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Muchos elementos acechan a la democracia en América Latina; un día sí y otro también, las amenazas son cada vez más persistentes. A los problemas comunes se agrega ahora la codicia y los intereses particulares de un individualismo egoísta, que olvida el bien común y el interés general como objetivo de convivencia y progreso. La región se mueve entre la autocracia y el fin del consenso democrático.

Hace tiempo que algunos síntomas vienen anunciando la desmoralización social, entre los factores que inciden y dibujan a una democracia disfuncional y atrofiada. Lejos de atajar los problemas de raíz, quienes han tenido la responsabilidad de solucionarlos, aplican solo medidas paliativas para combatirlos. Como tal, aun cuando la democracia sigue aglutinando un amplio apoyo en la zona, se advierte también un franco retroceso. Distintos indicadores apuntan que existe en la región un malestar inquietante y progresivo con esta forma de gobierno.

Poco favorecen los sucesos en Nicaragua y El Salvador, no lejos está Venezuela, y en Sudamérica se presentan con frecuencia conflictos que intimidan la estabilidad de un régimen. La democracia está en recesión: si antes el peligro radicaba en los golpes de Estado, actualmente la descomposición comienza de manera más velada y sutil. Hoy las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al mando.

Apenas en 2019, Nayib Bukele irrumpió como un terremoto en la política salvadoreña. Hoy, a solo dos años de asumir la presidencia, está en el ojo del huracán. Se le acusa con evidencia de atentar contra la independencia y la separación de poderes. Maniobró para conseguir una nueva integración de la Sala Constitucional en la Corte Suprema, y a solo tres meses, esa nueva composición le obsequió la reelección el pasado 4 de septiembre. Nicaragua tiene también una historia muy particular, Daniel Ortega ha consolidado un poder personal y familiar, como nadie en la historia moderna de ese país.

Acompañado por su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, Daniel Ortega ha logrado consolidar todas las ramas del gobierno bajo el control de su partido y ha limitado las libertades fundamentales en su país. Para contender por cuarta ocasión consecutiva a la presidencia, ha desmantelado a la oposición. Mediante el predominio del Frente Sandinista, en los próximos comicios Ortega garantiza su victoria a través de la eliminación de cualquier indicio de competencia partidista.

Varios estudios ponen énfasis en los peligros para la democracia en América Latina. Más allá de la insatisfacción ciudadana, que crece de manera paulatina, organizaciones como Human Rights Watch destacan la desbordante tentación de establecer regímenes autocráticos. Esa clase de liderazgos son los que rara vez resuelven los problemas que utilizan para justificar su ascenso al poder. Se trata, en muchas ocasiones, de gobiernos que no rinden cuentas y se vuelven más propensos a la represión, la corrupción y la mala gestión. Dado que suelen darle prioridad a perpetuar su propio poder, a los autócratas no les agrada el escrutinio auténtico y la crítica.

Cualquiera diría que las instituciones fundamentales del Estado resisten bien frente a las extralimitaciones de los líderes autócratas, pero eso no parece suficiente. A diferencia de los dictadores tradicionales, los aspirantes a autócratas de hoy en día emergen de entornos democráticos. Incluso las democracias más consolidadas del mundo se han mostrado vulnerables ante la demagogia y la manipulación (no debemos olvidar el asalto al Capitolio en Washington). Peligra la democracia en América Latina ante la velocidad de contagio de un virus político: la autocracia.        

Entre el 21 y el 24 de septiembre, dará inicio el XI Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por la Red Nacional de Educación Cívica de los Organismos Públicos Locales Electorales y de la Sociedad Civil (Red Cívica), en esta edición, albergado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Se trata de un esfuerzo institucional loable y fundamental para la construcción de la cultura democrática, no solo en nuestra entidad federativa, sino a nivel nacional, que conjunta la experiencia de servidoras y servidores públicos, docentes e investigadores.

