Comunicación
Social

“La innovación es lo que distingue a un líder de los demás"

Steve Jobs

La era digital ha transformado la comunicación política, porque ha cambiado las formas de comunicación y contacto con la ciudadanía. Sin embargo, esta revolución digital ha creado tanto oportunidades como desafíos para los actores políticos y la sociedad.

Las redes sociales, en particular, se han convertido en una herramienta poderosa en la comunicación política: Facebook, X (antes Twitter), YouTube, TikTok e Instagram permiten llegar a un gran número de personas de manera rápida y directa.

Además, las redes sociales de alguna manera han democratizado la participación en la política, porque cualquier persona con acceso a internet y una cuenta en redes sociales puede expresar sus opiniones en el debate público. Esto ha permitido que se escuchen las voces de grupos y comunidades que antes estaban excluidas del ámbito político. Del mismo modo, las redes sociales han facilitado la organización de protestas y movimientos sociales, así como amplificado sus alcances.

Sin embargo, ha surgido un fenómeno complejo y multifacético que desafía la integridad informativa y la deliberación democrática: la posverdad, definida como información que apela a las emocio­nes y creencias personales por encima de los hechos objetivos, lo que ha llevado a una distorsión de la verdad en el ámbito político, para manipular la opinión pública, crear narrativas simplistas y polarizar a los votantes.

Para comprender y abordar la posverdad en el contexto de la comunicación política, el Dr. Jair Guadarrama Torres[2], ha propuesto la fórmula de la POSVERDAD, que se estructura en torno a dos componentes principales: la desinformación y las interacciones negativas en línea.

Fórmula de la posverdad:

En primer lugar, la desinformación abarca una serie de elementos clave, incluyendo las fake news, la infodemía, la agnotología, la alodoxofobia, la opinorofobia y los deepfakes[3. Estos fenómenos constituyen manifestaciones diversas de la distorsión, manipulación y ocultamiento de la verdad, que socavan la confianza en la información y debilitan la capacidad de discernimiento del público.

Por otro lado, las interacciones negativas que comprenden la actividad de trolls, haters y bots[4], juegan un papel crucial en la amplificación y difusión de la posverdad. Mediante la generación de discurso polarizado, la propagación de desinformación deliberada y la creación de entornos hostiles para el diálogo constructivo, se contribuye significativamente a la erosión del espacio público democrático y la polarización social.

Frente a este fenómeno es imperativa la necesidad de una educación mediática y un compromiso con la verdad, es fundamental fomentar la alfabetización mediática, el fact-chec­king[5] y la transparencia en la comunicación política para preservar la salud de la democracia. Como instituciones públicas tenemos el compromiso de difundir información veraz, oportuna, clara y de fácil acceso para la ciudadanía, cumpliendo además con obligaciones en materia de transparencia, rendición

[1] V Congreso Internacional de Comunicación y Audiencias digitales: “Inteligencia artificial y comunicación en la era de la posverdad”.

[2] Con estudios doctorales en Investigación de la Comunicación por Extremadura, España; Maestro en Alta Dirección Gobierno y Políticas Públicas con doble titulación nacional y extrajera por Ortega y Gasset; Maestro en Dirección de Políticas Públicas por Ortega Vasconcelos y Maestro en Identidad, Estrategia y Gestión de Marcas. Especialista en análisis de credibilidad a través de metodologías cualitativas, para el desarrollo de nuevos perfiles de profesionalización. Ha sido colaborador en la ONU en la sede de Ginebra para mesas de resiliencia en ONG'S. Creador de contenidos digitales y asesor gubernamental en diferentes alcaldías y países.

[3] Fake news: Noticias falsas que son creadas deliberadamente para desin­formar o engañar al público. Suelen imitar el formato de noticias reales para aumentar su credibilidad y se difunden principalmente en redes sociales y otros medios digitales.

Infodemía: Exceso de información, a menudo falsa o imprecisa, que di­ficulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación cla­ra.

Agnotología: La producción y difusión de la ignorancia o el desconocimiento, especialmente cuando es generado intencionalmen­te por intereses específicos, como campañas publicitarias o estrategias políticas.

Alodoxofobia: Miedo irracional a las opiniones de los demás. Este tér­mino, aunque menos conocido, se asocia a la intolerancia hacia perspec­tivas diferentes en contextos de desinformación y polarización social.

Opinorofobia: Miedo o aversión a expresar opiniones personales, espe­cialmente en entornos donde el discurso está dominado por la polariza­ción y el juicio crítico.

Deepfakes: Contenidos audiovisuales manipulados con inteligencia ar­tificial para falsificar imágenes, videos o audios, haciendo que personas parezcan decir o hacer cosas que en realidad no ocurrieron.

