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Hace unos días Latinobarómetro publicó su Informe 2024. A diferencia de otros estudios que miden datos objetivos sobre el desempeño de gobiernos y mercados, esta investigación ha centrado su atención en la percepción de las personas. Toda vez que se ha aplicado desde 1995, es posible identificar tendencias en las principales variables que presenta.

Los hallazgos de este estudio aplicado en 17 países suelen sorprender por la brecha que existe entre la realidad de las personas y la manera en que éstas la perciben. Es el caso de las expectativas sobre la economía. Este año 52% de las personas encuestadas se mostraron optimistas, al considerar que su situación familiar mejorará en los próximos doce meses. Es la proporción más alta que se ha alcanzado en tres décadas.

Las variables económicas no respaldan esa percepción. En los últimos diez años la región creció apenas al 1% anual. CEPAL pronostica que en 2025 la región tendrá una mejora apenas marginal y se seguirá situando muy por debajo del promedio de crecimiento mundial.

Paradójicamente, seis de cada diez personas encuestadas considera que su situación familiar mejoró en los últimos 10 años. Otro 25% siente que se mantienen igual.

Es cierto que los países que menos perciben mejoras en la última década son Venezuela, Argentina y Bolivia, cuyas tasas de crecimiento económico han sido muy bajas. Pero el dato que contrasta es que aquellos que perciben más progreso son Costa Rica, República Dominicana y Uruguay que más bien se han distinguido por la calidad de sus democracias y la estabilidad de sus gobiernos.

En efecto, el actual Informe de Latinobarómetro confirma que el cambio que llegó con la tercera ola democrática en Latinoamérica no sólo cambió los regímenes políticos: cambió sobre todo la cultura política de las personas. Nuevamente la mayor parte de los encuestados (52%) afirman que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, con lo que se pone fin a catorce años sin repuntes.

A pesar de ser un año con muchas elecciones, este inusitado nivel de apoyo a la democracia no parece tener que ver con el hecho de que se haya optado por la continuidad o por el cambio.

Por citar dos ejemplos, en México el apoyo a la democracia creció 14%, aunque el partido en el poder se mantuvo. En Argentina, donde el Presidente Milei rompió con los partidos tradicionales el apoyo también creció en forma importante, 13%. En palabras del propio estudio “las elecciones hacen mucha diferencia en consolidar la democracia cuando son competitivas y los pueblos sienten que están eligiendo lo deseado”.

Por lo anterior, conviene revisar cómo ven las y los latinoamericanos a sus instituciones de la democracia. La cantidad de personas latinoamericanas que confía en las instituciones electorales (34%) es significativamente mayor que la que cree en los congresos (24%) y el doble de la que valora a los partidos (17%).

Los tres países donde hay mayor confianza en las instituciones electorales son Chile, Uruguay y México, casi 20% por encima del promedio regional.

El nuevo Informe de Latinobarómetro ofrece una bocanada de esperanza para quienes consideraban que la democracia en la región iba en deterioro. Mientras la ciudadanía siga pensando que esta forma de gobierno es preferible a cualquier otra y existan instituciones sólidas enmarcadas por los principios de la democracia y por el imperio de la ley, seguirá valiendo la pena que los pueblos luchen por consolidar este sistema a lo largo del subcontinente.

Con el tiempo, la aplicación de esta figura ha generado tensiones entre el principio de igualdad ante la ley y la protección de la democracia representativa

La inmunidad, también conocida como fuero, fue concebida como un mecanismo para proteger a ciertos actores políticos y garantizar la independencia de sus funciones. Desde sus inicios en las prácticas parlamentarias británicas del siglo XVII, este mecanismo buscaba garantizar debates libres y evitar la interferencia de la Corona.

Con el tiempo, la aplicación de esta figura ha generado tensiones entre el principio de igualdad ante la ley y la protección de la democracia representativa. La reelección de Donald J. Trump en Estados Unidos ofrece un caso de estudio especialmente relevante para analizar las implicaciones de esta figura jurídica en la democracia.

En julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó inmunidad parcial a Trump, limitada a las “acciones oficiales del presidente en el cargo”. Sin embargo, la sentencia no define claramente qué es un acto oficial y un extraoficial. Ante dicha falta de claridad, las personas juzgadoras pudieron desestimar dos casos en su contra: el intento de subvertir las elecciones de 2020 y el mal manejo de documentos clasificados. Este criterio será nuevamente evaluado por las instancias de justicia locales en los casos pendientes contra él, pero ya es un antecedente peligroso para la democracia.

