido, desde hace décadas nos encontramos en un periodo de transición democrática, lo que genera que se oscile entre avances y retrocesos. Ahora bien, respecto a la libertad de prensa en nuestra democracia, de acuerdo con Reporteros sin fronteras, de los 180 países analizados y ordenados de mayor a menor en cuanto a asegurar aquella libertad, en 2020 y 2021 México se ha mantenido en el lugar 143 (lamentable), lo cual es importante tener presente para reflexionar qué elementos normativos se deben mejorar y qué acciones implementar en aras de fortalecer tal libertad y con ello avanzar hacia una consolidación democrática.

Es muy relevante tomar en cuenta que, si bien nuestra Constitución prevé el reconocimiento y la obligación del Estado mexicano de garantizar ciertos derechos, entre los que se encuentra la libertad de prensa, esto no es suficiente si no se le acompañan de acciones concretas que permitan a la ciudadanía ejercer tales derechos.

En esa tesitura, utilicemos este día como incentivo para recordar que la democracia no se limita a ejercer el derecho al voto ni se asegura porque nuestra Constitución reconozca los derechos de la ciudadanía, sino que es una tarea diaria que se ve cumplida en acciones como informarse acerca de lo que ocurre en nuestro país y tener una postura crítica. No olvidemos que fomentar una prensa libre es propiciar una ciudadanía informada y, por ende, una mejor calidad democrática.

En aportaciones anteriores hemos comentado que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México se ha procurado, desde hace varios años, que las elecciones a los distintos cargos de elección popular se celebren en la misma fecha, lo cual tiene consecuencias de diverso tipo no sólo para la ciudadanía, sino también para las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Es respecto a éstas últimas que hoy haremos referencia.

A manera de contexto se debe recordar, brevemente, cómo está estructurado el sistema jurisdiccional electoral. Al efecto, se tiene que cada entidad federativa cuenta con un tribunal electoral local y, a nivel federal, se cuenta con un Tribunal Electoral que está conformado por cinco salas regionales, una sala especializada y una Sala Superior.

De acuerdo con lo anterior, de manera sencilla y sin omitir que existen particularidades, se puede señalar que en materia electoral existen tres instancias: una local y dos federales. Esto, debido a que las sentencias de los tribunales locales (primera instancia) pueden impugnarse ante una sala regional (segunda instancia) y, de ser el caso, ante la Sala Superior (tercera instancia).

Ahora bien, de manera esencial, la consecuencia más visible que deriva de la concurrencia de elecciones en el ámbito jurisdiccional electoral es una sobrecarga de asuntos, debido a los plazos brevísimos que se tiene para resolver y el número de cargos que se eligen.

Para ilustrar lo mencionado, en las elecciones de 2018 a nivel federal se votó por la Presidencia y el Congreso de la Unión, mientras que a nivel local 30 de las 32 entidades federativas tuvieron elecciones para renovar su gubernatura, congreso o ayuntamientos. En total, tanto a nivel federal como local, se eligieron 18,299 cargos (Memoria gráfica, INE, 2018). En tal sentido, de noviembre de 2017 (inicio de varios procesos electorales), a octubre de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 18,475 asuntos (Informe de labores 2017-2018, Sala Superior).

Es cierto que actualmente no todos los asuntos llegan hasta la Sala Superior, como sí ocurría antes de 2007, cuando las salas regionales eran temporales y, precisamente por la sobrecarga de impugnaciones, éstas se volvieron permanentes. No obstante, aún se presentan ocasiones en las que aquella ha tenido que resolver más de cien asuntos en una sola sesión.

Así, considero que es importante analizar si es pertinente mantener la directriz de realizar jornadas electorales concurrentes (por lo cual incluso algunos estados han realizado reformas a sus periodos de gobierno), o si al celebrarlas en fechas distintas se lograría que las instancias jurisdiccionales puedan estudiar con mayor detenimiento, profundidad y reflexión los asuntos, se eviten las actuales sobrecargas de trabajo para los tribunales electorales y la ciudadanía tenga mayor certeza en los resultados de las elecciones.

*La primera parte, referente a las jornadas electorales, se publicó el pasado primero de febrero. A su vez, un artículo acerca de las elecciones concurrentes fue publicado el 29 de septiembre de 2020.