Las lecciones que nos deja Serbia
El caso de Serbia es un recordatorio de que la confianza en las instituciones no es un recurso inagotable. Cuando las personas perciben que sus gobiernos no actúan en su beneficio, la respuesta puede ser el descontento social, la protesta e incluso la crisis política
El pasado 28 de enero, el primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, presentó su renuncia después de meses de protestas relacionadas a sospechas de corrupción. Pero más allá de las fronteras balcánicas, éste no es un episodio aislado de inestabilidad. Es síntoma de un problema con raíces profundas: la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Serbia ofrece un espejo para muchos países alrededor del mundo. De hecho, la alta polarización política y social que vimos durante los procesos electorales de 2024 alrededor del mundo son muestra de ello. La plataforma de diversos liderazgos anti-establishment se ha sostenido justamente en el descontento social generalizado. Hay una sensación generalizada de precariedad a nivel individual que contrasta con el despilfarro de ciertos grupos políticos.
La segunda edición de la Encuesta de Confianza 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) arroja luz sobre los desafíos a los que nos enfrentamos. Esta novedosa herramienta, a partir de casi 60,000 cuestionarios aplicados en 30 países, permite entender los determinantes de la confianza en las instituciones públicas. Sus hallazgos revelan, por ejemplo, que 39% de las personas encuestadas confían en el gobierno federal y 37% en el parlamento. Sorprende que confían más en la policía (63%) y en el sistema judicial (54%) que en las instituciones emblemáticas de la representación política.
La necesidad de restaurar la confianza pública en las instituciones es imperativa por su cimentación en principios democráticos y porque puede fomentar mayor estabilidad al régimen. A continuación, algunos hallazgos de la Encuesta de Confianza que vale la pena considerar.
En primer lugar, es preciso ampliar los espacios de participación para que la ciudadanía tenga las herramientas para hacer escuchar su voz. La confianza en el gobierno reportada por quienes sienten agencia política duplica la reportada por las personas que consideran que el sistema político no les permite expresar su opinión. Esto implica fortalecer mecanismos de consulta pública, presupuesto participativo y otros instrumentos que permitan a la sociedad incidir en la agenda gubernamental.
En segundo término, la confianza también se ve afectada por la desinformación y la falta de claridad en la comunicación oficial. El estudio destaca que solo el 39% de las personas creen que su gobierno comunica adecuadamente las decisiones importantes. Las instituciones deben generar canales de información que partan de datos verificables y accesibles podría reducir la brecha de desconfianza. El aprovechamiento de las tecnologías de la información es fundamental.
Aún más, cuatro de cada diez personas en países OCDE considera que las personas funcionarias públicas aceptarían un soborno para agilizar un servicio. Esto enfatiza la necesidad de fortalecer la integridad del funcionariado mediante la implementación de códigos de conducta claros y mecanismos eficaces de supervisión y sanción. Un servicio público íntegro y ético puede contribuir significativamente a la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
El caso de Serbia es un recordatorio de que la confianza en las instituciones no es un recurso inagotable. Cuando las personas perciben que sus gobiernos no actúan en su beneficio, la respuesta puede ser el descontento social, la protesta e incluso la crisis política.
Frente a procesos de polarización y desigualdad social, restaurar la confianza en las instituciones se vuelve una necesidad para garantizar la estabilidad y el progreso de cualquier país. La confianza se construye con acciones concretas y no con discursos: aprendamos de Serbia.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX
@PULIDO_AMALIA
Nuevos desafíos para la observación
México se ha beneficiado significativamente de la observación ciudadana. Si bien nuestra transición a la democracia tuvo como epicentro el plano electoral, la veeduría cumplió un rol fundamental para imprimir confianza y mejorar la calidad de los comicios.
En efecto, la falta de pluralidad del sistema político y los cuestionables resultados oficiales de la elección de 1988 provocaron una crisis de credibilidad que no logró ser resuelta hasta muy avanzada la década de los noventa. Fue necesario un rediseño de las instituciones comiciales para volverlas ciudadanas, independientes y altamente profesionalizadas, así como la apertura de cauces para que la sociedad civil pudiera revisar directamente cómo se hacen los comicios.
En esa ruta fue esencial la reforma de 1993-1994 que, al regular la observación electoral, dio certeza jurídica a las personas y organizaciones que la realizan. Además, se generó un fondo que permitió la consolidación de organizaciones ciudadanas que desarrollaron rigurosas metodologías para la observación.
