Comunicación
Social

El pasado cuatro de enero inició formalmente el proceso electoral para renovar la titularidad de la Gubernatura de nuestra entidad. En la sesión respectiva, uno de los temas que consideré importante mencionar fue el relativo a la importancia de los procesos democráticos.

En aquella sesión mencioné que, en vísperas de un proceso electoral, se ha convertido en obligatorio señalar que “se está frente al más grande proceso electoral de la historia”, tomando como base, por ejemplo, que el estado de México es el más poblado y, por ende, cuenta con la Lista Nominal de Electores más grande del país, o que este proceso local es la antesala y prefigura de la elección federal de dos mil veinticuatro.

Repetir ese tipo de expresiones grandilocuentes en cada proceso electoral (y en cada oportunidad que se tiene), ha propiciado que pierda sentido y trascendencia, por lo que ha dejado de fomentar que se valore y reflexione acerca de la importancia de los procesos democráticos y la relevancia que representa el profesionalismo y actuar imparcial de las propias autoridades.

De manera particular quiero destacar que más allá de los discursos y planteamientos “políticamente correctos”, es absolutamente necesario que reflexionemos acerca de la autenticidad de nuestras convicciones democráticas y actuar en consecuencia. Es decir, no basta con lanzar discursos edulcorados que todo mundo acepta, sino que debemos tener claro que si dejamos de atender (sobre todo los actores políticos y las autoridades electorales) cabalmente los principios que rigen la materia electoral (certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad), en realidad estaremos debilitando las formas democráticas que nos hemos dado para elegir de forma pacífica a quienes nos gobiernan.

Conforme a lo anterior, considero que de presentarse la inobservancia de los principios rectores de la materia electoral, más temprano que tarde, ésta será advertida por la sociedad en su conjunto, lo cual podría no sólo generar que se deje de creer en la política en general y en los sistemas democráticos en particular, sino también que se arribe a otro tipo de fórmulas para la renovación de los poderes, las cuales no incluyan la participación de la ciudadanía, es decir, podríamos llegar a la dictadura. De ahí la importancia de retomar e impulsar nuestras convicciones democráticas para lograr que los procesos electorales verdaderamente garanticen la equidad y la certeza.

Me gustaría finalizar esta aportación retomando algo que también destaqué al inicio del proceso electoral. Las autoridades electorales administrativas no somos rivales de los partidos políticos ni de los tribunales, como a veces algunas voces malamente refieren. Al contrario, junto a la ciudadanía, todos, somos parte del engranaje necesario para que se tenga un sistema democrático sólido y en permanente evolución.

Desde el año dos mil, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que designaba el veinticinco de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esta problemática que se extiende a nivel mundial.

Posteriormente, en el dos mil ocho, el secretario general de la ONU lanzó la campaña ÚNETE la cual, entre otros aspectos, promovió que el veinticinco de cada mes se convirtiera en el Día Naranja, un día dedicado a generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres.

En este marco, a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres no solamente se presenta de manera física, sino que también existen otros tipos como la psicológica o la económica; incluso, tiene modalidades como la familiar, la laboral o la política. En tal sentido, es en esta última donde las autoridades electorales tienen participación directa.

Efectivamente, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género les impide ejercer sus derechos políticos plenamente, lo que ha generado históricamente una enorme brecha en el ejercicio y desarrollo político entre mujeres y hombres. Ante tal situación, la respuesta del Estado mexicano ha sido, destacadamente, tipificar esa modalidad de violencia en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; impulsar acciones afirmativas para abrirles espacios a las mujeres; crear protocolos de atención para cuando esos casos se presenten, así como capacitar a las personas servidoras públicas que brindan atención directa e inmediata.

No obstante, es necesario apuntar que desafortunadamente no se cuenta con datos duros acerca de si tales medidas han generado que realmente se cambie la cultura y forma de pensar de nuestra sociedad, pues si bien actualmente más mujeres forman parte de congresos, ayuntamientos y gabinetes, esos datos no permiten afirmar que existe una relación directa o indirecta entre tales medidas y el cambio cualitativo-social (no sólo numérico), que se desea para poder llegar a una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades.

