Comunicación
Social

Martes, 22 Noviembre 2022 09:00

A propósito del Día Naranja

Desde el año dos mil, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que designaba el veinticinco de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esta problemática que se extiende a nivel mundial.

 

Posteriormente, en el dos mil ocho, el secretario general de la ONU lanzó la campaña ÚNETE la cual, entre otros aspectos, promovió que el veinticinco de cada mes se convirtiera en el Día Naranja, un día dedicado a generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres.

 

En este marco, a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres no solamente se presenta de manera física, sino que también existen otros tipos como la psicológica o la económica; incluso, tiene modalidades como la familiar, la laboral o la política. En tal sentido, es en esta última donde las autoridades electorales tienen participación directa.

 

Efectivamente, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género les impide ejercer sus derechos políticos plenamente, lo que ha generado históricamente una enorme brecha en el ejercicio y desarrollo político entre mujeres y hombres. Ante tal situación, la respuesta del Estado mexicano ha sido, destacadamente, tipificar esa modalidad de violencia en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; impulsar acciones afirmativas para abrirles espacios a las mujeres; crear protocolos de atención para cuando esos casos se presenten, así como capacitar a las personas servidoras públicas que brindan atención directa e inmediata.

 

No obstante, es necesario apuntar que desafortunadamente no se cuenta con datos duros acerca de si tales medidas han generado que realmente se cambie la cultura y forma de pensar de nuestra sociedad, pues si bien actualmente más mujeres forman parte de congresos, ayuntamientos y gabinetes, esos datos no permiten afirmar que existe una relación directa o indirecta entre tales medidas y el cambio cualitativo-social (no sólo numérico), que se desea para poder llegar a una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades.

 

Por lo anterior, ante el actual escenario político en el cual se valora una reforma al sistema electoral mexicano, considero que si bien de manera general ésta no puede ser producto de coyuntura política, particularmente tampoco lo puede ser el análisis de los avances y los retrocesos que han generado las medidas que el Estado ha tomado en la búsqueda de la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

 

En esa tesitura, vale la pena poner énfasis en que la eliminación de la violencia no es una prerrogativa o concesión para las mujeres, sino que es lo mínimo que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben hacer para alcanzar la consolidación de un mejor sistema democrático.

Para dar un encuadre al tema que se refiere es necesario esbozar, al menos, dos planteamientos: el primero es que, a partir de dos mil doce, cada once de octubre se conmemora el día internacional de la niña con el objetivo general de visualizar los problemas particulares que enfrentan, entre los que destacan la doble discriminación que sufren en razón de género y por su edad; el segundo consiste en que cuando se ponen sobre la mesa temas electorales (como lo pueden ser el ejercicio del derecho al voto o la erradicación de la violencia política en razón de género), se hace referencia casi en exclusiva a la ciudadanía, es decir, a toda persona que tiene dieciocho años o más, por lo que da la impresión de que a quienes no han cumplido esa edad no se les debe considerar en los trabajos o prácticas democráticas.

 

En ese orden de ideas, surge la reflexión de qué es lo que nuestro modelo democrático está haciendo para incluir a la niñez y a la juventud que en determinado momento alcanzarán la calidad de ciudadanía; esto es, cómo se les prepara para que en el momento que obtengan tal calidad puedan exigir y ejercer con plenitud sus derechos político-electorales y de esa manera participar activamente en la toma de decisiones fundamentales para la sociedad, como los son las cuestiones políticas.

 

Frente a un panorama en el cuál una posible reforma electoral ha sido el centro de atención, es importante que se analice de manera profunda si nuestro sistema democrático debe incluir acciones dirigidas a ambos grupos para que, por un lado, se les incluya y se les otorgen las herramientas para entender cuáles serán no sólo sus derechos, sino también sus obligaciones al cumplir la mayoría de edad, así como la importancia de, respectivamente, ejercerlos y cumplirlas.

 

Por otro lado, también se debe revisar qué se está haciendo para que desde temprana edad se les proporcionen las bases de una sociedad igualitaria y democrática. No basta con tener programas y legislación en temas electorales que sólo atienden a la ciudadanía. Se deben realizar acciones enfocadas en la niñez y juventud para que cuando se incorporen a la adultez sea posible que contribuyan a que las desigualdades y brechas en el ejercicio de los derechos se eliminen o, al menos, disminuyan. Es evidente que para la construcción de un país democrático debemos actuar en muchos más terrenos que solamente en el de la legislación electoral.

