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Para dar un encuadre al tema que se refiere es necesario esbozar, al menos, dos planteamientos: el primero es que, a partir de dos mil doce, cada once de octubre se conmemora el día internacional de la niña con el objetivo general de visualizar los problemas particulares que enfrentan, entre los que destacan la doble discriminación que sufren en razón de género y por su edad; el segundo consiste en que cuando se ponen sobre la mesa temas electorales (como lo pueden ser el ejercicio del derecho al voto o la erradicación de la violencia política en razón de género), se hace referencia casi en exclusiva a la ciudadanía, es decir, a toda persona que tiene dieciocho años o más, por lo que da la impresión de que a quienes no han cumplido esa edad no se les debe considerar en los trabajos o prácticas democráticas.

En ese orden de ideas, surge la reflexión de qué es lo que nuestro modelo democrático está haciendo para incluir a la niñez y a la juventud que en determinado momento alcanzarán la calidad de ciudadanía; esto es, cómo se les prepara para que en el momento que obtengan tal calidad puedan exigir y ejercer con plenitud sus derechos político-electorales y de esa manera participar activamente en la toma de decisiones fundamentales para la sociedad, como los son las cuestiones políticas.

Frente a un panorama en el cuál una posible reforma electoral ha sido el centro de atención, es importante que se analice de manera profunda si nuestro sistema democrático debe incluir acciones dirigidas a ambos grupos para que, por un lado, se les incluya y se les otorgen las herramientas para entender cuáles serán no sólo sus derechos, sino también sus obligaciones al cumplir la mayoría de edad, así como la importancia de, respectivamente, ejercerlos y cumplirlas.

Por otro lado, también se debe revisar qué se está haciendo para que desde temprana edad se les proporcionen las bases de una sociedad igualitaria y democrática. No basta con tener programas y legislación en temas electorales que sólo atienden a la ciudadanía. Se deben realizar acciones enfocadas en la niñez y juventud para que cuando se incorporen a la adultez sea posible que contribuyan a que las desigualdades y brechas en el ejercicio de los derechos se eliminen o, al menos, disminuyan. Es evidente que para la construcción de un país democrático debemos actuar en muchos más terrenos que solamente en el de la legislación electoral.

En ese marco, a propósito del día internacional de la niña, veamos esta conmemoración como una oportunidad para reflexionar acerca de las tareas pendientes de nuestra democracia hacia ese grupo particular, así como respecto a la niñez en general y actuar en consecuencia. Es sustancial tener presente que la democracia es mucho más que sólo una forma de gobierno o modelo social y debe incluir la participación de todas y todos. Al final, la democracia es de y para toda la sociedad mexicana.

Desde hace varios meses la posibilidad de una reforma electoral ha recibido una amplia divulgación, lo cual ha generado que diversos sectores, desde la academia hasta quienes ostentan un cargo de elección popular, se manifiesten a favor o en contra (algunos con propuestas y otros sin ellas) de modificar el sistema electoral mexicano.

En este contexto, llama la atención el poco interés que se le ha dado al tema de la participación de la ciudadanía en las elecciones. Como es sabido, y para lo cual se puede consultar el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 del Instituto Nacional Electoral (INE), en México la participación más alta se registra cuando se renuevan todos los cargos de elección popular federales, es decir, las cámaras de diputados y senadores, así como la Presidencia de la República, renovación que eventualmente coincide con algunas elecciones locales. Por su parte, cuando en las entidades federativas solamente se celebran elecciones locales, o incluso cuando se coincide con la renovación de la Cámara de Diputados (conocidas como elecciones intermedias), en muchos casos la participación disminuye considerablemente.

Podemos ilustrar lo anterior con los siguientes datos: A partir de que se tuvo un órgano autónomo que organizara las elecciones (el Instituto Federal Electoral), encontramos que de la elección federal en 1990 a la de 2018, la participación ciudadana más alta se registró en 1994, cuando se superó el 77 por ciento; de ese año a la fecha, la participación se ha mantenido entre el 63 y 64 por ciento.

Sin embargo, al revisar la estadística de las llamadas elecciones intermedias, sorprendentemente la participación más alta se presentó en 1990, cuando alcanzó el 66 por ciento, mientras que en 2003 la participación bajó hasta 41.3 por ciento, y en las últimas intermedias de 2021 se registró un 52 por ciento.

