Pero ¿la ciudadanía tiene pleno conocimiento de la constitución? ¿los derechos en ella contenidos se materializan en la realidad cotidiana? ¿Cómo ha sido modificada y a que atienden tales reformas?
Sabemos que la constitución es un instrumento jurídico-político a través del cual se establece un límite al poder político y que la misma deriva de un concepto liberal-garantista desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que decía: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de podes, no tiene constitución”
Por lo tanto, la constitución permite que la libertad de los ciudadanos en su relación con el Estado este protegida a través de la división de poderes y del respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, se debe tener claro que las reformas que se llevan a cabo al texto constitucional obedecen y son el reflejo del ideario y proyecto político de nación que tiene el gobernante en turno[1]
Lo anterior queda acreditado al revisar qué y quienes han sido los propulsores de las más de 700 reformas que desde su promulgación a la fecha tiene nuestra constitución.
En un primer momento, el objetivo principal estuvo centrado en la reforma en materia político-electoral para reconocer y darles garantías a las fuerzas políticas minoritarias que exigían freno al entonces avasallador poder del PRI.
Después hubo reformas constitucionales de gran calado que han tenido el fin de fortalecer a los poderes legislativo y judicial frente al poder ejecutivo.
Otras que han puesto en un lugar preponderante los derechos de la ciudadanía como lo fue la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que trajo consigo la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, su horizontalidad, el principio pro persona y con ello nuevos parámetros interpretativos.
Sin embargo, es necesario plantearnos que la dinámica de la reforma constitucional pone de manifiesto serios desafíos al texto constitucional por parte de los especialistas, pero también de la población en general que en la mayoría de los casos desconoce el contenido de la constitución.
Estas deformaciones y disfunciones de la constitución deben ser reordenadas, reducidas o renovadas.
Pero lo más importante es forjar una cultura constitucional en donde la constitución sí sea un producto cultural con funciones amplias de integración social y representación simbólica de nuestra nación.