La decisión de la Corte pone de manifiesto una paradoja: mientras la inmunidad busca proteger la democracia, también puede convertirse en un arma de doble filo que facilite la impunidad. Casos como el del magnate republicano, quien recientemente enfrentó un juicio por falsificación de registros comerciales para ocultar información comprometedora, ilustran cómo esta protección puede ser utilizada para evadir consecuencias legales, pues recibió una sentencia sin pena.

Este escenario plantea cuestionamientos importantes sobre las implicaciones de la inmunidad en dos ámbitos clave: las actitudes antidemocráticas y el fortalecimiento de liderazgos anti-establishment.

En 2020 Trump rechazó los resultados electorales e incitó actos violentos. Estas acciones socavan la legitimidad institucional y fomentan la desconfianza en el Estado de derecho. La democracia representativa depende, en gran medida, de la participación ciudadana activa y de la adhesión a las reglas del juego. Las sentencias establecen un precedente peligroso para la rendición de cuentas, especialmente por la posible ausencia de consecuencias ante conductas violentas y antidemocráticas. Incluso pensando en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro.

El proceso también evidenció desigualdades en la impartición de justicia. El presidente reelecto no solo obtuvo inmunidad en los casos relacionados con sus acciones durante su administración, sino que además tuvo consideraciones especiales al ser sentenciado por el caso de Stormy Daniels.

Finalmente, es indispensable evaluar cómo el hartazgo político y la desconfianza hacia las élites han impulsado liderazgos anti-establishment que utilizan sus procesos legales como herramientas estratégicas. Al posicionarse como víctimas de un sistema “injusto”, mientras destacan cómo este protege a las élites, consolidan su narrativa y refuerzan su influencia. Esto refleja cómo la inmunidad política, si no se regula adecuadamente, puede ser instrumentalizada para desafiar los principios democráticos.

Que liderazgos actuales y futuros utilicen recursos legales para justificar acciones autoritarias amenaza los principios democráticos. Es crucial establecer límites claros y garantizar que este mecanismo no sea una herramienta de impunidad.

Solo a través de instituciones sólidas y transparentes podremos fortalecer la confianza pública y asegurar que la justicia sea verdaderamente igualitaria. El reto para las democracias modernas, incluidas las de nuestra región, radica en aprender de estos casos y adaptarse a los desafíos que presentan, sin comprometer los valores fundamentales que las sostienen.

POR AMALIA PULIDO

@pulido_amalia

Presidenta del Instituto Electoral del Edomex

Las reformas constitucional y legal que dieron pie a la elección judicial de junio próximo refrendaron la atribución del INE para decidir los diseños más adecuados de boletas electorales.

Las reformas constitucional y legal que dieron pie a la elección judicial de junio próximo refrendaron la atribución del INE para decidir los diseños más adecuados de boletas electorales. El reto es complejo, si se considera que cada votante podría tener que decidir decenas de cargos jurisdiccionales de distintos tribunales, materias y responsabilidades.

Se trata de un problema clásico de política pública. La corriente de pensamiento que se dedica a su estudio busca imprimir racionalidad a la toma de decisiones, con la idea de maximizar los beneficios sociales o, en este caso, minimizar el esfuerzo que debe realizar cada persona ciudadana en expresar su preferencia. Todo ello, a la luz de criterios de eficiencia que cuiden los costos que cualquier decisión pública tiene sobre el erario.

Fue Giandomenico Majone quien explicó con claridad meridiana el ámbito decisional. Las instituciones escogen la mejor opción de entre un conjunto muy acotado de alternativas. Operan restricciones técnicas, presupuestales y hasta políticas que reducen y constriñen las posibilidades.

Es en ese espacio limitado donde debe verse el problema que tuvo que resolver la autoridad administrativa. Ciertamente no fue una decisión caprichosa el separarse de la fórmula tradicional en que cada boleta se utiliza para decidir una y sólo una candidatura. Esa opción no es factible para los comicios judiciales si se considera que sólo para la Suprema Corte de Justicia se deben escoger nueve opciones.

Deben elegirse, además, miembros de los tribunales de Disciplina Judicial, Electorales y de Circuito, además de jueces y juezas de distintas materias.

Los diseños de papeleta que en el pasado han funcionado para elecciones del Ejecutivo y Congreso no se pueden replicar en los comicios judiciales porque hay diferencias significativas respecto de la cantidad de cargos a elegir, el número de personas candidatas por cargo y la normatividad aplicable. Ésta mandata que sea identificable la autoridad que postula las candidaturas.