A su vez, desde la década de 1990, México permite que “visitantes extranjeros”, previamente acreditados, acompañen el desarrollo de nuestros comicios. Misiones de la OEA, la Unión Europea, IIDH-CAPEL, Carter Center –entre otros– han tenido una presencia importante desde que los comicios en México son competitivos.
Destaco tres contribuciones que ha tenido la observación en el mundo.
Primero, permite que la ciudadanía –sin sesgos partidistas– ingrese a casillas y centros de votación, lo que disuade la ocurrencia de irregularidades.
Segundo, en la medida en que las misiones de observación hacen públicos sus informes y señalan lo que encuentran, se ha fortalecido la confianza en los procesos. Su dictamen independiente es una prueba adicional de integridad.
El tercer plano es uno de los menos conocidos. La observación especializada confronta lo que ocurre en la realidad con otras experiencias exitosas y con buenas prácticas. Ello deriva en recomendaciones que –en no pocas ocasiones– enriquecen las políticas institucionales y son fuente de reformas normativas.
Pero, a decir verdad, la observación se encuentra en proceso de renovación en todo el mundo. Se ha pasado del acompañamiento en una muestra amplia de casillas únicamente el día de la jornada a una revisión de más largo aliento en temas específicos de la elección. Conforme surgen asuntos novedosos como las campañas de desinformación en redes sociales o las nuevas tecnologías para la transmisión de resultados, las metodologías deben ajustarse para poder contribuir con su revisión.
Las elecciones judiciales son, en ese sentido, un campo fértil para innovar en cuestiones de observación. Como puede advertirse en el estudio de los informes sobre los comicios de Bolivia 2024, las misiones se han pronunciado sobre aspectos como el proceso para determinar la idoneidad de las candidaturas o la manera en que la autoridad comicial explica la función de la impartición de justicia.
Pero no existe una sola experiencia de elección judicial en el mundo que haya aglutinado a tantas candidaturas y votantes como el proceso extraordinario 2025. La lente ciudadana tendrá que ajustarse para revisar la actuación de los comités de evaluación, la completitud de los listados, el diseño de boletas novedosas o las casillas seccionales.
Por fortuna, en México han surgido organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas observando y, por tanto, poseen la experiencia necesaria para poder agregar una visión profesional al proceso electoral. Son un activo de la democracia mexicana.
La convocatoria para observar la elección ya está abierta y cierra hasta el 7 de mayo. ¡Inscríbete ya para que tu mirada pueda acompañar este histórico proceso!
Nuevos jugadores en el competencia
A lo largo del siglo pasado, las ciencias sociales, especialmente la ciencia política, han estudiado cómo y por qué se forman los partidos políticos. Desde diferentes escuelas teóricas y metodológicos estas preguntas han sido analizadas. Por ejemplo, el número de partidos políticos puede depender de las divisiones internas de cada sociedad; de sus instituciones; de la manera en que estos institutos consiguen agregar las preferencias, o bien del balance entre gobernabilidad y representatividad.
Es decir, la cantidad específica de competidores depende de condiciones propias de la sociedad, pero también de las reglas que estás se han dado. No existe un número ideal de partidos políticos. Hay países con dos fuerzas políticas dominantes o con un número mucho mayor.
Lo cierto es que hay estándares internacionales aplicables a la vida los partidos. Las y los ciudadanos pueden conformarlos libremente, pero las legislaciones nacionales pueden regular la constitución y disolución de estos institutos. Se deben ajustar al estado de derecho. Especialmente en los países en los que reciben financiamiento público hay reglas que controlan sus ingresos y egresos.
Por eso en México fue tan relevante la emisión, en 2014, de una Ley General de Partidos Políticos que regula lo concerniente a estos institutos. Esta norma define las reglas generales de entrada y salida al sistema.
Desde 1990, 26 partidos han perdido su registro a nivel nacional. El caso más reciente es el del Partido de la Revolución Democrática que, si bien no alcanzó la votación requerida en el país, puede conservar su registro en algunas entidades en donde alcanzó el umbral necesario. En el plano local es emblemático el caso de Nueva Alianza Estado de México que, al no haber conservado su registro en la entidad, se encuentra actualmente en liquidación.