[4] Trolls: Es una persona real que publica mensajes provocadores, ofensivos, irrelevantes o incendiarios en comunidades en línea (foros, redes sociales, secciones de comentarios) con la intención de molestar, causar conflicto, provocar una respuesta emocional fuerte o desviar la conversación; su objetivo principal no es debatir de buena fe, sino obtener una reacción.

Haters: Personas que utilizan internet y redes sociales para atacar, difamar, burlarse o generar impacto negativo hacia individuos, marcas o ideas. Se caracterizan por emitir comentarios maliciosos, hostiles y no constructivos, ocultando frecuentemente su identidad para proyectar negatividad y generar discordia.

Bots: Un bot (abreviatura de robot) es un programa informático automatizado diseñado para realizar tareas repetitivas en línea sin intervención humana.

[5] Fact-checking: Verificación de hechos, en español, es el proceso de investigar y comprobar la veracidad de afirmaciones, noticias o contenidos que circulan, especialmente en internet y redes sociales, para combatir la desinformación. 

En julio de 2024, se declaró el inicio del procedimiento de liquidación de NAEM que comprende 3 fases: preventiva, de liquidación y adjudicación, esto al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la Elección de Diputaciones Locales 2024, celebrada en el Estado de México. Para ello el Consejo General del IEEM realizó la designación de una persona interventora con las más amplias facultades para realizar actos de administración y de dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido, dando inicio a la fase preventiva.

Durante dicha etapa se tomaron acciones precautorias necesarias con la finalidad de proteger los bienes y recursos de NAEM, los intereses y los derechos de orden público, así como, los derechos de terceras personas. Se realizó una entrega-recepción formal en la que se le dieron a conocer a la persona interventora los recursos disponibles con los que contaba el partido. En esta fase se suspendieron pagos, permitiendo solo los correspondientes a nóminas de personas trabajadoras e impuestos, también se recibió el inventario de bienes y se tomó el control de las cuentas bancarias a través de un manejo mancomunado entre la persona interventora y la representación legal del partido, sobre gastos indispensables y previamente autorizados, asimismo, se calcularon y estimaron las obligaciones pendientes de tal manera que en noviembre de 2024 se presentó ante el Consejo General del IEEM un informe sobre las acciones tomadas durante dicha etapa.

Por disposición normativa la fase preventiva, concluyó al día siguiente de que se declaró la pérdida de registro de NAEM mediante el acuerdo IEEM/CG/189/2024, dando inicio a la etapa de liquidación a finales de octubre de 2024, en la cual, el partido político local perdió la capacidad para cumplir sus fines constitucionales y legales, quedando limitado solo al cumplimiento de obligaciones. Durante dicho periodo se presentó el informe previo de liquidación a fin de determinar el importe de las obligaciones a pagar y el monto de los recursos disponibles a utilizar, en su caso, los remanentes derivados. Dicho documento fue aprobado por el Consejo General del IEEM,  derivando la publicación del “Aviso de liquidación” en enero de 2025 en Gaceta del Gobierno, 2 diarios de circulación estatal, estrados y página web institucional, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las obligaciones laborales, fiscales, administrativas electorales, y las adquiridas con personas proveedoras y acreedoras a cargo del otrora NAEM, y dar oportunidad a que cualquier persona física o moral, que tuviera algún pago pendiente por parte del partido político local, lo informara solicitando el reconocimiento de crédito.

Concluido el plazo del aviso, se recibieron diversas solicitudes que fueron analizadas y estudiadas por la persona interventora, quien determinó su procedencia y generó una lista definitiva de créditos a cargo del otrora partido, en ésta se incluyeron los adeudos a personas trabajadoras, impuestos federales y locales, sanciones administrativas electorales, y pagos pendientes a personas proveedoras y acreedoras que acreditaron documentalmente los adeudos reclamados, la lista se sometió a aprobación del Consejo General y fue publicada para su debida difusión.

Una vez reconocidas las cifras pendientes de pago a cargo del otrora NAEM, en marzo de 2025, se generó un tercer informe con el importe de los bienes derechos y obligaciones, a fin de cuantificar la capacidad de pago con la que contaba el partido, así como la disposición de sus recursos para cubrir las deudas, y valorar la necesidad sobre la venta de bienes para estar en posibilidades de pagar las obligaciones determinadas.

