Comunicación
Social

En tiempos de polarización, narrativas de desprestigio y desinformación, hablar de “integridad electoral” resulta cada vez más relevante. Más allá de garantizar que los votos se cuenten correctamente, la integridad electoral implica asegurar que todo el proceso electoral se lleve a cabo de manera justa, transparente y democrática. Ese es el objetivo central del Electoral Integrity Project, una iniciativa independiente que mide la calidad de las elecciones en el mundo, analiza sus fallas y propone formas para fortalecer los procesos democráticos.

La integridad electoral descansa en cuatro principios clave: contienda abierta, participación equitativa, deliberación informada y resolución justa de disputas. La contienda abierta exige que todos los partidos, candidatos y grupos sociales puedan competir sin exclusiones; la participación equitativa busca que toda la población pueda ejercer su voto sin obstáculos estructurales; la deliberación informada supone que el debate público esté basado en evidencia y libre de odio; y la resolución justa de disputas exige leyes claras, organismos imparciales y canales accesibles para denunciar irregularidades. Estos principios son mecanismos puntuales para empoderar a la ciudadanía.

Un aspecto distintivo del enfoque del Electoral Integrity Project es que utiliza una perspectiva de ciclo electoral completo, que abarca elementos previos —como el diseño de las leyes, el registro de votantes y el financiamiento de campañas—, elementos durante la jornada —cobertura mediática, la seguridad, el voto y el conteo—, y aspectos posteriores como la aceptación de resultados, el papel de las autoridades electorales y la atención de denuncias. Es decir, evalúa la democracia como un proceso, no como un evento aislado.

Este año, el Electoral Integrity Global Report ofrece una radiografía de los comicios celebrados en 2024 en diversas naciones. Al respecto, enfatizo sobre dos casos que ilustran la complejidad de la realidad electoral. Por una parte, el caso de Austria, donde, si bien se mantuvo una alta confianza en la integridad del sistema, hubo alertas por campañas de desinformación en redes sociales y una retórica de odio generada por el Partido de la Libertad, señalado por su relación con grupos de extrema derecha. Este caso muestra que incluso democracias consolidadas no están exentas de tensiones que amenazan su calidad electoral.

A su vez, el caso de El Salvador exhibe las fallas sistémicas que pueden existir, a pesar de la alta popularidad de un gobierno. Además de reformas constitucionales que eliminaron límites a la reelección presidencial, hubo cambios legales que redujeron el número de curules en el Congreso, lo que dotó más fácilmente de una mayoría al partido gobernante. Y, si bien el Tribunal Supremo Electoral calificó el proceso como justo, existieron múltiples denuncias sobre casos de intimidación a votantes.

Nuestro país se perfila hacia el debate sobre una nueva reforma político-electoral. Será sumamente útil considerar los reportes sobre integridad electoral alrededor del mundo. La finalidad no podría ser, desde luego, copiar modelos electorales con poca viabilidad en nuestra realidad política, pero sí tener en cuenta los aciertos y retos que han enfrentado otras naciones. Fortalecer nuestro sistema electoral deviene, en última instancia, en una legitimidad hacia las autoridades electas, en la resolución cívica del conflicto político y en la paz necesaria para prosperar como una sociedad que coincide en las reglas para elegir a sus autoridades.