Por lo anterior, ante el actual escenario político en el cual se valora una reforma al sistema electoral mexicano, considero que si bien de manera general ésta no puede ser producto de coyuntura política, particularmente tampoco lo puede ser el análisis de los avances y los retrocesos que han generado las medidas que el Estado ha tomado en la búsqueda de la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

En esa tesitura, vale la pena poner énfasis en que la eliminación de la violencia no es una prerrogativa o concesión para las mujeres, sino que es lo mínimo que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben hacer para alcanzar la consolidación de un mejor sistema democrático.

Para dar un encuadre al tema que se refiere es necesario esbozar, al menos, dos planteamientos: el primero es que, a partir de dos mil doce, cada once de octubre se conmemora el día internacional de la niña con el objetivo general de visualizar los problemas particulares que enfrentan, entre los que destacan la doble discriminación que sufren en razón de género y por su edad; el segundo consiste en que cuando se ponen sobre la mesa temas electorales (como lo pueden ser el ejercicio del derecho al voto o la erradicación de la violencia política en razón de género), se hace referencia casi en exclusiva a la ciudadanía, es decir, a toda persona que tiene dieciocho años o más, por lo que da la impresión de que a quienes no han cumplido esa edad no se les debe considerar en los trabajos o prácticas democráticas.

En ese orden de ideas, surge la reflexión de qué es lo que nuestro modelo democrático está haciendo para incluir a la niñez y a la juventud que en determinado momento alcanzarán la calidad de ciudadanía; esto es, cómo se les prepara para que en el momento que obtengan tal calidad puedan exigir y ejercer con plenitud sus derechos político-electorales y de esa manera participar activamente en la toma de decisiones fundamentales para la sociedad, como los son las cuestiones políticas.

Frente a un panorama en el cuál una posible reforma electoral ha sido el centro de atención, es importante que se analice de manera profunda si nuestro sistema democrático debe incluir acciones dirigidas a ambos grupos para que, por un lado, se les incluya y se les otorgen las herramientas para entender cuáles serán no sólo sus derechos, sino también sus obligaciones al cumplir la mayoría de edad, así como la importancia de, respectivamente, ejercerlos y cumplirlas.

Por otro lado, también se debe revisar qué se está haciendo para que desde temprana edad se les proporcionen las bases de una sociedad igualitaria y democrática. No basta con tener programas y legislación en temas electorales que sólo atienden a la ciudadanía. Se deben realizar acciones enfocadas en la niñez y juventud para que cuando se incorporen a la adultez sea posible que contribuyan a que las desigualdades y brechas en el ejercicio de los derechos se eliminen o, al menos, disminuyan. Es evidente que para la construcción de un país democrático debemos actuar en muchos más terrenos que solamente en el de la legislación electoral.

En ese marco, a propósito del día internacional de la niña, veamos esta conmemoración como una oportunidad para reflexionar acerca de las tareas pendientes de nuestra democracia hacia ese grupo particular, así como respecto a la niñez en general y actuar en consecuencia. Es sustancial tener presente que la democracia es mucho más que sólo una forma de gobierno o modelo social y debe incluir la participación de todas y todos. Al final, la democracia es de y para toda la sociedad mexicana.

Desde hace varios meses la posibilidad de una reforma electoral ha recibido una amplia divulgación, lo cual ha generado que diversos sectores, desde la academia hasta quienes ostentan un cargo de elección popular, se manifiesten a favor o en contra (algunos con propuestas y otros sin ellas) de modificar el sistema electoral mexicano.

En este contexto, llama la atención el poco interés que se le ha dado al tema de la participación de la ciudadanía en las elecciones. Como es sabido, y para lo cual se puede consultar el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 del Instituto Nacional Electoral (INE), en México la participación más alta se registra cuando se renuevan todos los cargos de elección popular federales, es decir, las cámaras de diputados y senadores, así como la Presidencia de la República, renovación que eventualmente coincide con algunas elecciones locales. Por su parte, cuando en las entidades federativas solamente se celebran elecciones locales, o incluso cuando se coincide con la renovación de la Cámara de Diputados (conocidas como elecciones intermedias), en muchos casos la participación disminuye considerablemente.

