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En tiempos de polarización, narrativas de desprestigio y desinformación, hablar de “integridad electoral” resulta cada vez más relevante. Más allá de garantizar que los votos se cuenten correctamente, la integridad electoral implica asegurar que todo el proceso electoral se lleve a cabo de manera justa, transparente y democrática. Ese es el objetivo central del Electoral Integrity Project, una iniciativa independiente que mide la calidad de las elecciones en el mundo, analiza sus fallas y propone formas para fortalecer los procesos democráticos.

La integridad electoral descansa en cuatro principios clave: contienda abierta, participación equitativa, deliberación informada y resolución justa de disputas. La contienda abierta exige que todos los partidos, candidatos y grupos sociales puedan competir sin exclusiones; la participación equitativa busca que toda la población pueda ejercer su voto sin obstáculos estructurales; la deliberación informada supone que el debate público esté basado en evidencia y libre de odio; y la resolución justa de disputas exige leyes claras, organismos imparciales y canales accesibles para denunciar irregularidades. Estos principios son mecanismos puntuales para empoderar a la ciudadanía.

Un aspecto distintivo del enfoque del Electoral Integrity Project es que utiliza una perspectiva de ciclo electoral completo, que abarca elementos previos —como el diseño de las leyes, el registro de votantes y el financiamiento de campañas—, elementos durante la jornada —cobertura mediática, la seguridad, el voto y el conteo—, y aspectos posteriores como la aceptación de resultados, el papel de las autoridades electorales y la atención de denuncias. Es decir, evalúa la democracia como un proceso, no como un evento aislado.

Este año, el Electoral Integrity Global Report ofrece una radiografía de los comicios celebrados en 2024 en diversas naciones. Al respecto, enfatizo sobre dos casos que ilustran la complejidad de la realidad electoral. Por una parte, el caso de Austria, donde, si bien se mantuvo una alta confianza en la integridad del sistema, hubo alertas por campañas de desinformación en redes sociales y una retórica de odio generada por el Partido de la Libertad, señalado por su relación con grupos de extrema derecha. Este caso muestra que incluso democracias consolidadas no están exentas de tensiones que amenazan su calidad electoral.

A su vez, el caso de El Salvador exhibe las fallas sistémicas que pueden existir, a pesar de la alta popularidad de un gobierno. Además de reformas constitucionales que eliminaron límites a la reelección presidencial, hubo cambios legales que redujeron el número de curules en el Congreso, lo que dotó más fácilmente de una mayoría al partido gobernante. Y, si bien el Tribunal Supremo Electoral calificó el proceso como justo, existieron múltiples denuncias sobre casos de intimidación a votantes.

Nuestro país se perfila hacia el debate sobre una nueva reforma político-electoral. Será sumamente útil considerar los reportes sobre integridad electoral alrededor del mundo. La finalidad no podría ser, desde luego, copiar modelos electorales con poca viabilidad en nuestra realidad política, pero sí tener en cuenta los aciertos y retos que han enfrentado otras naciones. Fortalecer nuestro sistema electoral deviene, en última instancia, en una legitimidad hacia las autoridades electas, en la resolución cívica del conflicto político y en la paz necesaria para prosperar como una sociedad que coincide en las reglas para elegir a sus autoridades.

De acuerdo con diversos autores, antes que una forma de gobierno la democracia debe entenderse como un régimen político. Esto significa que no basta considerar únicamente criterios de forma para calificar a un país como democrático: división de poderes, existencia de niveles de gobierno, partidos políticos o elecciones periódicas. Un régimen político implica más elementos: funcionamiento de las instituciones políticas, características de la cultura política, así como principios y prácticas que guían o constriñen el ejercicio del poder y que dan forma a la relación del Estado con su sociedad.