Hablar de educación cívica es sinónimo de cultura democrática, ya que ambas están relacionadas de manera simbiótica. Por desgracia, como otros componentes de la democracia, el civismo es un concepto más usado que valorado. Originado como idea y praxis desde la tradición helénica, el civismo se encuentra en los basamentos de la construcción de regímenes en donde la ciudadanía es partícipe efectiva de los asuntos públicos. Desde luego, esta noción no supone una mera participación desinteresada o poco informada; en su lugar se refiere a una deliberación responsable, reflexiva y analítica en torno a los problemas que enfrenta ese cuerpo colectivo denominado polis en Grecia o civitas en la Roma antigua.

Por la manera en que se comporta frente a la participación, el civismo exige al menos dos elementos. Por una parte, el uso de la razón en la palabra y, por la otra, la libertad necesaria para pronunciarla. De ahí que no se pueda concebir una cultura propiamente cívica en donde las personas no tengan consciencia de su entorno social, pero tampoco en donde persisten gobiernos no democráticos que transgreden libertades, o que no permiten la deliberación política. Afortunadamente, la idea que equipara al civismo con la formación de ciudadanos obedientes, pasivos y acríticos ha sido superada.

En su lugar, al impulsar el debate de ideas y la solución más apropiada de los problemas públicos, el civismo construye capacidad de diálogo y, a través de él, se fortalece el tejido social y las redes ciudadanas. Del mismo modo, el civismo como “proceso civilizatorio”, cultiva y desarrolla valores democráticos como la tolerancia, la solidaridad, la equidad y el respeto a la cultura de la legalidad. Por esta poderosa razón, la democracia solo puede florecer en sociedades con una cultura cívica arraigada, donde el respeto a las instituciones y a las leyes es cotidiano.

Temas de actualidad, que aún enfrentan importantes resistencias entre tomadores de decisiones, así como entre ciudadanas y ciudadanos, solo pueden ser exitosamente deliberados dentro de una cultura cívica. El atropellado, pero a su vez decidido avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las personas de la comunidad LGBTTTIQ, de los pueblos indígenas o de otros sectores sociales, ha sido posible gracias al empuje de las redes ciudadanas construidas. De ahí la necesidad de enfatizar que, sin civismo, las instituciones democráticas corren el riesgo de ser inoperantes.

Es precisamente gracias al civismo, y como señalan autores de la talla de José Fernández Santillán, que en democracia es más importante la ciudadanía que sus gobernantes. Por ello, se invita cordialmente a la ciudadanía a seguir el XI Encuentro Nacional de Educación Cívica a partir del próximo 21 de septiembre (https://www.ieem.org.mx/2021/XI_ENEC/index.html?fbclid=IwAR1HhfY3mNdaSEj-831_X9bjI3mX0j40TE0GNaReGCYK7tsX4z1lc8Xt1Qw#programa)  y a conocer la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral. La participación e interés ciudadanos son los pilares que sostienen a nuestra democracia.

México aún tiene un déficit importante en la construcción de ciudadanía integral. En las sociedades contemporáneas se abre el debate sobre la necesidad de plantear nuevas formas de ser ciudadana y ciudadano. Un encuentro sobre educación cívica da la oportunidad de abonar al concepto de ciudadanía inclusiva y ubicar su trascendencia en una democracia representativa.

Diversas posturas se han adoptado en los países de la región con respecto a la reelección presidencial. Mientras algunos Estados buscan eliminarla o prohibirla, otros han entendido que se trata de un derecho de las personas en el ejercicio del poder. Lo cierto es que la reelección presidencial, particularmente la ilimitada, da lugar a serias tensiones entre el derecho a ser reelecto y el derecho a elegir libremente en el marco de elecciones periódicas y auténticas.

Hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desahogó una consulta presentada por Colombia. Dos preguntas fueron el tema a revisar. A la luz del derecho internacional ¿es la reelección indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En este sentido, ¿resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana las restricciones que limitan o prohíben la reelección presidencial?