 

En ese marco, a propósito del día internacional de la niña, veamos esta conmemoración como una oportunidad para reflexionar acerca de las tareas pendientes de nuestra democracia hacia ese grupo particular, así como respecto a la niñez en general y actuar en consecuencia. Es sustancial tener presente que la democracia es mucho más que sólo una forma de gobierno o modelo social y debe incluir la participación de todas y todos. Al final, la democracia es de y para toda la sociedad mexicana.

Martes, 06 Septiembre 2022 08:00

Participación ciudadana: una tarea pendiente

Desde hace varios meses la posibilidad de una reforma electoral ha recibido una amplia divulgación, lo cual ha generado que diversos sectores, desde la academia hasta quienes ostentan un cargo de elección popular, se manifiesten a favor o en contra (algunos con propuestas y otros sin ellas) de modificar el sistema electoral mexicano.

 

En este contexto, llama la atención el poco interés que se le ha dado al tema de la participación de la ciudadanía en las elecciones. Como es sabido, y para lo cual se puede consultar el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 del Instituto Nacional Electoral (INE), en México la participación más alta se registra cuando se renuevan todos los cargos de elección popular federales, es decir, las cámaras de diputados y senadores, así como la Presidencia de la República, renovación que eventualmente coincide con algunas elecciones locales. Por su parte, cuando en las entidades federativas solamente se celebran elecciones locales, o incluso cuando se coincide con la renovación de la Cámara de Diputados (conocidas como elecciones intermedias), en muchos casos la participación disminuye considerablemente.

 

Podemos ilustrar lo anterior con los siguientes datos: A partir de que se tuvo un órgano autónomo que organizara las elecciones (el Instituto Federal Electoral), encontramos que de la elección federal en 1990 a la de 2018, la participación ciudadana más alta se registró en 1994, cuando se superó el 77 por ciento; de ese año a la fecha, la participación se ha mantenido entre el 63 y 64 por ciento.

 

Sin embargo, al revisar la estadística de las llamadas elecciones intermedias, sorprendentemente la participación más alta se presentó en 1990, cuando alcanzó el 66 por ciento, mientras que en 2003 la participación bajó hasta 41.3 por ciento, y en las últimas intermedias de 2021 se registró un 52 por ciento.

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el propio INE, es sumamente importante que desde los órganos legislativos se revise el porqué la participación ciudadana presenta esos registros tan dispares. Posiblemente, algunas personas presenten con orgullo el que más de la mitad de la ciudadanía participe en los comicios, sin embargo, deberíamos preocuparnos por lo que está pasando con la ciudadanía que no vota (en ocasiones, más de la mitad).

 

No debe pasar inadvertido que, como ya lo hemos señalado, la democracia es una tarea diaria que atañe a toda la sociedad mexicana, por lo que si se quiere alcanzar su consolidación es necesario que toda la ciudadanía participe y se involucre, lo cual debe ser una prioridad tanto de las autoridades electorales, como del Gobierno.

 

Esperemos que el cómo incentivar la participación ciudadana sea un tema ampliamente estudiado y analizado de cara a la discusión de una posible reforma electoral ya que, nos queda claro, sigue siendo una de las tareas pendientes en la búsqueda de nuestra consolidación democrática.

Martes, 02 Agosto 2022 09:00

A propósito de las reformas electorales

Desde hace varios meses (inclusive años), diversas fuerzas y actores políticos han expuesto que es necesaria una reforma a nuestro sistema electoral por lo que, a la fecha, se cuenta con cerca de cuarenta iniciativas de reforma pendientes de estudio y dictamen.

 

Al respecto, si bien parece inminente que en unos meses podría haber una reforma, es necesario valorar, al menos, dos aspectos. El primero, es que se debe tener mesura y objetividad; es decir, no porque se tengan muchas iniciativas significa que realmente nuestro sistema electoral necesita ser modificado. Del análisis de la exposición de motivos de las diversas iniciativas se podría advertir la necesidad de una reforma constitucional que modifique sustancialmente el modelo democrático, o que tan sólo basta con realizar algunos ajustes a la legislación secundaria. Por esto, las iniciativas deben analizarse con la claridad y convicción de establecer, en primer lugar, si en realidad es viable modificar cuestiones esenciales o debieran limitarse a temas secundarios.

