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La última reforma de gran calado fue la de 2014, producto del Pacto por México, firmado por el entonces presidente Peña Nieto y los líderes de los partidos PRI, PAN y el extinto PRD.

En dicha reforma se plasmaron en la Constitución nuevas reglas, como la posibilidad de crear gobiernos de coalición y el requisito del 3 % de la votación válida emitida para mantener el registro como partido político.

Pero quizás lo más relevante fue la creación de un órgano nacional electoral, denominado Instituto Nacional Electoral (INE), que centralizó un número muy amplio de facultades (aproximadamente 73) que antes tenían los institutos electorales locales.

Una de las problemáticas que originaron esta idea de centralizar funciones en una institución nacional era el sesgo que existía en la designación de las personas que ocupaban las consejerías electorales de los institutos electorales de los estados.

Consejerías designadas por los congresos locales que estaban completamente plegadas al sistema y al gobernador en turno, como ya se ha mencionado en diferentes textos académicos.

Esto llevó a trasladar al ámbito federal funciones como la capacitación, la geografía electoral, la fiscalización, la ubicación e integración de casillas electorales, y a modificar quién y cómo designaría ahora a esas consejerías.

¿Esa facultad que se dio al INE ha funcionado? De las designaciones que se hicieron desde 2014 a la fecha, ¿se logró contar con consejerías independientes en su actuar? Y, sobre todo, ¿se incluyeron perfiles ciudadanos realmente?

Yo creo que no, en una inmensa mayoría. Y que el transitar para quienes sí lo han sido ha sido muy cuesta arriba. Será importante revisar las votaciones de temas relevantes y ver si existió imparcialidad o, por el contrario, todo lo opuesto.

El INE es una institución que, operativamente, funciona bien a través de sus juntas distritales, que son permanentes. En el ámbito local, las juntas y consejos se instalan sólo en cada elección. Sin problema, podrían fusionarse la autoridad nacional y la local; incluso, el presupuesto para organizar comicios se reduciría, y quizás, en lugar de tener dos consejos, se podría tener solo uno.

Lo cierto es que hay una perspectiva distinta entre quien está en el ámbito federal y quien se encuentra más cercano a la realidad que se vive desde lo local. La reforma de 2014 apostó mayoritariamente por perfiles técnicos operativos en los consejos de las entidades, cuando en realidad lo que hacían desde su creación era una función más política.

Es necesario que quienes ejerzan esos cargos lo hagan con plena conciencia y compromiso ciudadano, sin buscar permanencia en otros espacios públicos, y que ello guíe su actuar. Decidir sin consigna y contar con prestigio ante la sociedad civil son elementos importantes que debieran considerarse y que pueden ser evaluados a través del voto popular.

La reforma al Poder Judicial se concretó. Con todas las resistencias, estirones y jaloneos en diversas instancias que van desde los Poderes de la Unión para la aprobación de la misma hasta las instancias electorales, administrativa y jurisdiccional, concretamente el Instituto Nacional Electoral y, en menor medida (por su propia integración), la Sala Superior; el primer fuerte rompimiento o modificación al añejo Poder Judicial se logró.

Este hecho no es menor, si se tiene presente que el proyecto de nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador desde hace más de dos décadas es el cambio de régimen político, aquel emanado de la Revolución Mexicana con el PNR de Calles y después el PMR, que se convertiría en el PRI, el partido oficialista, hegemónico que le dio grandes ventajas y ganancias a un gran número de políticos que dejaron de lado las causas sociales y a los más vulnerables.

¿Qué implica ese cambio de régimen? Significa un cambio en las reglas del juego político; se trata de nuevas formas en aras de lograr inclusión, modificaciones estructurales al Estado a través de sus instituciones, su burocracia y la élite política.

Es por ello que, desde la llegada de MORENA al poder, un partido que se denomina de izquierda, se han propuesto varias reformas en diversos temas. Hemos visto cómo ha sido extinto, por ejemplo, el INAI, la propia reforma al Poder Judicial y, en días recientes, la expedición de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras.

El país está cambiando y se está transformando; es un cambio muy paulatino en el que resalta la participación de las mujeres en la vida pública.

