Comunicación
Social

Dentro de los aspectos que caracterizan a las democracias contemporáneas se encuentra el de su constante renovación, tanto de los cargos de elección popular como de las propias instituciones electorales. En esta tesitura, y como es de conocimiento público, el próximo 30 de septiembre concluye el nombramiento de tres de las consejerías del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Al ser uno de los consejeros que concluye su encargo, quiero aprovechar la última de mis aportaciones en este espacio para compartir una reflexión general acerca de las instituciones electorales y en particular del IEEM.

Por supuesto, deseo que la ciudadanía y quienes integran las instituciones electorales no pierdan de vista que éstas han sido creadas esencialmente para dar certeza a los procesos electorales y sus resultados. Por tanto, la confianza que en ellas se deposite debe cimentarse sólo en su desempeño profesional, pues no puede calificarse a una institución dependiendo de si gana o pierde determinada fuerza política. Es decir, la materia de análisis para calificar a los órganos electorales consiste en determinar si éstos actuaron con la debida integridad, diligencia y rectitud en su responsabilidad, con total independencia de los resultados favorables o no para cada fuerza política.

Conforme a lo anterior, estoy cierto de que el IEEM es, por sí mismo, una institución sólida y confiable que, debo decirlo porque es mi convicción, va más allá de sólo su Consejo General o las siete consejerías de éste, pues está conformado por una enorme organización y estructura, que requiere diversas áreas y cientos de personas que todos los días trabajan arduamente para que los procesos electorales, ya ordinarios o extraordinarios, se lleven a buen puerto y la ciudadanía esté segura de que su voto cuenta.

En ese sentido, y como parte de un pensamiento crítico y participativo, también quisiera que la ciudadanía continúe exigiendo cuentas a las instituciones electorales, valore su trabajo, exprese sus inquietudes y, sobre todo, pugne por su permanente mejora y fortalecimiento. Insistiré una vez más: la democracia es una tarea diaria y de largo aliento que, junto con las instituciones, le pertenece a la ciudadanía, por lo que nos compete a todos.

En ese contexto, le deseo el mayor de los éxitos a quienes se integren al Consejo General del IEEM, que sea por el bien de la democracia mexiquense y del propio Instituto. Tengamos presente que, como todo en democracia, la labor del IEEM es perfectible. Sigamos aportando, cada quien desde el ámbito de sus funciones, para que nuestro Instituto Electoral sea mejor, corrija aquello que no ha funcionado o es anacrónico, e implemente todo lo necesario para seguir respondiendo a los cambios sociales.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para agradecer al Heraldo de México por la oportunidad de colaborar en este espacio. La democracia, sin lugar a dudas, se fortalece con el apoyo de los medios de comunicación.

En aportaciones anteriores[1] he referido que dentro de los rubros que se deben revisar para fortalecer nuestra democracia se encuentra, destacadamente, el verificar si las acciones afirmativas que se han implementado para grupos vulnerables en el registro de candidaturas han sido adecuadas y suficientes.

De igual manera, se ha señalado que no basta con enfocarse en cumplir cuotas y estadísticas, y que incluso el registro de candidaturas es ya un segundo momento, toda vez que desde las precampañas al interior de los partidos (así como en sus órganos internos de gobierno) se debería prever la participación de personas en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, la participación de los grupos que se ha considerado impulsar son las mujeres, los afrodescendientes, las personas discapacitadas, los indígenas y la comunidad LGBT+. No obstante, a propósito del Día Internacional de la Juventud, conmemorado el 12 de agosto pasado, y tomando en cuenta que de acuerdo con el Latinobarómetro 2023, apenas el 43% de los jóvenes apoya a la democracia, considero que no se debe de perder de vista a ese grupo como uno fundamental frente al que es necesario impulsar en mayor medida la importancia de la democracia, así como involucrarle en los asuntos políticos de nuestro país.

Si bien es cierto que la mayoría de los partidos políticos nacionales tienen sectores juveniles, esto no ha significado que la incidencia y representatividad de la juventud en los cargos de elección popular sea sustantiva. Efectivamente, si consideramos la integración de la Cámara de Diputados en 2018 y 2021, y toda vez que alrededor del 30% de la lista nominal de electores está integrada por jóvenes, apenas el 5% de la Cámara correspondió a ese grupo (sólo 27 de 500 curules).

Una vez más nos enfrentamos a un supuesto en el cual, no obstante que la legislación y los partidos políticos lo contemplen, ello no significa que materialmente un grupo vulnerable es realmente atendido y representado.