 

Aunado a lo anterior, también es crucial tomar en cuenta que desde 1977 -en cada sexenio- parece que existe la necesidad de impulsar, al menos, una reforma electoral. En ese sentido, se debe señalar que una reforma, por sí misma, no significa necesariamente que un sistema evoluciona y se perfecciona. El verdadero tema es, reitero, cómo y para qué se reforma.

 

El segundo aspecto que considero debe ser valorado es que no debemos incurrir en la falacia de estimar que si en otros países la democracia funciona de manera diferente, ello signifique que ésa es la mejor manera para todos. Resulta esencial que se atiendan las particularidades de nuestra sociedad y modelo democrático, así como sus cambios a través de los años.

 

En este sentido, no sólo es pertinente valorar democracias cuyos sistemas de gobierno sean similares a la democracia mexicana (por ejemplo de sistemas presidencialistas), sino valorar cómo llegaron al punto en el que se encuentran y si México podría incluir o no esas modalidades (a guisa de ejemplo el balotaje). De la misma manera, en caso de analizar democracias cuyos sistemas de gobierno no sean similares al mexicano, se debe considerar si determinadas características armonizan con nuestro modelo democrático y cuáles son las particularidades que debieran afinarse para su correcta implementación.

 

Además, quiero poner especial énfasis en recordar que la democracia mexicana se ha estado construyendo desde hace más de cuatro décadas y que no se debe a un partido político, a un sexenio, o a determinadas personas; es y deberá ser siempre una construcción de la sociedad en su conjunto.

 

Por último, considero que si se aspira a que México consolide su democracia, una reforma electoral no sólo debe robustecer sus instituciones sino que debe buscar, fundamentalmente, fortalecer la participación de la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

Martes, 05 Julio 2022 09:00

Los cambios en la democracia

En aportaciones anteriores se ha señalado que la democracia es una tarea diaria que no empieza ni termina sólo con el ejercicio de los derechos político-electorales y que requiere la atención de lo que sucede en los distintos niveles de gobierno. A su vez, hemos apuntado que es necesario el estudio permanente de los diferentes sistemas y contextos democráticos con el objetivo de valorar cómo mejorar nuestro sistema y lograr la consolidación democrática.

 

Al tenor anterior, es necesario realizar una acotación más: la democracia demanda cambios e inclusión ya que, como expresó Norberto Bobbio en su obra El futuro de la democracia, “estar en transformación es su condición natural; la democracia es dinámica”.

 

En ese sentido, debe destacarse que los cambios e inclusión a que se refiere no solamente se presentan en las reglas democráticas o en la estructura de las instituciones, sino que también se llevan a cabo en la renovación de los cargos, ya sean éstos de elección popular o por designación.

 

Es decir, los cambios que se realizan deben obedecer a la evolución y realidad social que se vive; sin embargo, no deben ser incluidos de manera improvisada, pues se requiere su análisis cuidadoso. A manera de ejemplo, se tiene el voto de la ciudadanía que reside en el extranjero o la renovación escalonada de las consejerías y magistraturas electorales, posibilidades que además de incorporarse en la normatividad, exigen adecuar todo el sistema y establecer razonablemente el cómo se llevarán a cabo tales actividades.

 

Conforme a lo anterior, cuando se pretende transformar el sistema electoral se requiere no solamente la participación del Poder Legislativo que modifica las normas, sino también del Ejecutivo, el Judicial, los organismos autónomos y, por supuesto, del conjunto de la sociedad.

 

Por otro lado, respecto a la renovación de los cargos, el objetivo es claro: que nadie se perpetúe en el poder y que más personas puedan intervenir de manera directa en las decisiones que se toman. En este sentido, debemos pugnar por una mayor inclusión y participación social, pues ello permitiría que la renovación no solamente se dé entre personas con cierta trayectoria política o laboral, sino que también otros perfiles, como activistas, líderes sociales o de la academia, tengan la oportunidad de aportar al desarrollo de las instituciones y el Gobierno.

 

Es importante recordar que los cambios que se propongan deben cumplir un requisito indispensable: ser realizados antes de que inicien los procesos electorales, porque así se permite que todos los actores políticos conozcan previamente las reglas del juego y estén en condiciones de igualdad al momento de participar y competir.

 

Como una reflexión adicional, podemos decir que la democracia necesita cambiar al ritmo de la sociedad, pues de lo contrario perderá su eficiencia y podrían generarse retrocesos importantes. Debemos estar abiertos al cambio, siempre y cuando éste sea congruente, racional y legítimo.

Página 3 de 7

Conéctate