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La eventual reforma electoral mexicana ya tuvo sus primeros logros. Trajo a la discusión pública temas muy técnicos que antes permanecían acotados a un grupo pequeño de especialistas. De mantenerse así, este debate ciudadano fortalecerá el involucramiento en las cuestiones públicas y, por tanto, dará mayor riqueza a nuestra vida en comunidad.

En ese contexto, hay un tema que ha generado confusión. Hay quienes tienen dudas sobre el destino de los recursos que se asignan a las instituciones electorales del país. Hay, también, preocupación de que el eventual arribo de nuevos partidos encarezca aún más la política. El ejemplo del Estado de México es pertinente para poder esclarecer ambos temas.

Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto aprobado al IEEM asciende a poco más de mil setecientos sesenta millones de pesos. De ese total, cerca del sesenta por ciento, es decir más de mil millones de pesos, corresponde al financiamiento público de los partidos políticos. Se trata de recursos que el Instituto debe transferir íntegramente.

Este punto es relevante porque permite distinguir dos bolsas claramente diferentes. Una es decreciente y se destina al funcionamiento del órgano electoral. La otra se canaliza a los partidos políticos y se calcula mediante una fórmula prevista en la legislación electoral.

En términos generales, la ley establece que la bolsa total de financiamiento a partidos se obtiene a partir de dos variables objetivas: el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el tamaño del padrón electoral. Esto explica por qué el monto del financiamiento no aumenta por la existencia de nuevos partidos, pero sí lo hace cuando hay inflación o cuando aumenta la cantidad de personas de 18 años o más.

Una vez definida la bolsa total, la ley establece cómo se distribuye entre los institutos políticos. Por un lado. el 30% del financiamiento se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos con registro. Por otro, el 70% restante se distribuye de forma proporcional a la votación obtenida en la última elección de diputaciones, reconociendo así el respaldo ciudadano expresado en las urnas. Esta fórmula garantiza un “piso mínimo” para que todas las fuerzas políticas se puedan sostener y, en su caso, desempeñar las funciones que la Constitución les exige.

La existencia de financiamiento público no es una particularidad mexicana. La Comisión de Venecia, por ejemplo, ha destacado que muchos países europeos otorgan recursos públicos a sus partidos, a efecto de proteger la equidad en la competencia política. El objetivo central es evitar que el acceso a recursos económicos sea el factor decisivo para ganar una elección y reducir la dependencia excesiva de aportaciones privadas.

En nuestro país el financiamiento público debe predominar sobre el privado. Esto evita que lleve ventaja quien tenga mayores recursos económicos. La ciudadanía debe tener acceso a todas las propuestas y planteamientos para nutrir la voluntad que expresa en las urnas.

La discusión sobre el financiamiento a los partidos es legítima y necesaria en toda democracia. Puede y debe revisarse. Pero ese debate resulta más constructivo cuando parte de información clara: los montos no se fijan de manera discrecional, no crecen por la aparición de nuevos partidos, y su distribución responde a reglas conocidas que combinan equidad y representatividad.

Sobra decir que el uso de estos recursos por parte de los partidos es fiscalizable. Si bien hay todavía áreas de oportunidad que deben solventarse para garantizar que todos los recursos se apliquen conforme a la norma, lo cierto es que el proceso de revisión mexicano es uno de los más avanzados. La claridad presupuestal no solo fortalece la rendición de cuentas, sino también la confianza ciudadana en las reglas del juego democrático.

Hace unos días el presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje oficial para conmemorar el bicentenario de la Doctrina Monroe. En éste afirmó que la consigna de “América para los americanos” debe volver a guiar la política exterior de su país y que su gobierno está decidido a “recuperar” ese principio. Aunque presentado como continuidad histórica, el comunicado reinterpreta la doctrina para justificar un papel más activo de Estados Unidos en los asuntos del hemisferio.

Conviene recordar el sentido original de la Doctrina. En las primeras décadas del siglo XIX, cuando los países latinoamericanos acababan de independizarse, algunas naciones europeas vacilaban con la idea de recuperar influencia. Frente a ello, Monroe estableció dos reglas: Estados Unidos no intervendría en Europa y Europa debía abstenerse de intervenir en el continente. Era una declaración anticolonial, no una autorización para intervenir en países vecinos.

