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En su obra El futuro de la democracia, Norberto Bobbio apuntó que, después de la conquista del sufragio universal, si todavía se puede hablar de una ampliación del proceso de democratización se debe investigar no si ha aumentado el número de quienes tienen derecho a participar en las decisiones, sino los espacios en los que pueden ejecer ese derecho. Es decir, se debe contestar dónde vota la ciudadanía.

En esa tesitura, vale la pena hacer un recuento de los espacios en los que la ciudadanía mexiquense podrá votar para la elección de Gubernatura 2023. Por supuesto, tenemos el espacio habitual, en el cual se acude a una casilla instalada y se vota en papel. Sin embargo, en algunas casillas se tendrá una variante, que consiste en la posibilidad de votar en una urna electrónica. Es importante destacar que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), han procurado que se capacite a las personas funcionarias de casilla con el objetivo de que se puedan atender particularidades que pudieran presentarse, como personas con discapacidades.

Otro espacio de votación lo es la modalidad de voto anticipado a través de la vía postal. Actualmente, esta variante (que es una prueba piloto del INE), está dirigida hacia aquellas personas que tengan alguna incapacidad física y debido a ésta no puedan presentarse a votar el día de la jornada electoral, por lo cual se les proporcionarán los medios para que emitan su voto anticipadamente.

Por otro lado, se tiene la modalidad de voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva (la cual también es una prueba piloto del INE) y conlleva que a las personas que están privadas de su libertad porque están sujetas a un proceso penal, pero no han recibido sentencia condenatoria que les prive de sus derechos políticos, se les dote de las condiciones y medios necesarios para que ejerzan su derecho al voto. Esta modalidad es uno de los avances más significativos de nuestro sistema demcrático, ya que se ha reconocido que esas personas están amparadas por el principio constitucional de presunción de inocencia.

A su vez, otro espacio que tendrá la ciudadanía mexiquense para votar es desde el extranjero. En esta modalidad, cuya implementación se llevará a cabo por segunda vez en la entidad, se tienen tres opciones: voto presencial en determinados consulados, voto por internet y voto por la vía postal.

Por supuesto, cada una de las modalidades referidas tienen sus particularidades e incluso requisitos propios, por lo que sin desarrollarlos a cabalidad en este momento, el interés fundamental es proporcionar una idea general que permita enfatizar que todos los sistemas electorales son perfectibles y que, aunque se piense que un principio democrático ha sido alcanzado, como lo es el del sufragio universal, siempre existen posibilidades para ampliar su ejercicio y consolidar una mejor democracia a través de prácticas más incluyentes.

En años recientes el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado pruebas piloto para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto a través de dos nuevas modalidades; voto para las personas en prisión preventiva (VPPP) y voto anticipado (VA).

Lo anterior nos permite recordar que la democracia está en constante cambio y que, aunque se considere que en algunos aspectos se ha logrado su total desarrollo, aún queda pendiente que se implementen mecanismos para que la aspiración del sufragio universal pueda alcanzarse en la mayor medida posible.

En este orden de ideas, el VPPP significa que a las personas que están privadas de su libertad porque están sujetas a un proceso penal, pero que no han recibido sentencia condenatoria que les prive de sus derechos políticos, se les dote de las condiciones y medios necesarios para que ejerzan su derecho al voto. Esto, amparadas por el principio constitucional de presunción de inocencia.

Por su parte, el VA implica que a las personas que no pueden presentarse a votar el día de la jornada electoral se les proporcionen los medios para que emitan su voto anticipadamente. Actualmente, en las pruebas piloto del INE, esta modalidad se ha establecido para aquellas personas que tengan alguna incapacidad física y debido a ésta no puedan presentarse a su casilla el día de la jornada electoral.

Como se puede observar, es en esta segunda modalidad de voto donde se advierte que, si bien se ha implementado con el objetivo de impulsar condiciones igualitarias y lograr mayor inclusión, es deseable que en un futuro puede ser ampliada para que si, por cualquier razón, una persona no podrá acudir a votar el día de la jornada electoral, realice los trámites conducentes y pueda ejercer su derecho a votar con anticipación.

