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Los comicios para el parlamento federal alemán se desarrollan en un clima político turbulento. Uno de los elementos que han puesto tensión en el proceso es el inesperado posicionamiento público y explícito de figuras con fuerte injerencia política a nivel mundial en favor del partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania (AfD).

Mientras el multimillonario Elon Musk tuvo participación virtual en un evento de campaña de AfD invitando al orgullo alemán, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, alentó a los partidos políticos a cooperar con la extrema derecha y reprochó a liderazgos de la Unión Europea que ignoren las preocupaciones del electorado frente a la inmigración. Dos elementos llaman la atención.

En primer lugar, los partidos de extrema derecha están ganando cada vez más espacios en todo el mundo. No se trata de un fenómeno nuevo ni constreñido a Europa. Es el resultado de tendencias políticas, institucionales, económicas y culturales de largo plazo. Desde hace un par de décadas, la Ciencia Política advertía cómo estos movimientos tienen capacidad de crecer porque capitalizan el rechazo a la inmigración y el desencanto con las élites políticas tradicionales. De manera más reciente, Norris e Inglehart analizaron cómo el fortalecimiento de grupos extremos se puede explicar por el conflicto entre valores progresistas y conservadores.

En el caso de Alemania, la AfD logró canalizar los malestares sociales que han sido ignorados por los partidos políticos tradicionales, prendiendo alertas entre ellos y evitando cualquier tipo de pacto o alianza con la extrema derecha. Es en este contexto polarizado que Elon Musk invitó a no perder el orgullo alemán, pero esta intervención no es un caso aislado. En los últimos años, el empresario ha respaldado movimientos similares en países como Argentina, Italia, Brasil y los Países Bajos.

Esto nos lleva al segundo elemento: la participación de actores extranjeros en la política interna de un país. En el caso del proceso alemán, la intervención ha pasado desde descalificar al canciller Olaf Scholz hasta alentar el voto por la AfD. Se desconoce el impacto que esta injerencia tendrá en los resultados electorales. El apoyo del 21% a AfD –casi 11% por encima de los votos obtenidos en 2021– se ha mantenido estable, pero aún faltan algunos días.

Lo cierto es que este tipo de interferencias plantea serias preocupaciones sobre el rol de los actores internacionales y la capacidad de las instituciones democráticas para mantener el juego político constreñido en la propia jurisdicción.

Si bien las constituciones suelen tener dispositivos que disuaden la actuación de gobiernos extranjeros o sus agencias en procesos democráticos nacionales, la eficacia de estos mecanismos no es evidente cuando hablamos de actores privados. Ello se vuelve particularmente grave en un mundo global que constantemente coloca incentivos para que los agentes económicos quieran influir en la toma de decisiones de otros países.

El caso de Cambridge Analytica demostró que la desinformación deliberada puede generar sesgos en los resultados de la votación. Será necesario que las instituciones electorales fortalezcan sus capacidades para garantizar al electorado un debido acceso a la información. Habrá que estar pendientes –también– de mejorar los sistemas de fiscalización en el mundo para garantizar que sólo entren a la disputa política los fondos debidamente autorizados por los marcos legales de cada país.

La ciudadanía queda en medio del juego entre instituciones públicas y privadas, pero es ahí en donde está la posibilidad de cambio y de una política representativa. Es apremiante que la ciudadanía tenga a su alcance información confiable y verificada que se traduzca en decisiones informadas y en la resistencia desde la sociedad civil: Wir sind die Brandmauer, “nosotros somos el cortafuegos”.

Dra. Amalia Pulido Gómez

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

Si bien los procesos electorales suelen tener sus momentos más importantes en la jornada electoral, hay otras etapas que resultan de primera importancia. Es el caso del registro de candidaturas, cuya trascendencia deriva del derecho fundamental de las personas a participar en elecciones y, en su caso, ser votadas.

Los estándares internacionales aplicables indican que sólo se puede constreñir esa prerrogativa ciudadana por causas objetivas y razonables. Debe haber instancias encargadas de un registro verificable y otras ante las cuales impugnar decisiones administrativas. El tema no es trivial. En cada misión de observación de la OEA surgen recomendaciones sobre esa temática.