Dicho análisis, resultó en un déficit presupuestario de los recursos líquidos disponibles, así que, en septiembre de 2025 se determinó realizar una subasta pública para ofrecer a la venta el edificio y bienes muebles a nombre del otrora partido político local. La convocatoria se publicó en Gaceta del Gobierno, en 2 diarios de circulación estatal, en estrados y en la página web del Instituto, la cual fue difundida a la ciudadanía en general, siendo la primera subasta pública en la historia del IEEM en la que se puso a la venta un bien inmueble, el cual fue adjudicado en octubre de este año, y que actualmente se encuentra en proceso de entrega.

Con dicho proceso se garantiza la salvaguarda de los derechos de orden público, pues los recursos recabados serán utilizados para hacer frente a obligaciones de carácter laboral, sobre derechos que adquirieron personas trabajadoras avaladas por un tribunal, para pagar impuestos cuyo destino primordial será cubrir necesidades de la ciudadanía, para pagar sanciones administrativas cuyo caudal también será destinado para fines Estatales, y finalmente para cubrir los derechos adquiridos por personas proveedoras del otrora NAEM, que en su momento no recibieron un pago total.

La programación de dichos pagos se realizará en orden de prelación conforme al Reglamento para la constitución, registro y liquidación de los partidos políticos locales y para la fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como tales, del Instituto Electoral del Estado de México, dentro de los 3 días siguientes de haber concluido la entrega de los bienes subastados, en este caso del edificio, ya que se declaró desierta la subasta de los bienes muebles; posteriormente, si quedaran recursos remanentes, se estaría comenzando por primera ocasión la última etapa del procedimiento de liquidación, llamada adjudicación.

Ante, la posibilidad de contar con bienes muebles que no sea necesario vender y/o el supuesto de un posible remanente de efectivo, el Instituto se estará preparando en los próximos días para recibir de la interventoría los recursos sobrantes del procedimiento de liquidación del otrora NAEM y transferirlos a la Secretaría de Finanzas para que el Gobierno del Estado de México los adjudique íntegramente a la Universidad Autónoma del Estado de México. 

De esta forma el Instituto Electoral del Estado de México ejecuta directrices sobre el patrimonio en liquidación de partidos políticos locales salvaguardando el interés público y derechos de terceras personas, a través de la aplicación de reglas y principios que se apegan a los valores de la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en el destino final de los recursos que fueron otorgados en un principio para fines constitucionales y legales en favor del régimen de partidos políticos y de la consolación democrática en el Estado de México.

Actualmente, en el Estado de México se está llevando a cabo el procedimiento de constitución de un partido político local (PPL) instado en enero de 2024 por la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.”, con la presentación de su aviso de intención de constituir un PPL, el cual se determinó procedente mediante Acuerdo IEEM/CG/172/2024, en cumplimiento a la sentencia recaída al expediente JDCL/225/2024, dando acceso a la organización ciudadana a la etapa de afiliaciones, la cual inició en enero de 2025.

En esta etapa la organización ciudadana debe reunir afiliaciones correspondientes a por lo menos el 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior, equivalente a 33,068 personas afiliadas, a través de dos modalidades:

1. Celebración de asambleas. Las asambleas deben celebrarse en por lo menos las dos terceras partes de los distritos electorales locales, o bien, de los municipios, lo cual representa 30 distritos, o en su caso, 84 municipios del Estado de México.

La organización ciudadana optó por realizar asambleas municipales, es decir, celebrar asambleas como mínimo en 84 municipios, en los que debe reunir afiliaciones equivalentes a, por lo menos el 0.26 % del padrón electoral del municipio respectivo, utilizando el corte de la elección local ordinaria inmediata anterior.

Asimismo, en cada asamblea, las personas afiliadas deben suscribir la manifestación formal de afiliación, conocer y aprobar los documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) que normarán al PPL, en caso de obtener el registro como tal, así como, elegir a las personas que integrarán el Comité Directivo Municipal y a las personas delegadas propietarias y suplentes que asistirán a la Asamblea Local Constitutiva. Lo anterior, en presencia de personal del IEEM que acude a realizar la verificación del procedimiento de afiliación, conforme a la normatividad aplicable.

Las asambleas de la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.” deberán concluir a más tardar 15 días hábiles antes –noviembre de 2025– de la fecha programada para realizar la Asamblea Local Constitutiva, la cual tiene que realizarse durante los primeros 10 días hábiles del mes de diciembre de 2025.

