En nuestro país, la SCJN también considera que la libertad de expresión es un pilar del Estado constitucional que permite a través de ella disensos e incluso cambios políticos.
En este contexto y ante diversos acontecimientos en las últimas décadas en materia de libertad de expresión en México, es claro que existen grandes obstáculos para el efectivo ejercicio de este derecho sobre todo para quienes ejercen el periodismo.
Hombres y mujeres que se dedican al periodismo cuya función primordial es la investigación de hechos y su difusión al resto de la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación, se enfrentan a la censura, la vigilancia, la represión, la intimidación e incluso a las agresiones físicas.
La censura se da en todos los ámbitos, desde el federal hasta el municipal en donde los y las periodistas enfrentan grandes vicisitudes al igual que los medios de comunicación con los que colaboran pues se tiene una cultura en el ámbito de lo público de rechazo a la crítica.
En el caso del periodismo de investigación, en el que el periodista o grupos de periodistas investigan asuntos de importancia para la sociedad que se mantienen secretos por personas u organizaciones, el mismo también se ve seriamente censurado y muchos de estos profesionales son acosados e incluso torturados.
De acuerdo con la CIDH, en México “las amenazas físicas y la intimidación constituyen la forma más extendida de ataques contra periodistas” i], aunado a otro tema a considerar sobre todo en el ámbito estatal que es lo que se denomina como el premio o castigo que los gobernantes hacen en la canalización del dinero destinado a la publicidad, cuyo objeto es condicionar la línea editorial de un medio lo que afecta gravemente la libertad de expresión.
Casos hay muchos, ahí está José Gutiérrez Vivó, Miguel Ángel Granados Chapa, Lydia Cacho o Carmen Aristegui quienes en diferentes momentos han sido censurados y criticado su trabajo lo que es condenable.
Debemos comprender la importancia que tiene en una democracia no solo el respeto, sino la protección a un derecho que permite que la ciudadanía participe de la vida pública mediante los hechos que los profesionales de la información dan a conocer.
[i] Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización de los Estados Americanos