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Sin lugar a duda, uno de los retos más grandes que México ha enfrentado para lograr la consolidación de su democracia es la creación de instituciones. Esta aspiración democrática ha tenido un largo camino cuyos cimientos (en la época moderna) podemos advertirlos desde 1977, cuando se sentaron las bases para construir un sistema de partidos políticos. No obstante, pasaron casi dos décadas para que, en 1996, y producto de la exigencia de la ciudadanía y otros actores políticos, se diera inicio a la construcción de instituciones, administrativas y jurisdiccionales, que gozaran de autonomía y aseguraran imparcialidad y certeza al momento de organizar y calificar las elecciones.

En este orden de ideas, si bien se reconoce que las instituciones (cualquiera que sea su naturaleza y función) son mucho más que quienes las presiden o integran sus órganos de dirección y, sobre todo, que no le pertenecen a nadie que no sea la sociedad en su conjunto, parece que esto se está olvidando. En efecto, en fechas recientes se ha producido una ola de críticas y descalificaciones al trabajo de décadas, solamente porque ciertos perfiles de quienes están al frente de nuestras instituciones no son del agrado de algunos sectores sociales y políticos. Desde luego, la crítica constructiva siempre debe ser bienvenida, pues estoy cierto que toda institución siempre será perfectible.

Por lo anterior, me parece indispensable valorar el hecho de que nuestro Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) es una institución fundamental en el camino a la consolidación democrática de nuestra entidad. Conformado por cientos de personas, el Instituto no somos ni nos pertenece a quienes en este momento integramos su Consejo General; el Instituto es y somos todas las personas que hemos trabajado en él, y le pertenece a la ciudadanía mexiquense.

A este tenor, si bien el Consejo General tiene una vacante desde hace ya bastantes meses, lo cierto es que, como institución, el IEEM no ha dejado de trabajar; al contrario, se han redoblado los esfuerzos, logrando así (en coordinación con el INE), la organización de la pasada elección ordinaria para la renovación de los ayuntamientos y la integración del Congreso local; además, en este momento se desarrolla la elección extraordinaria del ayuntamiento de Nextlalpan. En sus casi veintiséis años, el IEEM ha demostrado que es eficaz y, por supuesto, perfectible. Al seno de su Consejo General se han presentado diversos puntos de vista, generando así debates y discusiones, naturales de un órgano colegiado.

Las instituciones no se edifican de un día a otro, son producto de esfuerzos conjuntos, reformas, adecuaciones y el trabajo de muchos años. No hay en el mundo ninguna institución perfecta, pero todas pueden mejorarse y eso nos debe animar a seguir trabajando. Que no quepa duda que así lo haremos, buscando siempre responder adecuadamente a la ciudadanía y contribuir a la consolidación de nuestra democracia.

En aportaciones anteriores he sostenido que la democracia es una tarea diaria que no se agota o manifiesta exclusivamente cuando la ciudadanía ejerce el derecho a votar y ser votada, toda vez que hay otros derechos político-electorales que también se ejercen constantemente como, por ejemplo, participar en las consultas populares.

Aunado a lo anterior, otra actividad que forma parte de la permanente tarea democrática consiste en que la ciudadanía se informe y siga el trabajo de aquellas personas a las que eligió para representarla. Esto, con el objetivo de saber si las decisiones de sus representantes son congruentes y se ajustan a los planes de gobierno y de trabajo que presentaron durante sus campañas.

A partir de lo anterior, hay un tercer aspecto que conviene poner sobre la mesa: el informarse acerca de las elecciones en otros países. Esto es de suma importancia porque nos permite valorar si hay algo que se deba mantener, corregir o mejorar en nuestro sistema democrático a través del estudio, análisis y comparación con otros sistemas, tanto electorales como de formas de gobierno.

Por ejemplo, hace unas semanas en Rusia y Alemania se celebraron elecciones parlamentarias. Del primer caso destaca que la ciudadanía de la capital rusa ejerció su derecho al voto a través de urnas electrónicas, las cuales presentaron fallas y provocó que se cuestione si esa vía de voto es recomendable debido a que no resultó tan rápida y sencilla como se creía. Por cierto, hace varios años el Tribunal Constitucional de Alemania determinó que el sistema de voto electrónico es poco fiable debido a que las urnas electrónicas son fáciles de manipular y no siempre se puede tener una prueba del sentido del voto de la ciudadanía, lo que sí sucede con la forma tradicional de voto, esto es, en papel.