El sistema electoral mexicano encomendó esa atribución a institutos electorales autónomos. Son estas autoridades las que, a propuesta de los partidos políticos, verifican los requisitos de elegibilidad y, en caso de que se cumplan, autorizan que el nombre de una persona llegue a la boleta. El INE y los OPLEs son también quienes verifican que las candidaturas independientes cumplan con los requisitos de Ley.

Algunos organismos enfrentan severas complejidades en esta etapa. El Instituto Electoral del Estado de México, por ejemplo, tuvo que revisar el año pasado la elegibilidad y cumplimiento de paridad de más de siete mil candidaturas. La ley otorga cinco días para hacerlo, un desafío técnico y logístico.

La reforma judicial irá por un camino distinto de aquel que se utiliza para las elecciones de presidencias, gubernaturas, congresos y ayuntamientos. Los partidos no postulan candidaturas. Para asegurar la idoneidad de las y los aspirantes a juzgadores, la norma exige que los poderes de la federación y de cada entidad federativa sean quienes hagan las postulaciones.

Ahora, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a través de sus respectivos comités de evaluación, son responsables de recibir las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, de idoneidad y de verificar el cumplimiento del principio de paridad, todos establecidos en la Constitución. Así, integrarán los listados con las personas mejor evaluadas y los depurarán mediante un proceso de insaculación pública.

En el caso del Estado de México cada poder local deberá aprobar la postulación de dos candidaturas por cada cargo de jueza o juez; dos para cada magistratura del Tribunal Superior de Justicia, y tres para cada magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial.

El 28 de febrero es la fecha límite para que la Legislatura envíe al IEEM los listados de personas candidatas. Los plazos son reducidos: las personas interesadas pudieron registrarse desde el pasado 11 de febrero y tendrán como plazo final el 16 de febrero, mientras que los comités evaluadores tendrán apenas del 17 al 24 de febrero para revisar los requisitos de elegibilidad y de idoneidad y de esta manera conformar las listas de las personas mejor evaluadas para su insaculación pública.

A nivel federal, los comités evaluadores recibieron más de 30 mil solicitudes. Toca ahora el turno al Estado de México.

Por ello, en esta etapa de inscripción de aspirantes a integrar los órganos del Poder Judicial mexiquense, es fundamental que la ciudadanía se involucre. La participación informada y activa es clave para fortalecer la legitimidad de quienes ocuparán estos cargos y, en última instancia, para consolidar la democracia en nuestro estado.

Mexiquense vota, es justo

El proceso electoral extraordinario 2024-2025 de personas juzgadoras en México marca un hito sin precedentes. Aunque en países como Estados Unidos, Bolivia y Suiza algunos cargos judiciales se eligen por voto popular, nuestro país busca implementar esta práctica a nivel nacional y local de una manera ambiciosa. México será el primer país del mundo en que la totalidad de impartidores e impartidoras de justicia serán electos.

El proceso ha sido bien documentado en el ámbito federal. Serán seis boletas –con máximo 10 cargos em disputa en cada una– por las que el electorado elegirá a miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina Judicial, Magistraturas y Juzgados.

Pero en las entidades federativas el avance es menos contundente. La Carta Magna dio un plazo de 180 días para que los congresos estatales decidieran si renovarán una parte de los cargos locales en el 2025 o esperarán al 2027 para elegirlos en su totalidad. A la fecha, 15 estados y la Ciudad de México han aprobado cambios a sus constituciones locales para hacer posible la elección de personas juzgadoras en el ámbito subnacional.

Por eso es relevante la reciente aprobación y publicación de la reforma a la Constitución Política del Estado de México. La entidad más poblada del país está ya en la ruta de elegir alrededor de 148 cargos judiciales el primer día del mes de junio.

Por supuesto hay desafíos importantes, como la temporalidad. En la primera quincena de enero entrarán en vigor las modificaciones necesarias al Código Electoral para poder operar una elección de esta magnitud. En una elección normal, el marco normativo se conoce con meses o años de antelación: ahora contaremos con menos de cinco meses para diseñar, presupuestar e implementar la elección.

Además, las elecciones locales enfrentan retos específicos. A diferencia de lo que ocurre en el INE que tiene Juntas permanentes, el Instituto Electoral del Estado de México tendrá que instalar órganos desconcentrados temporales en todo el territorio para lograr un despliegue y recolección de paquetes detallada y segura.

