El IEEM tiene como principal reto que la ciudadanía ejerza su derecho a votar de manera libre, pacífica, sin compra y coacción del voto; para ello, es cierto, requiere de presupuesto para adquirir boletas, arrendar los inmuebles de los 170 órganos desconcentrados, contratar eventuales que puedan auxiliar de manera correcta al órgano central entre otras tantas, sin embargo el principal reto en este rubro será utilizar los recursos públicos que finalmente le sean asignados de manera responsable, austera, racional, eficiente y eficaz.

Vale la pena hacer un análisis del número de eventuales que se contrata y para qué se contratan tanto en el órgano central como en los desconcentrados, por ejemplo en 2021 se contrataron 1519 personas en las 170 juntas, bajo el criterio del número de casillas que abarca la junta distrital o municipal es el número de personas a contratar por ejemplo, Valle Chalco Solidaridad tuvo 15 personas y Ecatepec hasta 29, el gasto erogado por este concepto fue de poco más de diez millones de pesos de pago de nómina mensual, cuestionamientos: si existió una reforma en 2014 y nuestras funciones no son ya las mismas que antes de esa reforma ¿se requiere el mismo número de eventuales? Si, no, ¿Por qué?, son explicaciones que deben estar fundadas y eliminar los acuerdos que se han dado entre vocales, proceso tras proceso disfrazados de consenso que le han hecho mucho daño al IEEM, esos espacios también deben ser abiertos a la ciudadanía mexiquense en su totalidad y tener competencia real para quienes aspiran a ocuparlos, en este mismo tema los recursos deben ser realmente transparentados como parte de la rendición de cuentas, ese es un gran reto pues implica hacerlo diferente y no solo a través de lo que ya se cumple por ley que es atender las solicitudes de transparencia que realiza la ciudadanía.

El instituto tendrá el reto de registrar a quienes se postulen a los 1,302 cargos de elección popular, el proceso 2021 registramos 12,956 candidaturas, es una gran responsabilidad pues hay que revisar que se cumpla con el principio constitucional de paridad, que los partidos presenten y cumplan con sus bloques de competitividad, que se cumpla la 3 de 3 entre otras determinaciones sobre la inclusión de grupos vulnerables que pueda determinar el Consejo General.

Establecer los canales y vinculación necesarios del Consejo General con las autoridades gubernamentales pues la violencia y la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales inhiben la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.

Por último, y sin ser una lista limitativa, esta actuar como árbitro, velar por la equidad en la contienda y pronunciarnos de ser necesario ante las posibles faltas (actos anticipados de campaña) que se presenten desde ahora, el llamado que desde el INE se hizo a las fuerzas políticas nos debe servir de ejemplo, todos estamos obligados a cumplir con la ley y la autoridad electoral no puede ser omisa ante lo que toda la ciudadanía ve, los partidos contienden la autoridad no, nuestro papel es ser garantes de la certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.

El nuevo modelo se creó para garantizar que existiera información útil para la ciudadanía, que las fuerzas políticas tuvieran acceso en igualdad de condiciones, frenar que intereses privados con mucho dinero fueran quienes decidieran las elecciones al tener posibilidades de comprar tiempo a diestra y siniestra de radio y televisión en función de sus intereses y no de la colectividad, apostando por quien les garantizaba mantener su status quo.

En 2014, con la reforma político electoral se adicionaron algunos cambios: el procedimiento se hizo híbrido para que el INE fuera quien conociera las quejas, investigara y después pasara el balón a la cancha de los tribunales jurisdiccionales (la Sala Superior y la especializada). Aun así, el modelo se opera en radio y televisión y con serias resistencias por los concesionarios que no querían dejar de percibir ingresos millonarios por la compra de tiempo aire y mucho menos dejar de ejercer el control que tenían, quizás por ello aún escuchamos o vemos spots publicitarios, uno detrás de otro sin cesar.

Esto ha sido así en los últimos 16 años, sin embargo el fenómeno de las redes sociales nos debe obligar a reflexionar y rediseñar nuestro modelo de comunicación política ya que si bien es cierto la televisión sigue siendo el principal medio por el que se informa la población mexicana, también lo es que Facebook, X, YouTube, Instagram, Tik Tok, WhatsApp, se han convertido en mecanismos eficaces que usa la clase política para dirigirse a sus militantes, ciudadanía en general y es un espacio que al no estar regulado formalmente permite que se gesten campañas negras y de odio que abonan a la polarización existente en el país que dicho sea de paso, no es de un solo personaje sino de todas las posturas, grupos y fuerzas políticas.

Se debe poner al centro a la ciudadanía, que es quien tiene que escuchar y ver ahora en proceso electoral millones de spots que en muchas ocasiones no informan ni proponen soluciones a los problemas que como sociedad nos aquejan: inseguridad, empleo, erradicación de la pobreza; además el tema de la fiscalización de los recursos públicos en la contratación de medios digitales es un reto para la autoridad electoral sin dejar de mencionar que a través de ellas también se comete violencia política contra las mujeres bajo anonimato y con total impunidad. Este es solo un tema de varios que deben ser abordados en una siguiente y necesaria reforma electoral.