Desde hace unos años, en México se ha planteado la idea de pasar a un sistema de voto electrónico. Los antecedentes referidos podrían ayudarnos a estudiar los problemas y las ventajas de esa forma de votación y, con ello, determinar si deberíamos dar ese paso, cómo hacerlo, o si es preferible mantenernos en nuestra actual forma de votación.

En cuanto a las elecciones alemanas, destaca que en ese país su forma de gobierno es parlamentaria, por lo que es el parlamento el que elige a quien tendrá la jefatura de gobierno. Esto es digno de análisis debido a que en la academia hay voces que pugnan por cambiar nuestra forma de gobierno presidencial, debido a la concentración de poder en una persona, a una forma parlamentaria o semiparlamentaria (como Rusia).

Así, conviene señalar que en noviembre Chile, Honduras y Nicaragua tendrán elecciones presidenciales, por lo que es importante seguir sus procesos electorales en aras de observar qué aspectos, tanto positivos como negativos, pueden reproducirse en nuestra democracia y cómo podemos abordarlos. Después de todo, reitero que la democracia es un sistema que exige estudio, revisión y perfeccionamiento continuos.

El actual proceso electoral nos ha mostrado que el principio de paridad de género no se ha terminado de consolidar y que aún nos queda mucho camino por recorrer. En este sentido, ha sido notorio que, entre otras cuestiones, en la integración de los órganos colegiados existen múltiples criterios e interpretaciones del referido principio por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, tanto a nivel local como federal. A guisa de ejemplo, se ha podido observar que en los cuerpos que se integran también mediante listas de representación proporcional, la paridad se puede alcanzar si se determina que los primeros lugares de esas listas sean ocupados por mujeres; sin embargo, este tipo de medidas no ha sido suficiente, por lo que mientras no se legisle al respecto, debemos seguir instrumentando acciones afirmativas e interpretar la normatividad de manera que se armonice el principio de paridad de género con los demás principios constitucionales que rigen la materia electoral.

Por el otro lado, si bien México puede sentirse orgulloso de ser un país pionero por tener legislación en materia de paridad de género, e incluso porque éste sea un principio constitucional, no debemos perder de vista que hasta el momento nos hemos concentrado en que la paridad sea alcanzada a través de cuotas de género para que los números y porcentajes, tanto en la postulación de candidaturas como en la integración de órganos colegiados, sean lo más cercanos al cincuenta por ciento para cada género.

Sin embargo, hay un aspecto que poco se ha estudiado y discutido: si los avances en la paridad de género lograda a través de cuotas también ha contribuido para que la sociedad vea que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades y derechos. No debe perderse de vista que la perspectiva de género es un problema social y cultural que no se agota en la materia electoral ni en la posibilidad de ocupar cargos públicos, sino que debe permear en todas las actividades humanas y estratos sociales, ya sean del ámbito público o privado.

En este sentido, considero que son muy positivos los esfuerzos, trabajos y capacitación que se realiza por parte de los organismos electorales, mediante sus programas de educación cívica, pero si no logramos que como sociedad en su conjunto (gobierno, sector privado y ciudadanía) hagamos nuestro el principio de paridad de género, no lograremos que México tenga una auténtica democracia.

Desde luego, lograr apropiarnos de este principio pasa por el sistema educativo nacional y, necesariamente, por nuestro modelo económico y social como país. Recordemos que el principio de paridad de género busca, finalmente, lograr la igualdad de oportunidades para todas las personas, más allá de su género, toda vez que, por el solo hecho de ser persona, se debe contar con los mismos derechos y oportunidades.

Este domingo, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, la ciudadanía fue convocada para ejercer su derecho al voto en una consulta popular federal. De la revisión de la participación ciudadana se pudiera desprender que no es alentador el ejercicio realizado, pues ésta no logró siquiera el diez por ciento, cuando se requería que, para que el resultado fuera vinculante, al menos el cuarenta por ciento de la ciudadanía registrada en la lista nominal de electores participara, lo que deja muchas interrogantes.