De acuerdo con los datos proporcionados por el propio INE, es sumamente importante que desde los órganos legislativos se revise el porqué la participación ciudadana presenta esos registros tan dispares. Posiblemente, algunas personas presenten con orgullo el que más de la mitad de la ciudadanía participe en los comicios, sin embargo, deberíamos preocuparnos por lo que está pasando con la ciudadanía que no vota (en ocasiones, más de la mitad).

No debe pasar inadvertido que, como ya lo hemos señalado, la democracia es una tarea diaria que atañe a toda la sociedad mexicana, por lo que si se quiere alcanzar su consolidación es necesario que toda la ciudadanía participe y se involucre, lo cual debe ser una prioridad tanto de las autoridades electorales, como del Gobierno.

Esperemos que el cómo incentivar la participación ciudadana sea un tema ampliamente estudiado y analizado de cara a la discusión de una posible reforma electoral ya que, nos queda claro, sigue siendo una de las tareas pendientes en la búsqueda de nuestra consolidación democrática.

Desde hace varios meses (inclusive años), diversas fuerzas y actores políticos han expuesto que es necesaria una reforma a nuestro sistema electoral por lo que, a la fecha, se cuenta con cerca de cuarenta iniciativas de reforma pendientes de estudio y dictamen.

Al respecto, si bien parece inminente que en unos meses podría haber una reforma, es necesario valorar, al menos, dos aspectos. El primero, es que se debe tener mesura y objetividad; es decir, no porque se tengan muchas iniciativas significa que realmente nuestro sistema electoral necesita ser modificado. Del análisis de la exposición de motivos de las diversas iniciativas se podría advertir la necesidad de una reforma constitucional que modifique sustancialmente el modelo democrático, o que tan sólo basta con realizar algunos ajustes a la legislación secundaria. Por esto, las iniciativas deben analizarse con la claridad y convicción de establecer, en primer lugar, si en realidad es viable modificar cuestiones esenciales o debieran limitarse a temas secundarios.

Aunado a lo anterior, también es crucial tomar en cuenta que desde 1977 -en cada sexenio- parece que existe la necesidad de impulsar, al menos, una reforma electoral. En ese sentido, se debe señalar que una reforma, por sí misma, no significa necesariamente que un sistema evoluciona y se perfecciona. El verdadero tema es, reitero, cómo y para qué se reforma.

El segundo aspecto que considero debe ser valorado es que no debemos incurrir en la falacia de estimar que si en otros países la democracia funciona de manera diferente, ello signifique que ésa es la mejor manera para todos. Resulta esencial que se atiendan las particularidades de nuestra sociedad y modelo democrático, así como sus cambios a través de los años.

En este sentido, no sólo es pertinente valorar democracias cuyos sistemas de gobierno sean similares a la democracia mexicana (por ejemplo de sistemas presidencialistas), sino valorar cómo llegaron al punto en el que se encuentran y si México podría incluir o no esas modalidades (a guisa de ejemplo el balotaje). De la misma manera, en caso de analizar democracias cuyos sistemas de gobierno no sean similares al mexicano, se debe considerar si determinadas características armonizan con nuestro modelo democrático y cuáles son las particularidades que debieran afinarse para su correcta implementación.

Además, quiero poner especial énfasis en recordar que la democracia mexicana se ha estado construyendo desde hace más de cuatro décadas y que no se debe a un partido político, a un sexenio, o a determinadas personas; es y deberá ser siempre una construcción de la sociedad en su conjunto.

Por último, considero que si se aspira a que México consolide su democracia, una reforma electoral no sólo debe robustecer sus instituciones sino que debe buscar, fundamentalmente, fortalecer la participación de la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

En aportaciones anteriores se ha señalado que la democracia es una tarea diaria que no empieza ni termina sólo con el ejercicio de los derechos político-electorales y que requiere la atención de lo que sucede en los distintos niveles de gobierno. A su vez, hemos apuntado que es necesario el estudio permanente de los diferentes sistemas y contextos democráticos con el objetivo de valorar cómo mejorar nuestro sistema y lograr la consolidación democrática.

Al tenor anterior, es necesario realizar una acotación más: la democracia demanda cambios e inclusión ya que, como expresó Norberto Bobbio en su obra El futuro de la democracia, “estar en transformación es su condición natural; la democracia es dinámica”.

En ese sentido, debe destacarse que los cambios e inclusión a que se refiere no solamente se presentan en las reglas democráticas o en la estructura de las instituciones, sino que también se llevan a cabo en la renovación de los cargos, ya sean éstos de elección popular o por designación.