Sin embargo, se debe también poner énfasis en hablar del desencanto que hay ante 1) la falta de una redistribución real de los ingresos que nos hace una sociedad cada vez más desigual e individualista, 2) la falta de justicia social, 3) una “equidad” entrecomillada, ya que de facto para la opinión pública es vulnerada; como conclusión, estamos frente a una confianza de la ciudadanía erosionada que se sigue desgastando con actuaciones que poco abonan a un discurso demócrata.

En el Estado de México el proceso electoral aún no inicia, formalmente será hasta el mes de enero 2024, sin embargo, me preguntan si como consejera electoral veo correcto lo que la ciudadanía en general observa cuando transitamos las calles de nuestros distritos y municipios, así como las carreteras que nos permiten desplazarnos a nuestros lugares de trabajo con un gran número de espectaculares con diversas frases y de diferentes fuerzas políticas. La pregunta obligada es si hay o no actos anticipados de precampaña.

Sí, es cierto, hay un fenómeno que ha comenzado a hacerse cada vez más normal con este tipo de actos en donde las autoridades jurisdiccionales han determinado en sus resoluciones que no hay violación a las normas constitucionales y en materia electoral por no acreditarse: expresiones que revelen la intención de llamar al voto, pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido para contender en un proceso electoral ya sea de forma expresa o mediante el uso de equivalentes funcionales.

Si se revisa el concepto, los actos anticipados de pre campaña y campaña se dan cuando se tiene por objeto posicionar anticipadamente a un ciudadano frente a un proceso electoral futuro e inminente, la pregunta es si ello ocurre o no con lo que vemos todos los días en nuestro paso. ¿Qué tan dificil o fácil es dar una interpretación a las normas?

Hay una línea jurisprudencial que ha llegado a establecer que deben analizarse los mensajes en su contexto, valorar el protagonismo de la persona que los emite, el objetivo de estos y su relación con el proceso electoral, un dilema es la temporalidad pues como pasa en el Edo Mex aún no hay proceso electoral y entonces ¿hay o no un poscisionamiento adelantado? ¿La equidad no implica igualdad de condiciones en la competencia? ¿la hay?

Claro que hay que garantizar la libertad de expresión y evitar sanciones erróneas pero no se debe tolerar ninguna posibilidad de simulación o fraude a la ley con el cuidado que se pueda tener de las expresiones que se utilizan.

Con todo lo anterior y de vuelta a la pregunta considero que la autoridad electoral debe actuar como lo que es: un árbitro, ser imparcial en su acutar y en su autonomía decir que actos no son conforme a la ley o pueden ocasionar inequidad en la contienda.

No se debe tener temor a exhortar a toda la clase política del partido al que pertenezcan tener un comportamiento adecuado y respetando el marco legal que nos hemos dado como sociedad. El ejemplo claro lo tenemos desde el INE con la Consejera Presidenta que llamo a aspirantes y funcionarios al buen comportamiento.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) nunca ha hecho algo similar en su historia pero lo cierto es que los tiempos son distintos y la ciudadanía nos exige como organo electoral comportarnos con altura de miras.

Desde el día 3 de noviembre surgieron notas periodísticas donde los encabezados hicieron referencia a: “Denuncian irregularidades en la licitación del Instituto Electoral del Estado de México”, “Otra vez bisne en el IEEM”, ”Turbulencias en el IEEM”, “Anulan licitación de material electoral en el IEEM, empresas cuestionaban favoritismos” lo que hizo que desde la Consejería a mi cargo se observara con mayor detalle el procedimiento que implicó dos partidas, una para la compra de material de polipropileno y plástico que son las urnas y cajas principalmente y la otra para marcadores de boleta y sujetadores de éstos por un total aproximado de acuerdo a la Dirección de Organización, de 35 millones de pesos (recurso público que estamos obligados a transparentar ante la ciudadanía).

Con la información que se nos proporciona y que es pública se observa: 1) Comparando las bases de licitación 2023 y las del procedimiento en comento las mismas fueron modificadas agregando que los oferentes debían tener en su acta constitutiva que son fabricantes de material electoral. 2)Se establece que para los actos de presentación, apertura y evaluación de propuestas se debe contar con la presencia del Testigo social, así como de aquellos que participen como observadores e invitados, en este punto el testigo social no participó en las visitas de verificación que se realizaron a las empresas y tampoco se dio cuenta de la participación de observadores.3) La publicación de la convocatoria de la licitación sólo se hizo en un diario a nivel nacional y otro local y sólo 3 días.

Conclusiones: Debe quedar claro que las licitaciones tienen principios exigibles: Que no existan barreras a la entrada de los competidores, obtener el mejor precio para el IEEM con los estándares de calidad y sin margen a la discrecionalidad de las áreas que llevan a cabo la adjudicación. El último gran escándalo de este tema había sido en 2005 donde los consejeros de ese momento fueron correctamente removidos de su encargo.