Dos decisiones previas impactan los modelos de papeletas que aprobó el INE. Por un lado, la de concentrar en seis boletas (una para cada tipo de elección) todas las candidaturas de juzgadores federales; por el otro, el diseño de un marco geográfico que limita a diez el número máximo de cargos a elegir en cada boleta.

Dadas estas restricciones, el INE optó por modelos donde se presentan claramente las candidaturas que compiten para cada cargo, pero la persona electora debe escribir en recuadros el número que corresponde a la opción de su preferencia. Al abandonar la opción de poner una “X” en determinados recuadros, la boleta permite una mayor cantidad de nombres, sin sacrificar claridad en la expresión de la decisión de la persona ciudadana.

Además, una ingeniosa decisión permitirá una considerable reducción de costos. Cuando el número de candidaturas sea menor a 65, se utilizarán boletas media carta. Esto es trascendental si se considera que para la elección federal deben imprimirse alrededor de 600 millones de papeletas en apenas 75 días, por lo que imprimir en una superficie menor de papel permitirá abaratar costos presupuestales, disminuir tiempos de producción y reducir las necesidades de transporte y carga de documentación.

En las próximas semanas las entidades federativas que tendremos elecciones judiciales deberemos decidir nuestros propios tipos y modelos de boleta, de acuerdo a reglas y lineamientos emitidos por el INE.

Toda vez que las y los votantes deberán decidir juzgadores locales en forma concurrente con la de federales, será imperativo que el diseño no genere confusión y mantenga razonable el tiempo que las y los votantes deben invertir en la emisión de su sufragio.

La elección avanza a paso firme con un diseño creativo que permite presentar todas las opciones disponibles, manteniendo la boleta clara y fácil de entender.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

En ningún año en la historia tantos votantes habían acudido a las urnas. En 2024 se registraron más de 70 elecciones nacionales a las que estuvieron convocados alrededor de 3 mil millones.

En ningún año en la historia tantos votantes habían acudido a las urnas. En 2024 se registraron más de 70 elecciones nacionales a las que estuvieron convocados alrededor de 3 mil millones de votantes.

Este momento climático en la participación no es casual. Es producto de décadas de expansión democrática en la que cada vez más sistemas políticos optaron por dirimir la competencia por el poder político a través del sufragio. Parafraseando a Amartya Sen, el paradigma democrático se volvió un “valor universal”.

Por eso generó tanta expectativa el año que concluye. Para algunas personas, la oportunidad de tener a tantas personas ejerciendo sus derechos se antojaba como un escenario inmejorable para profundizar el arraigo y alcances de la democracia en el planeta. Otros eran menos optimistas y hacían evidentes los descensos registrados en los últimos años en índices que miden la calidad de la democracia y la integridad de los comicios.

Conviene cerrar este superciclo analizando las tendencias más destacadas.

Uno de los fenómenos más notorios fue la aparente vulnerabilidad de los gobiernos en el poder. En un contexto marcado por la incertidumbre económica; la inflación persistente y desencanto con las élites políticas, las personas votantes mostraron una clara disposición a castigar a los partidos en el poder. De las 73 elecciones que vivimos a nivel mundial, el 32% resultó en un cambio en el partido en el poder. Los comicios se refrendan como instrumento para premiar o castigar el desempeño de los gobiernos.

La polarización también jugó un papel central. Los debates sobre derechos civiles, inmigración y la preservación de valores tradicionales intensificaron las divisiones ideológicas, creando un terreno fértil para el ascenso continuo del populismo de extrema derecha. Este fenómeno, consolidado en Europa y replicado en América Latina, llevó al poder a figuras como Javier Milei en Argentina, quien se posicionó como un crítico feroz del status quo. Pero la resistencia al populismo también se manifestó en otros escenarios, con movilizaciones sociales que desafiaron las agendas más conservadoras y autoritarias.

En términos de inclusión, los resultados fueron mixtos. Aunque el promedio global de mujeres representantes en congresos disminuyó ligeramente, algunos países lograron avances notables. Naciones como Mongolia, Jordania y el Reino Unido incrementaron significativamente la participación femenina en sus parlamentos. Aunque empezamos el año con 6 mujeres mandatarias, cerramos el superciclo con siete.

No obstante, el 2024 también expuso la fragilidad de algunos sistemas electorales.  Aproximadamente el 15% de las elecciones registraron rechazo público a los resultados por parte de la oposición y en el 13% hubo boicots.

