Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. En sociedades desiguales y patriarcales como las que todavía imperan en el mundo, esta afirmación adquiere un sentido urgente
Durante años asumimos que los datos bastaban para dialogar con objetividad. Pero si algo sabemos ahora –y tenemos tiempo intentando subsanar– es que el sujeto de estudio por default todavía suele ser el hombre. Sí, en masculino.
Cuando tenemos datos que no están desagregados por algo tan básico como el género, la duda es inevitable. Si analizamos, por ejemplo, la violencia contra candidaturas sin distinguir por ubicación geográfica, afiliación política, identidad étnica y género, ¿qué tanto podemos realmente comprender? ¿Qué dimensiones permanecen invisibles? ¿Qué riesgos quedan sin atender?
Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. En sociedades desiguales y patriarcales como las que todavía imperan en el mundo, esta afirmación adquiere un sentido urgente. Si no entendemos cómo, dónde y cuándo ocurre aquello que buscamos atender, difícilmente podremos avanzar respuestas firmes y contextualizadas.
Ahí radica el valor del análisis basado en evidencia. No solo se trata de contar con la estadística, sino en tener datos rigurosos y oportunos para generar análisis relevante para la toma de decisiones.
Para dimensionar lo que significa diseñar a medias, pienso en algunos casos ampliamente documentados, como la fatalidad de los accidentes automovilísticos. La mujer invisible de Caroline Criado Perez expone que las mujeres tenemos 47% más probabilidad de sufrir lesiones graves y 17% más probabilidad de morir en el mismo accidente de tránsito que los hombres. El porqué es tan simple que resulta doloroso, pues reside en que los cinturones de seguridad y las pruebas de choque se han basado en modelos con anatomía masculina.
Aunque la ingeniería está fuera del ámbito inmediato de aplicación de algunas personas lectoras –del mío propio–, el ejemplo me permite derivar una realidad: no estudiar con las mujeres en mente puede tener consecuencias graves e incluso letales.
Para la vida pública, esta afirmación es especialmente relevante. La ausencia de diagnósticos adecuados y marcos normativos eficaces para atender las brechas de género y la violencia política puede derivar en escenarios extremos, incluido el feminicidio. Entre uno y otro polo existe una amplia gama de agresiones –simbólicas, digitales, psicológicas, económicas y físicas– que son reales y exigen atención seria.
Los datos muestran avances importantes en términos de representación, pero también desafíos persistentes. El último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que, para 2024, una cuarta parte de los ayuntamientos estaban encabezados por presidentas municipales.
Y, aunque la paridad en lo local todavía no es una realidad, hay razones para ser optimistas. Allí donde las reglas de paridad rigen la postulación e integración de órganos de elección popular, los resultados son tangibles. De acuerdo con el mismo Censo, el 60% de las sindicaturas y el 54% de las regidurías de nuestro país son ocupadas por mujeres.
Esto confirma que cuando las instituciones incorporan la evidencia y diseñan reglas con perspectiva de género, la realidad puede cambiar. No basta con saber que en México existen más de dos mil municipios y que algunos son encabezados por hombres y otros por mujeres. Sin conocer su distribución, las barreras específicas que enfrentan y las condiciones bajo las cuales ejercen el cargo, no podemos tomar decisiones informadas ni implementar intervenciones eficaces.
Medir con perspectiva de género e interseccionalidad es, en esencia, un acto democrático. Significa reconocer que todas las personas cuentan, que cada experiencia es valiosa y que una democracia que no ve a las mujeres no logra verse a sí misma.
POR AMALIA PULIDO
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México
@pulido_amalia
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