Uno de los objetivos de la reforma electoral es la reducción en el costo que tiene organizar elecciones.

Hay diferentes miradas sobre este tema, si se consulta a la ciudadanía que día a día se encuentra inmersa en sus propias dinámicas de vida como trasladarse a sus trabajos que en ocasiones están a más de 2 horas, los cuidados que deben proveer a sus hijos, personas mayores y familiares con alguna discapacidad; por supuesto que al conocer los millones de pesos que se usan para organizar un proceso electoral, les enfada y hay un serio reproche.

Si a ello se le suman las críticas que se han hecho a los altos salarios que percibe una parte del funcionariado electoral en contraste con la remuneración del resto de la ciudadanía a su trabajo, resulta evidente que el grueso de la población estará de acuerdo en reducir esos gastos.

Y es que las cifras son enormes, cuando se plantean los proyectos de presupuesto pero vale la pena mencionar que se incluye en ellos, una parte de ese dinero son las prerrogativas que se ministran a los partidos políticos, quienes las reciben a nivel nacional y también local.

No son los únicos gastos hay otros rubros en los que se eroga también una gran cantidad de dinero, uno de ellos la impresión de las boletas electorales.

Por ejemplo en el Estado de México en el proceso electoral 2021 se gastaron poco mas de 89 millones de pesos y en 2024 100 millones, en ambos procesos se renovó el Congreso local (75 escaños: 45 por mayoría relativa y 30 plurinominales) y 125 Ayuntamientos.

¿Cómo puede suplirse este enorme gasto? que además genera ganancias millonarias a un número reducido de empresas. Una vía es el voto electrónico que ha operado en nuestro sistema electoral para los mexicanos que radican en el extranjero y que ha ido en aumento su aceptación.

Como ejemplo, en la entidad mexiquense en 2024 se recibieron 14 mil 192 votos para elegir diputaciones de representación proporcional, de los cuales 75.8 % eligió el voto electrónico 17 % el voto postal y sólo el 7.2% el voto presencial, lo que represento un incremento del 612% en comparación con la elección de 2023, lo que nos habla de una buena aceptación a esta modalidad de votación.

El voto electrónico cumple con medidas de ciberseguridad que sin duda tendrían que ser reforzadas, pero permite que desde el lugar en el que te encuentres teniendo tu contraseña y una computadora o desde tu dispositivo móvil puedas votar, con lo que se reduce la impresión de boletas.

Con las experiencias nacional y desde lo local será importante se considere el voto electrónico sin dejar de lado las garantías de secrecía y su seguridad.

Para las mujeres en el mundo y en nuestro país ocupar un cargo público de poder ha sido en muchos casos una hazaña que ha estado plagada de circunstancias complejas, lidiando con estereotipos de género, violencia de diversos tipos y de críticas ante la gestión y exigencias de resultados. A los hombres no se les exigía ni se les exige aún eso.

La agenda 2030 es un compromiso global, en el que se comprometieron en 2015, 193 países, uno de ellos México, y cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo.

En los 17 objetivos algunos de ellos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, justicia e instituciones sólidas, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de ellos.

A una década de ese compromiso ¿Tenemos avances? Sí pero no como se esperaría que fueran. La deconstrucción de un sistema y sus formas de operar la política, la economía y los conflictos sin paz relentalizan los procesos.

En el caso de mujeres en cargos directivos gubernamentales al 1º de junio de 2025 hay 27 países donde 31 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado o de Gobierno y sólo 6 países tiene un 50% o más de mujeres en el parlamento.

Con estas cifras y a este ritmo la igualdad de género en los espacios de las cúpulas del poder tardará en llegar 130 años más.

Uno de los 6 países en mención es México tanto en la integración paritaria de cámaras como contar con una mujer ejerciendo el cargo de la presidencia de la República.

En los estudios que realizan organismos internacionales hay evidencia que demuestra que la presencia de mujeres líderes en la vida pública genera mejores políticas públicas porque se defienden asuntos de igualdad de género.