Ante este escenario, y el que se tuvo durante la organización de la consulta, vale la pena revisar, al menos, tres temas. En primer lugar, analizar tanto el requisito del mínimo de participación para que los resultados sean vinculantes, así como la fecha de la consulta. Esto, porque en una democracia donde nos hemos acostumbrado a que la participación en las elecciones sea de cerca del cincuenta por ciento de la ciudadanía registrada en la lista nominal, requerir que un par de meses después salga la ciudadanía a votar nuevamente en porcentajes similares parece excesivo.

En segundo lugar, se propone revisar la obligatoriedad de dotar de recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral, autoridad encargada de organizar las consultas, para poder gestionar todo lo relativo a éstas. Como se acaba de mencionar, el que las consultas deban ser realizadas en fechas distintas a las elecciones obliga a esta autoridad a tener que erogar más recursos de los previstos, lo que, como se presenció en la consulta convocada, provocó que se instalaran menos casillas.

Finalmente, se propone revisar los límites a las materias que pueden consultarse, toda vez que la Constitución establece que no puede ser objeto de consulta lo atinente a la restricción de los derechos humanos; los principios consagrados en el artículo 40 (forma de gobierno); la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.

En efecto, cuando diversas fuerzas políticas pretendieron someter a consulta temas como el salario mínimo, hidrocarburos y diputaciones plurinominales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las preguntas por los temas que tocaban. Incluso, al revisar el tema de la consulta llevada a cabo el pasado domingo, la Corte modificó en su totalidad los términos la pregunta propuesta por el Ejecutivo federal. Esto nos permite advertir que es indispensable revisar cuidadosamente qué es lo que sí se puede preguntar a la ciudadanía.

Lo propuesto tiene el objetivo de que, ya que hemos utilizado este mecanismo de participación ciudadana (y visto las deficiencias presentadas), la consulta popular logre su fin de ser un instrumento útil y eficaz que involucre directamente a la ciudadanía en los asuntos de trascendencia nacional y regional.

Hace unas semanas en el estado de México celebramos elecciones para renovar los ayuntamientos, así como las cámaras local y federal de diputados. De los resultados obtenidos, debe destacarse que más del cincuenta por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores ejerció su derecho al voto y participó en los comicios. Esto es relevante debido a que, pese a la situación sanitaria que vivimos, la participación ciudadana no disminuyó como algunas voces pronosticaban que ocurriría.

Al respecto, debe reconocerse que durante la jornada electoral las personas funcionarias de casilla y la ciudadanía en general mantuvieron todas las medidas sanitarias solicitadas. Sin lugar a dudas, esto último fue una muestra de madurez y responsabilidad, pues ello permitió cuidar la salud de todos.

Es importante tomar en cuenta que, si bien ya se ha celebrado la jornada electoral, el proceso comicial no ha culminado. Actualmente nos encontramos en una etapa en la cual los partidos políticos o quienes ostentaron alguna candidatura, en caso de haber estado inconformes con los resultados, acudieron ante las autoridades jurisdiccionales para solicitar su revisión. Por supuesto, las determinaciones de los tribunales electorales pueden influir en la conformación final de los ayuntamientos y los congresos.

Al tenor anterior, es importante tener presente que ahora le corresponde, en primera instancia, al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) pronunciarse acerca de los recursos que se promovieron y, de ser el caso, corresponderá al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), ser uno de los encargados de cumplir con sus determinaciones.

Como se observa, en este momento la estafeta del proceso electoral no la ostentan ni el IEEM, como autoridad administrativa, ni la ciudadanía, respecto al ejercicio de su derecho a votar. Sin embargo, todos seguimos involucrados de manera indirecta, y será conforme a lo determinado por las autoridades jurisdiccionales que incluso deberemos involucrarnos nuevamente de manera directa (como en el caso de la realización de elecciones extraordinarias).

En ese contexto, invito a la ciudadanía a que sigamos atentos y participativos en la vida política tanto de su respectivo municipio, como de nuestro estado y nuestro país. Una vez que se culmine con la etapa de impugnaciones y, en su momento, el proceso electoral también concluya, se iniciará un periodo en el que debemos vigilar y participar del trabajo de quienes gobiernan y legislan, por lo que habrá otros derechos y obligaciones que ejercer.

En definitiva, la democracia no es sólo el ejercicio de nuestros derechos político-electorales de votar y ser votado, ni se termina al haberlos ejercido durante la jornada electoral. La democracia es una tarea diaria que nos corresponde a todos, por lo que debemos involucrarnos en cada una de las etapas y momentos que esta forma de gobierno nos exige como ciudadanos.