La evolución posterior alteró ese espíritu. Roosevelt proclamó el rol de Estados Unidos como “policía internacional” para evitar intervenciones en la región. Lo cierto es que, con ese argumento, el poderío estadounidense justifico ocupaciones en el Caribe y  -durante la Guerra Fría- múltiples operaciones encubiertas en países latinoamericanos. En algunos momentos la idea de un hemisferio bajo tutela estadounidense se convirtió en amenaza permanente.

Si bien la tercera oleada democrática hizo visible que las democracias latinoamericanas están equipadas para trazar su propio destino, hoy el marco ideológico de Roosevelt reaparece con nuevas implicaciones. La nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos no deja lugar a dudas: el subcontinente emerge como prioridad estratégica para ese país. El texto critica abiertamente a la Unión Europea, relativiza amenazas tradicionales y sostiene que los riesgos más urgentes se encuentran en los países que se encuentran al sur del Río Bravo. 

La estrategia de seguridad recién publicada permite ver la racionalidad detrás de muchas medidas arancelarias y para-arancelarias que se han anunciado para los países de la región. También pone de relieve el significado de los apoyos que en los últimos meses han dado funcionarios estadounidenses de primer nivel a contendientes en procesos electorales extranjeros. Los apoyos al oficialismo argentino o a candidaturas de extrema derecha en países europeos no dejan lugar a dudas.

Por supuesto desde la Carta de Naciones Unidas se prohíbe la injerencia extranjera en comicios de otros países, pero este límite no necesariamente abarca a las declaraciones en medios. De hecho, desde 2023 el Parlamento Europeo advirtió sobre los vacíos del derecho internacional que permiten a actores extranjeros influir en campañas, financiar propaganda digital o incidir mediante redes de lobby. La academia ha demostrado que, incluso cuando esas intervenciones no son efectivas, pueden erosionar la confianza y polarizar a las y los votantes. 

Al mirar nuestro presente, conviene recordar a Rubén Darío. El poeta nicaragüense advirtió, en su célebre mensaje a Roosevelt, que “la América nuestra” es un continente con alma, dignidad y memoria; un espacio que no se rinde porque conoce el valor de su propia historia. Hoy, esa conciencia se expresa en la construcción de instituciones sólidas, en la defensa del voto y en el compromiso de que sólo la voluntad ciudadana determine el rumbo de nuestros gobiernos. La mejor respuesta frente a cualquier intento de injerencia —abierta o encubierta— es un sistema electoral robusto, transparente y confiable; que aporte información cierta y sea capaz de honrar a un pueblo que decide libremente su destino.

El surgimiento de las redes sociales creó una expectativa de terreno neutro en el que unas y otros podríamos interactuar sin los vicios y formas crueles de la desigualdad de género. Hoy sabemos que la modernidad no blindó a estas plataformas y las convirtió –de hecho– en espacios donde la violencia puede dañar la integridad de las mujeres y vulnerar su capacidad de participación.

Lo cierto es que la violencia digital no es un daño colateral de la tecnología. Es el resultado de un diseño sin perspectiva de género y de un ecosistema que ha permitido que las agresiones se incrementen en cantidad y profundidad. 

Internet prometía empoderamiento, pero para millones de mujeres se ha convertido en un territorio donde el anonimato, la impunidad y la inteligencia artificial (IA) amplifican violencias históricas. Lo que empieza en línea no se queda ahí. Se traslada a hogares, escuelas, trabajos y, especialmente, a la vida pública, expulsando a mujeres de espacios que nos pertenecen. Por eso, cobra relevancia que, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el foco se haya puesto en el mundo virtual. 

La violencia digital tiene efectos profundos en la participación política de las mujeres. Quienes ocupan cargos públicos o aspiran a ellos son blanco constante de campañas de desinformación sexista, o bien de deepfakes que falsifican la imagen o voz de las personas para dañar su reputación. Un estudio de ONU Mujeres de 2022 encontró que la violencia digital tiene un impacto directo: genera que, aproximadamente, un 80% de mujeres con perfil público limiten su participación en redes sociales, cerca del 40% se autocensure y que muchas más opten por abandonar la conversación pública. 

Pero sería un error creer que el problema radica en la tecnología misma. Aunque ésta no es neutral, tampoco es inmutable. Su diseño está atravesado por el mismo sistema de creencias que ha normalizado la discriminación y la desigualdad. Por eso, si queremos que la IA y los entornos digitales dejen de reproducir sesgos que dañan a las mujeres, necesitamos dirigir la innovación hacia la igualdad.