Así, pues, la democracia es un régimen que no se condensa únicamente en los textos constitucionales y las leyes que se derivan. Para su subsistencia, un régimen democrático debe permear todos los ámbitos de gobierno y, aun más, en la sociedad. Por ello, de manera reiterada debemos examinar cada una de las decisiones tomadas por los gobiernos en turno, con el objetivo de discernir si sus políticas y acciones, tanto en sus medios como en los fines, son efectivamente democráticas.

No es impreciso afirmar que la vocación democrática de un gobierno debe demostrarse en su discurso o en su oferta electoral, pero también en hechos tangibles como sus programas de acción, su relación con aliados y opositores, y, desde luego, en la fijación de objetivos administrativos y la asignación del presupuesto, pues donde está el dinero (público) están los intereses (políticos).

Esta reflexión viene al caso a propósito del debate reciente en el seno del Congreso de los Estados Unidos de América. Como sabemos, el presidente Donald Trump envío al Legislativo su polémico plan fiscal y presupuestario, mismo que fue aprobado por una mínima mayoría en ambas cámaras. Más allá de incrementar la deuda pública del vecino país, el presupuesto del presidente Trump exhibe fines poco democráticos: mayores fondos en gasto de defensa militar, asignación de mayor presupuesto para las agencias de control migratorio, recortes al plan médico Medicaid, disminución de recursos al programa SNAP para compra de alimentos, así como retiro de incentivos fiscales a energías renovables.

Cuesta trabajo imaginar cómo estas propuestas, emanadas de un gobierno formalmente democrático, abonarían a construir una sociedad más solidaria, incluyente, equitativa, sustentable o pacífica –valores que hoy en día soportan cualquier régimen auténticamente democrático.

En su ya célebre obra “¿Cómo mueren las democracias?”, Levitsky y Ziblatt señalan, justamente, que las democracias contemporáneas, incluso aquellas que creíamos sólidas, no sucumben a causa de golpes de Estado o tiranos armados. Hoy las democracias están en peligro a causa de gobiernos emanados de las urnas que, sin embargo, jamás hicieron suyos los valores, medios y fines democráticos. No es el escándalo de las armas, sino el sigilo de las leyes lo que puede poner en vilo las libertades, derechos y conquistas alcanzadas en las últimas décadas. 

Estados Unidos puede ser el espejo donde se reflejen democracias otrora consolidadas: Reino Unido, España, Francia o Alemania, por citar solo algunas. Cualquier gobierno poco democrático requiere de las licencias y recursos para echar a andar su programa. Por lo pronto, el Poder Legislativo decidió confirmar un rumbo cuestionable, que bien podría anunciar el declive democrático en el vecino país del norte.

No cabe duda de que el mundo atraviesa momentos sombríos. Los conflictos bélicos son, acaso, la cara más visible de la violencia estatal en diversas regiones del mundo. Pero, por desgracia, no es la única. Al interior de diversas sociedades se replican discursos violentos contra una multiplicidad de grupos sociales: activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, extranjeros o migrantes.

En este contexto, uno de los grupos históricamente discriminados a nivel global ha sido el de la comunidad LGBTTTIQ+. La discriminación que padecen es múltiple. A menudo las personas de la diversidad sexual y de género enfrentan el desafío de la aceptación, incluyendo a sus propias familias, y pueden llegar a enfrentar barreras económicas, burlas sociales o violencia política, por sus preferencias personales. Detrás de ello se logran advertir causas diversas, como lo son: conductas machistas, intolerancia, falta de empatía y, debe decirse, una voluntad que puede ser directa o indirecta de dañar.

¿Puede una democracia alcanzar sus objetivos permitiendo este discurso de odio hacia el otro? A la luz de la experiencia histórica, la respuesta es negativa. Un régimen auténticamente democrático no se funda en instituciones de papel, ni se limita a caracterizaciones puramente formales. Vivir en democracia tiene implicaciones más profundas. Requiere construir, promover y defender los valores de igualdad, libertad, solidaridad y diversidad para que éstos guíen la convivencia social en sus múltiples niveles.