Toda consulta implica el ejercicio de una facultad interpretativa. A partir de un análisis detallado sobre la democracia representativa, en su opinión consultiva la Corte IDH pronuncia novedosos argumentos acerca de la reelección presidencial. En el marco del sistema interamericano, la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como derecho autónomo. Derivado de un diálogo jurisdiccional, no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un mismo cargo en otro periodo es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política.

La Corte IDH recuerda que los derechos políticos no son absolutos, su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones y restricciones. Prohibir la reelección presidencial indefinida tiene una finalidad acorde con el derecho convencional, ya que busca garantizar la democracia representativa y sirve como salvaguarda para asegurar el pluralismo político y la alternancia en el poder. De ese modo también se protege el sistema de pesos y contrapesos que afianzan la separación de poderes.

Fijar un periodo al mandato de gobierno implica atenerse al tiempo previamente señalado y propicia la sucesión de conformidad con las reglas establecidas. La permanencia en funciones de una misma persona por un largo ciclo, puede tener efectos nocivos en el régimen plural de partidos, porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores o grupos. En este sentido, la Corte IDH reafirma que, en una sociedad democrática, restringir la reelección presidencial no es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Establecer límites a la reelección presidencial impone la lógica de la alternancia política como un evento predecible en los asuntos públicos, mantiene viva la expectativa de los partidos de oposición de obtener el poder en un futuro cercano a través de procedimientos institucionalizados. Bajo ese tenor, la Corte IDH reitera que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, de las obligaciones establecidas en el modelo convencional interamericano.

Sin duda los criterios de la Corte IDH son pertinentes al momento de discutir y diseñar el modelo de reelección que cada país, en ejercicio de su soberanía, prefiera. En el caso de México, todavía estamos observando el funcionamiento de la reelección legislativa y de autoridades municipales, aunque nunca se ha planteado que esta sea indefinida. En cualquier escenario, la reelección de autoridades demanda, como condición indispensable, un régimen democrático consolidado y la existencia de un sistema electoral robusto.

Si bien una idea primigenia de la democracia está relacionada con el gobierno de las mayorías, a la luz de la experiencia histórica hemos construido una noción más acabada de la democracia constitucional en donde esas mayorías gobernantes poseen frenos, contrapesos y obligaciones, especialmente frente a grupos minoritarios o históricamente vulnerados.

Entre los grupos que han sufrido discriminación o vulnerabilidad se encuentran las mujeres y la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI). Por desgracia, en diversas etapas y contextos socioculturales, estos grupos han visto coartados sus derechos y libertades. La decisión sobre su propio cuerpo, su derecho al trabajo, a ejercer sus derechos político-electorales o a desarrollar con libertad su vida privada son ejemplo de cuestiones que estas personas han tenido que conquistar frente a obstáculos de todo tipo.

La discriminación, el aislamiento y la lesión a la dignidad de las personas no es compatible con la democracia, pues ésta no puede permitir que tales conductas generen situaciones de desventaja para el ejercicio de los derechos y libertades en sociedad. Por ello, deben celebrarse las acciones afirmativas y decisiones legislativas que buscan garantizar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como reconocer el papel que esto juega en la construcción de una cultura democrática.

En ese sentido, el derecho a la identidad de género se materializó en el Estado de México en virtud de las recientes reformas al Código Civil que permitirán rectificar el acta de Nacimiento para que pueda corresponder con el género que cada persona asume y no forzosamente con aquel que fue asignado al nacer. Esta importante reforma elimina la necesidad de entablar un juicio para modificar el acta de nacimiento y permite que se haga por la vía de trámite administrativo ante el Oficial del Registro Civil. No menos sustancial es que, con esta reforma, nuestra entidad se convierte en la décimo cuarta del país en materializar el derecho a la identidad de género.

Por otra parte, un avance legislativo a destacar es la aprobación de la llamada “Ley Ingrid”, consistente en reformas para establecer como tipo penal la difusión indebida de información de víctimas, incluidas las imágenes, especialmente de mujeres y niñas. Como se recuerda con indignación, la ley toma su nombre del lamentable caso de feminicidio ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020, en donde las fotografías de la víctima fueron filtradas, “viralizadas” en redes sociales e incluso colocadas en primeras planas de diversos diarios. De esta manera, la ley busca evitar la revictimización de las mujeres y niñas, así como proteger su dignidad y su memoria. 