La primera mujer presidenta de México es parte de ese cambio de régimen. Desde su arribo a la presidencia planteó modificaciones a la Constitución en temas de género y, la semana pasada, anunció ya la reforma electoral, necesaria en el proyecto de cambiar estructuras.

Algunos de los temas en discusión son el costo de las elecciones, el financiamiento público (la fórmula que nunca decrece), los plurinominales, pero también las autoridades electorales y el método de designación.

Se debe modificar lo que durante mucho tiempo prevaleció y excluyó a la sociedad y a la ciudadanía, creando élites en esos espacios. Un ejemplo de ese esquema fue reflejado en el libro El infierno electoral, prologado por el Dr. Lorenzo Meyer.

Con normas derivadas de la reforma electoral de 2014, se debe insistir en la ciudadanización de los espacios y la legitimidad de las personas que ocupan los mismos.

La discusión tendrá que ser profunda, lograr consensos y, sobre todo, tener equilibrio para no regresar a ese pasado que solo privilegió a unos cuantos, que incluso hoy se han mimetizado en diferentes niveles de esa nueva propuesta.

Vivimos tiempos de cambio, las mujeres ocupamos más cargos en lo público. Esos cambios son parte de un lento cambio cultural pero también de la alternancia política en el poder, la cual en nuestro país ha sido muy tardía, fue hasta los años ochenta cuando comenzó a darse en el ámbito local en la Gubernatura de Baja California y apenas en 2023 en la entidad mexiquense.

Para el cargo de la presidencia de la república fue hasta el año 2000, sin que la misma generará cambios de fondo en el país, tampoco que la ciudadanía refrendara su apoyo para continuar más allá de un sexenio más, el de 2006, que estuvo marcado por un gran descontento social debido al 0.56% de diferencia entre el candidato ganador y Andrés Manuel López Obrador.

La frase: “voto por voto, casilla por casilla” impulso cambios importantes creando por ejemplo un nuevo modelo de comunicación política ante los abusos y la generación de inequidad en las contiendas de quienes en ese momento detentaban el poder.

Además, muchas personas vivían serias desigualdades, gran discriminación para grupos históricamente discriminados y pobreza que sexenio tras sexenio fue en aumento.

Estudios a nivel internacional refieren que las alternancias se pueden explicar debido a factores socioeconómicos y políticos como el ingreso, la distribución de la riqueza o la desigualdad. Quizás ello explique cómo es que una mayoría, vio en el movimiento de regeneración nacional que se conformó en 2011 y en muy poco tiempo en partido político nacional (2014) la vía para poder hacer cambios que disminuyeran y erradicarán todas esas desigualdades.

Desde 2018 MORENA gobierna con mayoría en el país y las cifras de personas que han salido de la pobreza, así como los diversos apoyos a grupos vulnerables muestran que han cumplido con algunos de sus objetivos.

Este año se materializó la reforma al poder judicial a nivel federal y en 18 entidades federativas, otro objetivo cumplido que hoy en día requiere de una revisión a los plazos para la organización de las elecciones judiciales de 2027 que concurrirán con las elecciones de cargos de diputaciones federales, locales, ayuntamientos e incluso gubernaturas.

Seguro será uno de los temas que se aborden en los foros de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que es uno más de los objetivos que han planteado.

La ciudadanía ha mostrado apoyo a las propuestas hechas porque de alguna forma ve un impacto directo, en cuanto a lo electoral hay hastío y descontento ante el costo de las elecciones y los montos de financiamiento a los partidos políticos.

Las alternancias tienen ese fin que el cambio tenga efectos positivos en el electorado, que se perciban las diferencias. Veremos próximamente cómo se plantean las nuevas reglas en el ámbito político electoral.

Uno de los objetivos de la reforma electoral es la reducción en el costo que tiene organizar elecciones.

Hay diferentes miradas sobre este tema, si se consulta a la ciudadanía que día a día se encuentra inmersa en sus propias dinámicas de vida como trasladarse a sus trabajos que en ocasiones están a más de 2 horas, los cuidados que deben proveer a sus hijos, personas mayores y familiares con alguna discapacidad; por supuesto que al conocer los millones de pesos que se usan para organizar un proceso electoral, les enfada y hay un serio reproche.