El papel de las redes sociales y la desinformación también fue crucial en este superciclo. Plataformas como Meta, YouTube, X y Tiktok se enfrentaron a operaciones de influencia coordinada que intentaron manipular la opinión pública a través de noticias falsas y contenido generado por inteligencia artificial. La reciente nulidad de la elección rumana es una advertencia de los riesgos de la desinformación.

Finalmente, la participación juvenil fue otro tema destacado en 2024. En países como India e Indonesia, las generaciones más jóvenes constituyeron un segmento crucial del electorado, promoviendo debates sobre cambio climático, tecnología y educación. Sin embargo, la desconexión entre juventud votante y liderazgos electos sigue siendo un problema sin resolver.

Este año nos deja valiosas lecciones sobre la importancia de construir instituciones más inclusivas, resilientes y responsables, capaces de responder a las demandas de sociedades cada vez más diversas. A medida que el mundo avanza hacia el futuro, el aprendizaje del 2024 deberá traducirse en acciones concretas que fortalezcan la democracia y promuevan un cambio positivo en las estructuras políticas globales.

POR AMALIA PULIDO

@pulido_amalia

Presidenta del Instituto Electoral del Edomex

Muchas de las instituciones que nos rigen han sido, históricamente, diseñadas por y para hombres. No han considerado las necesidades diferenciadas entre uno y otro sexo.

El mercado laboral ofrece un buen ejemplo de los efectos de esa omisión. El ingreso de las mujeres a los empleos formales derivó para nosotras en una “doble jornada”. Es decir, adicional a las horas en el trabajo nosotras invertimos 40 horas en labores de cuidado, contra sólo 16 de los hombres. Los tiempos de disfrute son asimétricos.

Pero si los problemas en el trabajo han sido ya bien estudiados por diversas corrientes del feminismo, hay una zona menos explorada: las mujeres en la política. ¿Qué pasa con las mujeres electas que, después de ser elegidas mediante voto popular, toman su licencia de maternidad? Estas cuestiones –incluyendo, por ejemplo, las salas de lactancia– sólo han logrado posicionarse a partir de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión y la disyuntiva que han enfrentado entre sus derechos como trabajadoras, madres, ciudadanas y políticas.

Hace poco una política mexiquense explicó cómo, al hacer campaña embarazada, se le cuestionaba si sería capaz de legislar una vez que naciera el bebé. Otra mujer política de la esfera nacional evidenció que las principales oficinas en la Cámara baja ni siquiera cuentan con baños para mujeres. Uno y otro caso denotan cómo la actividad política en Latinoamérica se pensó como un espacio exclusivo para los hombres.

Es en este contexto que la Ley 2436 aprobada este mes en Colombia resulta en una innovación útil para todo el continente. Ésta garantiza a las mujeres electas el derecho a una licencia de maternidad que les permita continuar ejerciendo sus funciones. Esta normativa representa un avance significativo hacia la equidad de género en la política, al reconocer que las mujeres pueden ser madres y políticas al mismo tiempo.

El caso colombiano es interesante porque las personas legisladoras se valieron de estudios novedosos para sustentar la iniciativa. Por ejemplo, en la exposición de motivos presentan un estudio del 2019 en el que muestran que la reforma legislativa en Colombia que modificó la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tuvo un efecto negativo en el acceso al mercado laboral de las mujeres.

La ley colombiana se convierte en referente para América Latina al reconocer que las licencias tradicionales no necesariamente responden a las demandas de las mujeres en política. Con esta nueva modalidad de licencia, congresistas, diputadas, concejalas y edilesas podrán optar por tomar una licencia de maternidad que les garantice derechos como votar de forma remota, participar en debates y presentar proyectos legislativos sin interrupción de sus funciones.

Pero no podemos ignorar que la implementación de esta ley implica retos significativos. A nivel cultural y social, es crucial combatir los prejuicios que puedan surgir en torno a la elección de las mujeres de adherirse a esta modalidad o a la licencia tradicional. Es decir, no olvidar que la decisión de cómo ejercer su cargo y maternidad corresponde únicamente de la mujer gestante. Asimismo, las corporaciones públicas deben garantizar las condiciones tecnológicas y logísticas necesarias para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin discriminación.

La promulgación de esta ley es una invitación a reflexionar sobre las estructuras que perpetúan la desigualdad. Como lo señala la Corte Constitucional de Colombia, es indispensable que las medidas legislativas ataquen las causas profundas de la exclusión, reconociendo que la reproducción y las responsabilidades familiares no deben ser factores que limiten la igualdad de oportunidades. Las organizaciones políticas deben fomentar una cultura de apoyo y respeto hacia las mujeres que decidan ejercer su maternidad y su mandato.