En este sentido, se debe tener presente que todo sistema democrático debe permitir y buscar que la ciudadanía ejerza con plenitud sus derechos político-electorales. Además, de acuerdo con un análisis realizado por el INE[1], lo anterior ya se contempla en sistemas electorales como el estadounidense, en el cual ni siquiera es necesaria la solicitud ni se requiere excusa, algún requisito especial o justificación que explique por qué necesita votar por adelantado.

Sin lugar a duda, los resultados que las pruebas piloto sigan proporcionando permitirán que se determinen los espacios y condiciones en los cuales estas modalidades de votación puedan ser operadas, y nos impulsarán a continuar reflexionando acerca de cómo se puede lograr que el derecho a votar sea ejercido efectivamente de forma universal. Después de todo, los sistemas democráticos siempre serán perfectibles.

[1] Análisis sobre las formas de votación anticipada en el mundo y de los mecanismos para instrumentar el voto anticipado en grupos poblacionales con calidad específica en México. Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/141968/CGex202209-07-ip-11.pdf

El pasado cuatro de enero inició formalmente el proceso electoral para renovar la titularidad de la Gubernatura de nuestra entidad. En la sesión respectiva, uno de los temas que consideré importante mencionar fue el relativo a la importancia de los procesos democráticos.

En aquella sesión mencioné que, en vísperas de un proceso electoral, se ha convertido en obligatorio señalar que “se está frente al más grande proceso electoral de la historia”, tomando como base, por ejemplo, que el estado de México es el más poblado y, por ende, cuenta con la Lista Nominal de Electores más grande del país, o que este proceso local es la antesala y prefigura de la elección federal de dos mil veinticuatro.

Repetir ese tipo de expresiones grandilocuentes en cada proceso electoral (y en cada oportunidad que se tiene), ha propiciado que pierda sentido y trascendencia, por lo que ha dejado de fomentar que se valore y reflexione acerca de la importancia de los procesos democráticos y la relevancia que representa el profesionalismo y actuar imparcial de las propias autoridades.

De manera particular quiero destacar que más allá de los discursos y planteamientos “políticamente correctos”, es absolutamente necesario que reflexionemos acerca de la autenticidad de nuestras convicciones democráticas y actuar en consecuencia. Es decir, no basta con lanzar discursos edulcorados que todo mundo acepta, sino que debemos tener claro que si dejamos de atender (sobre todo los actores políticos y las autoridades electorales) cabalmente los principios que rigen la materia electoral (certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad), en realidad estaremos debilitando las formas democráticas que nos hemos dado para elegir de forma pacífica a quienes nos gobiernan.

Conforme a lo anterior, considero que de presentarse la inobservancia de los principios rectores de la materia electoral, más temprano que tarde, ésta será advertida por la sociedad en su conjunto, lo cual podría no sólo generar que se deje de creer en la política en general y en los sistemas democráticos en particular, sino también que se arribe a otro tipo de fórmulas para la renovación de los poderes, las cuales no incluyan la participación de la ciudadanía, es decir, podríamos llegar a la dictadura. De ahí la importancia de retomar e impulsar nuestras convicciones democráticas para lograr que los procesos electorales verdaderamente garanticen la equidad y la certeza.

Me gustaría finalizar esta aportación retomando algo que también destaqué al inicio del proceso electoral. Las autoridades electorales administrativas no somos rivales de los partidos políticos ni de los tribunales, como a veces algunas voces malamente refieren. Al contrario, junto a la ciudadanía, todos, somos parte del engranaje necesario para que se tenga un sistema democrático sólido y en permanente evolución.

Desde el año dos mil, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que designaba el veinticinco de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esta problemática que se extiende a nivel mundial.

Posteriormente, en el dos mil ocho, el secretario general de la ONU lanzó la campaña ÚNETE la cual, entre otros aspectos, promovió que el veinticinco de cada mes se convirtiera en el Día Naranja, un día dedicado a generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres.

En este marco, a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres no solamente se presenta de manera física, sino que también existen otros tipos como la psicológica o la económica; incluso, tiene modalidades como la familiar, la laboral o la política. En tal sentido, es en esta última donde las autoridades electorales tienen participación directa.