El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe, a un mes de cumplir un año de su gestión cuenta con 79% de aprobación de la ciudadanía.

En marzo de 2024 anunció 10 acciones para reivindicar a las mexicanas y nuestros derechos. Su conducción y decisiones frente a las políticas de Donald Trump han resultado adecuadas y ha sido clara en proponer erradicar el nepotismo con la iniciativa que envío. Muchas mujeres se han beneficiado de programas sociales y han salido de la pobreza millones de familias.

Habrá quien diga que es poco y creo que se equivoca. Hay mucho aún por hacer y somos corresponsables de ello como ciudadanía.

Hay que reconocer la forma en la que las mujeres, ejercen su liderazgo y éste se refleja en acciones concretas.

Con la reforma judicial materializada, queda ver el cambio que se ha propuesto por Hugo Aguilar Ortiz, el primer indígena en ocupar ese cargo en 180 años, la promesa es hacer justicia a los más desvalidos, veremos si es así.

Con ese antecedente y la creación por decreto presidencial de la comisión de Reforma Política Electoral lo que sigue es la propuesta de un cambio profundo ahora en el sistema político electoral, ¿es necesario? sí, soy de las convencidas en ello.

El sistema político electoral requiere ajustarse a la realidad que vive el país. Los foros propuestos para poder escuchar como la presidenta ha dicho al pueblo serán fundamentales, siempre y cuando los mismos sean completamente incluyentes.

Hace unos días la mandataria expresó que hay quienes se consideran dueños de la palabra democracia, habla sobre todo de aquellos que encumbrados en su momento en el poder de la instancia electoral hoy creen tener la razón de mantener el sistema tal como está.

Y tiene razón, son personajes que secuestraron el INE y también a los OPLs en muchos sentidos incluidas las designaciones de consejerías de los institutos electorales locales que lejos de abonar a la democracia del país en muchos casos solo crearon distancias enormes con la ciudadanía; esa que lucho por la creación del IFE que poco a poco termino por no ser vista por muchas autoridades electorales.

¿Cuál es el papel que deben tener las actuales autoridades electorales? Debemos ser completamente abiertas al cambio, estar a la altura de las circunstancias históricas que vive el país y aportar desde el conocimiento adquirido lo que puede ser funcional para continuar con la construcción de la aspiración de ser un país democrático plenamente.

Los Organismos Públicos Locales iban a desaparecer desde 2014, ante las resistencias y consensos de quienes formaron parte del pacto por México se decidió la creación de un híbrido, centralizando más de 73 facultades que tenían las instituciones locales.

Los institutos locales en total coordinación con el INE son los encargados de organizar las elecciones para renovar ayuntamientos, diputaciones y la gubernatura de la entidad. Las boletas se diseñan con aprobación del INE y se pagan con recursos de la entidad.

Respecto del financiamiento a los partidos lo que hacemos sólo es aplicar una fórmula que está establecida en el Código Electoral sin poder generar ningún tipo de modificación ante el aumento progresivo que cada año tiene en función de la operación aritmética señalada.

Sin embargo; hay momentos importantes como el registro de las candidaturas en donde se debe verificar la elegibilidad de las personas postuladas y los cómputos, claro que es necesario reconocer el trabajo técnico de quienes conforman los institutos electorales locales y repensar su papel autónomo, pero de forma auténtica.

Su creación se da en un contexto donde el país vive cambios profundos como la elección por voto popular de integrantes del poder judicial y en el que existe una fuerza política hoy MORENA con una mayoría que desde tiempos del PRI en su hegemonía no se veía, particularmente en el nivel de aceptación no solo a la figura presidencial sino a las reformas que se han propuesto.

A pesar de la baja participación en el reciente proceso electoral derivado de varios factores, la ciudadanía mexicana en su gran mayoría coincidía en la transformación del Poder Judicial y en este momento respecto de la reforma electoral una encuesta realizada por Mitofsky refiere que 49.6% de los encuestados considera urgente modificar las reglas electorales.

