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La última reforma de gran calado fue la de 2014, producto del Pacto por México, firmado por el entonces presidente Peña Nieto y los líderes de los partidos PRI, PAN y el extinto PRD.

En dicha reforma se plasmaron en la Constitución nuevas reglas, como la posibilidad de crear gobiernos de coalición y el requisito del 3 % de la votación válida emitida para mantener el registro como partido político.

Pero quizás lo más relevante fue la creación de un órgano nacional electoral, denominado Instituto Nacional Electoral (INE), que centralizó un número muy amplio de facultades (aproximadamente 73) que antes tenían los institutos electorales locales.

Una de las problemáticas que originaron esta idea de centralizar funciones en una institución nacional era el sesgo que existía en la designación de las personas que ocupaban las consejerías electorales de los institutos electorales de los estados.

Consejerías designadas por los congresos locales que estaban completamente plegadas al sistema y al gobernador en turno, como ya se ha mencionado en diferentes textos académicos.

Esto llevó a trasladar al ámbito federal funciones como la capacitación, la geografía electoral, la fiscalización, la ubicación e integración de casillas electorales, y a modificar quién y cómo designaría ahora a esas consejerías.

¿Esa facultad que se dio al INE ha funcionado? De las designaciones que se hicieron desde 2014 a la fecha, ¿se logró contar con consejerías independientes en su actuar? Y, sobre todo, ¿se incluyeron perfiles ciudadanos realmente?

Yo creo que no, en una inmensa mayoría. Y que el transitar para quienes sí lo han sido ha sido muy cuesta arriba. Será importante revisar las votaciones de temas relevantes y ver si existió imparcialidad o, por el contrario, todo lo opuesto.

El INE es una institución que, operativamente, funciona bien a través de sus juntas distritales, que son permanentes. En el ámbito local, las juntas y consejos se instalan sólo en cada elección. Sin problema, podrían fusionarse la autoridad nacional y la local; incluso, el presupuesto para organizar comicios se reduciría, y quizás, en lugar de tener dos consejos, se podría tener solo uno.

Lo cierto es que hay una perspectiva distinta entre quien está en el ámbito federal y quien se encuentra más cercano a la realidad que se vive desde lo local. La reforma de 2014 apostó mayoritariamente por perfiles técnicos operativos en los consejos de las entidades, cuando en realidad lo que hacían desde su creación era una función más política.

Es necesario que quienes ejerzan esos cargos lo hagan con plena conciencia y compromiso ciudadano, sin buscar permanencia en otros espacios públicos, y que ello guíe su actuar. Decidir sin consigna y contar con prestigio ante la sociedad civil son elementos importantes que debieran considerarse y que pueden ser evaluados a través del voto popular.