Comunicación
Social

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

CPEUM, art.6.

Cada tres de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ejercicio que con toda seguridad puede considerarse como un elemento indispensable cuando se pretende caracterizar un verdadero sistema democrático. Aunque esta afirmación podría darse por sobreentendida, es necesario establecer su contexto: la libertad de prensa está relacionada de manera directa, por un lado, con la libertad de expresión y, por otro, con los medios de comunicación, los que deben tener, precisamente, la libertad (incluso, deberíamos decir que la obligación) de comunicar información suficiente, verídica, clara y objetiva. Lo anterior también implica, necesariamente, que en el desempeño de su labor no puede existir censura ni, mucho menos, amenazas, persecuciones o represalias.

Conforme a lo anterior, el que los medios de comunicación cuenten con las condiciones necesarias para ejercer su muy relevante función significa que entonces la ciudadanía tendrá la oportunidad de contar con información de calidad que le permita tener una mejor comprensión del acontecer social y una postura crítica para un mejor ejercicio, entre otros, de sus derechos político-electorales.

En ese orden de ideas, si de cara a un proceso electoral la prensa proporciona información veraz a la ciudadanía, se logran construir mejores bases y elementos para contrastar posturas y, de manera natural, la emisión de un voto razonado e informado. De igual manera, una vez que las personas ostentan un cargo público, el contar con información confiable de las actividades que se realizan permite un mejor ejercicio ciudadano de vigilancia y control de los gobiernos. He ahí la trascendencia de la libertad de prensa y la razón por la que todos estamos obligados a defenderla.

Si bien en nuestra Constitución se contemplan derechos y libertades, entre los que se encuentran la libertad de expresión y de prensa, esto no es suficiente, ya que se requiere de acciones concretas que realmente garanticen su ejercicio. En razón de ello, no debe pasar inadvertido ni podemos cerrar los ojos ante nuestra realidad. De acuerdo con Reporteros sin fronteras, hacia 2021 nuestro país se situaba en el lugar 143 de 180 (ordenados de mayor a menor) de los países que aseguran de mejor manera la libertad de prensa. Si bien para 2022 nos situamos en el lugar 127, es claro que estamos lejos de una adecuada protección y que aún nos queda mucho por hacer.

Por último, considero que debemos entender este tres de mayo como una buena razón para, por un lado, recordar la importancia de la libertad de prensa y, por otro, interiorizar que desde nuestra trinchera debemos actuar para que los periodistas tengan las condiciones necesarias para ejercer su profesión y, con ello, una ciudadanía mejor informada.

En su obra El futuro de la democracia, Norberto Bobbio apuntó que, después de la conquista del sufragio universal, si todavía se puede hablar de una ampliación del proceso de democratización se debe investigar no si ha aumentado el número de quienes tienen derecho a participar en las decisiones, sino los espacios en los que pueden ejecer ese derecho. Es decir, se debe contestar dónde vota la ciudadanía.

En esa tesitura, vale la pena hacer un recuento de los espacios en los que la ciudadanía mexiquense podrá votar para la elección de Gubernatura 2023. Por supuesto, tenemos el espacio habitual, en el cual se acude a una casilla instalada y se vota en papel. Sin embargo, en algunas casillas se tendrá una variante, que consiste en la posibilidad de votar en una urna electrónica. Es importante destacar que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), han procurado que se capacite a las personas funcionarias de casilla con el objetivo de que se puedan atender particularidades que pudieran presentarse, como personas con discapacidades.

Otro espacio de votación lo es la modalidad de voto anticipado a través de la vía postal. Actualmente, esta variante (que es una prueba piloto del INE), está dirigida hacia aquellas personas que tengan alguna incapacidad física y debido a ésta no puedan presentarse a votar el día de la jornada electoral, por lo cual se les proporcionarán los medios para que emitan su voto anticipadamente.

Por otro lado, se tiene la modalidad de voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva (la cual también es una prueba piloto del INE) y conlleva que a las personas que están privadas de su libertad porque están sujetas a un proceso penal, pero no han recibido sentencia condenatoria que les prive de sus derechos políticos, se les dote de las condiciones y medios necesarios para que ejerzan su derecho al voto. Esta modalidad es uno de los avances más significativos de nuestro sistema demcrático, ya que se ha reconocido que esas personas están amparadas por el principio constitucional de presunción de inocencia.