Efectivamente, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género les impide ejercer sus derechos políticos plenamente, lo que ha generado históricamente una enorme brecha en el ejercicio y desarrollo político entre mujeres y hombres. Ante tal situación, la respuesta del Estado mexicano ha sido, destacadamente, tipificar esa modalidad de violencia en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; impulsar acciones afirmativas para abrirles espacios a las mujeres; crear protocolos de atención para cuando esos casos se presenten, así como capacitar a las personas servidoras públicas que brindan atención directa e inmediata.

No obstante, es necesario apuntar que desafortunadamente no se cuenta con datos duros acerca de si tales medidas han generado que realmente se cambie la cultura y forma de pensar de nuestra sociedad, pues si bien actualmente más mujeres forman parte de congresos, ayuntamientos y gabinetes, esos datos no permiten afirmar que existe una relación directa o indirecta entre tales medidas y el cambio cualitativo-social (no sólo numérico), que se desea para poder llegar a una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades.

Por lo anterior, ante el actual escenario político en el cual se valora una reforma al sistema electoral mexicano, considero que si bien de manera general ésta no puede ser producto de coyuntura política, particularmente tampoco lo puede ser el análisis de los avances y los retrocesos que han generado las medidas que el Estado ha tomado en la búsqueda de la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

En esa tesitura, vale la pena poner énfasis en que la eliminación de la violencia no es una prerrogativa o concesión para las mujeres, sino que es lo mínimo que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben hacer para alcanzar la consolidación de un mejor sistema democrático.

Para dar un encuadre al tema que se refiere es necesario esbozar, al menos, dos planteamientos: el primero es que, a partir de dos mil doce, cada once de octubre se conmemora el día internacional de la niña con el objetivo general de visualizar los problemas particulares que enfrentan, entre los que destacan la doble discriminación que sufren en razón de género y por su edad; el segundo consiste en que cuando se ponen sobre la mesa temas electorales (como lo pueden ser el ejercicio del derecho al voto o la erradicación de la violencia política en razón de género), se hace referencia casi en exclusiva a la ciudadanía, es decir, a toda persona que tiene dieciocho años o más, por lo que da la impresión de que a quienes no han cumplido esa edad no se les debe considerar en los trabajos o prácticas democráticas.

En ese orden de ideas, surge la reflexión de qué es lo que nuestro modelo democrático está haciendo para incluir a la niñez y a la juventud que en determinado momento alcanzarán la calidad de ciudadanía; esto es, cómo se les prepara para que en el momento que obtengan tal calidad puedan exigir y ejercer con plenitud sus derechos político-electorales y de esa manera participar activamente en la toma de decisiones fundamentales para la sociedad, como los son las cuestiones políticas.

Frente a un panorama en el cuál una posible reforma electoral ha sido el centro de atención, es importante que se analice de manera profunda si nuestro sistema democrático debe incluir acciones dirigidas a ambos grupos para que, por un lado, se les incluya y se les otorgen las herramientas para entender cuáles serán no sólo sus derechos, sino también sus obligaciones al cumplir la mayoría de edad, así como la importancia de, respectivamente, ejercerlos y cumplirlas.

Por otro lado, también se debe revisar qué se está haciendo para que desde temprana edad se les proporcionen las bases de una sociedad igualitaria y democrática. No basta con tener programas y legislación en temas electorales que sólo atienden a la ciudadanía. Se deben realizar acciones enfocadas en la niñez y juventud para que cuando se incorporen a la adultez sea posible que contribuyan a que las desigualdades y brechas en el ejercicio de los derechos se eliminen o, al menos, disminuyan. Es evidente que para la construcción de un país democrático debemos actuar en muchos más terrenos que solamente en el de la legislación electoral.

En ese marco, a propósito del día internacional de la niña, veamos esta conmemoración como una oportunidad para reflexionar acerca de las tareas pendientes de nuestra democracia hacia ese grupo particular, así como respecto a la niñez en general y actuar en consecuencia. Es sustancial tener presente que la democracia es mucho más que sólo una forma de gobierno o modelo social y debe incluir la participación de todas y todos. Al final, la democracia es de y para toda la sociedad mexicana.