Podemos ilustrar lo anterior con los siguientes datos: A partir de que se tuvo un órgano autónomo que organizara las elecciones (el Instituto Federal Electoral), encontramos que de la elección federal en 1990 a la de 2018, la participación ciudadana más alta se registró en 1994, cuando se superó el 77 por ciento; de ese año a la fecha, la participación se ha mantenido entre el 63 y 64 por ciento.

Sin embargo, al revisar la estadística de las llamadas elecciones intermedias, sorprendentemente la participación más alta se presentó en 1990, cuando alcanzó el 66 por ciento, mientras que en 2003 la participación bajó hasta 41.3 por ciento, y en las últimas intermedias de 2021 se registró un 52 por ciento.

De acuerdo con los datos proporcionados por el propio INE, es sumamente importante que desde los órganos legislativos se revise el porqué la participación ciudadana presenta esos registros tan dispares. Posiblemente, algunas personas presenten con orgullo el que más de la mitad de la ciudadanía participe en los comicios, sin embargo, deberíamos preocuparnos por lo que está pasando con la ciudadanía que no vota (en ocasiones, más de la mitad).

No debe pasar inadvertido que, como ya lo hemos señalado, la democracia es una tarea diaria que atañe a toda la sociedad mexicana, por lo que si se quiere alcanzar su consolidación es necesario que toda la ciudadanía participe y se involucre, lo cual debe ser una prioridad tanto de las autoridades electorales, como del Gobierno.

Esperemos que el cómo incentivar la participación ciudadana sea un tema ampliamente estudiado y analizado de cara a la discusión de una posible reforma electoral ya que, nos queda claro, sigue siendo una de las tareas pendientes en la búsqueda de nuestra consolidación democrática.

Desde hace varios meses (inclusive años), diversas fuerzas y actores políticos han expuesto que es necesaria una reforma a nuestro sistema electoral por lo que, a la fecha, se cuenta con cerca de cuarenta iniciativas de reforma pendientes de estudio y dictamen.

Al respecto, si bien parece inminente que en unos meses podría haber una reforma, es necesario valorar, al menos, dos aspectos. El primero, es que se debe tener mesura y objetividad; es decir, no porque se tengan muchas iniciativas significa que realmente nuestro sistema electoral necesita ser modificado. Del análisis de la exposición de motivos de las diversas iniciativas se podría advertir la necesidad de una reforma constitucional que modifique sustancialmente el modelo democrático, o que tan sólo basta con realizar algunos ajustes a la legislación secundaria. Por esto, las iniciativas deben analizarse con la claridad y convicción de establecer, en primer lugar, si en realidad es viable modificar cuestiones esenciales o debieran limitarse a temas secundarios.

Aunado a lo anterior, también es crucial tomar en cuenta que desde 1977 -en cada sexenio- parece que existe la necesidad de impulsar, al menos, una reforma electoral. En ese sentido, se debe señalar que una reforma, por sí misma, no significa necesariamente que un sistema evoluciona y se perfecciona. El verdadero tema es, reitero, cómo y para qué se reforma.

El segundo aspecto que considero debe ser valorado es que no debemos incurrir en la falacia de estimar que si en otros países la democracia funciona de manera diferente, ello signifique que ésa es la mejor manera para todos. Resulta esencial que se atiendan las particularidades de nuestra sociedad y modelo democrático, así como sus cambios a través de los años.

En este sentido, no sólo es pertinente valorar democracias cuyos sistemas de gobierno sean similares a la democracia mexicana (por ejemplo de sistemas presidencialistas), sino valorar cómo llegaron al punto en el que se encuentran y si México podría incluir o no esas modalidades (a guisa de ejemplo el balotaje). De la misma manera, en caso de analizar democracias cuyos sistemas de gobierno no sean similares al mexicano, se debe considerar si determinadas características armonizan con nuestro modelo democrático y cuáles son las particularidades que debieran afinarse para su correcta implementación.

Además, quiero poner especial énfasis en recordar que la democracia mexicana se ha estado construyendo desde hace más de cuatro décadas y que no se debe a un partido político, a un sexenio, o a determinadas personas; es y deberá ser siempre una construcción de la sociedad en su conjunto.

Por último, considero que si se aspira a que México consolide su democracia, una reforma electoral no sólo debe robustecer sus instituciones sino que debe buscar, fundamentalmente, fortalecer la participación de la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.