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La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación

En los próximos días, centenas de visitantes extranjeros registrados por el INE ingresarán a nuestro país para acompañar la elección judicial 2025. Se suman a las más de cien mil personas observadoras domésticas que se acreditaron para ejercer ese derecho.

El hecho no debe sorprender. La transición democrática mexicana estuvo siempre asociada a la presencia de la sociedad civil organizada en los puntos críticos de la administración de comicios. Fueron organizaciones ciudadanas las que se hicieron presentes en las casillas, a finales de los años 90, para atestiguar que las medidas adoptadas para garantizar el voto libre y auténtico. La ciudadanización y la profesionalización de las elecciones había llegado para quedarse.

Conforme avanzó el proceso democratizador en México, las elecciones fueron cada vez más sofisticadas. Aspectos como el acceso a radio y televisión, el voto migrante, la fiscalización de recursos y la paridad entraron en escena e hicieron del sistema electoral mexicano ejemplo mundial. Las organizaciones de observación caminaron al parejo de esa transformación y también adoptaron cada vez más solvencia técnica. Pronto, la observación dejó de ser un tema de cobertura de casillas para convertirse en control ciudadano de cada uno de los procesos institucionales y fuente permanente de recomendaciones.

Por eso no es exagerado afirmar que nuestro país tiene, en sus organizaciones de observación, un activo democrático de primera importancia. Me refiero, por supuesto, a aquella observación comprometida con los principios internacionales en la materia. Es decir, aquella que es neutral y que brinda recomendaciones para mejorar los procesos sin interferir en los mismos. La ley electoral mexicana es precisa al señalar los límites que la observación no puede traspasar para preservar su imparcialidad.

De ahí la importancia de analizar el rol de la observación electoral en la elección judicial, un proceso que – como se sabe – tiene pocos precedentes y ha obligado a las autoridades a innovar en muchas áreas.

También las misiones deberán serlo. Tendrán que adaptar sus manuales y metodologías a los desafíos de una elección distinta. Por citar sólo algunos ejemplos, será interesante conocer diagnósticos sobre la manera en que se edificó el proceso de selección de candidaturas. Pasar de procesos partidistas a comités de evaluación especializados requiere un cambio de mirada en la observación.

Lo mismo ocurre con quienes se pronuncian sobre el diseño de los documentos utilizados en este proceso electoral. El reto electivo en esta elección judicial es distinto por el número de cargos a elegir, por lo que serán de suma importancia las observaciones y recomendaciones que se hagan respecto al formato de las boletas y su eficiencia para que la ciudadanía exprese sus preferencias.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación. Por eso la elección judicial obliga a un cambio: el foco se ha trasladado a las redes sociales y a la creatividad en la generación de contenido. Será importante conocer si, desde el punto de vista de las misiones, en la elección judicial se han generado matices en los contenidos de las campañas y cómo ha sido el acceso de la ciudadanía a las propuestas de quienes compiten por un cargo.

Como ocurrió a finales de los noventa, el sistema electoral mexicano arriba a un cambio cualitativo de gran profundidad. La mirada ciudadana será fundamental para imprimir confianza y mejorar procesos. Para que el voto ciudadano siga siendo la más nítida expresión de la voluntad popular, es necesario que los comicios tengan los controles que sólo la observación electoral puede ofrecer.

POR AMALIA PULIDO

@PULIDO_AMALIA