2. Aplicación móvil. El Instituto Nacional Electoral (INE) desarrolló un aplicativo móvil para recabar afiliaciones de las organizaciones de la ciudadanía en proceso de constitución como PPL, correspondientes al resto de la entidad, a efecto de verificar la situación registral de las personas afiliadas y registradas a través de dispositivos móviles. En el caso particular, la organización ciudadana podrá recabar afiliaciones a través de esta modalidad, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Cabe precisar que, cada una de las afiliaciones que obtiene la organización ciudadana es compulsada por el INE contra el padrón electoral y los padrones de personas afiliadas de los partidos políticos locales y nacionales, así como con otras organizaciones en proceso de obtención de registro como partido político nacional y/o local, verificaciones necesarias para garantizar su validez y autenticidad, por lo que, las afiliaciones que se recaben se consideran preliminares, hasta en tanto no se agote el procedimiento de revisión previsto en los Lineamientos aplicables.[1]

Con relación a lo anterior, el INE y el IEEM realizan actividades de manera coordinada, a fin de garantizar el derecho político-electoral de asociación de las personas ciudadanas que asisten a la celebración de las asambleas programadas por la organización ciudadana, así como, de aquellas que se afilian a través de la aplicación móvil.

Una vez que concluya la etapa de afiliaciones, la organización ciudadana podrá presentar su solicitud formal de registro como PPL, la cual deberá entregarse al IEEM en el mes de enero de 2026 y de la que el Consejo General de este Instituto determinará si es procedente el registro como PPL, atendiendo al cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad aplicable.

[1] Lineamientos para la verificación del número mínimo de personas afiliadas a las organizaciones de la ciudadanía interesadas en obtener su registro como Partido Político Local a partir del año 2025, aprobados por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG2300/2024.

Ser parte de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual, queer, entre otros (LGBTTTIQ+) puede suponer un riesgo vital en varios países del mundo. Para las personas que no enfrentan una amenaza inmediata en su día a día, pero que experimentan discriminación debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, así como sus características sexuales, sufren consecuencias que pueden afectar gravemente su bienestar físico, mental y emocional.[1]

Los orígenes del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, tiene sus raíces en los disturbios de Stonewall, que ocurrieron en junio de 1969 en Nueva York. Estos disturbios fueron un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTTTIQ+.

La homosexualidad dejó de considerarse una enfermedad mental el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud la eliminó de su lista de enfermedades mentales. 

En México, se despenalizó la homosexualidad en 1871, durante el gobierno de Benito Juárez, siendo uno de los primeros países en hacerlo en América Latina. Aunque la discriminación persiste, la despenalización[2] marcó un avance en la igualdad legal para la comunidad LGBTTTIQ+[3]. En 1973, la Asociación Psiquiátrica Mexicana retiró la homosexualidad de su lista de trastornos mentales, marcando un paso importante hacia la despatologización[4].

El objetivo del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ es:

1. Promover la visibilidad y la conciencia sobre la comunidad LGBTTTIQ+ y sus luchas.
2. Celebrar la diversidad y la inclusión de las personas LGBTTTIQ+ en la sociedad.
3. Apoyar a la comunidad LGBTTTIQ+ y promover la igualdad de derechos y oportunidades.

El Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ es una oportunidad para celebrar la diversidad y promover la inclusión y la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Como dato adicional se informa que la Marcha del Orgullo en el Estado de México, se realizará el 9 de agosto de 2025.

[1] El abanico de tratos discriminatorios es tan amplio como pernicioso y puede basarse en:

• la orientación sexual(por quien sientes atracción),
• la identidad de género(cómo te identificas, independientemente del sexo asignado al nacer),
• la expresión de género(cómo expresas tu género, por ejemplo, a través de la ropa, el pelo o los gestos),
• las características sexuales(por ejemplo, los genitales, cromosomas, órganos reproductivos o niveles hormonales).”

Amnistía Internacional https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/lgbti-rights/, consultado el 8 de julio de 2025.

[2] Es la eliminación de leyes que criminalizaban las relaciones homosexuales

[3] Universidad Ibero: https://www.generoyjuventud.ibero.mx/wp-content/uploads/2024/01/Revision-de-la-despenalizacion-y-despatologizacion-de-la-homosexualidad-en-Mexico.pdf, consultado el 8 de julio de 2025.

[4] Es la eliminación de la consideración de la homosexualidad como una enfermedad mental.

Con la reforma Constitucional del 15 de septiembre de 2024 en materia del Poder Judicial, se estableció que las personas candidatas a los diversos cargos del Poder Judicial Federal y en las Entidades Federativas, rindan cuentas y transparenten sus recursos personales destinados a las campañas electorales.

El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la CPEUM, indica que al CG del INE le corresponde la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y personas candidatas. Asimismo, el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se modificó la CPEUM, en materia del Poder Judicial, entre otras cosas, dispuso que el CG del INE podría emitir los acuerdos que estimara necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.

