Desde el año dos mil, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que designaba el veinticinco de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esta problemática que se extiende a nivel mundial.
Posteriormente, en el dos mil ocho, el secretario general de la ONU lanzó la campaña ÚNETE la cual, entre otros aspectos, promovió que el veinticinco de cada mes se convirtiera en el Día Naranja, un día dedicado a generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres.
En este marco, a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres no solamente se presenta de manera física, sino que también existen otros tipos como la psicológica o la económica; incluso, tiene modalidades como la familiar, la laboral o la política. En tal sentido, es en esta última donde las autoridades electorales tienen participación directa.
Efectivamente, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género les impide ejercer sus derechos políticos plenamente, lo que ha generado históricamente una enorme brecha en el ejercicio y desarrollo político entre mujeres y hombres. Ante tal situación, la respuesta del Estado mexicano ha sido, destacadamente, tipificar esa modalidad de violencia en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; impulsar acciones afirmativas para abrirles espacios a las mujeres; crear protocolos de atención para cuando esos casos se presenten, así como capacitar a las personas servidoras públicas que brindan atención directa e inmediata.
No obstante, es necesario apuntar que desafortunadamente no se cuenta con datos duros acerca de si tales medidas han generado que realmente se cambie la cultura y forma de pensar de nuestra sociedad, pues si bien actualmente más mujeres forman parte de congresos, ayuntamientos y gabinetes, esos datos no permiten afirmar que existe una relación directa o indirecta entre tales medidas y el cambio cualitativo-social (no sólo numérico), que se desea para poder llegar a una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades.
Por lo anterior, ante el actual escenario político en el cual se valora una reforma al sistema electoral mexicano, considero que si bien de manera general ésta no puede ser producto de coyuntura política, particularmente tampoco lo puede ser el análisis de los avances y los retrocesos que han generado las medidas que el Estado ha tomado en la búsqueda de la erradicación de la violencia política contra las mujeres.
En esa tesitura, vale la pena poner énfasis en que la eliminación de la violencia no es una prerrogativa o concesión para las mujeres, sino que es lo mínimo que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben hacer para alcanzar la consolidación de un mejor sistema democrático.
Conéctate