La regulación internacional muestra caminos posibles. La Unión Europea avanza con marcos que promueven la protección de las personas usuarias a través de la prevención de desinformación, eliminación de contenido ilegal y discursos de odio que obligan a evaluar niveles de riesgo en para el desarrollo ético y seguro de plataformas sociales. Canadá, Australia y Nueva Zelanda desarrollan normativas para moderar contenido dañino y brindar apoyo a víctimas de violencia digital.

La digitalidad ofrece oportunidades políticas inéditas. Las redes sociales pueden nivelar el terreno para candidatas con menos recursos, permiten construir redes de apoyo y facilitan la creación de identidades colectivas alejadas de estereotipos. 

Pero para que este potencial se materialice necesitamos un rediseño. No basta con reaccionar a cada nueva forma de agresión que emerge. Es necesario exigir que la tecnología incorpore la igualdad como principio estructural. Que los datos que alimentan los algoritmos reflejen la diversidad humana. Que los equipos que desarrollan IA incluyan más mujeres. Que la ética no sea un añadido opcional, sino la base del desarrollo tecnológico.

En un país donde las mujeres hemos conquistado espacios que antes nos fueron negados, no podemos permitir que la violencia digital nos empuje al silencio. No basta con no ejercerla: tampoco debemos tolerarla. Cada comentario sexista replicado y cada humillación compartida, alimenta un sistema que quiere vernos fuera. Hagamos del internet un lugar donde las mujeres no solo existamos, sino que opinemos, debatamos, lideremos y transformemos.

En los últimos meses, la discusión sobre el sistema electoral mexicano ha vuelto a ocupar titulares con una reforma próxima gestándose desde la Presidencia de la República. En un país que construyó su transición democrática a partir de mejoras sucesivas en su modelo electivo, el tema no debe sorprender. Siempre hay espacio para el fortalecimiento de la participación ciudadana y las instituciones.

Paradójicamente, el hecho de que el sistema mexicano sea tan confiable y robusto es ahora la fuente de preocupación. Es mucho lo que se ha ganado y no debe ponerse en juego. ¿Cómo innovar sin desmantelar aquello que, con esfuerzo y aprendizaje acumulado, ha demostrado funcionar?

La política comparada ofrece algunas pistas. Las reformas que mejor han resultado en el mundo se construyen a partir de la escucha a la ciudadanía y a los actores políticos. Parten, también, del conocimiento técnico que la academia, las instituciones electorales y las organizaciones especializadas pueden aportar. Resultan de diagnósticos precisos y planes de acción que incorporan rutas y mejores prácticas probadas en otras latitudes.

Con esa convicción, la semana pasada participé en la Audiencia Pública que la Comisión Presidencial celebró en Toluca. Esperé a su llegada a esta ciudad porque considero que la escucha a las entidades federativas es – en sí mismo – un símbolo de pluralidad y compromiso federalista con el que bien empieza el proceso reformador.

En primer término, me referí al papel que desempeñan los institutos electorales de las entidades federativas. Lejos de ser simples extensiones administrativas, han constituido auténticos laboratorios de innovación democrática. La urna electrónica, la paridad horizontal, el Centro de Formación del IEEM o el voto trans constituyen – entre otros – innovaciones que surgieron desde el ámbito de los estados y luego adquirieron carta de naturalización nacional.

Centralizar las funciones en una sola estructura nacional significaría cerrar la puerta a esa diversidad creativa e introducir cuellos de botella que ponen en riesgo la integridad electoral. Sugiero, entonces, repensar el marco de competencias y diseñar esquemas de cooperación más eficientes entre autoridades nacional y locales. No se trata de retroceder, sino de redistribuir responsabilidades de manera estratégica.

Otro eje ineludible de la reforma es el presupuestal. Si bien la austeridad es invocada como principio rector, no debe confundirse con precariedad. Reducir costos no significa debilitar la calidad democrática. Existen áreas donde el ahorro es compatible con la innovación: una de ellas es la incorporación responsable del voto electrónico. Su implementación podría modernizar los procesos y disminuir significativamente los gastos recurrentes. Sin embargo, no basta con la voluntad política y avance tecnológico, pues el cambio debe sustentarse en un proceso pedagógico de construcción de confianza que por décadas ha sido el talón de Aquiles de la democracia mexicana. 