En cuanto a la constitución de partidos, la Ley General regula los momentos en que se debe solicitar y la manera en que las organizaciones deben acreditar la membresía. Al 31 de enero casi 90 organizaciones manifestaron su intención de constituirse como partidos nacionales. Sigue ahora un proceso complejo que requiere el cumplimiento de varios requisitos, incluyendo la celebración de 20 asambleas estatales con al menos 3,000 afiliados en cada una, o bien 200 asambleas distritales con al menos 300 afiliados. Se debe alcanzar un mínimo de 256,030 afiliaciones, equivalente al 0.26% del Padrón Electoral Federal.
En el Estado de México, el calendario inició antes. Fue el año pasado que las organizaciones manifestaron su intención de convertirse en partidos locales. Una sola logró acreditar el cumplimiento de requisitos para empezar con la realización de sus asambleas: Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C. Ésta optó por la realización de asambleas municipales, las cuales están siendo supervisadas por el IEEM.
Adicionalmente, la organización local deberá demostrar, - entre otros requisitos – que cuenta con militantes en al menos dos terceras partes de los municipios del estado. Su número total no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral local, es decir poco más de 30 mil personas.
El concierto de la competencia política en México está en constante cambio. Partidos ganan el registro, otros lo pierden. Lo relevante, en todo caso, es que la ciudadanía encuentre vías para participar en política y, si así lo desea, buscar el poder público. La pluralidad de las sociedades debe poder expresarse en un sistema de partidos abierto y competitivo. Las instituciones electorales estamos ahí para garantizar que ese proceso (trascendental para el avance democrático) se realice en apego al marco normativo.
El alto al fuego: ¿paz o pausa?
El reciente alto al fuego entre Israel y la organización yihadista Hamas marca un hito en el largo y devastador conflicto que comenzó en octubre de 2023. Si bien representa un respiro después de 15 meses de intensos enfrentamientos, este acuerdo también pone de manifiesto los retos inherentes a los procesos de paz.
La guerra en la región ha dejado una herida profunda en Medio Oriente. Este alto al fuego –mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos–, busca detener la violencia que ha resultado en decenas de miles de personas que han perdido la vida, violaciones masivas a derechos humanos, una devastación sin precedentes en la Franja de Gaza y nuevos frentes en Líbano.
Así, mediante una serie de etapas que contemplan la liberación de rehenes y prisioneros; la entrada de ayuda humanitaria, y la reconstrucción de Gaza, por fin se vislumbra el fin de esta guerra. Pero hay que ver el tema con cautela: el camino hacia la paz está plagado de obstáculos que van desde la desconfianza mutua hasta la posibilidad de fragmentación interna en cada una de las partes.
La historia demuestra que uno de los principales desafíos se encuentra en garantizar que ambas partes respeten los términos de las negociaciones. Así, la participación de países terceros es fundamental para monitorear y mediar, aunque su capacidad para imponer consecuencias efectivas a las partes es limitada.
Los acuerdos de paz tienen diferentes etapas. La primera considera la liberación escalonada de personas de ambos bandos que se encuentran como rehenes y prisioneras y la apertura de fronteras para permitir el flujo constante de ayuda humanitaria. Esta previsión es esencial dado el colapso del sistema de salud en Gaza: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo el 38% de los centros de atención primaria está operando.
Como lo explicó el expresidente Biden, la segunda etapa se negociará a partir del 3 de febrero y plantea un fin permanente a la guerra: liberación de todas las personas que fueron tomadas como rehenes, un alto al fuego permanente y la retirada completa de soldados israelíes. Finalmente, se planea que la tercera consista en el retorno de los restos humanos, así como la reconstrucción de Gaza, misma que será supervisada por Egipto, Qatar y la Organización de las Naciones Unidas.
Una solución de largo aliento requerirá la continua participación de la comunidad internacional e implica el reto de garantizar la coexistencia de las partes en conflicto. Ciertamente, más allá de la infraestructura física, la reconstrucción también tendrá que darse a nivel social.
También a nivel interno serán necesarias soluciones en cada una de las partes. El diseño de sistemas electorales inclusivos es una herramienta crucial para pacificar sociedades con fragmentaciones internas y garantizar voz a los diversos grupos.
Un proceso correctamente diseñado e implementado de justicia transicional será clave para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos meses. Si bien la polarización y la desconfianza mutua dificultan la implementación de mecanismos como comisiones de verdad, garantías de no repetición o programas de reparación, resulta imperativo aprender de experiencias internacionales. La reconciliación en Sudáfrica y Ruanda, por ejemplo, pueden dar la pauta para reparar después de un genocidio.