Estimo que frente a la disminución del apoyo e interés democrático por parte de los jóvenes, lo cual se vive a nivel internacional, es imprescindible que se ejecuten acciones que permitan a la juventud incidir de manera activa en la vida política.

Conforme a lo anterior, en reiteradas ocasiones he señalado que la democracia es una tarea diaria y que las medidas que se tomen para su fortalecimiento no pueden sólo obedecer a situaciones de coyuntura, por lo que no se trata de impulsar acciones con la finalidad lograr estadísticas positivas a través de cuotas, sino de buscar que los partidos políticos tengan plataformas que atiendan y permitan a la juventud participar de manera efectiva; que en los distintos niveles de gobierno se contemple a los jóvenes, y que las autoridades electorales también les involucren en sus funciones. La democracia que deseamos para mañana se debe trabajar desde hoy.

[1] Principalmente, las del 7 de mayo y 16 de julio de este año.

El tres de julio pasado se conmemoró el sexagésimo noveno aniversario del voto de las mujeres a nivel federal en México. El reconocimiento de su derecho al sufragio en 1953 implicó que también pudieran ser elegidas, por lo que en 1954 tuvimos a la primera diputada federal, en 1955 a la primera presidenta municipal, en 1964 a la primera senadora, en 1979 a la primera gobernadora, y en este 2024 tendremos a la primera presidenta de la República.

Debido a que cada cargo presenta particularidades y matices, para la reflexión de esta aportación referiré los datos de las gubernaturas (incluída la jefatura de gobierno de Ciudad de México). En esa tesitura, la participación de las mujeres en los ejecutivos locales ha presentado, entre otros, los siguientes aspectos:

• Pasó más de un cuarto de siglo para que a partir de su reconocimiento del derecho al voto una mujer fuese gobernadora.
• De 1979, fecha en que esto último ocurrió, hacia el 2018 apenas cinco mujeres habían sido titulares del ejecutivo local.
• Este 2024 la cifra aumentó a 22 (tomando en cuenta a las cuatro recientemente electas, quienes están por tomar posesión).
• A finales de este año, de los 32 ejecutivos locales, 13 serán ocupados por mujeres.

Como se observa, a partir de 2018 se ha incrementado considerablemente el acceso de las mujeres a las gubernaturas. No obstante, esto sólo se ha logrado porque a través de la normativa electoral se ha impulsado la alternancia de género en las candidaturas. Es decir, a pesar de que desde hace casi siete décadas las mujeres lograron que se les reconociera su derecho a votar y a ser elegidas, el cambio de paradigma no ha sido sencillo. En efecto, de no ser porque en los últimos años la sociedad y las autoridades electorales han exigido a los partidos políticos cumplir con cuotas de género, el acceso de las mujeres a esos espacios sería considerablemente menor.

Debido a lo señalado, considero que es momento de cuestionarnos nuevamente hacia dónde queremos llegar en materia de paridad de género, por lo que si la meta es que las mujeres tengan mayor participación y desarrollo en la vida política, aquella no puede quedarse solamente en cuántos cargos de elección popular ocupan las mujeres. Incluso, debemos valorar si sólo las cuotas y la alternancia de género en las candidaturas son medidas idóneas para cambiar el paradigma que ha imperado.

En esta tesitura, estimo que en materia de paridad ha llegado el momento de reflexionar los avances logrados y, sobre todo, proponer nuevas alternativas; por ejemplo, la apertura de espacios para las mujeres en las dirigencias de los partidos políticos (actualmente sólo un partido político nacional es dirigido por una mujer). Lo anterior, con la finalidad de propiciar mayores alcances cualitativos en su participación e injerencia en la vida política. La paridad de género, como todo en democracia, es perfectible y debemos asumir la tarea de buscar su evolución permanente.

Desde antes del inicio formal del actual proceso electoral y hasta la realización de la jornada electoral, uno de los temas más cuidados y observados fue el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Esto, porque desde su implementación en 1994 se ha procurado que no sólo proporcione los resultados de la votación de la forma más precisa, sino también con la mayor velocidad posible.

En esa tesitura, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se enfocaron los esfuerzos para que nuestro PREP operara bajo esas condiciones de exactitud e inmediatez. Los resultados fueron satisfactorios, ya que 12 horas después de haber sido puesto en marcha ya contábamos con más del 90% de las actas procesadas y, al momento del cierre de sus operaciones, en la elección de diputaciones se logró el 100%, mientras que en la de ayuntamientos se tuvo el 99.01%.