Finalmente, las reformas deben concebirse como procesos de innovación institucional más que como rupturas. Las transformaciones abruptas, especialmente en materia electoral, generan incertidumbre y riesgos operativos. Por eso propuse que la reforma que resulte se implemente a partir de cambios graduales que permitan consolidar aprendizajes, fortalecer capacidades y mantener la estabilidad política. 

Escuchar a los estados es reconocer que en la diversidad del país se tejen los aprendizajes que sostienen nuestra democracia. Desde las comunidades más pequeñas hasta las capitales estatales, las experiencias locales han nutrido los avances nacionales. Si la reforma electoral aspira a perdurar, debe construirse desde esa polifonía, con oídos atentos a lo que cada territorio ha sabido hacer bien. Porque cuidar la democracia también significa escuchar las voces que la han hecho posible.

La historia suele narrarse como una sucesión de ciclos pendulares. América Latina no ha sido la excepción. Durante años se habló de un nuevo auge de gobiernos de izquierda y progresistas. Hoy, ese diagnóstico resulta insuficiente

En Lima, en Medellín, en San José, en Puerto Príncipe o en barrios populares de São Paulo, millones de personas acudirán a las urnas en 2026 con una convicción común: participar importa. El próximo ciclo electoral en América Latina será el reflejo de una región que intenta decidir su futuro mientras el mundo se reconfigura en un contexto de creciente incertidumbre global.

Durante 2026, varias de las democracias más relevantes de la región —Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Haití— renovarán sus gobiernos y, en algunos casos, también sus congresos. Dos de estos países concentran buena parte del peso económico de la región. Hacía tiempo que un ciclo electoral no coincidía ni con un momento tan claro de reordenamiento del sistema internacional, ni con una fatiga tan profunda de las promesas ideológicas que marcaron las últimas administraciones. Por eso, más que preguntarnos quién ganará, conviene preguntarnos qué está realmente en juego.

La historia suele narrarse como una sucesión de ciclos pendulares. América Latina no ha sido la excepción. Durante años se habló de un nuevo auge de gobiernos de izquierda y progresistas. Hoy, ese diagnóstico resulta insuficiente. No estamos ante un regreso prometedor de la izquierda ni frente a una restauración clara de la derecha. Lo que atraviesa a la región es la normalización del desencanto, la erosión de las instituciones y el ascenso de liderazgos que prometen orden, identidad o salvación, a veces sin contar con un plan viable para lograrlo.

Perú es quizá el laboratorio más extremo de este fenómeno. Con más de 30 candidaturas presidenciales inscritas y una ciudadanía exhausta, el país enfrenta gobiernos que no concluyen su mandato, congresos fragmentados y figuras outsiders que emergen y se fortalecen al capitalizar el hartazgo social. Quien resulte electa o electo para encabezar el Ejecutivo —una de las múltiples personas que han gobernado el país en la última década— lo hará además en el contexto del retorno a una legislatura bicameral, dentro de un sistema marcado por alta fragmentación y polarización política.

En Colombia y Brasil, el dilema adquiere otra dimensión. Ambos países pondrán a prueba si la izquierda gobernante logra sobrevivir al desgaste del poder en contextos de alta polarización, inseguridad y presiones externas. Más allá del resultado electoral, sus comicios enviarán señales claras sobre el lugar que ocupará América Latina en el nuevo tablero geopolítico. Sin matices diplomáticos, Monroe con D se mantiene vigilante y su sombra podría imponerse mediante interferencia abierta, amenazas de sanciones selectivas y apoyo explícito a ciertos proyectos políticos.

Costa Rica, históricamente presentada como una democracia ejemplar, tampoco está exenta de tensiones. La disputa entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones —incluidos choques públicos por reglas de neutralidad en la antesala de 2026— muestra que la erosión institucional abre grietas incluso en los sistemas más estables. Haití, en contraste, representa el límite extremo: elecciones condicionadas a la posibilidad misma de garantizar seguridad y financiamiento en un país donde la política ha sido desplazada por la violencia y una crisis permanente.

Cada país tiene derecho a elegir, por la vía democrática, el gobierno que la voluntad popular determine. Pero ese derecho exige algo más que urnas y calendarios: requiere instituciones capaces de resistir presiones, mantener reglas claras y promover una ciudadanía informada. El ciclo electoral de 2026 definirá si la democracia latinoamericana puede adaptarse a un mundo en transición sin perderse a sí misma. En una era de incertidumbre global, el dilema central no es ideológico, sino democrático: elegir entre una democracia en el papel o una democracia en acción.

POR AMALIA PULIDO

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA