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Ello no significa que las cosas deban mantenerse así. Es importante tener claro que en el régimen democrático en el que nos encontramos las instituciones juegan un papel sumamente importante para poder atender, investigar y reparar el grave daño que sufren mujeres, hombres, niños y personas de la diversidad sexual que son víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.

Instituciones como las comisiones de derechos humanos fueron creadas justamente como una forma de control del poder, para investigar las violaciones de derechos humanos que son cometidas lamentablemente por diversas autoridades del Estado.

En México contamos con una Comisión Nacional de Derechos Humanos y en cada una de las entidades existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos. La pregunta obligada es si han cumplido con su cometido y con el fin para el que fueron creadas: investigar y emitir recomendaciones que verdaderamente frenen las terribles violaciones de derechos Humanos.

Estudios académicos como el elaborado por el CIDE ratifican lo que el informe de Human Right Watch desde 2008 puso de manifiesto: parte de la ineficacia de estas instituciones es porque 1) hay una nula relación con ONG’s que sí hacen defensa de los derechos humanos con poco o nada de presupuesto, 2) el formulismo jurídico por encima de la defensa de derechos humanos y 3) ausencia de autonomía que está relacionada con la forma de elección de su titular.

Este estudio revela que es sumamente oportuno y optimo que quien sea titular de estas instituciones sea alguien que tenga una verdadera formación en la defensa de los derechos humanos, alguien que goce de reconocida autoridad moral y por supuesto que sea un o una defensora o defensor de derechos humanos en la vida práctica. Solo alguien así puede darle certeza y verdadera autonomía.

En el Estado de México durante el año 2021 se han emitido 7 recomendaciones ninguna es sobre tortura o desapariciones forzosas ¿será que afortunadamente no existen ninguna de ellas? Tlatlaya y Atenco son casos que lastiman y duelen a la sociedad sin contar los que no se denuncian.

Titular igual al grado de autonomía de la institución, eso dicen los estudios, ustedes que opinan.

Los Juegos Olímpicos tienen una historia mitológica que refiere que Heracles en honor a su padre Zeus organiza una serie de eventos deportivos entre el 884 y el 704 a.c, claro que las mujeres no participaban ni siquiera como espectadoras.

Desde la propia mitología damos cuenta de cómo el sistema patrifocal acabo con el sistema matrifocal que, de acuerdo con Marija Gimbutas profesora de arqueología europea en la Universidad de California era el que imperaba.

La vieja Europa era una sociedad no estratificada e igualitaria que cambio con la llegada de los indoeuropeos y por supuesto con las religiones: hebrea, cristiana y musulmana, todas basadas en reprimir y subordinar a las mujeres a los hombres, ninguna se salva.

No es extraño que con esta historia los juegos olímpicos en sus ediciones modernas en 1859 y 1896 no contemplaran a las mujeres como parte de estos.

Es en 1900 cuando por primera vez 22 mujeres participaron, discriminadas claro porque su participación fue extraoficial.

Hoy gracias a la voz de grandes mujeres atletas como Simone Biles, el equipo noruego de balonmano multado por no usar bikini o las gimnastas alemanas que decidieron usar trajes de cuerpo entero en ambos casos para denunciar la sexualización del deporte se hace visible la discriminación y la violencia de género que mujeres de alto rendimiento viven desde hace décadas al igual que otras mujeres de diferentes latitudes y contextos.

Las mujeres deportistas de todo el mundo quieren ser vistas por lo que son: atletas de alto rendimiento.

El machismo y la discriminación han estado presentes, basta buscar en la historia de los juegos el número de veces que se habla de los hombres deportistas en comparación con las mujeres, de ellas se habla de si son casadas, tienen hijos, su edad, en muchas ocasiones son comparadas con hombres minimizando el mérito y desarrollo personal.

Visibilizar la violencia de género nos hace necesario bajar el balón de lo internacional al ámbito nacional y por supuesto al local. ¿Cuántas mujeres mexiquenses han formado parte de las delegaciones nacionales para juegos olímpicos? ¿Cómo el Estado apoya e incentiva a niñas mexiquenses para ser atletas de alto rendimiento?

Soraya Jiménez y Perla Patricia Bárcenas son algunas y ambas en su momento denunciaron discriminación y condicionamiento, en el caso de Soraya para apoyos financieros.

El poder político tiene diversas formas de comprenderse: antropológicas, sociológicas y por supuesto políticas con la conformación de grupos que lo detentan; aquí la democracia como régimen exige la creación de leyes con contenido axiológico, limita el mismo, establece reglas como la renovación del poder a través de elecciones, crea mecanismos de participación ciudadana, de transparencia y de respeto a los derechos humanos.

Estas normas jurídicas tienen un contenido ético pues los valores son la expresión de la sociedad misma. El pluralismo, la tolerancia, la participación, la legalidad, la misma paridad son principios y valores democráticos. De ahí la importancia para que se conozcan, aprendan y ejerciten en toda la sociedad.

Es claro que el poder político debe ser usado para el bien social y la democracia es un medio para hacerlo. El problema es cuando la ética en el ejercicio del poder se corrompe. Casos emblemáticos como el de Chiapas en temas de paridad con “las juanitas” es un ejemplo claro de lo que se debe evitar.

En los últimos procesos electorales se impulso reducir deudas con la equidad en las contiendas en cuestión de género lo mismo que en temas paritarios. Ejemplo de ello son las acciones afirmativas que implemento el INE para que se postularan personas indígenas, trans, afromexicanas y con discapacidad en candidaturas a diputaciones federales.

En materia de fiscalización se han impuesto sanciones a quienes dañan la equidad en la contienda. Se trata de erradicar conductas ilegales e indebidas que corrompen la ética de los valores democráticos.

La educación resulta fundamental en el núcleo primario, en la escuela, pero también en las instituciones del Estado en donde se debe fomentar los valores democráticos.

Evitar prácticas deshonestas: beneficiar o beneficiarse ilegalmente para arribar a los espacios de dirección y de poder de manera individual o a través de organizaciones políticas no abona a la democracia, la lacera.

Jhon Acton decía “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente” por ello es imperativo que los valores democráticos no se diluyan por el contrario se fortalezcan.

¿Cuál es la relevancia de este mecanismo de participación ciudadana? ¿su diseño permite que su objetivo y naturaleza se vean materializados?

Una revisión histórica y veloz de la democracia nos hace ver que hemos transitado de una democracia directa desde los griegos y los romanos, hasta la democracia representativa en la que la ciudadanía participa a través de su voto en las urnas.

En el caso de México, la construcción de nuestro sistema político dio a través de las diferentes reformas político-electorales desde 1989 hasta 2008 un mayor peso a establecer y fortalecer un modelo de representación política eficaz con un sistema de partidos fuerte, necesario sí para frenar el autoritarismo que privaba con el PRI como partido hegemónico, pero con el tema pendiente de resolver, la forma de empoderar a los y las ciudadanas.

Es en 2012 cuando se reforma nuestra constitución federal y se incluye la consulta popular a través de la cual la ciudadanía puede decidir sobre temas de trascendencia nacional con la posibilidad de que tal decisión sea vinculante para los órganos representativos del Estado.

La consulta popular permite estimular la participación de la ciudadanía no solo en las elecciones sino en temas que son relevantes.

Esta será la primera ocasión en la que se lleve a cabo este ejercicio y nos permitirá observar el grado de participación y las áreas de oportunidad que se tienen respecto de este importante mecanismo de participación.

Un tema a debate es sin duda el diseño constitucional de la misma, es importante considerar una verdadera posibilidad para que la ciudadanía pueda ser quien impulse las consultas dado que el porcentaje que la Constitución refiere del 2% no es sencillo de cumplir y son los partidos políticos los únicos que tienen la posibilidad de facto de iniciar las mismas.

Ejemplo de ello son los antecedentes de solicitudes de consulta popular: en 2013 se presentaron 2 en materia de la reforma constitucional en el ramo energético impulsadas una por el PRD y la otra por MORENA, una en materia de “aumento de salario mínimo” presentada por el PAN y una más sobre la eliminación de los escaños de representación proporcional en el Congreso de la Unión suscrita por el PRI las cuales fueron denegadas por la SCJN en su momento.

La participación ciudadana es un derecho humano se debe tener claro que la ciudadanía es quien tiene el rol central para ello se deben favorecer las vías y mecanismos de materialización.

Observamos que de enero a junio de 2021 se presentaron 59 quejas para ser sustanciadas a través del procedimiento especial sancionador conocido como PES, de las cuales 2 denunciaron falta de financiamiento para sus campañas, pero de ninguna existió sanción.

La pregunta obligada es entonces ¿no existe violencia? aún y con los casos difundidos en medios durante todo el proceso electoral.

Estas quejas nos permiten ver lamentablemente que sí existe violencia pero que en muchos casos no es denunciada o hay elementos que no se logran acreditar, por ello es importante continuar con una amplia difusión de lo que la violencia política es y dejar claro que ésta puede materializarse no solo en los procesos electorales sino también en el ejercicio de cualquier cargo.

Que la misma puede ser cometida indistintamente por compañeros o compañeras de trabajo, superiores jerárquicos, colegas, dirigentes de partidos políticos, medios de comunicación o particulares.

Y que la falta de criterios jurídicos unificados que permitan tener precedentes de sentencias que incorporen la perspectiva de género (obligatoria desde 2016 a través del criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación) también afecta.

La perspectiva de género implica identificar prejuicios, relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad.

Solo a partir de estos elementos se puede ir visibilizando la presencia de estereotipos que generan discriminación, vulneran derechos de las mujeres y minan nuestra incipiente democracia.