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Con la reforma judicial materializada, queda ver el cambio que se ha propuesto por Hugo Aguilar Ortiz, el primer indígena en ocupar ese cargo en 180 años, la promesa es hacer justicia a los más desvalidos, veremos si es así.

Con ese antecedente y la creación por decreto presidencial de la comisión de Reforma Política Electoral lo que sigue es la propuesta de un cambio profundo ahora en el sistema político electoral, ¿es necesario? sí, soy de las convencidas en ello.

El sistema político electoral requiere ajustarse a la realidad que vive el país. Los foros propuestos para poder escuchar como la presidenta ha dicho al pueblo serán fundamentales, siempre y cuando los mismos sean completamente incluyentes.

Hace unos días la mandataria expresó que hay quienes se consideran dueños de la palabra democracia, habla sobre todo de aquellos que encumbrados en su momento en el poder de la instancia electoral hoy creen tener la razón de mantener el sistema tal como está.

Y tiene razón, son personajes que secuestraron el INE y también a los OPLs en muchos sentidos incluidas las designaciones de consejerías de los institutos electorales locales que lejos de abonar a la democracia del país en muchos casos solo crearon distancias enormes con la ciudadanía; esa que lucho por la creación del IFE que poco a poco termino por no ser vista por muchas autoridades electorales.

¿Cuál es el papel que deben tener las actuales autoridades electorales? Debemos ser completamente abiertas al cambio, estar a la altura de las circunstancias históricas que vive el país y aportar desde el conocimiento adquirido lo que puede ser funcional para continuar con la construcción de la aspiración de ser un país democrático plenamente.

Los Organismos Públicos Locales iban a desaparecer desde 2014, ante las resistencias y consensos de quienes formaron parte del pacto por México se decidió la creación de un híbrido, centralizando más de 73 facultades que tenían las instituciones locales.

Los institutos locales en total coordinación con el INE son los encargados de organizar las elecciones para renovar ayuntamientos, diputaciones y la gubernatura de la entidad. Las boletas se diseñan con aprobación del INE y se pagan con recursos de la entidad.

Respecto del financiamiento a los partidos lo que hacemos sólo es aplicar una fórmula que está establecida en el Código Electoral sin poder generar ningún tipo de modificación ante el aumento progresivo que cada año tiene en función de la operación aritmética señalada.

Sin embargo; hay momentos importantes como el registro de las candidaturas en donde se debe verificar la elegibilidad de las personas postuladas y los cómputos, claro que es necesario reconocer el trabajo técnico de quienes conforman los institutos electorales locales y repensar su papel autónomo, pero de forma auténtica.

Su creación se da en un contexto donde el país vive cambios profundos como la elección por voto popular de integrantes del poder judicial y en el que existe una fuerza política hoy MORENA con una mayoría que desde tiempos del PRI en su hegemonía no se veía, particularmente en el nivel de aceptación no solo a la figura presidencial sino a las reformas que se han propuesto.

A pesar de la baja participación en el reciente proceso electoral derivado de varios factores, la ciudadanía mexicana en su gran mayoría coincidía en la transformación del Poder Judicial y en este momento respecto de la reforma electoral una encuesta realizada por Mitofsky refiere que 49.6% de los encuestados considera urgente modificar las reglas electorales.

La percepción de la ciudadanía de cambiar las reglas en materia político electoral no es sólo de hoy, en noviembre de 2022 el INE realizo una encuesta cuyo resultado arrojó que 51% aprobaba la reforma electoral, 93% reducir el financiamiento a partidos políticos, 87% disminuir plurinominales y 43% consideró que se gasta demasiado en los procesos de organización de elecciones.

Por ello, la comisión cobra gran relevancia; la presidenta Claudia Sheinbaum le da vida en ejercicio de la facultad que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorga para constituir comisiones presidenciales de carácter transitorio o permanente con el objetivo de crear grupos de trabajo especial para cumplir funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones.