La percepción de la ciudadanía de cambiar las reglas en materia político electoral no es sólo de hoy, en noviembre de 2022 el INE realizo una encuesta cuyo resultado arrojó que 51% aprobaba la reforma electoral, 93% reducir el financiamiento a partidos políticos, 87% disminuir plurinominales y 43% consideró que se gasta demasiado en los procesos de organización de elecciones.

Por ello, la comisión cobra gran relevancia; la presidenta Claudia Sheinbaum le da vida en ejercicio de la facultad que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorga para constituir comisiones presidenciales de carácter transitorio o permanente con el objetivo de crear grupos de trabajo especial para cumplir funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones.

Desde su aparición se han generado diversas criticas y objeciones de actores políticos de oposición así como de ex autoridades electorales [varias por cierto, sin peso moral por sus actuaciones], que refieren se trata de un retroceso; sin embargo, no existe ninguna propuesta aún, solo un decreto que refiere la integración, objetivos y vigencia: 30 de septiembre del 2030 o cuando la presidenta determine su disolución.

Objetivos: convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral, realizar estudios, análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral, para ello se generarán foros de discusión en los que podrán participar representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil.

¿Qué sigue? Para el caso de la ciudadanía participar activamente, para las autoridades electorales locales fomentar esa participación, hacer a un lado el gran temor que hay por desaparecer y sumarse a esta importante labor con conocimiento pero sin resistencia a la transformación político electoral y a la pérdida de beneficios que son parte del actual sistema electoral.

Uno de los 100 puntos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato es el de la reforma político electoral, la misma que en el período del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue desechada.

El denominado Plan C tuvo que esperar, la prioridad se concentró en la reforma al poder judicial. Estamos a un mes de que los nuevos juzgadores tomen protesta e inicien a hacer su trabajo. Será necesario que la sociedad civil y la academia den seguimiento a ese trabajo, finalmente al haber sido votados en un ejercicio democrático como son las elecciones están bajo el escrutinio público no solo de quienes votaron por ellos sino de toda la ciudadanía.

Esa reforma hoy en día sabemos que debe tener modificaciones y existir un serio replanteamiento a la misma; no solo a nivel federal sino también local, debido a la complejidad en las boletas electorales, dado el número de personas que c contenderán en 2027, el tema de la no existencia de financiamiento público a las candidaturas como ocurre con las postulaciones de partidos políticos, la campaña exclusivamente en redes y de forma orgánica, la tardía determinación de quiénes y de qué forma podían dar publicidad a la elección y el proceso de registro de las candidaturas y verificación de requisitos de elegibilidad a través de los comités de evaluación, son sólo algunos de los temas que necesariamente tendrán que ser discutidos.

Con todo ello la elección del poder judicial se suma a la organización de elecciones para diputaciones federales y locales, ayuntamientos, senadurías, gubernaturas, revocaciones de mandato y consultas populares, todos estos procesos tendrán que ser evaluados en la propuesta que se realice de reforma político- electoral.

El pasado sábado se hizo un anuncio importante por parte de la presidenta y fue la designación de Pablo Gómez como coordinador de la comisión presidencial para la reforma electoral, entre los temas principales está reducir el financiamiento a los partidos políticos, la desaparición de las listas de plurinominales y reducir el costo de las elecciones.

Se anunció que se hará una consulta al pueblo de México sobre todos estos temas, ya algunas encuestadoras como Mitofsky refieren que 49.6% de los encuestados considera urgente modificar las reglas electorales, 83.5% respaldan eliminar el financiamiento público, en cuanto a la elección de las autoridades electorales 47,5% opta por voto popular y 37.9% está de acuerdo con eliminar a los OPLEs para que las elecciones las organice todas el INE.

Serán meses en los que se espera exista debate de altura y se privilegie realmente un avance en la democracia mexicana además de considerar las voces de diferentes sectores incluidas las autoridades electorales que cuenten con peso moral para abonar.