Estamos ante un momento clave en el que los desafíos son inmensos y, por lo mismo, las soluciones no pueden ser fragmentarias ni –únicamente– inmediatas. Abordar este conflicto requiere de un enfoque integral que abarque medidas de justicia restaurativa y retributiva para sanar la región.
La comunidad internacional tiene un papel crucial como garante y facilitadora de los acuerdos, pero la esperanza también está en la sociedad civil de ambas naciones. Ésta debe ser fortalecida para reclamar un futuro donde la paz no sea solo una pausa entre guerras, sino una realidad transformadora y duradera.
Wir sind die Brandmauer!
Los comicios para el parlamento federal alemán se desarrollan en un clima político turbulento. Uno de los elementos que han puesto tensión en el proceso es el inesperado posicionamiento público y explícito de figuras con fuerte injerencia política a nivel mundial en favor del partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania (AfD).
Mientras el multimillonario Elon Musk tuvo participación virtual en un evento de campaña de AfD invitando al orgullo alemán, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, alentó a los partidos políticos a cooperar con la extrema derecha y reprochó a liderazgos de la Unión Europea que ignoren las preocupaciones del electorado frente a la inmigración. Dos elementos llaman la atención.
En primer lugar, los partidos de extrema derecha están ganando cada vez más espacios en todo el mundo. No se trata de un fenómeno nuevo ni constreñido a Europa. Es el resultado de tendencias políticas, institucionales, económicas y culturales de largo plazo. Desde hace un par de décadas, la Ciencia Política advertía cómo estos movimientos tienen capacidad de crecer porque capitalizan el rechazo a la inmigración y el desencanto con las élites políticas tradicionales. De manera más reciente, Norris e Inglehart analizaron cómo el fortalecimiento de grupos extremos se puede explicar por el conflicto entre valores progresistas y conservadores.
En el caso de Alemania, la AfD logró canalizar los malestares sociales que han sido ignorados por los partidos políticos tradicionales, prendiendo alertas entre ellos y evitando cualquier tipo de pacto o alianza con la extrema derecha. Es en este contexto polarizado que Elon Musk invitó a no perder el orgullo alemán, pero esta intervención no es un caso aislado. En los últimos años, el empresario ha respaldado movimientos similares en países como Argentina, Italia, Brasil y los Países Bajos.
Esto nos lleva al segundo elemento: la participación de actores extranjeros en la política interna de un país. En el caso del proceso alemán, la intervención ha pasado desde descalificar al canciller Olaf Scholz hasta alentar el voto por la AfD. Se desconoce el impacto que esta injerencia tendrá en los resultados electorales. El apoyo del 21% a AfD –casi 11% por encima de los votos obtenidos en 2021– se ha mantenido estable, pero aún faltan algunos días.
Lo cierto es que este tipo de interferencias plantea serias preocupaciones sobre el rol de los actores internacionales y la capacidad de las instituciones democráticas para mantener el juego político constreñido en la propia jurisdicción.
Si bien las constituciones suelen tener dispositivos que disuaden la actuación de gobiernos extranjeros o sus agencias en procesos democráticos nacionales, la eficacia de estos mecanismos no es evidente cuando hablamos de actores privados. Ello se vuelve particularmente grave en un mundo global que constantemente coloca incentivos para que los agentes económicos quieran influir en la toma de decisiones de otros países.
El caso de Cambridge Analytica demostró que la desinformación deliberada puede generar sesgos en los resultados de la votación. Será necesario que las instituciones electorales fortalezcan sus capacidades para garantizar al electorado un debido acceso a la información. Habrá que estar pendientes –también– de mejorar los sistemas de fiscalización en el mundo para garantizar que sólo entren a la disputa política los fondos debidamente autorizados por los marcos legales de cada país.
La ciudadanía queda en medio del juego entre instituciones públicas y privadas, pero es ahí en donde está la posibilidad de cambio y de una política representativa. Es apremiante que la ciudadanía tenga a su alcance información confiable y verificada que se traduzca en decisiones informadas y en la resistencia desde la sociedad civil: Wir sind die Brandmauer, “nosotros somos el cortafuegos”.
Dra. Amalia Pulido Gómez
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México
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