Si a ello se le suman las críticas que se han hecho a los altos salarios que percibe una parte del funcionariado electoral en contraste con la remuneración del resto de la ciudadanía a su trabajo, resulta evidente que el grueso de la población estará de acuerdo en reducir esos gastos.

Y es que las cifras son enormes, cuando se plantean los proyectos de presupuesto pero vale la pena mencionar que se incluye en ellos, una parte de ese dinero son las prerrogativas que se ministran a los partidos políticos, quienes las reciben a nivel nacional y también local.

No son los únicos gastos hay otros rubros en los que se eroga también una gran cantidad de dinero, uno de ellos la impresión de las boletas electorales.

Por ejemplo en el Estado de México en el proceso electoral 2021 se gastaron poco mas de 89 millones de pesos y en 2024 100 millones, en ambos procesos se renovó el Congreso local (75 escaños: 45 por mayoría relativa y 30 plurinominales) y 125 Ayuntamientos.

¿Cómo puede suplirse este enorme gasto? que además genera ganancias millonarias a un número reducido de empresas. Una vía es el voto electrónico que ha operado en nuestro sistema electoral para los mexicanos que radican en el extranjero y que ha ido en aumento su aceptación.

Como ejemplo, en la entidad mexiquense en 2024 se recibieron 14 mil 192 votos para elegir diputaciones de representación proporcional, de los cuales 75.8 % eligió el voto electrónico 17 % el voto postal y sólo el 7.2% el voto presencial, lo que represento un incremento del 612% en comparación con la elección de 2023, lo que nos habla de una buena aceptación a esta modalidad de votación.

El voto electrónico cumple con medidas de ciberseguridad que sin duda tendrían que ser reforzadas, pero permite que desde el lugar en el que te encuentres teniendo tu contraseña y una computadora o desde tu dispositivo móvil puedas votar, con lo que se reduce la impresión de boletas.

Con las experiencias nacional y desde lo local será importante se considere el voto electrónico sin dejar de lado las garantías de secrecía y su seguridad.

Para las mujeres en el mundo y en nuestro país ocupar un cargo público de poder ha sido en muchos casos una hazaña que ha estado plagada de circunstancias complejas, lidiando con estereotipos de género, violencia de diversos tipos y de críticas ante la gestión y exigencias de resultados. A los hombres no se les exigía ni se les exige aún eso.

La agenda 2030 es un compromiso global, en el que se comprometieron en 2015, 193 países, uno de ellos México, y cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo.

En los 17 objetivos algunos de ellos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, justicia e instituciones sólidas, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de ellos.

A una década de ese compromiso ¿Tenemos avances? Sí pero no como se esperaría que fueran. La deconstrucción de un sistema y sus formas de operar la política, la economía y los conflictos sin paz relentalizan los procesos.

En el caso de mujeres en cargos directivos gubernamentales al 1º de junio de 2025 hay 27 países donde 31 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado o de Gobierno y sólo 6 países tiene un 50% o más de mujeres en el parlamento.

Con estas cifras y a este ritmo la igualdad de género en los espacios de las cúpulas del poder tardará en llegar 130 años más.

Uno de los 6 países en mención es México tanto en la integración paritaria de cámaras como contar con una mujer ejerciendo el cargo de la presidencia de la República.

En los estudios que realizan organismos internacionales hay evidencia que demuestra que la presencia de mujeres líderes en la vida pública genera mejores políticas públicas porque se defienden asuntos de igualdad de género.

El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe, a un mes de cumplir un año de su gestión cuenta con 79% de aprobación de la ciudadanía.

En marzo de 2024 anunció 10 acciones para reivindicar a las mexicanas y nuestros derechos. Su conducción y decisiones frente a las políticas de Donald Trump han resultado adecuadas y ha sido clara en proponer erradicar el nepotismo con la iniciativa que envío. Muchas mujeres se han beneficiado de programas sociales y han salido de la pobreza millones de familias.

Habrá quien diga que es poco y creo que se equivoca. Hay mucho aún por hacer y somos corresponsables de ello como ciudadanía.

Hay que reconocer la forma en la que las mujeres, ejercen su liderazgo y éste se refleja en acciones concretas.