Es decir, los cambios que se realizan deben obedecer a la evolución y realidad social que se vive; sin embargo, no deben ser incluidos de manera improvisada, pues se requiere su análisis cuidadoso. A manera de ejemplo, se tiene el voto de la ciudadanía que reside en el extranjero o la renovación escalonada de las consejerías y magistraturas electorales, posibilidades que además de incorporarse en la normatividad, exigen adecuar todo el sistema y establecer razonablemente el cómo se llevarán a cabo tales actividades.

Conforme a lo anterior, cuando se pretende transformar el sistema electoral se requiere no solamente la participación del Poder Legislativo que modifica las normas, sino también del Ejecutivo, el Judicial, los organismos autónomos y, por supuesto, del conjunto de la sociedad.

Por otro lado, respecto a la renovación de los cargos, el objetivo es claro: que nadie se perpetúe en el poder y que más personas puedan intervenir de manera directa en las decisiones que se toman. En este sentido, debemos pugnar por una mayor inclusión y participación social, pues ello permitiría que la renovación no solamente se dé entre personas con cierta trayectoria política o laboral, sino que también otros perfiles, como activistas, líderes sociales o de la academia, tengan la oportunidad de aportar al desarrollo de las instituciones y el Gobierno.

Es importante recordar que los cambios que se propongan deben cumplir un requisito indispensable: ser realizados antes de que inicien los procesos electorales, porque así se permite que todos los actores políticos conozcan previamente las reglas del juego y estén en condiciones de igualdad al momento de participar y competir.

Como una reflexión adicional, podemos decir que la democracia necesita cambiar al ritmo de la sociedad, pues de lo contrario perderá su eficiencia y podrían generarse retrocesos importantes. Debemos estar abiertos al cambio, siempre y cuando éste sea congruente, racional y legítimo.

El domingo pasado, los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo llevaron a cabo elecciones para la renovación de distintos cargos, destacadamente, eligieron gubernaturas. De cara al inicio del proceso electoral para la renovación de la Gubernatura de nuestro estado de México el próximo año, es importante revisar el desarrollo, los retos y las particularidades de los procesos en aquellas entidades federativas.

En el ámbito electoral es práctica común sostener que cada proceso electivo presenta particularidades, por lo que jamás se está frente a dos procesos iguales; en este sentido, haremos referencia precisamente a ciertas peculiaridades que destacan en los estados de Aguascalientes, Tamaulipas e Hidalgo.

En el caso de Aguascalientes (entidad que tuvo más de una particularidad) se está frente al primer estado en el cual todas las candidaturas para la Gubernatura fueron ocupadas por mujeres. Lo anterior es de suma relevancia porque permite analizar si tal situación se debió a que las acciones afirmativas que se han implementado desde hace años, tanto a nivel local como a nivel federal, están logrando su objetivo o si existieron circunstancias específicas que no necesariamente se pueden prever en todos los estados.

También, en Aguascalientes se impulsó el voto anticipado para personas que por razones médicas no pudieran salir de su domicilio a votar. Aunque en este primer ejercicio sólo participaron ciento veintiocho personas, se debe tener presente que esta prueba puede abrir la puerta para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto sin menoscabo de su salud o, no porque alguien padezca una enfermedad que le impida trasladarse, se quede sin ejercer su derecho al voto.

Aunado a lo anterior, Aguascalientes y Tamaulipas compartieron una particularidad: en ambas entidades se contó con urnas electrónicas para que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto. Si bien entre las dos entidades tuvieron un total de apenas cien urnas electrónicas, no debe perderse de vista que este ejercicio se suma a otros que han tenido el objetivo de determinar si es viable o no que el sistema electoral mexicano adopte en su integridad el voto electrónico.

Por su parte, en el caso de Hidalgo, a través de una acción afirmativa, se realizó una prueba piloto con votación vinculante para que personas en prisión preventiva ejercieran su derecho a votar a través del voto anticipado. En total, ciento dieciséis personas participaron en esta prueba, la cual es la primera en su tipo a nivel local y la antesala para que se implemente esta práctica a nivel federal en el 2024.

Como se puede observar, se está frente a ejercicios que incluso pueden ser determinantes para la modificación del sistema electoral federal, por lo que deben estudiarse cuidadosamente tanto por las autoridades locales como federales para, en su caso, ser implementadas o descartadas y, de esta manera, mejorar nuestros procesos democráticos.