Desde su aparición se han generado diversas criticas y objeciones de actores políticos de oposición así como de ex autoridades electorales [varias por cierto, sin peso moral por sus actuaciones], que refieren se trata de un retroceso; sin embargo, no existe ninguna propuesta aún, solo un decreto que refiere la integración, objetivos y vigencia: 30 de septiembre del 2030 o cuando la presidenta determine su disolución.

Objetivos: convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral, realizar estudios, análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral, para ello se generarán foros de discusión en los que podrán participar representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil.

¿Qué sigue? Para el caso de la ciudadanía participar activamente, para las autoridades electorales locales fomentar esa participación, hacer a un lado el gran temor que hay por desaparecer y sumarse a esta importante labor con conocimiento pero sin resistencia a la transformación político electoral y a la pérdida de beneficios que son parte del actual sistema electoral.

Uno de los 100 puntos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato es el de la reforma político electoral, la misma que en el período del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue desechada.

El denominado Plan C tuvo que esperar, la prioridad se concentró en la reforma al poder judicial. Estamos a un mes de que los nuevos juzgadores tomen protesta e inicien a hacer su trabajo. Será necesario que la sociedad civil y la academia den seguimiento a ese trabajo, finalmente al haber sido votados en un ejercicio democrático como son las elecciones están bajo el escrutinio público no solo de quienes votaron por ellos sino de toda la ciudadanía.

Esa reforma hoy en día sabemos que debe tener modificaciones y existir un serio replanteamiento a la misma; no solo a nivel federal sino también local, debido a la complejidad en las boletas electorales, dado el número de personas que c contenderán en 2027, el tema de la no existencia de financiamiento público a las candidaturas como ocurre con las postulaciones de partidos políticos, la campaña exclusivamente en redes y de forma orgánica, la tardía determinación de quiénes y de qué forma podían dar publicidad a la elección y el proceso de registro de las candidaturas y verificación de requisitos de elegibilidad a través de los comités de evaluación, son sólo algunos de los temas que necesariamente tendrán que ser discutidos.

Con todo ello la elección del poder judicial se suma a la organización de elecciones para diputaciones federales y locales, ayuntamientos, senadurías, gubernaturas, revocaciones de mandato y consultas populares, todos estos procesos tendrán que ser evaluados en la propuesta que se realice de reforma político- electoral.

El pasado sábado se hizo un anuncio importante por parte de la presidenta y fue la designación de Pablo Gómez como coordinador de la comisión presidencial para la reforma electoral, entre los temas principales está reducir el financiamiento a los partidos políticos, la desaparición de las listas de plurinominales y reducir el costo de las elecciones.

Se anunció que se hará una consulta al pueblo de México sobre todos estos temas, ya algunas encuestadoras como Mitofsky refieren que 49.6% de los encuestados considera urgente modificar las reglas electorales, 83.5% respaldan eliminar el financiamiento público, en cuanto a la elección de las autoridades electorales 47,5% opta por voto popular y 37.9% está de acuerdo con eliminar a los OPLEs para que las elecciones las organice todas el INE.

Serán meses en los que se espera exista debate de altura y se privilegie realmente un avance en la democracia mexicana además de considerar las voces de diferentes sectores incluidas las autoridades electorales que cuenten con peso moral para abonar.

Nos encontramos a dos años del 2027, aún no concluyen formalmente los procesos electorales de personas juzgadoras derivado de los medios de impugnación que se están resolviendo por las autoridades jurisdiccionales, pero en la conversación de políticos, políticas, partidos políticos e incluso de las instituciones electorales el 2027 forma parte obligada de las conversaciones.

No es menor, en el año 2027 habrá de renovarse a nivel federal el Congreso de la Unión que hasta el día de hoy se conforma de 500 escaños, además estarán en disputa un número importante de espacios en ayuntamientos poco más de dos mil y 30 congresos locales; aunado a las 17 entidades que renovaran el máximo cargo que es el de Gubernatura.

Estarán en contienda las gubernaturas de: Baja California, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Sinaloa Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, la mayoría de ellas gobernadas actualmente por Morena un partido que tuvo su origen en 2011 primero como un movimiento político y social y que obtuvo su registro por el INE como partido político nacional en 2014.