A pesar de los retos, hay razones para ser optimistas. La elección extraordinaria 2025 llegará a buen puerto porque se cuenta con los activos institucionales para lograrlo.

Por un lado, debe mencionarse la estrecha coordinación entre autoridades federales y locales. El modelo es único en el mundo y garantiza que instituciones con distintos ámbitos competenciales lleven a cabo elecciones apegadas a los más altos estándares de calidad. Próximamente se negociarán convenios de colaboración entre el INE y los institutos locales para reproducir sinergias en la elección judicial. Esta colaboración facilitará la emisión del sufragio con costos razonables.

Por otro lado, tenemos la experiencia de las instituciones democráticas mexiquenses. En perspectiva, para las elecciones del 2024, más de 7,700 candidaturas compitieron por las diputaciones y cargos en ayuntamientos en disputa. Ello permite anticipar que se cuenta con la capacidad de solventar las poco más de 1,300 que podrían buscar un cargo este 2025.

Pero más allá de las labores de las autoridades electorales, el mayor reto podría estar en el electorado. Hasta el momento, las estrategias de educación cívica en nuestro país no han priorizado el entendimiento del Poder Judicial. La ciudadanía tendrá que hacer un esfuerzo importante para informarse al respecto, además de explorar las candidaturas con sus respectivas propuestas para emitir un voto informado. En el IEEM pondremos en marcha instrumentos para concentrar la información y ponerla al alcance de todas y todos.

A pesar de los obstáculos, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la democracia mexicana. Las elecciones judiciales extraordinarias de este año abren un nuevo capítulo en nuestra historia. La tarea como autoridades electorales es garantizar un proceso legal, justo y auténtico para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos a plenitud.

Hace unos días Latinobarómetro publicó su Informe 2024. A diferencia de otros estudios que miden datos objetivos sobre el desempeño de gobiernos y mercados, esta investigación ha centrado su atención en la percepción de las personas. Toda vez que se ha aplicado desde 1995, es posible identificar tendencias en las principales variables que presenta.

Los hallazgos de este estudio aplicado en 17 países suelen sorprender por la brecha que existe entre la realidad de las personas y la manera en que éstas la perciben. Es el caso de las expectativas sobre la economía. Este año 52% de las personas encuestadas se mostraron optimistas, al considerar que su situación familiar mejorará en los próximos doce meses. Es la proporción más alta que se ha alcanzado en tres décadas.

Las variables económicas no respaldan esa percepción. En los últimos diez años la región creció apenas al 1% anual. CEPAL pronostica que en 2025 la región tendrá una mejora apenas marginal y se seguirá situando muy por debajo del promedio de crecimiento mundial.

Paradójicamente, seis de cada diez personas encuestadas considera que su situación familiar mejoró en los últimos 10 años. Otro 25% siente que se mantienen igual.

Es cierto que los países que menos perciben mejoras en la última década son Venezuela, Argentina y Bolivia, cuyas tasas de crecimiento económico han sido muy bajas. Pero el dato que contrasta es que aquellos que perciben más progreso son Costa Rica, República Dominicana y Uruguay que más bien se han distinguido por la calidad de sus democracias y la estabilidad de sus gobiernos.

En efecto, el actual Informe de Latinobarómetro confirma que el cambio que llegó con la tercera ola democrática en Latinoamérica no sólo cambió los regímenes políticos: cambió sobre todo la cultura política de las personas. Nuevamente la mayor parte de los encuestados (52%) afirman que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, con lo que se pone fin a catorce años sin repuntes.

A pesar de ser un año con muchas elecciones, este inusitado nivel de apoyo a la democracia no parece tener que ver con el hecho de que se haya optado por la continuidad o por el cambio.

Por citar dos ejemplos, en México el apoyo a la democracia creció 14%, aunque el partido en el poder se mantuvo. En Argentina, donde el Presidente Milei rompió con los partidos tradicionales el apoyo también creció en forma importante, 13%. En palabras del propio estudio “las elecciones hacen mucha diferencia en consolidar la democracia cuando son competitivas y los pueblos sienten que están eligiendo lo deseado”.

Por lo anterior, conviene revisar cómo ven las y los latinoamericanos a sus instituciones de la democracia. La cantidad de personas latinoamericanas que confía en las instituciones electorales (34%) es significativamente mayor que la que cree en los congresos (24%) y el doble de la que valora a los partidos (17%).