A su vez, otro espacio que tendrá la ciudadanía mexiquense para votar es desde el extranjero. En esta modalidad, cuya implementación se llevará a cabo por segunda vez en la entidad, se tienen tres opciones: voto presencial en determinados consulados, voto por internet y voto por la vía postal.

Por supuesto, cada una de las modalidades referidas tienen sus particularidades e incluso requisitos propios, por lo que sin desarrollarlos a cabalidad en este momento, el interés fundamental es proporcionar una idea general que permita enfatizar que todos los sistemas electorales son perfectibles y que, aunque se piense que un principio democrático ha sido alcanzado, como lo es el del sufragio universal, siempre existen posibilidades para ampliar su ejercicio y consolidar una mejor democracia a través de prácticas más incluyentes.

En años recientes el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado pruebas piloto para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto a través de dos nuevas modalidades; voto para las personas en prisión preventiva (VPPP) y voto anticipado (VA).

Lo anterior nos permite recordar que la democracia está en constante cambio y que, aunque se considere que en algunos aspectos se ha logrado su total desarrollo, aún queda pendiente que se implementen mecanismos para que la aspiración del sufragio universal pueda alcanzarse en la mayor medida posible.

En este orden de ideas, el VPPP significa que a las personas que están privadas de su libertad porque están sujetas a un proceso penal, pero que no han recibido sentencia condenatoria que les prive de sus derechos políticos, se les dote de las condiciones y medios necesarios para que ejerzan su derecho al voto. Esto, amparadas por el principio constitucional de presunción de inocencia.

Por su parte, el VA implica que a las personas que no pueden presentarse a votar el día de la jornada electoral se les proporcionen los medios para que emitan su voto anticipadamente. Actualmente, en las pruebas piloto del INE, esta modalidad se ha establecido para aquellas personas que tengan alguna incapacidad física y debido a ésta no puedan presentarse a su casilla el día de la jornada electoral.

Como se puede observar, es en esta segunda modalidad de voto donde se advierte que, si bien se ha implementado con el objetivo de impulsar condiciones igualitarias y lograr mayor inclusión, es deseable que en un futuro puede ser ampliada para que si, por cualquier razón, una persona no podrá acudir a votar el día de la jornada electoral, realice los trámites conducentes y pueda ejercer su derecho a votar con anticipación.

En este sentido, se debe tener presente que todo sistema democrático debe permitir y buscar que la ciudadanía ejerza con plenitud sus derechos político-electorales. Además, de acuerdo con un análisis realizado por el INE[1], lo anterior ya se contempla en sistemas electorales como el estadounidense, en el cual ni siquiera es necesaria la solicitud ni se requiere excusa, algún requisito especial o justificación que explique por qué necesita votar por adelantado.

Sin lugar a duda, los resultados que las pruebas piloto sigan proporcionando permitirán que se determinen los espacios y condiciones en los cuales estas modalidades de votación puedan ser operadas, y nos impulsarán a continuar reflexionando acerca de cómo se puede lograr que el derecho a votar sea ejercido efectivamente de forma universal. Después de todo, los sistemas democráticos siempre serán perfectibles.

[1] Análisis sobre las formas de votación anticipada en el mundo y de los mecanismos para instrumentar el voto anticipado en grupos poblacionales con calidad específica en México. Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/141968/CGex202209-07-ip-11.pdf

El pasado cuatro de enero inició formalmente el proceso electoral para renovar la titularidad de la Gubernatura de nuestra entidad. En la sesión respectiva, uno de los temas que consideré importante mencionar fue el relativo a la importancia de los procesos democráticos.

En aquella sesión mencioné que, en vísperas de un proceso electoral, se ha convertido en obligatorio señalar que “se está frente al más grande proceso electoral de la historia”, tomando como base, por ejemplo, que el estado de México es el más poblado y, por ende, cuenta con la Lista Nominal de Electores más grande del país, o que este proceso local es la antesala y prefigura de la elección federal de dos mil veinticuatro.