En México, de acuerdo con el INEGI, alrededor de 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTTTIQ+. A su vez, el Estado de México es la entidad federativa con más personas pertenecientes a esta comunidad, con casi 500 mil personas. Por ello, el Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ es un buen momento para evaluar la deuda histórica y pendientes que, como sociedad, tenemos con las personas de la diversidad sexual y de género. Mucho hemos avanzado en materia legal y reglamentaria. Desde 2015 se garantizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, a pesar de que algunos Congresos locales aun no emiten legislaciones al respecto. En materia electoral, las autoridades han emitido lineamientos y protocolos para proteger los derechos político-electorales de estas personas, así como sentencias que garantizan su derecho a votar y ejercer cargos públicos en todos los niveles.

Sin embargo, debemos socializar estas modificaciones para que cualquier sociedad que disfruta de los beneficios de convivir en un marco democrático sea consecuente en su actuar diario. No podemos olvidar que todas y todos ocupamos una posición en nuestra comunidad y que discriminar al otro nos vulnera inmediatamente para ser discriminados por cualquier otra razón. Por ello, entender y defender la diversidad sexual y de género es, al mismo tiempo, defender nuestras las libertades y derechos de todas las personas.

Desde nuestros espacios familiares, laborales, vecinales, cívicos y digitales podemos detener el avance del discurso opuesto. El resentimiento, el temor, la hostilidad, el nativismo y la supremacía étnica han ocupado un lugar central en la oferta política. Partir desde esta posición ética y política no permite que ninguna política pública entregue resultados democráticos, es decir, incluyentes, equitativos, exhaustivos o incrementales. El momento histórico que atravesamos exige, de autoridades y ciudadanía, sumarnos a la defensa irrestricta de los derechos de todos y cada uno de los individuos de nuestra sociedad.

El martes 6 de mayo dieron inicio los Foros de Debate del Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México, mismos que concluirán el próximo 18 de mayo. Estos Foros de Debate son un espacio organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) donde las candidaturas a ocupar un cargo en el Poder Judicial local podrán exponer sus ideas y planteamientos de cara a la ciudadanía mexiquense.

A propósito de estos foros, no podemos olvidar el papel que juega el debate de ideas en el marco de un proceso electoral. El debate como práctica cívica tiene sus raíces en la antigua polis griega, donde la palabra y el diálogo eran instrumentos esenciales para discutir los asuntos comunes, tomar decisiones colectivas y deliberar sobre el rumbo de la ciudad. Este ejercicio implicaba la exposición de ideas contrapuestas y la responsabilidad de exponer argumentos basados en la razón, buscando siempre el interés general por encima de los intereses particulares. Por ello, el debate ha sido una herramienta de construcción democrática basada en la razón, la pluralidad y la participación.

Hoy en día, debatir sigue siendo fundamental porque permite contrastar proyectos, visiones y capacidades de quienes aspiran a cargos públicos. Asimismo, se ofrece a la ciudadanía una oportunidad para evaluar la coherencia, el conocimiento y la habilidad de diálogo de las candidaturas. En tiempos donde la polarización y la desinformación pueden distorsionar la deliberación pública, el debate se erige como un espacio necesario para elevar el nivel del discurso democrático y fortalecer el voto informado.

De acuerdo con el calendario del proceso electoral judicial, el IEEM emitió los lineamientos y las bases para la organización, desarrollo y difusión de los Foros de Debate, ante lo cual se obtuvo una amplia voluntad de participación. En total, 167 candidaturas participarán en 37 foros de debate que se llevarán a cabo fuera de horario laboral, considerando que muchas personas deben cumplir con sus obligaciones laborales. De estas candidaturas, 10 corresponden a la elección por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 22 a Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 69 a Magistraturas de Salas Colegiadas, Unitarias y Tribunales de Alzada del Tribunal Superior de Justicia, 66 a juezas y jueces de los Juzgados de Primera Instancia, de Cuantía Menor, de Control, de Enjuiciamiento, Laborales y de Ejecución de Sentencias y 5 candidaturas que enviaron su aceptación a la invitación de manera extemporánea, pero fueron incluidas.