Los tres países donde hay mayor confianza en las instituciones electorales son Chile, Uruguay y México, casi 20% por encima del promedio regional.

El nuevo Informe de Latinobarómetro ofrece una bocanada de esperanza para quienes consideraban que la democracia en la región iba en deterioro. Mientras la ciudadanía siga pensando que esta forma de gobierno es preferible a cualquier otra y existan instituciones sólidas enmarcadas por los principios de la democracia y por el imperio de la ley, seguirá valiendo la pena que los pueblos luchen por consolidar este sistema a lo largo del subcontinente.

Con el tiempo, la aplicación de esta figura ha generado tensiones entre el principio de igualdad ante la ley y la protección de la democracia representativa

La inmunidad, también conocida como fuero, fue concebida como un mecanismo para proteger a ciertos actores políticos y garantizar la independencia de sus funciones. Desde sus inicios en las prácticas parlamentarias británicas del siglo XVII, este mecanismo buscaba garantizar debates libres y evitar la interferencia de la Corona.

Con el tiempo, la aplicación de esta figura ha generado tensiones entre el principio de igualdad ante la ley y la protección de la democracia representativa. La reelección de Donald J. Trump en Estados Unidos ofrece un caso de estudio especialmente relevante para analizar las implicaciones de esta figura jurídica en la democracia.

En julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó inmunidad parcial a Trump, limitada a las “acciones oficiales del presidente en el cargo”. Sin embargo, la sentencia no define claramente qué es un acto oficial y un extraoficial. Ante dicha falta de claridad, las personas juzgadoras pudieron desestimar dos casos en su contra: el intento de subvertir las elecciones de 2020 y el mal manejo de documentos clasificados. Este criterio será nuevamente evaluado por las instancias de justicia locales en los casos pendientes contra él, pero ya es un antecedente peligroso para la democracia.

La decisión de la Corte pone de manifiesto una paradoja: mientras la inmunidad busca proteger la democracia, también puede convertirse en un arma de doble filo que facilite la impunidad. Casos como el del magnate republicano, quien recientemente enfrentó un juicio por falsificación de registros comerciales para ocultar información comprometedora, ilustran cómo esta protección puede ser utilizada para evadir consecuencias legales, pues recibió una sentencia sin pena.

Este escenario plantea cuestionamientos importantes sobre las implicaciones de la inmunidad en dos ámbitos clave: las actitudes antidemocráticas y el fortalecimiento de liderazgos anti-establishment.

En 2020 Trump rechazó los resultados electorales e incitó actos violentos. Estas acciones socavan la legitimidad institucional y fomentan la desconfianza en el Estado de derecho. La democracia representativa depende, en gran medida, de la participación ciudadana activa y de la adhesión a las reglas del juego. Las sentencias establecen un precedente peligroso para la rendición de cuentas, especialmente por la posible ausencia de consecuencias ante conductas violentas y antidemocráticas. Incluso pensando en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro.

El proceso también evidenció desigualdades en la impartición de justicia. El presidente reelecto no solo obtuvo inmunidad en los casos relacionados con sus acciones durante su administración, sino que además tuvo consideraciones especiales al ser sentenciado por el caso de Stormy Daniels.

Finalmente, es indispensable evaluar cómo el hartazgo político y la desconfianza hacia las élites han impulsado liderazgos anti-establishment que utilizan sus procesos legales como herramientas estratégicas. Al posicionarse como víctimas de un sistema “injusto”, mientras destacan cómo este protege a las élites, consolidan su narrativa y refuerzan su influencia. Esto refleja cómo la inmunidad política, si no se regula adecuadamente, puede ser instrumentalizada para desafiar los principios democráticos.

Que liderazgos actuales y futuros utilicen recursos legales para justificar acciones autoritarias amenaza los principios democráticos. Es crucial establecer límites claros y garantizar que este mecanismo no sea una herramienta de impunidad.

Solo a través de instituciones sólidas y transparentes podremos fortalecer la confianza pública y asegurar que la justicia sea verdaderamente igualitaria. El reto para las democracias modernas, incluidas las de nuestra región, radica en aprender de estos casos y adaptarse a los desafíos que presentan, sin comprometer los valores fundamentales que las sostienen.

POR AMALIA PULIDO

@pulido_amalia

Presidenta del Instituto Electoral del Edomex