Para ilustrar el buen funcionamiento de nuestro programa, podemos mencionar que en el caso del INE (al cierre de su sistema) superó el 90% de actas procesadas, y a pesar de que en diputaciones federales se tuvo el porcentaje más bajo, éste fue de 94.21%.

Ahora bien, por su condición de ser sólo resultados preliminares tienen carácter de informativos y no son definitivos ni vinculantes, por lo que debemos esperar varios días a la realización de los cómputos distritales y municipales, donde de nueva cuenta se revisan los resultados de las actas de cada casilla para sólo entonces tener resultados formales y, sobre todo, ahora sí vinculantes para candidaturas y ciudadanía.

En este orden de ideas, podemos sostener que contamos con un PREP que se mejora en cada proceso electoral, en el que se han invertido una enorme cantidad de recursos económicos y humanos, y que en esta elección se desarrolló durante 9 meses en coordinación con el INE y el apoyo de un Comité Técnico Asesor, así como de un Ente Auditor.

Así, ante los resultados que ha alcanzado el IEEM, estimo que es viable analizar si los resultados plasmados en el PREP pudieran volverse vinculantes, posibilidad que además de ser novedosa, aprovecharía los avances científicos y tecnológicos en beneficio de la ciudadanía.

Debe destacarse que nuestro PREP ha sido dotado de elementos que permiten un alto grado de precisión, inmediatez y confiabilidad. Además, no puede soslayarse que las actas de las cuales se alimenta el programa son llenadas por ciudadanos elegidos mediante sorteo, que quienes capturan tanto las imágenes, como los datos contenidos en tales actas, son personas que participaron mediante una convocatoria pública; y que en todo momento el desarrollo del programa es supervisado por los partidos políticos.

Por tanto, quizá es momento de reflexionar si nuestro PREP pudiera ser visto no sólo como una herramienta que combate la desconfianza, sino ya como un programa que, con las adecuaciones y previsiones tecnológicas y jurídicas necesarias, pudiera transformarse en vinculante.

La reciente experiencia del registro de candidaturas nos permite (y obliga) a señalar algunos aspectos que, en mi opinión, deberán ser corregidos en aras de que los procesos electorales venideros sean más pulcros y eficientes. En este sentido, existen al menos dos rubros que requieren ser revisados: el plazo que el Instituto Electoral de nuestro estado (IEEM) tiene para calificar tal registro, así como el cumplimiento de las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al primer tema, los partidos políticos cuentan con diez días para registrar sus candidaturas y, una vez vencido ese plazo, el IEEM tiene cinco días para revisar que cada candidatura cumpla con lo establecido en la normativa (requisitos de elegibilidad, paridad de género y acciones afirmativas). Al respecto, la experiencia ha mostrado que los partidos políticos solamente utilizan los últimos tres días para el registro (la mayoría lo hace el último día), y en tan sólo cinco días el IEEM debió revisar más de ocho mil candidaturas. Es evidente que se necesita un plazo más amplio para lograr una adecuada revisión y, por supuesto, los partidos políticos requieren plazos suficientes (previos al inicio de las campañas) para atender los requerimientos que se les formulen.

Respecto a las acciones afirmativas, es imperioso tener presente que es la primera ocasión que tales postulaciones son implementadas en nuestra entidad, por lo que aún sin el resultado de la votación, pero ya con el registro de candidaturas efectuado, es evidente que tenemos (partidos políticos e Instituto), un amplio espectro para eficientar el registro y, sobre todo, para cumplir auténticamente con su objetivo primigenio: involucrar a los grupos en situación de vulnerabildad en la vida política.

Así, toda vez que la participación política no sólo aparece a partir del registro de candidaturas, valoremos si la exigibilidad de registrar acciones afirmativas debe ser, en realidad, un segundo momento, y considerar que en primer lugar resulta necesario prever que al interior de los partidos, esto es, desde su militancia, la formación de sus cuadros y, por supuesto, en las precampañas, se fomente la participación de personas que pertenezcan a todos los grupos en situación de vulnerablidad.

Estimo que sería muy pertinente que una vez finalizado el actual proceso electoral e integrados los congresos (federal y local), las fuerzas políticas y las autoridades electorales analicemos críticamente la experiencia obtenida. Quiero expresarlo con todas sus letras: reconocer los errores, las lagunas y los vacíos de nuestra normatividad electoral es imprescindible si realmente queremos avanzar en la consolidación de nuestra democracia. Impulsemos que tomando en cuenta los aciertos y desaciertos, se inicien los trabajos para impulsar una reforma electoral integral en la cual se escuche la experiencia de los partidos políticos, las autoridades electorales y, por supuesto, de la ciudadanía.