Los temas que se incluirán en los Foros de Debate serán la trayectoria profesional y académica de las candidaturas, su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Por otra parte, en función del cargo y la especialidad por la que se postulan, las candidaturas deberán responder a una pregunta particular que será revelada por el moderador en el foro de debate. Si alguna organización pública, social o privada desea llevar a cabo foros de debate adicionales, se deberá observar en todo momento las bases emitidas por el IEEM, con el fin de garantizar las condiciones de equidad e igualdad.

Para conocer el calendario de los Foros de Debate, así como para visualizar un debate pasado o en tiempo real, se puede acceder a https://www.ieem.org.mx/eleccion-poder-judicial-2025/foros-de-debate.html. Recordemos que ejercer el voto es nuestro derecho, pero hacerlo de manera informada es nuestra obligación.

Naturalmente, después cada jornada electoral hay espacio para reflexionar cuáles fueron sus mayores virtudes, los ajustes que se advierten necesarios y los retos que deberán superarse de cara a futuros ejercicios similares. En el caso de la elección judicial del Estado de México, me gustaría esbozar algunas reflexiones preliminares, considerando que el proceso electoral aun no llega a su fin.

En primer lugar, una vez más el actuar de la ciudadanía, las candidaturas y las autoridades electorales mexiquenses fue ejemplar durante la jornada del pasado 1° de junio. Primera en su tipo en la historia, la jornada electoral judicial 2025 se llevó a cabo sin incidentes y con estricto cumplimiento a cada uno de los procesos previstos en la legislación. Operativamente, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) alcanzó sus objetivos: fueron instaladas el 100% por ciento de las 9 mil 209 casillas. Las Mesas Directivas de Casilla Seccionales Únicas, los órganos desconcentrados del IEEM y los mecanismos de recolección cumplieron su función de manera óptima, gracias a la labor de consejerías y vocalías, Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.

Por otra parte, el gran reto que se identifica tiene que ver con la participación ciudadana. Si bien la participación electoral en el Estado de México, de alrededor del 12.5%, dista mucho de los niveles que hemos registrado en procesos electorales ordinarios, no puede desestimarse que más de 1 millón 627 mil mexiquenses acudieron a las urnas para expresar sus preferencias. Sin lugar a duda, estos números nos servirán para emprender una reflexión cuidadosa y responsable en torno a las mejores alternativas para elevar la participación ciudadana para los futuros procesos electorales judiciales.

No obstante, es fundamental mirar más allá de los resultados inmediatos y concentrarse también en los procesos que los hicieron posibles. La implementación de una reforma judicial —con sus tiempos, mecanismos y, debe decirse, sus resistencias— nos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre las capacidades institucionales con las que contamos para modificar y mejorar las estructuras judiciales. Observar solo una parte del proceso electoral es insuficiente si lo que se desea es fortalecer la democracia y asegurar una justicia más cercana.

Desde una perspectiva de aprendizaje institucional, lo relevante no es solo el desenlace, sino el modo en que las instituciones incorporan experiencias, corrigen errores y mejoran sus prácticas. Este tipo de aprendizaje incremental permite construir capacidades más robustas y generar mayor legitimidad pública. Evaluar con rigor técnico y político la aplicación de la reforma judicial en sus distintas fases —desde el diseño normativo hasta la logística electoral y la participación ciudadana— puede generar una base de conocimiento acumulativo útil para el mediano plazo. En tiempos de polarización, asumir esta mirada reflexiva, alejada de sesgos ideológicos, no solo es necesario sino responsable. Las entidades federativas, como el Estado de México, deben convertirse en un espacio para la evaluación de las políticas públicas y la identificación de las mejores prácticas, con el fin de contribuir a una conversación nacional en torno a la impartición de justicia, las capacidades institucionales y el desarrollo de nuestra democracia.