Repetir ese tipo de expresiones grandilocuentes en cada proceso electoral (y en cada oportunidad que se tiene), ha propiciado que pierda sentido y trascendencia, por lo que ha dejado de fomentar que se valore y reflexione acerca de la importancia de los procesos democráticos y la relevancia que representa el profesionalismo y actuar imparcial de las propias autoridades.

De manera particular quiero destacar que más allá de los discursos y planteamientos “políticamente correctos”, es absolutamente necesario que reflexionemos acerca de la autenticidad de nuestras convicciones democráticas y actuar en consecuencia. Es decir, no basta con lanzar discursos edulcorados que todo mundo acepta, sino que debemos tener claro que si dejamos de atender (sobre todo los actores políticos y las autoridades electorales) cabalmente los principios que rigen la materia electoral (certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad), en realidad estaremos debilitando las formas democráticas que nos hemos dado para elegir de forma pacífica a quienes nos gobiernan.

Conforme a lo anterior, considero que de presentarse la inobservancia de los principios rectores de la materia electoral, más temprano que tarde, ésta será advertida por la sociedad en su conjunto, lo cual podría no sólo generar que se deje de creer en la política en general y en los sistemas democráticos en particular, sino también que se arribe a otro tipo de fórmulas para la renovación de los poderes, las cuales no incluyan la participación de la ciudadanía, es decir, podríamos llegar a la dictadura. De ahí la importancia de retomar e impulsar nuestras convicciones democráticas para lograr que los procesos electorales verdaderamente garanticen la equidad y la certeza.

Me gustaría finalizar esta aportación retomando algo que también destaqué al inicio del proceso electoral. Las autoridades electorales administrativas no somos rivales de los partidos políticos ni de los tribunales, como a veces algunas voces malamente refieren. Al contrario, junto a la ciudadanía, todos, somos parte del engranaje necesario para que se tenga un sistema democrático sólido y en permanente evolución.

Desde el año dos mil, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que designaba el veinticinco de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esta problemática que se extiende a nivel mundial.

Posteriormente, en el dos mil ocho, el secretario general de la ONU lanzó la campaña ÚNETE la cual, entre otros aspectos, promovió que el veinticinco de cada mes se convirtiera en el Día Naranja, un día dedicado a generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres.

En este marco, a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres no solamente se presenta de manera física, sino que también existen otros tipos como la psicológica o la económica; incluso, tiene modalidades como la familiar, la laboral o la política. En tal sentido, es en esta última donde las autoridades electorales tienen participación directa.

Efectivamente, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género les impide ejercer sus derechos políticos plenamente, lo que ha generado históricamente una enorme brecha en el ejercicio y desarrollo político entre mujeres y hombres. Ante tal situación, la respuesta del Estado mexicano ha sido, destacadamente, tipificar esa modalidad de violencia en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; impulsar acciones afirmativas para abrirles espacios a las mujeres; crear protocolos de atención para cuando esos casos se presenten, así como capacitar a las personas servidoras públicas que brindan atención directa e inmediata.

No obstante, es necesario apuntar que desafortunadamente no se cuenta con datos duros acerca de si tales medidas han generado que realmente se cambie la cultura y forma de pensar de nuestra sociedad, pues si bien actualmente más mujeres forman parte de congresos, ayuntamientos y gabinetes, esos datos no permiten afirmar que existe una relación directa o indirecta entre tales medidas y el cambio cualitativo-social (no sólo numérico), que se desea para poder llegar a una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades.

Por lo anterior, ante el actual escenario político en el cual se valora una reforma al sistema electoral mexicano, considero que si bien de manera general ésta no puede ser producto de coyuntura política, particularmente tampoco lo puede ser el análisis de los avances y los retrocesos que han generado las medidas que el Estado ha tomado en la búsqueda de la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

En esa tesitura, vale la pena poner énfasis en que la eliminación de la violencia no es una prerrogativa o concesión para las mujeres, sino que es lo mínimo que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben hacer para alcanzar la consolidación de un mejor sistema democrático.