En la LGIPE, el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d), señala que el CG del INE ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización; su artículo 509, prohíbe la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales, además, las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos; el artículo 522, dispone que las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos, y prohíbe que las personas candidatas, por sí o interpósita persona, hagan erogaciones de recursos públicos o privados para promocionar sus candidaturas, señalando que el INE, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, vigilaría el cumplimiento a esta disposición.

En las relatadas condiciones, la Comisión de Fiscalización revisó los acuerdos generales y normas técnicas para regular el registro contable principalmente de las candidaturas a los cargos del Poder Judicial, con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización y propuso al CG del INE los Lineamientos en materia de Fiscalización aplicables a la elección de todos los cargos judiciales, aprobados mediante Acuerdo INE/CG54/2025, el cual fue modificado con el acuerdo INE/CG333/2025 para cumplir una resolución del TEPJF (SUP-JDC-1235/2025 y acumulados), que ameritó nuevo estudio de los supuestos para la cancelación del registro de una candidatura, situación que puede actualizarse cuando la gravedad de la falta lo amerite (las candidaturas pueden quedar fuera de la contienda por rebasar el tope de gastos personales, por contratar espacios en radio, televisión, internet, prensa, o, redes sociales para amplificar sus mensajes, así como ser omisos en presentar sus informes de gastos).

También, corresponde al INE tramitar y resolver quejas y denuncias que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por las candidaturas, conforme a los Lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores a cargo de la Secretaría Ejecutiva y los órganos desconcentrados del INE, emitidos mediante Acuerdo INE/CG24/2025.

El CG del INE, mediante acuerdo INE/CG225/2025 determinó los topes de gastos personales, aplicables a los diversos cargos del ámbito federal, adoptando un criterio diferenciado por cargo y ámbito de elección, (Nacional, en cargos de la SCJN y TDJ $1,468,841.33; Circunscripción Plurinominal, Sala Regional del TEPJF $881,304.80; Circuito Judicial, Tribunal Colegiado de Circuito y de Apelación $413,111.63; y Distrito Judicial, Juzgado de Distrito $220,326.20). Por su parte el IEEM, bajo el mismo criterio mediante el acuerdo IEEM/CG/70/2025, aprobó los topes de gastos personales aplicable a los cargos judiciales locales, (Presidencia del TSJ y Magistraturas del TDJ $1,066,027.89; Magistraturas del TSJ $266,506.97; Juezas y Jueces del PJ $82,002.14), montos calculados que se consideraron idóneos, adecuados, necesarios, proporcionales y razonables para cumplir con los fines legales de las campañas, y garantizar la equidad en la elección, tomando en cuenta la geografía electoral, el tamaño del electorado según el cargo que se elige, así como las restricciones en materia de financiamiento y los gastos permitidos para el desarrollo de las actividades de campaña.

Además, la Comisión de Fiscalización, emitió el Acuerdo CF/004/2025, por el que se establecieron los alcances de revisión y lineamientos para la realización de los procedimientos de campo durante el proceso electoral judicial extraordinario; el acuerdo señaló los porcentajes de revisión que deberá efectuar la UTF del INE, que será dependiendo el rubro, tipo, volumen e importancia relativa de las operaciones; el procedimiento para la realización de visitas de verificación; la metodología para el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública; la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos; y la metodología para el monitoreo en páginas de internet y redes sociales.

Mediante el acuerdo INE/CG190/2025 el INE determinó los plazos para la fiscalización de los informes correspondientes al periodo de campaña; las candidaturas a través del MEFIC (Mecanismo Electrónico de Fiscalización para la rendición de cuentas) deberán presentar su informe único de ingresos y gastos suscribiendo dicho informe con su e.firma expedida por el SAT, la fecha de presentación se estableció el 31 de mayo del año en curso, la UTF del INE el 16 de junio notificará el oficio de errores u omisiones, a su vez las personas candidatas desahogarán las observaciones el 21 de junio; una vez que la UTF del INE concluya la revisión de todos los informes y auditoría de soportes contables, financieros y fiscales, y el análisis de la información obtenida, en su caso, de la superación del secreto bancario, fiduciario y fiscal, así como las resoluciones de quejas y denuncias en materia de fiscalización, el 28 de julio el CG del INE aprobará los dictámenes y resoluciones en materia de fiscalización.

Con este andamiaje legal, la autoridad fiscalizadora ejercerá la vigilancia y auditoría a la información documental, fiscal y contable de los ingresos y gastos personales presentada por las candidaturas, esperaremos el resultado en dictámenes y resoluciones que haga efectiva la satisfacción de los derechos, libertades, reglas, principios y valores de la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, en esta renovación democrática del Poder Judicial en el País.