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Martes, 08 Julio 2025 08:00

Un cambio de régimen requiere de una reforma político–electoral

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La reforma al Poder Judicial se concretó. Con todas las resistencias, estirones y jaloneos en diversas instancias que van desde los Poderes de la Unión para la aprobación de la misma hasta las instancias electorales, administrativa y jurisdiccional, concretamente el Instituto Nacional Electoral y, en menor medida (por su propia integración), la Sala Superior; el primer fuerte rompimiento o modificación al añejo Poder Judicial se logró.

 

Este hecho no es menor, si se tiene presente que el proyecto de nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador desde hace más de dos décadas es el cambio de régimen político, aquel emanado de la Revolución Mexicana con el PNR de Calles y después el PMR, que se convertiría en el PRI, el partido oficialista, hegemónico que le dio grandes ventajas y ganancias a un gran número de políticos que dejaron de lado las causas sociales y a los más vulnerables.

 

¿Qué implica ese cambio de régimen? Significa un cambio en las reglas del juego político; se trata de nuevas formas en aras de lograr inclusión, modificaciones estructurales al Estado a través de sus instituciones, su burocracia y la élite política.

 

Es por ello que, desde la llegada de MORENA al poder, un partido que se denomina de izquierda, se han propuesto varias reformas en diversos temas. Hemos visto cómo ha sido extinto, por ejemplo, el INAI, la propia reforma al Poder Judicial y, en días recientes, la expedición de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras.

 

El país está cambiando y se está transformando; es un cambio muy paulatino en el que resalta la participación de las mujeres en la vida pública.

 

La primera mujer presidenta de México es parte de ese cambio de régimen. Desde su arribo a la presidencia planteó modificaciones a la Constitución en temas de género y, la semana pasada, anunció ya la reforma electoral, necesaria en el proyecto de cambiar estructuras.

 

Algunos de los temas en discusión son el costo de las elecciones, el financiamiento público (la fórmula que nunca decrece), los plurinominales, pero también las autoridades electorales y el método de designación.

 

Se debe modificar lo que durante mucho tiempo prevaleció y excluyó a la sociedad y a la ciudadanía, creando élites en esos espacios. Un ejemplo de ese esquema fue reflejado en el libro El infierno electoral, prologado por el Dr. Lorenzo Meyer.

 

Con normas derivadas de la reforma electoral de 2014, se debe insistir en la ciudadanización de los espacios y la legitimidad de las personas que ocupan los mismos.

 

La discusión tendrá que ser profunda, lograr consensos y, sobre todo, tener equilibrio para no regresar a ese pasado que solo privilegió a unos cuantos, que incluso hoy se han mimetizado en diferentes niveles de esa nueva propuesta.

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