Desde el 2018 fecha en la que gana la presidencia de la república ha ido incrementando sus triunfos desde lo local, sumando gubernaturas además de mantener la presidencia de la república en 2024. 2027 es un año importante para todos los partidos políticos, es la posibilidad de quienes han ido perdiendo posiciones de recuperarlas, de quienes han crecido ocupar espacios y quienes han resultado vencedores mantenerlas.

En ese año electoral se juegan proyectos políticos, pero sobre todo la continuidad o no de un proyecto de nación que se ha fijado como objetivo transformar al país.

Los partidos de oposición tendrán que alistar sus estrategias para exponer sus propuestas y convencer a la ciudadanía, como en cada proceso electoral.

En democracia los partidos políticos son un parte fundamental, son entidades de interés público a través de las cuales se materializa el ejercicio del poder, pues a pesar de que existe en la ley la figura de las candidaturas independientes se ha visto que es una difícil y casi imposible travesía arribar a un cargo público por esa vía.

Para ese no tan lejano 2027 hay muchos temas de actual debate: la aplicación de la reforma en materia de reelección inmediata y nepotismo electoral que si bien aplica en 2030 la Presidenta expresó que al menos su partido tendría que atenderla en 2027.

La reforma político electoral anunciada también es otro de los temas de gran relevancia ya que también se organizarán procesos para personas juzgadoras. Ya se verá la propuesta para transformar al sistema político electoral, a 11 años de la última reforma.

Vivimos en tiempos de gran desigualdad. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos concibe la igualdad de la siguiente forma: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Sin embargo, nada más lejano a ello es lo que ocurre en el mundo. La guerra en Ucrania, Gaza y Yemen, a nivel internacional, son un claro ejemplo de ello, así como lo que sucede en otras latitudes, donde las personas migrantes enfrentan actualmente una difícil realidad. Las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la xenofobia y la discriminación son cada vez más violentas en todos lados. Son tiempos convulsos.

La lucha por la igualdad como principio y derecho universal no ha llegado a su fin.

Históricamente, las injusticias han hecho que la colectividad se agrupe y que, también en la actualidad, se siga defendiendo y aspirando a contar con acceso a los bienes fundamentales, entre los que se encuentran: la educación, la salud, el sufragio, y la máxima participación posible en diversas formas de la vida social, cultural, económica, cívica y política.

Un indicador de los altos niveles de desigualdad es la renta. Por ejemplo, en Europa el 10 % más rico de la población percibe más de un tercio de la renta total del continente y posee más de la mitad de la propiedad.

En Estados Unidos esto es mayor, y América Latina es considerada como la región más desigual del planeta: en ella, el 10 % más rico concentra el 66 % de la riqueza regional.

Ante ello, resulta fundamental contar con una fuerte conciencia general del problema y una alta demanda social de exigencia de mejora en las condiciones económicas. Así lo sugieren autores como Piketty, quien en sus aportaciones expresa cómo, a partir de la década de 1980, con el neoliberalismo y la globalización, se han acrecentado cada vez más las brechas de desigualdad.

Estas brechas afectan a hombres y, por supuesto, en mayor grado a las mujeres.

Estamos frente a una alta inequidad de rentas y riquezas que amplían las brechas y generan una creciente distancia social entre las personas.

Las personas con menores ingresos no cuentan con la capacidad de disponer de los bienes fundamentales. ¿El resultado? Mayor pobreza.

A ello se suma el deterioro de la igualdad política cuando se atienden los intereses de las personas más ricas y de las empresas, que son quienes pueden estar más cerca de quienes ejercen el poder.

La ruta para reducir esas brechas está en generar una mejor forma de proveer y dar acceso a los bienes básicos a través del Estado de bienestar. Temas que se suman a la discusión son una tributación más productiva y la desmercantilización de los bienes fundamentales. ¿Aplica todo lo anterior a nuestro país? Yo creo que sí.