Todo régimen democrático debe dar cabida a la aceptación y el respeto de los derechos inherentes a la persona. Modificar nuestras leyes en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad es un primer paso. Hacerlo fortalece la cultura política y la vuelve más democrática. Jamás debe escatimarse el reconocimiento a quienes luchan por la conquista de sus derechos.

El impacto de la tecnología en la vida cotidiana ha sido ampliamente discutido en los últimos años. Para nadie es ajena la influencia de las tecnologías en los diversos ámbitos de la acción humana: la comunicación, los avances médicos, los transportes, la cultura, los medios de producción y los patrones de consumo, por citar algunos ejemplos. Incluso, en estos meses de pandemia sanitaria, el papel decisivo de la tecnología se vio reforzado gracias a las videollamadas, teleconferencias, las compras por internet, las cadenas logísticas globales y la sustitución de mano de obra por la robótica.

La reflexión académica en torno a estos profundos cambios sociales ha sido fructífera, aunque no tan difundida como se esperaría. Todavía hoy, al pensar y analizar los problemas sociales contemporáneos, nos atamos a estructuras teóricas anteriores que, si bien son referentes, ya no poseen el potencial explicativo suficiente para entender el mundo actual. De ahí la relevancia de explorar nuevos caminos teóricos, voces y aportaciones que nos permitan comenzar a delinear explicaciones renovadas.

En este sentido, uno de los temas más enriquecedores es el de la tecnopolítica y su relación con la democracia. De acuerdo con Toret, la tecnopolítica puede definirse como “el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización, la comunicación y la acción colectiva”. Al analizar esta definición podemos concluir que la tecnopolítica no busca redefinir los fundamentos o fines de la política, pero sí sus medios al colocar a las “herramientas digitales” —sean estas plataformas virtuales, programas de software, redes sociales u otras— como las vías principales por las cuales se desarrolla tal actividad política.

Lo anterior no es un ejemplo hipotético. Como destaca Antoni Gutiérrez-Rubí, por lo menos desde 2010 los movimientos sociales más emblemáticos a nivel mundial han utilizado principalmente las herramientas digitales para comunicarse, organizarse y potenciar su radio de acción. Basta pensar en la Primavera Árabe, #OccupyWallStreet, #BlackLivesMatter o, más recientemente, el movimiento feminista #MeToo. Todos estos movimientos políticos de profundas repercusiones al interior y exterior de sus países de origen han sido posibles gracias a las redes sociales. Pero además de movilizaciones sociales, la tecnopolítica también ha sido empleada por los gobiernos, no siempre de manera democrática. En este sentido, destaca el uso intencional y selectivo de software empleado para robar identidades digitales y acceder a información de la esfera privada. Pero el uso de la tecnología no debe asociarse únicamente con prácticas antidemocráticas. Existen casos de éxito en materia de gobernanza basada en la implementación de políticas digitales que buscan facilitar los servicios públicos a la ciudadanía e implementar políticas públicas de manera más incluyente. Es el caso de Eslovaquia, en donde más de mil quinientos trámites públicos pueden realizarse en línea a través de una credencial digital.

¿Cómo afrontar esta realidad desde las instituciones políticas? Más allá de negar el avance de las tecnologías o intentar minimizarlas, las instituciones democráticas deben montarse en las nuevas realidades para aprovechar y potenciar, a su vez, su influencia y ámbito de acción. Lo anterior no se limita únicamente a utilizar las redes sociales para comunicar, sino a replantearse todos los procesos de organización, comunicación política, reformas legales e implementación de políticas y programas con el uso de las herramientas tecnológicas. Todo ello de manera transparente, buscando siempre expandir las posibilidades de participación ciudadana y acercando la labor y servicios de las instituciones públicas a la ciudadanía.